Quindimil-López, Jorge-Antonio

Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

Repositorio da Universidade da Coruña

SOBRIDO PRIETO, M.: Las Comunidades Autónomas ante el Tribunal deJusticia y el Tribunal de Primera Instancia de las ComunidadesEuropeas, Edit. Instituto Universitario de Estudios Europeos "Salvadorde Madariaga" / tirant lo blanch, Valencia, 2003, 518 páginas.Jorge Antonio Quindimil LópezTras muchos años persiguiendo un protagonismo cada vez mayor en la integra-ción europea, las regiones han entrado con fuerza en el actual debate sobre el futuro dela Unión Europea (en adelante, UE) que se está desarrollando en el seno de laConvención. Si tomamos como referente la última revisión del anteproyecto de Tratadoconstitucional, podemos comprobar cómo la presencia de las regiones en la futura UEva a experimentar un importante salto cualitativo. En efecto, las menciones expresas alhecho local y regional se han multiplicado considerablemente, sobre todo, en aspectosde una trascendencia práctica tan importante como el principio de subsidiariedad, elprocedimiento de adopción de decisiones o la participación procesal ante el Tribunal deJusticia de las Comunidades Europeas o Tribunal de Primera Instancia (en adelante,TJCE/TPI). Es decir, estamos en condiciones de afirmar que si el actual anteproyectode la Convención se materializa en un futuro Tratado constitucional, las regiones seconvertirán en protagonistas oficiales, directas y expresas de la integración europea, porprimera vez en su historia.Además de su indudable valor intrínseco, la obra de la profesora Sobrido adquie-re un valor añadido en este contexto de relevancia histórica. Nos encontramos ante unaobra del máximo interés para comprender la evolución y la posición actual de los entessubestatales dentro del proceso de integración europea y, especialmente, dentro delentramado judicial comunitario. Comparto incondicionalmente las palabras del profe-sor Sobrino en el Prólogo del Libro, en el sentido de que "la plena participación de lasregiones europeas en los mecanismos procesales va en la línea de fortalecer unaComunidad de Derecho como es, también, la Unión Europea" (página 15).El Capítulo Primero de la obra, que lleva por título "Las vías de acceso de lasComunidades Autónomas al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia delas Comunidades Europeas", contiene un minucioso y esclarecedor análisis de la delimi-tación subjetiva de los entes subestatales. Como no puede ser de otra forma, esta tareaprevia se convierte en imprescindible a los efectos de abordar con propiedad y con fun-damento el objeto principal de la obra, que no es otro que la participación de lasComunidades Autónomas ante el TJCE y el TPI. Si el trabajo propuesto en la obra es ana-lizar una actividad (participación ante el TJCE/TPI), la secuencia lógica del análisis debecomenzar por delimitar el perfil del sujeto que realiza tal actividad (entes subestatales).997Jorge Antonio Quindimil LópezEn este Capítulo, y partiendo de la caracterización de los entes subestatales enel procedimiento comunitario (Epígrafe 1), la autora realiza un recorrido ascendente enbusca de una noción de ente subestatal comunitario (Epígrafe V) aplicable o reconoci-ble no sólo en el ámbito procesal comunitario, sino en el proceso de integración engeneral. Este recorrido consiste en una labor de contraste entre las diferentes categoríasde sujetos dotados de legitimación procesal ante el TJCE, a saber, los Estados miem-bros, los poderes públicos comunitarios y los particulares. Este arduo ejercicio de con-traste tiene la doble finalidad de averiguar con qué categoría procesal cabe identificar,en caso de que fuese posible, a los entes subestatales o, en su defecto, si existe una cate-goría propia de ente subestatal comunitario. De esta forma, y en pro de este objetivo, sesuceden los epígrafes en los que se perfila una eventual caracterización de los entessubestatales como Estados miembros (Epígrafe 11), como poderes públicos comunita-rios (Epígrafe 111) y como particulares (Epígrafe IV).La consecuencia principal e inmediata que extrae Marta Sobrido de este primerCapítulo es una doble conclusión. En primer lugar, y desde un punto de vista procesaly del proceso de integración en general, la autora concluye que "no puede afirmarse laexistencia de una categoría comunitaria de ente subestatal, sino que una región será,según el caso: un EM (el EM al que pertenece), un poder público comunitario o una per-sona jurídica" (página 30). En segundo lugar, y derivado de esto último, resulta que "lavía de acceso de las regiones al TJCE/TPI es a través de la categoría de 'persona jurí-dica'" (página 30). De esta forma, la profesora Sobrido cumple su objetivo de lograruna adecuada y precisa calificación procesal de las regiones que legitime el ulteriorestudio de su actividad judicial comunitaria.A continuación, después de este intenso y productivo trabajo de conceptualizaciónde los entes subestatales en el marco comunitario, la autora procede a engranar los múl-tiples aspectos relevantes de lo que es propiamente la participación de las regiones anteel TJCE/TPI. La autora aborda los aspectos nucleares de su trabajo desde una doble pers-pectiva obtenida, como nos explica, de la propia "estructura procesal comunitaria que searticula en dos niveles: el del TJCE/TPI Guez de Instituciones y EEMM y, excepcional-mente, de particulares) y el del juez nacional Guez ordinario de los particulares)" (pági-na 31). A ambos aspectos dedica, respectivamente, los Capítulos Segundo y Tercero.En el Capítulo Segundo, bajo el título "El Tribunal de Justicia y el Tribunal dePrimera Instancia", comienza por situar al principio de subsidiariedad como "razón últi-ma" (página 143) de la organización procesal comunitaria (1) y, en consecuencia, tam-bién de la participación de las regiones como partes principales (11) o, en su defecto,como partes coadyuvantes (111) en un proceso judicial comunitario.El primer epígrafe se consagra a la presentación y desarrollo de la idea de unaestructura judicial comunitaria imbuida por un principio de subsidiariedad, o "subsida-riedad estructural", del que la autora propone dos vertientes: "una subsidiariedad-des-centralización (razones de control, razones de eficacia) a la que quizá las dimensionesde este proceso (cada más EEMM, cada vez más parcelas comunitarizadas) pueden lle-gar a aconsejar la incorporación de cierta subsidiariedad-proximidad (razones de cer-canía, de proximidad)" (página 148).El colofón a este primer epígrafe sobre la organización procesal comunitaria lopone una breve referencia a las particularidades que presentan las ayudas de Estado,analizadas en detalle en los correspondientes apartados de la obra.Los dos restantes epígrafes del Capítulo Segundo constituyen la esencia del libroobjeto de la presente recensión, pues en ellos se analiza, propiamente, la participacióndirecta de las regiones en el proceso ante el TJCE/TPI. Ambos epígrafes son concebidosconforme a un mismo patrón que consiste en una inicial referencia a la regulación de los998Anuario da Facultade de Dereitomecanismos procesales en los Tratados comunitarios, seguida de un análisis sesudo ydetallado de la práctica jurisprudencia!. Como avanzamos, la obra es prolija en doctrina,pero fundamentalmente en jurisprudencia, y la mayor parte la encontramos en estos epí-grafes sistematizada de forma cronológica, lo que facilita el seguimiento de su evolución.La autora comienza por analizar la participación de las regiones como partes prin-cipales a través de las principales categorías de recursos directos, cuales son el recursode anulación y el recurso por incumplimiento, así como a través de la vía que permitenlas cláusulas compromisorias. El epígrafe se cierra con una breve referencia a los meca-nismos procesales todavía no ejercitados por las regiones, como son el recurso de omi-sión, el de responsabilidad extracontractual y la solicitud de dictamen consultivo.En primer lugar, se analiza el recurso de anulación, lo que se justifica por ser elque más posibilidades y por ser el único al que han acudido las regiones -además de laactuación sobre la base de la cláusula compromisoria-. Ambas razones explican que nosencontremos ante el epígrafe más amplio y elaborado de la obra.El ejercicio de este recurso por las regiones, o entes subestatales en general, hasido posible gracias a que "se les ha reconocido no sólo una personalidad jurídica sinotambién una situación jurídica propia, unos intereses propios" (página 164) lo que hapermitido que puedan actuar en calidad de personas jurídicas.Además de analizar la relación entre las regiones y los recursos de anulación engeneral, la autora dedica un apartado específico a los recursos de anulación en el ámbi-to de las ayudas de Estado, ante la importancia de primer orden que este sector delDerecho comunitario de la competencia tiene para el análisis de la participación de lasregiones ante el TJCE/TPI.Tras el recurso de anulación, se centra el estudio en el recurso de incumplimien-to. Si bien es cierto que la regulación de esta vía procesal está herméticamente cerradaa las personas físicas y jurídicas, la autora ha detectado que existen casos de recursosinterpuestos con defectos de legitimación tanto activa (asunto Región Puglia) comopasiva (asunto Municipio de Ischia).En relación con la cláusula compromisoria, se contemplan en la obra aquellossupuestos de acuerdos entre un ente subestatal y la Comisión donde se prevé el someti-miento de las controversias a la jurisdicción del TJCE.A continuación, la autora hace un pequeño ejercicio de reflexión acerca de quéotras posibilidades podrían estar en manos de los entes subestatales para intervenir anteel TJCE/TPI. De entre todas ellas, descarta la probabilidad de un recurso de responsa-bilidad y la posibilidad de la solicitud de un Dictamen, y reconoce la probable interpo-sición de un recurso por omisión ceñido al marco de las ayudas de Estado.El último epígrafe de este Capítulo Segundo trata de la participación procesal delas regiones como partes coadyuvantes, cuya importancia se deriva principalmente dela exigencia como presupuesto de la intervención de un "interés en la solución delliti-gio". Analizada la regulación de esta intervención por los Tratados, la profesora Sobridocomienza un análisis crítico y cronológico de todos los supuestos encontrados buscan-do en ellos "el interés que alegan los entes subestatales para justificar su intervención"(página 339).En el Capítulo Tercero y último del Libro, se estudia el juez nacional como caucepara la intervención indirecta de las regiones ante el TJCE/TPI. Sin embargo, el objeti-vo de la autora en este Capítulo se centra en el estudio de las cuestiones prejudiciales,no sólo como vehículo de participación regional indirecta, sino también como meca-nismo a través del cual el TJCE puede "marcar pautas en la escena judicial nacional".(página 365). Tal es el caso del desarrollo experimentado por el régimen de responsa-999Jorge Antonio Quindimil Lópezbilidad extracontractual, al que la autora dedica varios epígrafes. Esta doble finalidadtiene como consecuencia que este último Capítulo se refiera sólo en parte al objetodirecto de la obra -la participación de los entes subestatales ante el TJCE/TPI-, y dedi-que un buen número de páginas a los aspectos generales del mecanismo prejudicia1.El último epígrafe del Libro está consagrado a un tema intrincado que tiene unaimportancia jurídica y económica de primer orden. Se trata del estudio de las posibili-dades que tiene el juez nacional de controlar las ayudas estatales. En esta materia, laautora dedicó un apartado específico, como no podía ser de otra forma, al análisis por-menorizado del controvertido asunto de las ayudas fiscales vascas.Finalmente, la profesora Sobrido nos ofrece, de una forma clara y sistematizada,unas Conclusiones que giran fundamentalmente en tomo a dos ideas: por un lado, lainexistencia de la categoría comunitaria de "ente subestatal"; y, por otro lado, la califi-cación de la actuación procesal de las regiones ante el TJCE/TPI como una "concesión"y no como un derecho.La propia naturaleza del objeto de estudio en la presente obra obligó a la autora arealizar una constante y exhaustiva labor de búsqueda, de análisis y de crítica de aproxi-madamente 300 resoluciones del TJCE y del TPI, entre sentencias y autos. Por estarazón, la obra que estamos reseñando tiene un valor añadido, cual es el del esfuerzo per-sonal de la autora por estructurar y fundamentar su trabajo sobre una amplia, compactay sólida base jurisprudencia1. Sin embargo, no se trata de una simple enumeración o rela-ción de disposiciones jurisprudenciales, si no que la autora demuestra, página a página,que de cada caso es capaz de desentrañar los contenidos que mejor atienden a sus inte-reses científicos dentro de la obra. Además, se mueve con soltura entre tal profusión deresoluciones haciendo remisiones e intercalando referencias continuas a casos similares.De esta forma, el lector se encuentra, en múltiples ocasiones, ante un auténtico escapa-rate jurisprudencial ilustrativo y esclarecedor de los aspectos materiales que en cadacaso analiza la autora. De todo ello queda constancia, no sólo a lo largo del texto, sinotambién durante las 964 notas al pie que completan, enriquecen y sustentan la obra.Como nos ha recordado recientemente el profesor CARDONA, "una recensiónno es u~a loa de la obra, sino un análisis crítico, tanto positivo como negativo, de lamisma" . A lo que debemos añadir que toda obra humana es perfectible -y aun en elimprobable caso de que fuese perfecta, sería opinable y criticable-. Es por ello que meveo en la obligación de intentar buscar algún aspecto mejorable de la obra.En este sentido, entiendo que es fácil percibir un desajuste entre el título delLibro, cuya delimitación subjetiva nos remite a las "Comunidades Autónomas", y sucontenido, que trasciende ampliamente el ámbito autonómico español pues comprendetodo el espectro de regiones y municipios europeos. Es decir, el título peca por defecto,en la medida en que se trata de una obra claramente referida al concepto genérico de"ente subestatal" europeo, tanto local como regional, en el que también se incluye lógi-camente a las Comunidades Autónomas, pero no exclusivamente.La corrección formal de toda la obra y los esfuerzos invertidos en la elaboraciónde los Anexos rematan un trabajo digno de los mejores elogios, que en modo alguno seve enturbiado por los inevitables errores o imprecisiones puntuales. Por todo ello, debe-mos felicitamos por la aparición de este Libro que viene, además, a cubrir lagunas y aenriquecer la doctrina comunitaria dedicada al estudio del papel de las regiones en laconstrucción europea.1 CARDONA LLORÉNS, 1.: Recensión de la obra CIClRELLO, M. C. (dir.): La protezione del patri-monio mondiale culturale e naturale a venticique anni dalla Convenzione dell 'UNESCO, Nápoles,Editoriale Scientifica, 1997, 1446 páginas, en Revista Española de Derecho Internacional, números 1 y 2,Vol. LIII, 1997, p. 750.1000

Sobrido Prieto, M.: Las Comunidades Autónomas ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, Edit. Instituto Universitario de Estudios Europeos "Salvador de Madariaga" / tirant lo blanch, Valencia, 2003

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2234/1/AD-7-64.pdf

Sobrido Prieto, M.: Las Comunidades Autónomas ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, Edit. Instituto Universitario de Estudios Europeos "Salvador de Madariaga" / tirant lo blanch, Valencia, 2003

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