Desde octubre de 2010 Costa Rica y Nicaragua se encuentran enfrentadas en un litigio en la desembocadura del río San Juan. Este nuevo trabajo es la continuación del publicado en febrero de 2011 sobre el tema (véase Carlos Malamud y Carlota García Encina, “El conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua: ¿medioambiente, soberanía, narcotráfico o mero instrumento electoral?”, ARI nº 22/2011, Real Instituto Elcano) y parte de analizar las medidas cautelares emitidas por la Corte Penal Internacional en el mes de marzo.
La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las medidas cautelares ha sido una victoria relativa para Costa Rica, porque si bien prohíbe la presencia de cualquier tipo de personal en la zona, no se reconocen los daños sobre el río Colorado ni se sanciona el dragado del río San Juan por parte nicaragüense, al considerarlo concluido. Las disposiciones de la CIJ permitieron inicialmente calmar la tensión y mostrar confianza en la normalización las relaciones bilaterales. Pero a pesar de ciertos avances, como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el área fronteriza, las provocaciones y acusaciones han continuado. De momento, cada gobierno se reafirma en sus posiciones y se observa una clara tendencia a ganar tiempo en espera de un fallo favorable de la Corte a sus posiciones particulares. Sin embargo, la coyuntura centroamericana, con las graves amenazas planteadas por el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, dificulta el mantenimiento de políticas basadas en el aumento de la tensión birregional
