La Política de Defensa y Seguridad Democrática del presidente Uribe para restaurar el orden ha cosechado éxitos importantes reduciendo sustancialmente los niveles de violencia y creando un nuevo clima de seguridad. Sin embargo, la completa pacificación del país se enfrenta a fuertes retos al mantener la guerrilla una enorme capacidad de desestabilización y el éxito del proceso de desmovilización de las formaciones paramilitares dista mucho de estar asegurado.
Después de treinta meses al frente del gobierno, el presidente Álvaro Uribe puede presentar un balance positivo de su estrategia de orden público. La incidencia de delitos de alto impacto social como el homicidio o el secuestro se ha reducido sustancialmente. Paralelamente, las fuerzas militares y policiales han recuperado el control de amplias zonas del país. Asimismo, el número de combatientes de la guerrilla y los paramilitares que han optado por abandonar las armas, aceptar el perdón del Estado y reintegrarse a la vida civil se ha multiplicado exponencialmente. Sin embargo, los dos principales pilares de la campaña de seguridad gubernamental muy probablemente enfrentarán serios desafíos en el próximo futuro. Por un lado, las FARC pueden escalar sus operaciones de cara a las elecciones de 2006 para desacreditar al gobierno, influir en la elección del nuevo presidente y forzar la apertura de un proceso de paz que los favorezca. Por otra parte, las conversaciones para lograr la desmovilización de las formaciones paramilitares podrían empantanarse ante la exigencia de sus líderes de obtener una completa amnistía que les exima de pagar cárcel por su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos y su participación en el tráfico de drogas
