En Chile, desde la llegada de los gobiernos democráticos en 1990, el Estado y sus estructuras públicas han hecho un sostenido y gran esfuerzo tanto por mejorar la inversión en educación como por desarrollar programas educativos centrados en la mejora de su calidad y en disminuir las brechas y desigualdades sociales de la población escolar. En este artículo se describen y analizan las principales políticas educativas de los últimos veinte años centradas en el apoyo a las escuelas que acogen a estudiantes de sectores vulnerables y con bajos resultados académicos. Se estudian, en primer lugar, los programas focalizados que se desarrollaron en el país entre 1990 y 2007, entre los que se encuentran los de Mejoramiento de la Calidad de Escuelas Básicas de Sectores Pobres (P900), Mejoramiento de la Calidad de la Educación Rural (PRural), Intercultural Bilingüe, Escuelas Críticas y Escuelas Prioritarias. De su análisis destaca que existen limitaciones, puesto que no se consideran los factores extraacadémicos y también que es necesario asimilar una política educativa proequidad con acciones de discriminación positiva. El estudio y análisis crítico de la actual política educativa, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), centra la segunda
parte. Con este se concluye la necesidad de seguir desarrollando políticas y acciones compensatorias y focalizadas que se enmarcan en estrategias más amplias que asuman la formación
integral de los sujetos en relación con el contexto, su historia, su comunidad y su cultura; políticas para una ciudadanía democrática, de sistemas y escuelas que modelen y promuevan procesos de socialización inclusivos, solidarios, tolerantes e igualitarios, capaces
de hacer realidad los proyectos de vida de cada niño y de cada joven, pero también relevantes para una formación ciudadana que se constituye en palanca y soporte de sociedades
justas, igualitarias y participativas.Although Chile is a country with significant problems of quality and fairness in its education
system, since the arrival of the democratic system in 1990 public authorities have made a strong, prolonged effort to improve investment in education and to develop educational programmes
focussed on enhancing the quality of education and combating social gaps and inequalities. This article describes and analyzes the last twenty years of education policies implemented to
support the kinds of schools that welcome underachieving children from vulnerable sectors. The targeted programmes implemented between 1990 and 2007 included the Programme for
Improving the Quality of Primary Schools in Poor Areas (P900), the Programme for Improving
the Quality of Rural Education (PRural), the Intercultural Bilingual Programme, the Critical
Schools Programme and the Priority Schools Programme. Analysis highlights the programmes’ limitations (traceable to their failure to consider non-academic factors) and stresses the need
to assimilate a pro-fairness education policy that includes positive discrimination. A study and
critical analysis of current education policy, the School Grant Preference (SEP) Law, is the focus
of the second part of the paper. The conclusion is that there is a need to continue implementing
targeted compensatory policies and actions framed within broader strategies that take on the
comprehensive formation of individuals in relation to their context, history, community and
culture, policies for democratic citizenship, where systems and schools establish the patterns
for and promote inclusive, supportive, tolerant, egalitarian socialization, of a sort that can make
every child’s and every young adult’s life aspirations a reality, but which is also relevant for the
acquisition of a civic education that is both lever and fulcrum for fair, egalitarian, participatory
societies
