La amenaza del ejército turco de intervenir si el próximo presidente del país es islamista sumió a Turquía, que está negociando su ingreso en la UE, en su mayor crisis política desde 1997, cuando un golpe de Estado “blando” acabó con un Gobierno dominado por los islamistas. La decisión de convocar elecciones generales anticipadas el 22 de julio, y posiblemente, también presidenciales al mismo tiempo (por primera vez por votación popular y no parlamentaria) permitió salir del actual impasse político, pero no resolverá de por sí el problema fundamental de tener que conciliar el rígido laicismo turco con una democracia liberal moderna.
La crisis surgió a raíz de la amenaza militar de intervenir si el Partido de la Justicia y Desarrollo (AKP, por sus iniciales en turco), actualmente en el gobierno y de raíces islamistas, mantiene como candidato a la presidencia a Abdulá Gül, su ministro de Asuntos Exteriores. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, rompió la tradición y desafió abiertamente a las fuerzas armadas, los autoproclamados guardianes de la constitución laica. Su portavoz les recordó que, constitucionalmente, las fuerzas armadas son quienes están obligadas a acatar las órdenes del primer ministro, y no a la inversa. Gül se negó a retirar su candidatura y, tras la decisión del Tribunal Constitucional, el bastión del laicismo, de obstaculizar su candidatura por el cuestionable motivo de que no se había conseguido en el parlamento el quórum necesario para elegirlo, Erdogan decidió adelantar las elecciones generales previstas para noviembre. Lo más probable es que, aún así, salga reelegido el AKP
