Aun cuando el postulado según el cual la función pública debe encaminarse a maximizar el bienestar general se encuentra entronizado en nuestro ordenamiento1, el análisis económico del derecho ha sugerido que, al menos en las temáticas relevantes para el mercado, la actividad legislativa y regulatoria del Estado parece responder mayormente a intereses particulares, inobservando (o al menos relegando a un plano secundario) las necesidades de la mayoría de los ciudadanos
