México en la búsqueda de alternativas que resuelvan los conflictos sociales, ha adoptado la implementación de la mediación como política pública social, para la prevención, gestión y solución de ésta clase de conflictos. Sin embargo, debido a la existencia de distintas terminologías que hacen referencia a este método alternativo de solución de conflictos y a la aplicación de distintos modelos, puede presentarse una confusión de conceptos, que pueden convertirse en
obstáculos a la hora de cimentar su verdadera finalidad y resultado. Por ello surge la pregunta acerca de ¿cuáles son las causas de la disparidad legislativa para la implementación de la mediación como instrumento para la reparación del daño? En el presente trabajo pretendemos responder ésta interrogante, además de determinar la necesidad de la homologación de la mediación en México
