Gerez Rodríguez, Francisco

Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba

La eficacia penal del consentimiento en los delitos contra la vida l. INTRODUCCIÓN En nuestro Derecho Penal no existe ninguna cláusula general que dé etica-cia eximente al conscnlimicnto de la víctima. Así el artículo S del Código Penal (en adelanre CP) esrablece en una li >ta num e rus claus11s todas las circun~­tancias que eximen al sujeto activo de toda responsabilidad penal, y no semen-ciona para nada al consenrimicnro de la víctima. Ni tun sólo el art. 9 CP admite que pu~Ja tener eficacia atenuante, ya que a pesar de conrener en su numero to•la po.>ibilidad de introducir atenuan-tes por vía de la analogía, no es posible considerar al consentimiento de la víc-tima como un hecho análogo a las ate-nuantes previsras·en dicho precepto. Ante es re silencio legal. deberá acu-dirse a la interprt"tación de cada tipo CJ1 concreto para ver si es o no relevante la concumncia del consenrimiento de la víctima. Efectiv,amenlc hay dercrmina-dos tipos de delitos en los que el con-scnt[m[ento de la víctima. o bien justi-fica la acción típica (a11. 42!!.2 CP ... el consemimicnro ... ~xime de respomahi-/idud-penal en los supuestos de rras-plame.de .órganus... e.~teri!iwcianes y oinrgía<.~r.:anw:ual .. .), o bien incluso, elimina la tipi,cidad.de la acción, lo cual ocurre ,de,fonna·geneml en casi todos loHielitos que atentan contra la líber-rad o alguna de sus mamtestaciones (coacciones, violación, agresión sexual, detenciones ilegales) y también en otros como el hm1o o el allanamiento de mo-rada. Pero este estudio se va a centr.tr en la relevancia de l consentimiento de la víctnna, cuando el bien jurídico lesio-nado es la vida humana independiente, y especialmente en la problemát ica que plantea la eutanasia. Para ello, es del todo ineludible rl!a-lizar un previo análisis acerca del conte-nido y las limitaciones con que la Cons-titución Espa•iola de 197!: (en adelanre CE} ha configumdo el derecho n In vida. II. EL DERECHO A LA VIDA Ji:N LA CONSTI-TUCION Dice el art. 15 CE: Todos ritmen dé'-recho a la vida. De este precepto se de-rivan tres .cuestioncs: ¿Quién es el titu-lar de e.ste derecho? ¿Quiénes son Jos sujetos obl igndos por el art. 15 CE? ;,Cuál ese! objeto del derecho a la vida?. a) Titular del derecho a la vida. Respecto a la primera cuestión, el precepto constitucional es tajante: TO-FR.'\NCJsco GEREz RoDRíGuez U1 1i\1~rsidud de Bar.::eloJU\ 66 DOS los individuos, todas las p<:rso-nas físicas vivas. sean esptiñolas o cx-r111njeras, mayores o menores de edad. No cabe aquí ningtin tipo de restric-ción. lmparrame es deT!!rminor si el h"c:ho de que <'stemos ame un derecho de in:erh individual implica, que úni-camente el individuo tiene inlaf-s en su cumplimit·nto. Toda la doctrina con mayores o menores precisiones n~co­noce unánimemente e.! interés p(ablico inherente al derecho a la vida; interés público que en ocasiones puede entrar en cunnícto cnn el interés del propio 1ndividuo mular del derecho. El TC. en su STC 53/19S5 sobre la Ley del Aborto. llegó a afirrnar que la vida dd JWscino·ttS era un valor de titularidad pública. Este interés públito está implícito en e l carácter Social que preside la defini-c ión de la tonna adoptada por nuestra CE en su ar1. 1. 1, y podría ilustrarse con una frase tan simple como la siguiente: El disfrufe de los derechos fimdamrn-!ales de la ¡u'rsona por cada ww de lo.~ individuos. incumbe a la 1010/idad de /os mismos. b) Sujetos obligados por el articulo 15 de la Conslitu ción. En primer lugar están obligados los Poderes Públicos (arts. 9.1 y 53.1 CE). Su obligación va mas allá del simple respeto a !a vida de la.' personas, y vie-nen obligados además a garanti ~-llr d ejercic io de! derecho a la vida (an. 53.1 Cé)\;~-~, ~"l:vfnu-d' iUtt:J!It-ik~alll.o'puUJ:i.A:r (art. 43.2 CE) derecho íntimamente li-gado al derecho a la vida. T~{mbién están obligados a respe-tar el derecho a la vida, Jos particu-lares, que de ningún modo pueden atentar contra l:t vida de sus seme-jantes . Más discutible es ~i e l derecho a !u vida, obliga al propio titular. Es de-cir. ¿está obligada a no eJercer ningu-na acción contra su propia viua una persona que no desea vivir? De la CE no se puede extraer un~ respuesta, pero tsta no puede ser sino negariva. Toda obligación precisa de una con-s~cucnc ia jurídica pan\ compeler al obligado a su cumplimiento, en caso de que no la cumpla voluntariamente. No tiene sentido imponer una conse-cuencia jurídica contra una persona que ha acabado con su vida. Ni siquil~­na cumplirá la finalidad preventiva que debe tener 1 ~ pena, si se la impo-nemo.l a aquella persona que ha inten-tado frust rada mente acabar con su vida. Ahora bien, en este tr<tba_iu interesa rc-><tll!li· la siguieme cuestión: ¿es relevante jurfdico-penalmcntc la conducta de la per:;ona que a tema contra la vida de otra cuando interviene el consentimiento en esta última? Al formularse esta cuestión se ewl planteando el debatido proble-ma de la clkacia del consemimiento de los delitos contra !a vida, Jo cual debe siempre analizarse al tr.uar el objeto del derecho protegido por el artículo 15 de la Constimción. e) Objeto del derecho protegido en el art. 15 CE. El an. 15 CE cstabiece que rodas tir-nen drrecho a /a vida .. , así que en prm-cipio pare~e que el objeto que se prote-ge e.~ la vida humana (no entrorcmo> en el polémico ~nál i sis y~ tratado por el Tribunal Constitucional de si dicho pre-cepto protege la vida del nasciturus). Ahora bien. ei derecho a la vida huma-na debe ser interpretado en consonan-cia con el art. 1 O CE que establece un principio hermenéutico para todos los lkrcchos fundamentales: la dignidad humana. De ello se concluye que el ob-jeto del derecho pro:egido en el art. 1 5 CE es ia vida digna. Pero esto no e.~ solo una conclusión, esto es un fin que debe perseguir e! ordenamiento Jurídico y los poderes públicos regidos por el mismo. LA.ls poderes público~ deben hacer efec-tivos, tal como e~tablecen los arts. 9.1 y 53 CE los derechos que ~e cslablcccn en la CE. De ahí que digamos que no basta con concluir que el objeto del de-rcdto es ia vida digna, pue.> con ello se ··''<:~ l l ¡ 1 y 1 1 puede y dr hecho se fundmncut~. t¡U<: cuando la vida de una persona no es dig-na se puede atentar contra elln ~i media su consentimiento, o incluso el de sus familiares. Esta conclusión es muy pe-ligrosa: ¿Qué es mm ~ida digna? ¿Quién decide cuando una vida es digna? ¿Se puede decidir si una vida es o no dig-na? Nadie puede atribuirse la potestad de responder esras cuestiones. y es por ello por lo 11uc cn:o que es más adecua-do ir más allá de detinir el objeto de un derecho. Hay que considerar que la vida digna, u mejor la dignidad humana, es algo que no puede someterse. a un siste-ma métrico, algo por lo que los poderes p(lblicos y sociales deben luchar en todo momento, algo que nunca plenamente se col15igue parJ nadie y algo por lo que hay que luchar con todos los medios para conseguirlo para todo~. Esta - ah o-m si- conclusión, implica que hay que invcnir los llll'{lio> allí donde más falta hacen. en aquellas personas, enfermas, de~favorecidas económicamente, so-cialmente ... , porque es incu~stionabk que por mucha filosoffa que se haga sobre la vida, las condiciones materia-les de la misma son vitales para que esta sea no digna, sino más digna. Enten-diéndolo así no podemos nunca pcnni-tir el derecho a la muene por el hecho rk qm, el particular quiera acabar con su vida al no ser esra digna. Es preci-samente a estas personas que no dis-frutan (:icrtamcntc de una vida digna, ame las cuales el Est~do debe hacer efectivo en mayor medida el derecho, estableciendo los pluses necesarios para que su ~ ida se~ digna. Al afir-marse que la CE reconoce el derecho u In muerte cuando la vida de la per-smw no es digna. se está induciendo una actitud pasiva por pane d~ los Poderes Públicos eximiéndoles del deber que tienen d~ garantizar la dig-nidad de la vida de todas las perso-nas. · que existe este deber de los Poderes Públicos de garanri zar para todos una \'ida digna , la persona que con-siente o solicita morir c~t á realizan -do un acto penalmente irrelevante. El hecho de que su vida no ~·.:a dig· na, no le da derecho a morir, sino que le da dcrcclw a exig ir a los Po-deres Públicos las medidas necesa-rias para q ue se cumpla lo e-stable-cido po r la CE. Una vida d igna no se va a lograr de ninguna manera otorgándo le el derecho a morir. En consecuencia, aquellas mras per~o· nas qu~ lo auxilien o lo induzcan a morir, deben ser cas tigadas pena l-mente por a tentar con tra la ,·ida e imposibi litar definiti vamente que esa persona v iv iera dignamente . Ill. EXÉGESIS DEL ARTÍ-CULO 409 DEL CÓDI-GO PENAL Dc.1pués de haber estudiado el con-tenido constirucional del. derecho a 1:1 vida, cabe pasar ahora a un breve estu-dio sobre la legislación ordinaria al res-pecto. El art. 409 CP tipifica diversas fom1as de pa.ticipación en el suicidio de otro. Con~wtam,~ntc la inducción, el auxilio al suicidio (que abarca tanto a IH cooperación en ~entido amplio, como a la srricru sen.vu), y el denominado auxilio ejecutivo. D icho precepto, no se ajusta a nuestro juicio a io que estable-ce la CE, ya que ha atenuado las penas por inducción y auxilio al suicidio, res-pecto a las penas que conesponden a esas formas de participación en el ho-mic¡dio. A primera vista parece sm embargo que el auxilio ejecutivo no ha sido atenuado, pero d lo no es así si se considera, que es un tipo más especial que el parricidio o el a..1esinato, en cuyo caso, sí que podremos hablar de una ate-nuación de la pena cuando concurran ~ausas para calificar a la acción como pan1cidio o asesinato. además de como d)Conclusiún. auxilio ejecut ivo. Dichas atcnuacione~ no debieran existi r, si se ha considera-Dctodo esto del:>e extraerse la si- do irrelevante el consentimiemo de la guienre consideración. Como sea víctima, Si la vida es indisponible, a quien suxilia en la muelle del suicida, aunque sea con e l consentimiento de éste, se. le debe castigar con la misma pena que al homicida. Si por el contra-rio se considerd a la vida como un bien disponible por su titular, debiera a la vez establecerse la impunidad de cualquier acción que atente contra la vida de un suicida. Sin embargo el legislador se decidió por esta opción intermedia, que d ifícilmente puede rener un sustento dogmático. En muchos casos concretos. tendrá un mayor desvalor la inducdón al suicidio, que no la inducción al ho-micidio. Así, compárese estos dos su-puestos: A heredero de B. le induce a suicidarse con el engaño de que ha en-fcnnadn de cáncer, y Jo hace con la úni-ca finalidad de disfnltar de la herencia; A induce a B para que mate a C, el cual había violado 5 veces a la hija de B. En el primer caso, A será castigado eón la pena de Prisión Mayor, en el segundo caso lo seni en cambio, con una pena de Reclusión Menor. IV. CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA EUTANASIA Dej ando a un l11do los defectos que pueda tener el art. 409 CP. no cabe duda que es el precepto que debe ser de apli-cación a los su pues los de Eutanasia Se debe entrar por lo tamo (y ya pard fina-lizar) al tratamiento que deben tener dichos supuestos teniendo en cuenta la regulación existente. La eutanasia implica adelantar el momento de la muerte diaflnosricada ~·runo irremediable, con la finalidad de eviTar sufrimientos innecesarios. La doctrina suele distinguir entre. eu-umasia activa: el suj eto activo ejecu-ta con actos positivos la muerte del enfermo; eutanasia pasiva: el sujeto activo s implemenlc no inicia o cesa. los actos que posibilitan el manteni-miento de la vida, porque no van a mejorar el estado de la persona la ~ual te rminará igualmente muriendo; y or-totanusia o eutarw~iu indirecta: el su-jeto activo suministra al enfermo una serie de medicamentos (morfina) que adcmá' de calmarle el sufrimiento, aproximan el momento de la muerte. Rcs1¡ec1o a la eutanasia activa , debe ser considerada como delito de auxilio ejecutivo al suicidio. No cabe a mi parecer aplicar la eximente de ejercicio de un derecho (art. 8.11 CP) como apunta Carbonell. ya que como hemos apuntado, de la CE no se de-duce el derecho a la muerte. Cabrá en alguno .~ supuestos excepcionnles ha-blar de Est!ulo de Necesidad ( art. 8. 7 CF) cuando por ejemplo sea nece.w-rin acabar con la vida de una persa-na para salvaguardar la de Otra que tiene mayores pasibilidades de sobre-~i~·ir, pero en c,¡¡c caso no será el con-senrimiento de la persona (el cual m siquiera es nece>ario) ei que justifi-que la acción, sino que sa á la silrla-ción de nect'sidad 1 A.1í por ejemplo cuando de entre dos hermanos siame-ses condenados a la mucrrc si no son separados. se saa ifica a uno en lu-gar de a orro). Respecro a la eu1anasia indirecta, hsy que considerarla también como un auxilio ejecutivo al suicidio. Si hien en esre caso serán más los supuestos en que cabrá afirmar el Estado de ne-cesidad. si se considt!ra que es mas grave el sufrimiento evitado al sumi-nistrar morfina, que el aceleramiemo de la muerte provocado. Respecto 3 la eutanasia pasiva, hay que concluir que no encaja dentro del auxi lio ejecuti-vo, ya que se trata Je una moJalitlad omisiva en un delito de resultado. es decir de una comisión por omisión. Como tal, para que pueda afirmarse la imputación objetiva dd resultado a la pasividad del sujeto activo, es re-quisito indispensable, que la conduc-ta debida, hubiera podido evitar el re-sullado con una probabilidad rayana en la srguridad, y en los casos de cu-tanasia al ser la muerte irremediable, !a actuación del médico no hubiera evitado el re su hado, sino que ~ imple· mente hubiera alargado su produc-ción, por lo lamo hay que considerar "·::,: .. la contlueta como un simple auxilio el cual al ser omisión propia, exige menores requisitos que d auxilio ~je­culivo. En esta modalidad de eutana-Sia será más normal encontrar supues-tos en que quepa aplicar la eximente de Estado de necesidad (Así por cj~m­plo, cuando st: dcscon~cta un reani-mador. para conectar en él a otra per-sona can mayores posibilidades de su pt~rvivcnda). Debemos concluir por tanto, reite-ramio que no es eficaz el consentimltn-to para considerar_Justtftcada una acción típica que lesiona la vida de una perso-na, debido a la indispombihdad del bien jurídico vida, y que por tanto las con-ducws eutanásicas no pue-den ser otra cosa que contranas a derecho, y 'óio es-¡arán JUStificadas cuando concurra al-guna de las eximen res recogidas en el CP. (')Este trabajo obtuvo el Premio a ir. Segunda Mejor Comunicación en el 1 Congreso de Eswdiames de Derecho Penal, 1994, organi?.ado por estudian-tes de la Unívcrsítat de Barcelona y de la Uníversítat Pompeu Fabra. 69 

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