Jesús Antonio Bejarano

Spanish

Research Papers in Economics

REVISTA DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL, Nº 1, NOVIEMBRE / 1999
“CRIMEN E IMPUNIDAD,
PRECISIONES SOBRE LA VIOLENCIA”,
DE MAURICIO RUBIO, TM Editores, CEDE, Bogotá, 1999
Jesús Antonio Bejarano
E
n una de las muchas afirmaciones que en el libro de Mauricio Rubio suscitan
la reflexión se dice que “en materia de violencia, paz, negociaciones y diálogos,
para encontrar opiniones que no riñan con la evidencia, que no pisoteen los
principios y que no insulten el sentido común parece necesario buscar más allá
de nuestras fronteras. Frente a estos temas, para no sentirse extravagante, es
preciso aferrarse a lo que dice gente completamente aislada de ese mar de
inconsistencias, eufemismos, misterio, engaño o abiertas amenazas que rodean
el debate en el país. Las manipulaciones y, sin duda, el temor han llegado en
Colombia al extremo de contaminar el lenguaje; ya no se pueden llamar las cosas
por su nombre, ya no se pueden describir las situaciones como lo que son” (p.
225). Guiado sin duda por el afán de restituir las preguntas básicas que el temor
o el oportunismo parecen haber escamoteado, este libro es un esfuerzo riguroso
e innovador que ayuda a superar el voluntarismo y las aproximaciones subjetivas
que predominan hoy en los análisis de la violencia y de la paz.
Será preciso admitir que pese a la abrumadora realidad cotidiana, nutrida de
hechos de violencia de todo orden, lo cierto es que entendemos poco de esa
violencia y lo poco que entendemos no lo entendemos bien. Una parte de las
razones de nuestra limitada comprensión está en la desorientación de las ciencias
sociales según la forma habitual en que se practican en Colombia. La sociología,
la economía, las ciencias políticas, parecieran a menudo dar rodeos para evitar
enfrentar explicaciones rigurosas de estos fenómenos, cuando no es que asumen
de manera acrítica como verdades bien sabidas afirmaciones que hacen carrera,
sin mayor sustento empírico y que se apoyan las más de las veces en una mala
lectura de cifras.
Así, se van difundiendo y aceptando tesis tales como aquella de que la violencia
que nos está matando es la de la calle, que orientó desde el conocido informe
“Colombia, Violencia y Democracia” la manera de enfocar varias de las políticas
de seguridad del país, igual la tesis del llamado “empate militar” que condujo a
desestimar la importancia del esfuerzo para una construcción rigurosa de las
condiciones del proceso de paz, sobre la presunción de que la negociación debía
producirse de por sí en ausencia de otras alternativas. Igual la socorrida y por
supuesto equivocada tesis, compartida por muchos políticos y muchos académicos
de que la pobreza es la causa de la violencia armada, tesis que no resiste la menor
contrastación ni en el plano internacional ni en el plano interno.
En esas circunstancias, interrogantes que deberían implicar análisis complejos
y aproximaciones teóricas más rigurosas merecen sólo respuestas acartonadasJesús Antonio Bejarano 132
(“soluciones lingüísticas” las llama Rubio) tales como “meterle pueblo al proceso”,
como se expresa en la más vulgar retórica de algunos de los participantes de la
llamada sociedad civil, o la tesis de “negociar en medio del conflicto”, tesis ambigua
que parece servir para explicar la debilidad de las condenas a los actos terroristas
de la insurgencia, o frases como la de “negociar con todos los actores”, como si
todos fueran lo mismo o como si con todos se pudiera hablar de lo mismo. Las
soluciones a la violencia parecen, pues, llenarse de eufemismos, de suerte que la
renuencia a calificar de terroristas a los actos terroristas, o las más recientes sutiles
distinciones entre el secuestro económico y el secuestro político, sólo oscurecen
las perspectivas de análisis, y sobre todo escamotean las dimensiones éticas con
que deben juzgarse los hechos violentos; todo ello, finalmente, pretende ser un
esfuerzo “pacifista” por dar explicaciones que al poco andar se convierten en
justificaciones de las acciones violentas. Así, podrían recogerse en abundancia
ejemplos como los de las múltiples declaraciones de miembros de la sociedad
civil “explicativas” del genocidio de Machuca, la calificación como “avance” de la
claudicación ética sobre el tema del secuestro que se presenta en el punto 10 del
acuerdo de Maguncia o la visita de “buenos oficios” que dio como resultado el
Acuerdo de Paramillo. Pareciera pues, advierte Mauricio Rubio, que estamos
sometidos a una especie de “síndrome de Estocolmo colectivo” en el cual lo que
más preocupa es que al igual que los rehenes del Banco asaltado en Estocolmo,
“parecen ser cada vez más los sectores influyentes de la opinión pública colombiana
que sucumben ante la manifestación de los buenos sentimientos de los violentos
–en medio de la intensificación de las amenazas–, ante el reiterado contraste
entre los pequeños inconvenientes que ocasionan y los errores que podrían
provocar y ante la peculiar idea de que la sociedad debe pagarles para protegerlos
de sus propios desafueros” (p. 28).
Llegamos así a un cierto conjunto de paradojas terribles como que para
alcanzar la paz uno de los requisitos imprescindibles es el debilitamiento de los
organismos de seguridad del Estado o el exabrupto económico de que la paz se
compra y con recursos de las víctimas dirigidas a los agresores, o la calificación
como enemigos de la paz a quienes denuncian los abusos o los atentados a los
derechos más elementales, o a quienes solicitan como requisito para negociar
que los diálogos no se hagan bajo la sombra de las amenazas. Todo esto, hoy por
hoy, parece considerarse un obstáculo al proceso de paz o una extravagancia
belicista.
Este libro, que para muchos podría calificarse de irreverente y para otros
pudiera representar la expresión de un pensamiento intolerante, es una de las
contribuciones más importantes a la búsqueda de respuestas y enfoques para
orientar acciones, estrategias y conductas que contribuyan tanto a la solución
pacífica del conflicto armado (sobre la base de la reestructuración y replanteo de
principios éticos y políticos elementales de toda democracia y de toda civilización
política) como al diseño de políticas de seguridad que permitan ejercer la
obligación constitucional que tiene todo Estado de derecho a una respuesta a la
violencia apoyada en el uso legítimo de la fuerza, sin que ello signifique declinar
las aspiraciones de una solución política negociada para estimular alternativas
militaristas o autoritarias.
En el primer capítulo se proponen unas reflexiones sobre el proceso de paz
en cuyo trasfondo se advierte la consideración de que las circunstancias en que
está transcurriendo este proceso se asimilan más al pago de un rescate que a una“CRIMEN E IMPUNIDAD, PRECISIONES SOBRE LA VIOLENCIA” DE MAURICIO RUBIO 133
negociación libre. Son varios, advierte Mauricio Rubio, los síntomas de que el
Estado colombiano no tiene la situación bajo control y mucho menos los
autodenominados representantes de la sociedad civil. Hay, dice Rubio, un
incómodo tufo autoritario alrededor del proceso que lo torna, en términos de los
resultados esperados, bastante leonino.
En el segundo capítulo se llama la atención sobre la calidad de la información
respecto del crimen, la violencia y la guerra en el país. A pesar de que Colombia,
como indica Rubio, es una de las sociedades latinoamericanas con mejor
información sobre muertes violentas, existen en la actualidad varios síntomas de
un progresivo proceso de desinformación, preocupante especialmente en lo que
hace a las regiones en las cuales la situación es crítica, lo que además no permite
una adecuada apreciación de las relaciones entre el conflicto interno, la violencia
y el crimen. Estos aspectos de negociación son elementos indispensables para
diseñar la política de seguridad, las reformas a la justicia, y, en general, la política
de criminalidad.
El tercer capítulo intenta resumir el estado actual del debate sobre las causas
de la violencia en Colombia. El análisis de Rubio es francamente pesimista porque
muestra de un lado lo poco que hemos aprendido de nuestra propia experiencia,
y de otro lado el precario estado de las ciencias sociales y su capacidad para
enfrentar una realidad tan dolorosa y tan importante como la de Colombia. Ese
debate, más allá de sus términos precisos, refleja una sabiduría convencional
colombiana en materia de violencia profundamente equivocada y poco consistente
con la poca evidencia y con la realidad; también muestra una sociedad que terminó
suministrándoles a los violentos el discurso ideológico para legitimar y justificar
sus acciones, al punto de que con una sola excepción, el debate presidencial
reciente acaba concluyendo, según los candidatos, que la guerrilla tiene la razón,
deslizándose así sin mayor rubor de la constatación común de los hechos a la
coincidencia de las causas y por tanto a las justificaciones del uso de la violencia.
El cuarto capítulo hace una exhaustiva discusión sobre uno de los temas que
según Rubio es uno de los más hábilmente manipulados en materia de políticas
públicas en el país en los últimos años, esto es, el precio de la paz o el costo de la
violencia, destacando allí, entre otros, que no habido en ese contexto reparo
alguno en asignarles un precio a las vidas humanas con tal de que se logre aumentar
el monto global de lo que supuestamente la sociedad civil debía pagar por alcanzar
la paz. Este peculiar ejercicio de economía a la colombiana está conduciendo,
según Rubio, a una de las más insólitas recomendaciones de política: “aumentar
el poder que sobre la asignación de dineros públicos tiene la gente que genera
unos costos sociales para supuestamente reducirlos, y con recursos que provienen
de quienes sufren los costos. Tal es el modelo detrás de la noción del precio de la
paz” (p. xvi).
Finalmente, el último capítulo apunta a unas recomendaciones genéricas en
las que se hace énfasis en tres temas: mejorar la base de información sobre el
crimen y la violencia colombiana, modernizar las herramientas analíticas y por
supuesto recuperar la capacidad de la justicia penal colombiana para identificar
y sancionar a los violentos. Los aportes sobre el diagnóstico de la criminalidad y
la violencia y las acciones estatales para contrarrestarlas parten obviamente de
considerar los problemas de observación y medición cuyas limitaciones parecen
ser directamente proporcionales a los niveles de violencia. Así, para poder superar
esas dificultades, lo primero es evaluar de manera crítica las fuentes de informaciónJesús Antonio Bejarano 134
alternas, verificando la consistencia, su compatibilidad y sus interrelaciones. Tal
es el ejercicio al que se dedica el capítulo 2 que pone bajo escrutinio las fuentes
más usuales de información sobre violencia y criminalidad en Colombia,
destacando allí primero el excesivo nivel de la tasa de homicidios cuya sola
magnitud sugiere algo acerca de la naturaleza de la violencia; segundo, que al
hacerse explosiva la violencia homicida la justicia penal pierde el interés por el
fenómeno, y, finalmente, que la alta concentración geográfica y la gran inercia
que a nivel local presenta la violencia es una de las causas del estado lastimoso de
la información.
Parece claro entonces que la calidad de las cifras de criminalidad basadas en
las distintas fuentes dan resultados diferentes dependiendo del tipo de delito y
de la naturaleza del infractor. “En cierta forma se corrobora la impresión derivada
de las estadísticas sobre violencia homicida, en el sentido de que en Colombia la
desinformación y el misterio alrededor de la criminalidad parece adicionar a la
gravedad del fenómeno el poder de los infractores” (p. 64).
Por otra parte, respecto de las hipótesis explicativas sobre la naturaleza de la
violencia en Colombia y sus causas, apenas se puede decir que los avances recientes
en el diagnóstico de la violencia colombiana han estado más orientados a
desvirtuar ideas arraigadas que a proponer nuevas teorías explicativas. En todo
caso los elementos de las explicaciones convencionales que han sido cuestionadas
en los últimos años se refieren primero a las llamadas causas objetivas de la
violencia, segundo a la falta de relación entre las altas tasas de homicidio entre
las actividades criminales y el conflicto armado y, por supuesto, el postulado de
que la violencia es el resultado de los problemas generalizados de agresión y riña
entre los ciudadanos y no un asunto relacionado con la violencia política. Esta
aproximación, advierte Rubio, proviene de una mala lectura de cifras y de un
análisis poco riguroso de las causalidades. Finalmente, el planteamiento
equivocado de que las sanciones penales son inocuas para disuadir a los violentos
y en particular a los rebeldes, quienes deben, según esa tesis, someterse a un
tratamiento político a falta de eficacia de las políticas criminales.
Con respecto a las hipótesis causales de la violencia destaca Mauricio Rubio,
en primer lugar, la sorpresa que produce la incoherencia de que sean precisamente
los más acuciosos defensores de la idea de que el conflicto armado ha sido
responsable de un número muy reducido de muertes en el país quienes muestran
en la actualidad un mayor afán por negociar con los alzados en armas para
encontrar un camino seguro hacia la paz, sin avanzar medianamente en propuestas
y análisis sobre los esquemas de seguridad. A ese respecto Rubio dedica varias
páginas al influyente informe “Colombia, Violencia y Democracia”1, refutando
con detalle las principales conclusiones pero reconociendo obviamente la
significación de este informe para el análisis del tema.
El capítulo 4, “El costo de la violencia, el precio de la paz y otras imprecisiones”
es un capítulo mucho más afín con la economía institucional que al análisis de la
violentología y es un intento aún incompleto, pero en extremo valioso para enfocar
la violencia desde el ángulo de los incentivos.
A partir de una consideración esquemática sobre las proposiciones principales
de la nueva economía institucional que Rubio resume apretadamente (pp. 160-
1 Comisión de Estudios sobre la Violencia “Colombia: Violencia y Democracia”. Informe
presentado al Ministerio de Gobierno, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987.“CRIMEN E IMPUNIDAD, PRECISIONES SOBRE LA VIOLENCIA” DE MAURICIO RUBIO 135
161) y rechazando explícitamente la idea de que las instituciones tienen siempre
como finalidad la eficiencia económica y la reducción de los costos de transacción,
explora la proposición central de que “se puede entonces en principio observar la
existencia de un conjunto de normas, leyes, costumbres, ideas que sean siempre,
por decirlo de alguna manera, socialmente irracionales, es decir que no
contribuyan a la eficiencia económica global; la literatura económica sobre la
avidez de rentas (rent seeking) habla de actividades, empresarios y ambientes
productivos –o sea los motivados por la eficiencia económica, la innovación, la
competencia– para distinguirlos de aquellos improductivos o destructivos en las
cuales lo predominante son los comportamientos rapaces, rentistas y la
transferencia de recursos” (p. 161). Así se pueden caracterizar por lo menos dos
senderos institucionales diferentes en términos de su efecto sobre el desempeño
económico de una sociedad: aquellos en donde se ha alcanzado un círculo virtuoso
donde las instituciones y las reglas del juego estimulan el crecimiento económico
y aquellas sociedades regidas por instituciones improductivas que incentivan la
transferencia de rentas y elevan los costos de transacción o simplemente implican
un desperdicio de recursos en detrimento de las actividades productivas y de
innovación tecnológica. En tales sociedades, las organizaciones exitosas son
precisamente aquellas hábiles para la búsqueda de rentas. Al acumular recursos y
poder estas organizaciones adecuan las reglas del juego a sus intereses. Se genera,
pues, un círculo vicioso bajo el cual las características improductivas de la sociedad
se refuerzan, así como se refuerzan las manifestaciones de violencia como
mecanismo para la búsqueda de renta.
A partir de estas consideraciones, que Rubio lamentablemente no explora en
sus implicaciones, se hace un repaso de la literatura sobre los diferentes análisis
relacionados con los costos de la violencia, destacando en primer lugar aquellos
trabajos orientados básicamente a describir o a estimar la dimensión de la violencia
o el tamaño de las actividades criminales; luego aquellos trabajos que analizan el
impacto que el crimen y la violencia están teniendo sobre la asignación óptima
de los recursos, esto es, sobre la eficiencia productiva, posteriormente los pocos
estudios preocupados por los impactos sobre la distribución de los recursos y la
riqueza, y finalmente aquellos trabajos que hacen énfasis en los efectos sobre las
instituciones, particularmente las instituciones de justicia.
Ahora bien, es cierto que la literatura es abundante en las diversas perspectivas
señaladas y sería entonces de presumir que una tal abundancia de análisis pudiera
mejorar la eficiencia de las decisiones para enfrentar la criminalidad y la violencia,
pero lamentablemente, como destaca Rubio, un aspecto preocupante de las
intervenciones que se han propuesto en materia de violencia no ha contado la
mayoría de las veces con un soporte empírico o con una evaluación de la viabilidad
y se basan por lo general en buenas intenciones: “para el conjunto de la literatura
disponible en el país parece haber una infortunada relación inversa entre el aporte
de los trabajos a la compresión del problema de la violencia, y las sugerencias de
intervención por el otro. Los estudios, que son ricos en evidencia, los que más se
han aproximado a la observación directa son precisamente los que reconocen la
complejidad del problema, la precariedad del diagnóstico y por lo tanto son más
tímidos en términos de recomendaciones de política. Por el contrario, los trabajos
más simplistas, de naturaleza casi deductiva son los prolíficos en materia de
posibles intervenciones” (p. 223).Jesús Antonio Bejarano 136
El trabajo de Rubio parece corresponder a la primera categoría. Es un examen
riguroso, comprensivo, aclara de manera sustantiva muchas de las preguntas
básicas que se hacen los analistas de la violencia y de la criminalidad en Colombia.
Sin embargo, aunque en el capítulo último “Qué hacer” se producen algunas
recomendaciones, éstas se reducen apenas a orientaciones generales: la primera
insiste en la necesidad de medir y hace algunas sugerencias sobre algunos métodos
de medición, subraya la necesidad de fortalecer la justicia y finalmente parece
desechar las posibilidades y la necesidad de la negociación política.
Pese al vacío que queda respecto de “Qué hacer”, en este libro quedan abiertos
muchos temas cruciales: la seguridad, la justicia, la negociación, así como un
fuerte y valioso llamado a superar los prejuicios con que hasta ahora se han
analizado los temas de seguridad y violencia.

"Crimen e impunidad, precisiones sobre la violencia", de Mauricio Rubio

http://www.uexternado.edu.co/facecono/ecoinstitucional/workingpapers/jbejarano1res.pdf

"Crimen e impunidad, precisiones sobre la violencia", de Mauricio Rubio

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