El presupuesto de la verdad y el ajuste estructural de las finanzas públicas

Abstract

Una de las falencias más grandes del debate económico en Colombia es que el presupuesto de la Nación no tiene el grado de discusión pública que debería tener. Es deseable que el presupuesto que refleja las grandes opciones de la sociedad, tanto aspiraciones como restricciones, empiece a ser discutido con la profundidad requerida. El Gobierno ha presentado a consideración del Congreso el presupuesto del año 2000. Usualmente los presupuestos de renta y apropiaciones tienen descripciones muy sucintas (de una página en la mayoría de los casos) y el grueso del presupuesto es la enumeración del gasto. En este proyecto se ha procurado, para mayor claridad y generación de debate, la inclusión de dos tipos de información nueva: la primera, referente a lo que el Gobierno piensa recaudar el año siguiente (el aforo de las rentas), pero especificando el monto de lo que se está dejando de percibir por el cúmulo de exenciones y deducciones, y la segunda relativa al conjunto de reformas estructurales que requiere el país para sanear sus finanzas públicas. En cuanto al primer aspecto, basta subrayar que de acuerdo con los más recientes estudios por régimen de exenciones, deducciones, filtraciones e ineficiencias en la base tributaria, el país estaría dejando de percibir entre 5 y 6 billones de pesos anualmente. El Gobierno piensa llevar a consideración de las cámaras, aproximadamente a comienzos del año entrante, un proyecto de ley (con base en misiones extranjeras en el país) para procurar avanzar en la ampliación de la base y la reducción de la tarifa tributaria (como se hizo con el Impuesto al Valor Agregado, IVA, el año pasado). El propósito es presentar un proyecto que busca por un lado simplificar desde el punto de vista formal la legislación tributaria que se ha convertido en un verdadero “laberinto”, y por otro, intenta revisar en su totalidad la manera como se puede avanzar en la racionalización de los tributos, entendiendo por esto, reducción o eliminación de exenciones, deducciones injustificadas, ampliaciones de base, etc. Por último, la propuesta del gobierno prevé tanto para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como para el de Renta una reducción de tarifas.