En los años posteriores al 11-S, los diversos paquetes de reformas legislativas han llevado a un aumento progresivo de la capacidad del Estado australiano para inmiscuirse en la vida de los ciudadanos de a pie y detener y enjuiciar a individuos sospechosos de llevar a cabo actividades relacionadas con el terrorismo sin tener en cuenta las debidas garantías procesales que han caracterizado a la democracia australiana durante más de un siglo. Y aún así, lo que más reafirma los temores de los defensores de las libertades civiles, los socialdemócratas y los miembros de la comunidad australiana tan diversa étnicamente es el discurso promovido en paralelo por el Gobierno de John Howard, en el que el terrorismo se identifica prácticamente con el islam. El resultado ha sido una erosión desigual de la democracia mediante la cual los costes sociales derivados de ese aumento de las competencias del Estado recaen de forma desproporcionada en determinados grupos étnicos y religiosos. Así, el enfoque dado por el Gobierno de Howard a la lucha contra el terrorismo no sólo ha menguado el carácter democrático de Australia, sino que además está socavando también una larga tradición de multiculturalismo y llevando a las comunidades musulmanas a adoptar una postura defensiva que amenaza con aislarlas de sus conciudadanos australianos y complicar futuras iniciativas antiterroristas
