El conflicto entre Argentina y Uruguay por la construcción de dos plantas de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos tiende a agravarse aunque hay algunos gestos que permitirían pensar en una salida negociada.
Los gobiernos de Argentina y Uruguay están a la greña. El enfrentamiento responde a la construcción de dos plantas productoras de pasta de celulosa, una de capital español y otra finlandés, en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Si desde el lado argentino la empresa se ve como una agresión medioambiental y es, por tanto, una cuestión binacional, Uruguay la contempla como un tema estrictamente interno, nacional, donde esta en juego la soberanía del país. El origen del conflicto se vincula a la lucha política local y a cuestiones electorales en la provincia argentina de Entre Ríos. Desde allí, con el apoyo o la inacción del presidente Kirchner, se expandió al ámbito nacional. La respuesta uruguaya fue contundente, y las constantes críticas de distintos actores políticos y económicos hacia el Mercosur amplificaron una larga lista de agravios antiargentinos. El diferendo puede irse de las manos de los dos gobiernos debido a la presencia de pulsiones nacionalistas agitadas en la opinión pública. De este modo, a lo largo de febrero se vivió una escalada del conflicto, con la resolución del Congreso argentino facultando al gobierno a acudir al Tribunal Internacional de La Haya, la petición uruguaya de mediación ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la propuesta argentina de interrumpir las obras durante tres meses. En los dos primeros casos, el conflicto ha salido de la esfera del Mercosur, ante la parálisis pública, que no oficiosa, de la diplomacia brasileña, que se ha mostrado incapaz de encauzar un diferendo que amenaza, en el supuesto de agravarse, con llevarse por delante lo poco que queda en pié del Mercosur. Sin embargo, a comienzos de marzo hemos asistido a algunos signos, todavía insuficientes, de distensión
