Recientemente, Chile se ha visto sobresaltado por el impacto de un par de casos de corrupción. En una sociedad como la chilena, poco acostumbrada a lidiar con estos temas, se trató de un duro golpe a la credibilidad de su sistema político. Sin embargo, el gobierno, la oposición y el parlamento han sabido responder con dureza y estar a la altura de las circunstancias, algo no demasiado común en otras partes de América Latina.
El exitoso plan de modernización de infraestructuras impulsado por los gobiernos de la Concertación en Chile ha dado un traspié al recibir denuncias de corrupción que involucran a algunos altos funcionarios del gobierno del presidente Ricardo Lagos y que están siendo investigadas por la Justicia. De este modo, altos funcionarios del ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones (MOPTT), incluyendo su ministro y un subsecretario, están sometidos a proceso por delitos. Asimismo, el poder legislativo se ve afectado en su imagen pública por las acciones de cinco diputados pertenecientes a los cuatro partidos de la coalición de gobierno, la Concertación, que han sido desaforados por la Corte Suprema. Como consecuencia de los desafueros, la Concertación vio fuertemente disminuida su mayoría en la Cámara de Diputados a sólo un voto
