San Martín, Luis Fernando

Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba

Algunas reflexiones en tomo al delito de tenencia ilícita de armas de fuego en España l. INTRODUCCIÓN El hom brc ha sido desde sicrn pre uno de los seres más indefensos de la Creación. Este defecto natural ha sido suplido, de forma sobrada, por su habi-lidad e inteligencia. Con ellas ha inge-niado artilugios e instrumentos de muy diversa fndole, desde el hacha de snex hasta las modernas armas de fuego, pasando por los más variados objetos punzantes y arrojadizos, con la única finalidad de ser cada vez más eficaces, más mortales y dañinos, y, por consi-guiente, más peligrosos. Esta peligrosidad se ha mostrado siempre de manera notable en las ar-mas de fuego. Ello obligó desde un principio al legislador a establecer una regulación sobre las mismas, al objeto de controlar y, la mayoría de las veces, restringir la tenencia y uso de este tipo de armas. Impronta que ha marcado la regulación legal de esta materia desde sus orfgencs. Referencias legales al respecto, es-tán presentes en una Pragmática del monarca espailol Felipe ll, fechada en 1558, por laque se prohibfan "introdu-LUIS Fr.RN,\NDO SAN MARTfN ciren estos reinos arcabuces con cañón menor a una vara de medi r o quat ro palmos" . En el Código Penal de 1848 encontramos el gemnen de la actual regu lación penal sobre la materia. En concreto puede lee rse en su artfculo 484: "serán castigados ~:on arresto de uno a cuatro dfas y mulla de uno a cuatro duros el que disparase arma de fuego, cohete, petardo u otro proyectil dentro de la población". Este precepto más que castigar la trasgresión de un bienjurfdico concre-to, trata de evitar la pel igrosidad y la alarma que tales artefactos conllevan, especialmente dentro de Jos nücleos de población. Sin embargo, habrá que esperar a 1928 para que el art feu lo 542 del Códi-go Penal, promulgado ese mismo ai'\o, recoja por primera vez en el Derecho espaí'lol el delito de uso y tenencia ilícita de armas de fuego. Basta en ton-· ces su tipificación se hallaba solapada con la tenencia de explosivos, diso-ciándose en tipos penales distintos en ulteriores regulaciones. Dicotomía ésta que ha permanecido hasta nuestros dfas en lo que hoy fonma el Capftulo XII del Titulo II del Código Penal vigente. 87 88 II. LA ACTUAL REGULACIÓN Pese a tan dilatada experiencia legal. la solución dada al tema por nuestro ordenamiento jurfdico no parece ser la más acertada. Su configuración técnica y científica en términos jurídicos obser-va ciertas incongruencias as f como una clara asincronfa en relación con los pafses de nuestro entorno. Antes de entrar en la exposición de esas comro-venidascueslioncs, consideramos opor-tuno otear, aunque sea someramente, la actual legislación sobre am1as en el Derecho positivo español. El Real Decreto 2.179/1981, de24 de Julio, por el que se aprueba el Re-glamento de Annas, establece, a lo largo de su extenso articulado, todo lo rclalivo a la adquisición y permisos de armas y licencias en sus diferentes categorfas y funciones. Contempla, por tanto, todo lo concerniente a la tenen-cia y uso de annas de fuego de fonna !feíta. La inobservancia de tales pre-ceptos será susceptible de reputarse como delito de tenencia ilícita de ar-mas de fuego, recogido en los artículos 254 y siguientes del Código Penal. Si las circunstancias del caso lo de mues-tran, se podrá incurrir en el delito de pertenencia a banda am1ada, según preceptúa el artfculo 1.2 i) de la Ley Orgánica 9/1984 de 26 de diciembre. III. ÜRIENTAClONES CK(l tCA::> Teniendo a la vista la legislación española sobre tenencia, lfc ita e ilfcita, de armas de fuego, podemos resaltar cienos aspectos de la misma que. a nuestro juicio, resultan criticables desde varios ángulos. En primer lugar, observamos cómo las legislaciones sobre esta materia de pafses de nuestro en torno -Alemania, Francia y B61giea, por citar algunos-no contemplan la tenencia ilfcita de annas como un delito autónomamente considerado, es decir, con sustantividad penal propia. Ello no representa que hayan cerra-do sus ojos ame tales conductas que, cuando menos, deben ser tachadas de peligrosas. Sus respectivas legislacio-nes consideran la regulación de las annas de fuego como una cuestión relegada al terreno de las autori?.acio-nes administrativas, considerándose por tanto su transgresión como un ilfcito meramente administrativo y no penal como sucede en nuestro pafs. Cabe recordar a este respecto, cómo en el Código Penal español de 1870 estas conductas eran tan sólo constitutivas de falta, o sea, ilícito penal leve, aun-que nunca llegó tan lejos como para desprenderse de la esfera penal. No obstante, el hecho de que la tenencia ilfcita no esté tipili cada en algunas legislaciones de nuestro en-tomo social y cultural no nos debe lleva r a pensar que adolezcan de relevancia a efectos jur!dico-penalcs. Lo que sucede es que actúa como cir-cunstancia agravante en la comisión de otros delitos expresamen te tipilicados: robo, resistencia a la auto-ridad. etc., cuando se cometan con la ayuda de annas de fuego. Algo asr como un agravante de alevosía, basada en el empleo de tales annas para ase-gurar el resultado de la acción delictiva. Buena prueba de ello la encontramos en los parágrafos 244. 1 y 2 y 250 del Código Penal alemán. Por contra, nuestro ordenamiento considera la tenencia ilfcita como un delito, no bastando para su comisión ningún resultado cspecffico, sino úni-camente el"animus re m sibi'habendi" de un anna de fuego, es dcci r, el cono-cimiento, siquiera potencial, de la antiju ri cidad e ilicitud de la tenencia. El error de prohibición del anfculo 6 bis a), 3•, actuaria como causa de e~­clusión del dolo, e~imiendo al reo de tal delito. En este semi do, las Senten-cias del Tribunal Supremo de 29 de noviembre y 15 de diciembre de 1975. Al mismo tiempo y a la vista de lo que se reconoce el derecho de sus anteriormente expuesto, podemos ob- ciudadanos a ponar armas. servar cómo en el Derecho Penal patrio, la confluencia de un delito -robo, asesi- Pese a todo, el criterio restri ctivo se nato, resistencia, atentado, etc.- y la pone de manifiesto una vez más, y asr. tenencia de armas de fuego sin la co- se puede observar cómo en Espafla ha rrcspondicnte licencia y la guía de pcr- prevalecido una tendencia represiva tenencia, no hace reputar esta última encaminada a considerar el tema, más conducta como un agravante del otro que un derecho a la autodefensa, como delito -tal y como sucede en otras le gis- un medio factible y e lica7. de atacar o laciones- sino que obliga a establecer resistir el poder establecido, al tiempo un concurso real de ambos delitos. con que ello puede dificullar e incluso la consiguiente suma aritmética de las conculcar la tranquil idad pública. condenas establecidas para cada wto de ellos. Se exceptúa la tenencia de varias A nuesLro modo de ver, la simple armas de fuego que no fuese considera- denegación de permisos de armas tipo da como depósito de armas, cstimándo- "B" a solicitantes que pueden tildarsc se como un concurso ideal de delitos -a la usanza de nuestro Código Civil-según la Sentencia del Tribunal Suprc- de "honrados padres de familia" no mo de 27 de mayo de 1986. evita el fenómeno de la inseguridad ciudadana. Unicamcnte desequilibra En otro orden de cosas, nos cncon- la balan7.a justo en contra de la panc tramos con la circunstancias de que legftima. La experiencia policial de-España es el miembro de la C.E.E. muestra que el hampa se abastece prin-donde mayores dificultades y trabas se cipalmcnte de arm as -las "sin papeles" ponen a un aspirante a conseguir un o las no fichadas por la Policla- que permiso de armas de esta fndole. Se da adquiere en el mercado negro paralelo la paradoja de no exigir ningún cono- al de las drogas. Sería absurdo pensar cimiento previo sobre el uso y las que Jos delincuentes accedan a sus características técnicas del arma que armas mediante la corrcpondicntc so-va a emplear la persona que ha obteni- licitud del pem1iso. do el pemtiso. La Administración desecha casi de Esta situación, desde nuestro punto rafz el interés y el derecho lcgftimo de de vista, acarrea las siguientes conse- los ciudadanos a defenderse "pistola cuencias: en mano". Prueba de ello es que las Oficinas de Intervención de Armas de De un lado, y al hilo del fenómeno la Guardia Civil , que son Jos órganos de la inseguridad ciudadana, se provoca que tienen asumida la competencia en entre un amplio sector de la población todo Jo relativo a la concesión, tcnen-española, un sentimiento de indefensión cia yuso de armas de fuego de carácter frente a la delincuencia, cada vez más civil, han concedido tan sólo el "privi-acusado. De aquf el elevado número de legio" del permiso tipo "B" a 16000 solicitudes de permiso de armas úpo ciudadanos. "B" para defensa personal, que si bien no son el medio más racional y adecua- Este obstáculo administrativo obli-'• do para acabar o reducir el fenómeno de ga a muchos de nuestros compatriotas. la delincuencia, no por ello deja de ser ante la reiterada denegación del permi-una posibilidad de defensa como otra so, a optar por solicitar otros -habitual-cualquiera, e incluso un derecho de mente el de caza tipo G y F, o el de tiro -; rango constitucional como sucede en deportivo T y TD- al estar presidida su algunos paises. Buena muestra de ello concesión por criterios más nexiblcs y es el artfculo 24 del "Bill of rights", permisivos. Este hecho provoca, como 89 embrión casi inalterado de la actual consecuencia de la ignorancia e imperi-Constitución de los EE.UU., por el cia, el engrosamiento de una lista negra 90 anual de muertos y heridos por la inade-cuada manipulación de estas armas. También se produce el fenómeno de que los ciudadanos, ante la denega-ción del permiso y la imperiosa nece-sidad de defenderse, opten por acudir a la vfa ilegal, adqui riendo en el merca-do negro o en otros pafses de legisla-ción más relajada (Andorra, Portugal y Bélgica principalmente), armas con las que poder scnti rse seguros. Entendemos por ello, que la inclu· sión en nuestro actual Código Penal de circunstancias atenuantes del tipo bá-sico, recogidas en los artículos 256 y 259, son ciertamente plausibles pcr estar en consonancia con la realidad social y en atención de las circunstan-cias personales del caso. IV. NOTAS FINALES En consecuencia, y a la vista de lo ex pues LO, pensamos que la refonnadcl Código Penal español en esta cuestión es del todo necesaria. En primer lugar, debe reali t.arse en atención a una uni· dad de criterios que asemejen nuestra legislación a la de los pafses de la C.E.E. La fonna más racional al res-pecto sería la regulación sistemática de la materia, diferenciando lo que deben ser ilícitos penales y asuntos administrativos. Cuestiones éstas que, sin embargo, no aparecen reflejadas ni en el Proyecto de Código Penal de 1980. ni en la propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal de 1983. ela-borado por el Gobierno Socialista que, pese a varios años de mandato, aún no ha sido capaz de dar solución a una de sus principales promesas. En segundo lugar, consideramos que la implantación en el terreno ad-ministrativo de criterios más raciona-les en la concesión de pennisos me-diame un conocimiento técnico sobre el ann a y su uso al aspirante, conl leva-ría una considerable disminución de los accidentes por arma de fuego. Cri-terio que ha comenzado a imponerse de fonna reciente, con respecto a las annas de tiro olímpico y de caza. Junto a ello, entendemos que una mano más abierta por parte de la Ad-ministración en cuanto a la concesión del penniso de armas tipo B, evitaría que muchos ciudadanos "normales'' se viesen abocados a la ilegalidad por recurrir a la adquisición de armas en otros países o en el mercado negro. Con estas y otras medidas,nos si-tuaremos en paridad con las legisla-ciones sobre esta materia de los pafses de nuestro entorno. = 

Algunas reflexiones en torno al delito de tenencia ilícita de armas de fuego en España

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