Gasto, inversión y financiamiento para el desarrollo sostenible en Colombia

Abstract

El Sistema Nacional Ambiental (SINA) se estableció mediante la Ley 99 de 1993, caracterizado por una estructura descentralizada, democrática y participativa. Su función es el manejo ambiental de Colombia y la expectativa es que se fundamente en la acción coordinada y descentralizada de las autoridades locales y regionales, así como en la participación de las etnias y la ciudadanía en general, en torno al desarrollo sostenible ambiental, económico y social del país. La estructura formal de financiación del Sistema abarca una variedad de instrumentos y fuentes de financiación para los niveles nacional, regional y municipal, tanto públicos como privados. Las fuentes oficiales nacionales de financiación de la inversión tuvieron una recomposición entre 1995 y 1998, de tal forma que se redujo la participación de las apropiaciones en el total del presupuesto nacional, mientras que la de las rentas propias de las corporaciones y la del Fondo Nacional de Regalías (FNR) han tendido a aumentar. Esto refleja consistencia con un esquema descentralizado. Las rentas propias de las corporaciones autónomas y de las autoridades ambientales urbanas son las fuentes más estables y significativas del sistema. Éstas incluyen: un porcentaje del impuesto predial recaudado por los municipios; los recursos de capital; un porcentaje de las ventas de las empresas generadoras de energía; los ingresos por concepto de ventas de bienes y servicios; las tasas retributivas y compensatorias, y los convenios interinstitucionales. La participación mayoritaria proviene del porcentaje del impuesto predial y de los recursos de capital y existe una concentración de los ingresos en cinco corporaciones con densidad demográfica y económica alta, aun considerando los factores de presión y el estado de los recursos naturales. Los montos de gasto en funcionamiento e inversión de las entidades especializadas ascendieron a alrededor de US$2 400 millones en el período 1995-2001, luego de un notable incremento en el gasto registrado entre 1994 y 1995, producto de las reformas institucionales adoptadas en 1993. De acuerdo con estimaciones oficiales, se calcula que, en 1995, la proporción del PIB anual destinada a gasto ambiental fue del orden del 1$ 3.2 millones. La composición del gasto de funcionamiento según el tipo de gasto varía en forma significativa dependiendo de la entidad. Los aportes de la nación para el funcionamiento de las entidades especializadas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) tienden a concentrarse en gastos en personal (65%), mientras que los gastos generales y las transferencias corrientes representan porcentajes semejantes (17%). En el período 1990-1999, el 73% del total de la inversión ambiental con apropiaciones del presupuesto nacional fue ejecutado por las entidades ambientales, en su mayoría por las Corporaciones Autónomas (54%). La Dirección Superior canalizó el 18% de las apropiaciones de inversión, incluyendo los aportes para institutos de investigación y los créditos externos ejecutados por las corporaciones.