El informe anual de la Comisión Europea sobre los progresos que ha realizado Turquía para convertirse en miembro de pleno derecho de la UE no fue tan devastador como el del año pasado, pero en absoluto resulta tranquilizador para Ankara. En él siguieron planteándose serias dudas sobre la libertad de expresión, la independencia del poder judicial y la interferencia militar en la vida política, entre otras cuestiones.
El informe anual de la Comisión Europea sobre los progresos que ha realizado Turquía para convertirse en miembro de pleno derecho de la UE se publicó en un momento de tensión para Turquía. Los militares están deseando adentrase en la zona montañosa del norte de Irak donde el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización terrorista, tiene bases desde las que lanza incursiones en territorio turco. El segundo Gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo (AK) está sometido a una creciente presión interna para mostrarse más duro con el PKK y de la Comisión Europea para que cumpla con más rapidez los criterios exigidos para ser miembro de pleno derecho de la UE. La exigencia de la Comisión de que se anulara o enmendara una controvertida ley que restringe la libertad de expresión provocó una inmediata respuesta del Gobierno, que aseguró que presentará un nuevo proyecto de ley al parlamento
