Jiménez Jaén, Adolfo

Revista Catalana de Dret Ambiental

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REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 1 (2014): 1 – 4 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN CANARIAS  
 
ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN 
Profesor titular de Derecho Administrativo 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
A. Jiménez  RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) 
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Sumario. 1. Evaluación ambiental estratégica del Plan General del municipio de Arona (STSJCA de 13 
de diciembre de 2012, recurso 62/2011). 2. Obligación de proceder a desmontar una instalación de 
estación base de telefonía móvil por carecer de la licencia de actividad (STSJCA, de 5 de diciembre de 
2013, recurso 164/2013). 
 
1. Evaluación ambiental estratégica del Plan General del municipio de Arona 
(STSJCA de 13 de diciembre de 2012, recurso 62/2011) 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 13 de diciembre de 2013 
(Sede de Santa Cruz de Tenerife) resuelve el recurso interpuesto por una junta de 
compensación contra la aprobación del documento complementario del texto refundido 
del Plan General de Arona, de 29 de junio de 2010, por el que se acuerda someter el 
texto a información pública y se contesta a las alegaciones efectuadas. El recurso fue 
posteriormente ampliado al Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias, de 19 de mayo de 2011, relativo a la aprobación 
definitiva y parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Arona. 
La cuestión estudiada en la Sentencia es la de la exención de la evaluación ambiental 
estratégica prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, por estimar inviable dicha 
evaluación. En relación con esta cuestión, afirma que dicha inviabilidad no se había 
motivado suficientemente en los términos previstos en la disposición transitoria 
primera, apartado segundo, de la Ley 9/2006. En este sentido, la Sentencia recuerda que 
el Tribunal ya se había manifestado anteriormente sobre la cuestión, por ejemplo en la 
Sentencia de 28 de noviembre de 2008, en la que había establecido lo siguiente: “[…] la 
motivación debe hacerse caso por caso, sin que sea suficiente alegar que el plan se 
sometió a las determinaciones del Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento de 
Canarias. Se debe proceder a un examen pormenorizado que explique por qué es 
suficiente el cumplimiento del contenido ambiental previsto en dicho decreto y es 
equivalente al que aportaría la evaluación ambiental estratégica no va a aportar”.  
 
2. Obligación de proceder a desmontar una instalación de estación base de 
telefonía móvil por carecer de la licencia de actividad (STSJCA, de 5 de diciembre 
de 2013, recurso 164/2013) 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sala de Santa Cruz de 
RCDA Vol. V Núm. 1 (2014)  Jurisprudencia ambiental en Canarias 
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Tenerife) de 5 de diciembre de 2013 estudia un recurso dirigido contra el Auto del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife en el que 
se deniega la adopción de medidas cautelares frente a la orden de desmontaje de una 
estación base de telefonía móvil y se impone la correspondiente multa. 
La parte apelante reitera la queja constante que los operadores vienen alegando ante la 
intervención municipal en este tipo de actividades, esto es, que dicha actividad no está 
sometida a intervención municipal. Sin embargo, la Sentencia rechaza esta posición. 
Así, frente al argumento de si el municipio tiene competencias para establecer 
condiciones a la instalación de estas infraestructuras dentro del territorio municipal, 
postura que pretende fundamentarse, por una parte, en el artículo 61 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, la gestión del dominio público 
radioeléctrico y las facultades para su administración y control corresponden al Estado, 
así como en el artículo 62 de la Ley 11/1998, que establece que el Gobierno desarrollará 
reglamentariamente las condiciones de gestión del dominio público radioeléctrico, 
precisándose que en dicho Reglamento deberá incluirse el procedimiento de 
determinación de los niveles de emisión radioeléctrica tolerables y que no supongan un 
peligro para la salud pública. Pues bien, este desarrollo reglamentario se ha llevado a 
cabo mediante el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recuerda lo siguiente: “[…] 
el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 24 de enero del 2000 y 18 de junio del 2001, 
afirma que la competencia estatal en relación con las telecomunicaciones no excluye 
que en la materia puedan existir competencias cuya titularidad corresponda a los entes 
locales, en la medida en que las infraestructuras de telecomunicaciones ocupen el suelo 
o el vuelo de titularidad municipal. Esta competencia municipal se orienta a la 
salvaguardia de los intereses municipales, que se concretan en el orden urbanístico, 
incluyendo el orden estético, la seguridad y el medio ambiente, y permite a los 
Ayuntamientos, a través del planeamiento urbanístico, establecer condiciones técnicas y 
jurídicas relativas a cómo deba utilizarse el dominio público que deba ser ocupado por 
las infraestructuras de telecomunicaciones. Pero el ejercicio de dicha competencia no 
podrá derivar en restricciones absolutas al derecho de los operadores al uso u ocupación 
A. Jiménez  RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) 
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del dominio público local, ni siquiera en limitaciones que resulten manifiestamente 
desproporcionadas”.  
A partir de ello, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias concluye que “no puede 
negarse al Ayuntamiento la competencia para regular condiciones técnicas que deban 
cumplir las operadoras de telecomunicaciones para proteger los intereses municipales, 
que en tanto afecten a la actividad que desempeñan deberán ser controladas a través de 
la correspondiente licencia de actividad (en contra, la STSJ de Castilla y León, Sala de 
Burgos, de 12 de diciembre del 2003). Pero como queda dicho las restricciones 
absolutas o manifiestamente desproporcionadas entran en colisión con la competencia 
exclusiva del Estado para regular el servicio de telecomunicaciones”. 
 


Jurisprudencia ambiental en Canarias

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