Desde Estados Unidos nos llegan los ecos de la Ley Sarbanes-Oxley
que, mediante una profunda reforma en la gestión empresarial, trata de
recuperar la confianza de los inversores hacia los mercados de capitales,
una confianza que fue seriamente dañada por los escándalos financieros
que, a ambos lados del Atlántico, se sucedieron durante los primeros años
del siglo XXI.
Debido a la globalización del mundo en que vivimos, cabe preguntarse
si esta legislación ha tenido algún tipo de influencia sobre la información
que las empresas de nuestro país remiten a los organismos reguladores
nacionales o sobre la normativa española relativa al sistema financiero.
Ésta es precisamente la cuestión abordada en el presente artículo
