Un año después de que la reelección de Mahmud Ahmadineyad diera lugar a las protestas más graves de la historia de la República Islámica, el régimen iraní ha logrado borrar las huellas externas de la revuelta. Sin embargo, al negarse a tender puentes a los descontentos, ha desperdiciado una oportunidad histórica para reconciliar las dos almas del país, cerrar el proceso revolucionario y normalizar su presencia internacional.
Los gritos de Allah-u akbar (“Dios es el más grande”) hace ya meses que han dejado de resonar en las noches de Teherán. A punto de cumplirse el primer aniversario de las elecciones más controvertidas desde la revolución islámica de 1979, Irán no ha vivido una nueva revolución, ni a pesar de las movilizaciones sin precedentes ha estado al borde de una. Pero los gobernantes tampoco han dado una respuesta adecuada al descontento popular. Su recurso a la represión les ha permitido recuperar el control a costa de perder legitimidad. Aunque sus dirigentes sigan manteniendo el mismo lenguaje desafiante respecto a EEUU, su programa nuclear o su intolerancia de Israel, Irán ha cambiado en el último año. Al salir a la luz, las divisiones internas han puesto de relieve tanto los puntos débiles del régimen como su naturaleza autoritaria. Mientras siga contando con el respaldo de la Guardia Revolucionaria y de las milicias basiyíes, la oposición no le planteará una amenaza existencial. Ahora bien, al ilegalizar a los críticos ha cerrado la puerta a la regeneración del sistema
