El tema de la responsabilidad civil y política de los ciudadanos, a partir de la concepción liberal que la inspira, manifestada en muchos artículos de la Constitución Nacional y en la regulaciónde los deberes de los ciudadanos del artículo 95, es relevantepara la construcción del nuevo país y para la convivencia ciudadana; y el protagonismo de los ciudadanos es de capital importancia para tal propósito, en otras palabras, el incumplimientoo desconocimiento de nuestros deberes, individualmente y comosociedad, erosiona la convivencia generando condiciones de violencia y de ilegitimidad institucional. El tema de la esponsabilidad civil de los ciudadanos en sus distintos roles tiene impacto estabilizador o desestabilizador en el conjunto social,dependiendo de lo representativo de los agentes que cumplan o no cumplan las reglas de juego que permiten la convivencia.

Jaime Valenzuela Cobo

Spanish

Research Papers in Economics

ESTUDIOS
GERENCIALES 91
Para Boaventura de Sousa Santos1,2
la dicotomía entre individuo y socie-
dad existente en la cultura occiden-
tal es falsa porque entre ellos hay una
relación de complementariedad y
romper ese paradigma constituye un
reto para la construcción de una so-
ciedad más solidaria y el tema de la
responsabilidad civil está enmarcado
por ese paradigma.
Nuestra Constitución, prisionera de
los paradigmas de Occidente, es ca-
racterizada como individualista, pero
en ella existen contradicciones, hay
RESPONSABILIDAD CIVIL
DE LOS ADMINISTRADORES
DE LAS EMPRESAS PRIVADAS
JAIME VALENZUELA COBO
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad Santiago de Cali, Especialización en
Derecho de Familia y Derecho Administrativo, Abogado Asesor, Docente, autor, Jefe del
Departamento Jurídico en la Universidad ICESI.
disposiciones expresas que estable-
cen la prioridad del interés público
sobre el privado, y en la declaración
de principios de su preámbulo define
a Colombia como un Estado Social de
Derecho.
El tema de la responsabilidad civil y
política de los ciudadanos, a partir de
la concepción liberal que la inspira,
manifestada en muchos artículos de
la Constitución Nacional y en la re-
gulación de los deberes de los ciuda-
danos del artículo 95, es relevante
para la construcción del nuevo país y
1. «La debilidad fundamental de la cultura occidental, tal como es develada por la hermenéutica diatópica,
consiste en crear una dicotomía demasiado estricta entre individuo y sociedad, lo que hace vulnerable al
individualismo posesivo...» (La Globalización del Derecho. Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, 1999, pág. 202).
2. «...La precedencia otorgada en la concepción occidental de los derechos humanos al individuo en detrimen-
to de la comunidad, y de los derechos en detrimento de los deberes, ha destruido la capacidad para la
compasión y la fraternidad, y ha bloqueado el desarrollo de un principio de responsabilidad capaz de
tratar adecuadamente los fenómenos del hambre de masas humanas y del sufrimiento y de la depredación
ecológicos a escala global. Ni la humanidad es una masa de individuos libres y autónomos, ni la naturaleza
humana es totalmente separable de la naturaleza como un todo» (Idem pág. 219).ESTUDIOS
GERENCIALES 92
para la convivencia ciudadana; y el
protagonismo de los ciudadanos es de
capital importancia para tal propó-
sito, en otras palabras, el incumpli-
miento o desconocimiento de nues-
tros deberes, individualmente y como
sociedad, erosiona la convivencia ge-
nerando condiciones de violencia y de
ilegitimidad institucional.
En reciente número de Ambito Jurí-
dico, el ex ministro de Justicia, Jai-
me Giraldo Angel3 manifestó  que
cuando el 80% de los problemas so-
ciales sean resueltos extrajudicial-
mente y sólo el 30% de ellos llegue a
la rama jurisdiccional se acabará la
impunidad, suponiendo la existencia
de mecanismos alternativos para la
solución de los conflictos, y agregó
que un mayor respeto a las reglas de
juego de todos los actores sociales
legitimará las instituciones.
El tema de la responsabilidad civil
de los ciudadanos en sus distintos
roles tiene impacto estabilizador o
desestabilizador en el conjunto so-
cial, dependiendo de lo representati-
vo de los agentes que cumplan o no
cumplan las reglas de juego que per-
miten la convivencia.
Una corta reflexión sobre la respon-
sabilidad civil de los administrado-
res de las empresas privadas, de los
funcionarios públicos y de las perso-
nas naturales promotoras de la pro-
testa social que causa daños a terce-
ros, evidencia tanto las acciones de
los lesionados patrimonialmente
frente a los responsables, personas
jurídicas y naturales, como las con-
secuencias y responsabilidades de los
actores frente a la creación de condi-
ciones que faciliten la convivencia ciu-
dadana y generen o no legitimidad
institucional.
La Constitución Nacional establece la
responsabilidad de los particulares,
solamente por infringir la ley y seña-
la la responsabilidad de los funciona-
rios públicos por las mismas causas
y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones (art. 6o.
C.N.)
A partir del marco constitucional las
Leyes han desarrollado normas
reguladoras de la conducta individual
y social; una de esas normas es el ar-
tículo 24 de la Ley 222 de 1995 «que
establece la responsabilidad solidaria
e ilimitada de los administradores por
los perjuicios que por dolo o culpa oca-
sionen a la sociedad, a los socios o a
terceros, eximiendo de responsabili-
dad a quienes no hayan  tenido cono-
cimiento de la acción u omisión o ha-
yan votado en contra, siempre y cuan-
do no la ejecuten».
La Ley 222 de 1995, en el artículo 22,
precisó el alcance del sustantivo Ad-
ministradores al decir: «Son Adminis-
tradores, el representante legal, el
liquidador, los miembros de juntas o
consejos directivos y quienes de
acuerdo con los Estatutos ejerzan
esas funciones».
La ley también ha definido el alcan-
ce de los términos dolo y culpa.
3. «El país tiene que tener en claro que sólo cuando más del 80% de los conflictos que se presenten en comu-
nidad puedan ser resueltos por mecanismos no judiciales, ese día habrá logrado resolver el problema de la
justicia. La solución formal de los conflictos debe quedar reservada para los eventos en que se haya fraca-
sado en todos los mecanismos sociales» (Ambito Jurídico. Año II No. 34, junio 1999).ESTUDIOS
GERENCIALES 93
El artículo 63 del CCC establece tres
especies de culpa y descuido. «Culpa
grave, negligencia grave, culpa lata,
es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado
que aun las personas negligentes o
de poca prudencia suelen emplear en
sus negocios propios. Esta culpa en
materias civiles equivale al dolo».
«Culpa leve, descuido leve, descuido
ligero es la falta de aquella diligen-
cia y cuidado que los hombres em-
plean ordinariamente en sus nego-
cios propios. Culpa o descuido sin
otra calificación, significa culpa leve.
Esta especie de culpa se opone a la
diligencia o cuidado ordinario o me-
diano».
«El dolo consiste en la intención po-
sitiva de inferir daño a la persona o
propiedad de otro».
«Culpa o descuido levísimo es la fal-
ta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la
administración de sus negocios im-
portantes. Esta especie de culpa se
opone a la suma diligencia o cuida-
do».
La Corte Suprema de Justicia, en
sentencia del 2 de junio de 1958 dijo:
«Noción de la culpa; es definida la
culpa por la doctrina en los siguien-
tes términos: «Hay culpa cuando el
agente no previó los efectos nocivos
de su acto, habiendo podido previs-
to, contó imprudentemente en poder-
los evitar.»
«La aplicación de un criterio mera-
mente subjetivo ha sido desechada
unánimemente por la doctrina y la
jurisprudencia contemporáneas. La
culpa no es posible determinarla se-
gún el estado de cada persona; es ne-
cesario un criterio objetivo o abstrac-
to. Este criterio abstracto aprecia la
culpa teniendo en cuenta el modo de
obrar de un hombre prudente y dili-
gente considerado como arquetipo.
Consecuencialmente, son responsa-
bles solidaria e ilimitadamente los
administradores que culposa o dolo-
samente ocasionen perjuicios a la so-
ciedad, a los socios o a terceros y la
noción de culpa aplicable es la llama-
da culpa leve en el Código Civil, «...
que es la falta de aquella diligencia y
cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios pro-
pios».
En jurisprudencia reciente de la Cor-
te Suprema de Justicia, citada por
Ambito Jurídico, manifestó:
«... Cuando los derechos de los acree-
dores de una sociedad mercantil re-
sultan lesionados por la administra-
ción dolosa o culposa de los adminis-
tradores de una compañía, aquellos
tienen opción de dirigirse en acción
individual de reparación de daños
contra los primeros, para obtener de
estos las indemnizaciones de perjui-
cios, en virtud del artículo 2341 del
Código Civil y 200 del Código de Co-
mercio, o pueden dirigirse contra la
sociedad. Si la sociedad «llega a ver-
se forzada a pagar mediando malicia
o simple imprudencia de sus admi-
nistradores, le queda la posibilidad
de resarcirse haciendo uso de la ac-
ción social de responsabilidad contra
ellos» (C.S.J. Sal. Cas. Civil. Sent
5099, feb. 19/99. M.P. Carlos Esteban
Jaramillo).
Posiblemente muchos actos jurídicos
propios de la actividad empresarial,
como casos de competencia desleal,
incumplimiento deliberado de obliga-
ciones que causen perjuicios a terce-ESTUDIOS
GERENCIALES 94
ros generarán esta clase de respon-
sabilidad ilimitada y solidaria entre
los administradores frente a perjui-
cios causados a terceros, siempre que
los hechos se subsuman en la pres-
criptiva legal comentada.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DE LOS PROMOTORES DE LA
PROTESTA SOCIAL Y GREMIAL
Los promotores de protestas sociales
y gremiales en ejercicio de sus dere-
chos  constitucionales y legales, tie-
nen total legitimidad para promover
la protesta en defensa de sus intere-
ses, pero deben asumir las conse-
cuencias de sus decisiones en la me-
dida en que causen perjuicios a ter-
ceros, reparándolos.
La Constitución Nacional no exime
de la responsabilidad legal ni a las
personas jurídicas ni a las naturales
que en ejercicio del derecho a la pro-
testa causen perjuicios a terceros.
La ocurrencia sucesiva de protestas
sociales en Colombia con o sin justa
causa, ha ocasionado perjuicios a ter-
ceros; los paros indígenas y campe-
sinos en carreteras nacionales han
causado ingentes pérdidas económi-
cas a campesinos y comerciantes de
productos perecederos y no perece-
deros que carecen de representación
ya como ONG o como gremios o aso-
ciaciones, sin que sus pérdidas ha-
yan sido asumidas por los actores de
la protesta o por el Estado, lo propio
ha sucedido con los paros de los gre-
mios de transportadores tan reitera-
dos en los últimos tiempos; parte de
la sociedad civil, no organizado u or-
ganizada, ha padecido inveterada-
mente las consecuencias de la pro-
testa social sin que hayan sido in-
demnizados por los daños sufridos.
Una reflexión acerca de la existencia
o no de responsabilidad legal de los
actores de la protesta sean sociales o
gremiales es necesaria; investigar en
la doctrina, en la jurisprudencia y en
el derecho comparado para profundi-
zar en el tema es una tarea atractiva
y necesaria.
A la luz del artículo 6o. de la Consti-
tución Nacional, los particulares son
responsables por infracción a la Ley
y a la Constitución y la Ley permite
la protesta, pero no exime a los pro-
testantes de responsabilidad legal
por daños causados a terceros, ni de
la responsabilidad penal por los deli-
tos en que puedan incurrir o por los
delitos cometidos.
La Legislación Civil ha definido como
fuentes de responsabilidad civil la ley
y los contratos y la doctrina habla de
responsabilidad contractual y extra-
contractual; la primera es la deriva-
da de los contratos y la segunda la
derivada del delito, la culpa y el dolo.
Para efectos de este ensayo nos refe-
riremos solamente a la responsabili-
dad civil derivada de la protesta, en
el mejor de los casos, como sería la
causada por la culpa, generada por
haber podido prever el daño y no
haberlo evitado o no poder haberlo
evitado.
Si partimos de que la decisión justa
o injusta de protestar, puede causar
daños culposos evitables a terceros,
los promotores y los actores son ci-
vilmente responsables e indudable-
mente el mecanismo resarcitorio co-
activo es el proceso civil ordinario de
los perjudicados con la protesta con-
tra los actores demostrando la rela-
ción de causalidad entre la protesta
y los perjuicios ocasionados.ESTUDIOS
GERENCIALES 95
Arguyendo la igualdad ante la Ley no
sería injusta una Ley que establecie-
ra la responsabilidad ilimitada y so-
lidaria de los administradores o di-
rectivos de las organizaciones socia-
les o gremiales y de los promotores,
personas naturales, que promuevan
la protesta por los daños causados a
terceros, porque no hay duda de la
responsabilidad legal de las personas
jurídicas y naturales promotoras de
la protesta desde la perspectiva del
ordenamiento legal vigente.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
El artículo 90 de la Constitución Na-
cional establece que «el Estado res-
ponderá patrimonialmente por los
daños injurídicos que le sean impu-
tables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas».
«En el evento de ser condenado el
Estado a la reparación patrimonial de
uno de tales daños, que haya sido con-
secuencia de la conducta dolosa agra-
vante culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste».
Ante todo la Constitución estableció
la responsabilidad patrimonial del
Estado por causa de los daños injurí-
dicos causados por sus agentes y en
desarrollo de tal mandato constitu-
cional, el Congreso ha expedido Le-
yes reguladoras de la materia para
los casos de errores judiciales (Ley
270/1996, Ley 16/1972), desarrollan-
do también el tema de la responsabi-
lidad de los funcionarios y de los em-
pleados judiciales.
El artículo 90 de la Constitución Na-
cional, en su inciso segundo señala
la responsabilidad patrimonial de los
funcionarios públicos en los eventos
en que el Estado sea condenado a la
reparación patrimonial por los daños
causados a terceros, como consecuen-
cia de sus conductas dolosas o grave-
mente culposas.
En la Constitución Nacional y en la
Legislación vigente (Ley 222/95, Ley
270/96, Ley 16/72) existe la respon-
sabilidad legal de los administrado-
res de sociedades civiles y de los fun-
cionarios públicos por los daños
injurídicos causados a terceros, en el
primer evento, por violación a la Ley
y en el segundo por acción u omisión
en el cumplimiento de sus deberes
legales, siempre y cuando se hayan
causado los daños dolosamente o por
culpa grave, y en el caso de los fun-
cionarios públicos cuando haya sido
condenado el Estado, advirtiendo que
la Carta Constitucional establece ex-
presamente la obligación del Estado
de repetir contra el funcionario pú-
blico.
El tema de la responsabilidad civil,
tanto de los administradores, funcio-
narios públicos y eventualmente de
los promotores de la protesta social
que causen daños injurídicos por con-
ductas dolosas o culposas graves,
debe enmarcarse, indudablemente,
en los principios constitucionales de
la responsabilidad (art. 6, 90 de la
Constitución Nacional) de los ciuda-
danos, de los funcionarios públicos y
de la igualdad ante la Ley (art. 13
Constitución Nacional), como ejes
fundamentales.
Otro criterio básico es el de la respon-
sabilidad individual, ya como ciuda-
danos  o como funcionarios por viola-
ción de la ley o por omisión en su cum-
plimiento en una sociedad en donde
la Constitución y la Ley han estable-
cido la participación ciudadana como
eje capital en la construcción de laESTUDIOS
GERENCIALES 96
nueva sociedad diseñada en la Carta
Fundamental de 1991.
En las tres hipótesis; para hacer efec-
tivo el resarcimiento del daño, es ne-
cesario presentar la demanda respec-
tiva ante la autoridad judicial com-
petente, demostrando la relación de
causalidad entre la conducta violado-
ra (u omisiva) y el daño.
En las tres situaciones reseñadas la
articulación de responsabilidades ci-
viles de las personas jurídicas socia-
les  y solidarias de los «administra-
dores» frente a los daños causados a
terceros debilita la dicotomía entre
individuo y sociedad y sin duda la
interiorización social de esa «regla de
juego» crea condiciones favorables a
aceptar responsabilidades recíprocas
entre individuo y sociedad, facilitan-
do la convivencia ciudadana.
BIBLIOGRAFÍA
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Responsabilidad civil de los administradores de las empresas privadas

http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/233/1/jvalenzuela_resp-civil-adm-priv.pdf

Responsabilidad civil de los administradores de las empresas privadas

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