Transcurrido cerca de medio siglo de férreo reglamentarismo en materia prostitucional
en España, a principios del siglo XX comienza a abrirse paso con fuerza la necesidad de
adoptar una nueva política que tenga por objetivo la desaparición de la prostitución. La campaña
abolicionista desarrollada por Josephine Butler en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX y
su repercusión en otros países, el desarrollo del movimiento feminista, y las grietas y numerosas
críticas que comienzan a vertirse en torno al sistema de férreo control de la prostitución, darán
como consecuencia la aprobación, en la Segunda República, del Decreto de 28 de junio de
1935 por el que se suprime el sistema reglamentarista imperante en nuestro país desde
mediados del siglo XIX, al tiempo que la prostitución pasa a considerarse como un medio no
lícito de vida. La ley se inscribirá dentro del denominado “abolicionismo mixto” por algunos
autores y sus efectos serán escasos como consecuencia de la crisis económica, las
discrepancias entre los partidos progresistas, la ambivalencia de la ley, su tardanza en aprobarse
y el comienzo de la Guerra Civil que trastocará profundamente el Estado de Derecho y la
convivencia social. Ahora bien, las escasas repercusiones del Decreto, no deben ocultar la
labor que, en materia prostitucional, desarrollará la II República antes de 1935
