114 h. ; 28 cm.La planificación urbana en nuestra ley constituye una función privativa
del Estado, el actuar privado deberá sujetarse a dichas directrices para
orientar las decisiones de inversión.
Para determinar si nuestra Ley General de Urbanismo y
Construcciones respeta el orden Constitucional se debe primeramente
verificar si ciertos principios encuentran amparo en la ley, tales como la
reserva legal y el respeto al contenido esencial del derecho, especialmente
en materia de propiedad (artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política),sin
embargo tal tarea no resulta fácil; ya que esta materia contiene un alto
contenido técnico, resultando la aplicación de la potestad reglamentaria
necesaria para la ejecución de la planificación urbana; así; para algunos la
reserva legal resulta debilitada en este aspecto
