Pallarès Serrano, Anna

Revista Catalana de Dret Ambiental

Revistes Catalanes amb Accés Obert

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VI Núm. 1 (2015): 1 – 8 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 1-4) 
— 
JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 5-8) 
 
ANNA PALLARÈS SERRANO 
Profesora agregada de Derecho Administrativo / Professora agregada de Dret 
Administratiu 
Universitat Rovira i Virgili 
 
A. Pallarès  RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015) 
 1 
El objetivo de esta crónica es señalar los pronunciamientos más relevantes del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña que se han producido en materia medioambiental en el 
período situado entre el 27 de octubre de 2014 y el 29 de abril de 2015. Básicamente, 
merecen nuestra atención las sentencias que pasamos a comentar a continuación. 
En el ámbito del urbanismo, nos parece interesante mencionar la STSJ CAT 672/2014, 
de 24 de noviembre. Esta sentencia es fruto de un recurso ordinario en el que se 
impugnan, por una parte, el Acuerdo adoptado por la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, de 5 de noviembre de 2009, por el que se aprueba definitivamente la 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Llinars 
del Vallès para la implantación de un centro dedicado a la práctica de deportes del 
motor en un ámbito situado entre el “Torrent del Fou” y el “Torrent de la Figuera”, y, 
por otra, también se impugna la desestimación presunta del recurso de alzada 
interpuesto por las entidades actoras contra dicho Acuerdo de modificación puntual del 
Plan General. La parte actora o demandante (la Asociación Plataforma Stop Karting 
para la Defensa Cultural, Social y Ambiental del Territorio, la Asociación para la 
Defensa del Corredor Montnegre y Baix Montseny, la Asociación para la Defensa y el 
Estudio de la Naturaleza en Cataluña y la Asociación Amigos del Mall) interpone dicho 
recurso con el propósito de que el Tribunal declare nula de pleno derecho la aprobación 
definitiva de la modificación puntual del Plan General o, por lo menos, nula con 
retroacción de actuaciones. A esta pretensión invalidatoria se ha opuesto la parte 
demandada: el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat 
de Catalunya, el Ayuntamiento de Llinars del Vallès y la Federación Catalana de 
Automovilismo. 
A través de la modificación puntual del Plan General objeto de controversia “se 
pretende hacer posible la implantación de un centro para el aprendizaje y la práctica de 
deportes de motor, con especial incidencia en la modalidad conocida como ‘karting’; 
para lo cual, la nueva ordenación prevé la construcción de la correspondiente pista, 
amén de instalaciones asociadas, auxiliares o inducidas por la actividad principal. Todo 
ello, en un paraje rural situado entre el ‘Torrent del Fou’ y el ‘Torrent de la Figuera’”. 
Son varios los extremos que analiza el Tribunal para acabar decidiendo estimar el 
recurso contencioso-administrativo ordinario, declarando nulo de pleno derecho el 
expediente de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del 
municipio de Llinars del Vallès (aprobado definitivamente por la Comissió Territorial 
RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015)  Jurisprudència ambiental a Catalunya 
 2 
d’Urbanisme de Barcelona el 5 de noviembre de 2009) a partir del trámite de 
información pública previo a la aprobación provisional de la modificación puntual. Por 
ello, el procedimiento deberá retrotraerse para que en el expediente se incluyan 
determinadas exigencias legales y se prosigan los diferentes trámites hasta su 
aprobación definitiva.   
Pues bien, de los aspectos que analiza el Tribunal, es la opacidad en el expediente de las 
titularidades dominicales y de otros derechos reales en los cinco años previos a la 
iniciación del expediente la cuestión que acaba determinando el fallo. Vamos a 
adentrarnos en esta cuestión. Al respecto, las recurrentes señalan que “el expediente 
habría omitido una información fundamental, de preceptiva incorporación a cualquier 
modificación puntual del planeamiento general conforme a lo dispuesto en los art. 
70.ter, punto 3, de la Ley básica de régimen local (LBRL)1 y 94.1.c) TRLU2; a saber: la 
relativa a los titulares dominicales y de otros derechos reales en los cinco años previos a 
la incoación del expediente”. Sobre esta cuestión la parte demandada no se pronuncia en 
el escrito de contestación a la demanda. 
Tal como nos recuerda la STS de 2 de septiembre de 2010 (casación 476/2006), en su 
FJ 3.º, el objetivo de los mandatos legales citados es “incrementar la transparencia del 
proceso urbanístico, previniendo el tráfico de influencias y otros supuestos de 
corrupción vinculados a las recalificaciones de fincas realizadas mediante 
modificaciones puntuales del planeamiento”. En esta misma línea, la sentencia objeto de 
análisis afirma que este requisito legal no era menor cuando fue establecido ni lo es 
ahora. Actualmente, ante el panorama de alarma social por los numerosos casos de 
corrupción, este requisito ve aumentada su importancia “a la luz del canon 
hermenéutico que nos obliga a todos a interpretar las normas jurídicas de conformidad 
con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (art 3.1 del Código civil)”. 
Sobre esta obligación legal, establecida en la normativa mencionada, el Tribunal señala 
que, en el supuesto de autos, ha sido eludida a pesar de ser de plena aplicación al caso: 
                                                
1 Este precepto dice: “Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco 
de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique 
los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o 
titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su 
iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados 
de conformidad con la legislación en la materia”. La cursiva es nuestra para señalar lo que sucede en la 
sentencia comentada. 
2 Este segundo precepto deriva del primero arriba trascrito. 
A. Pallarès  RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015) 
 3 
[…] toda vez que la modificación puntual del plan general objeto de esta litis fue el 
resultado de el “ejercicio no pleno” de la potestad de ordenación (no nos hallamos frente 
a un supuesto de “revisión” o de aprobación “ex novo” e “in integrum” de un Plan 
general municipal o de un Plan municipal de ordenación urbana), y la tramitación del 
expediente se saldó con la transformación radical de los usos del suelo concernido; y no 
precisamente —dicho sea de paso— en una dirección descendente en cuanto a su valor, 
toda vez que de un suelo rural protegido y, por ende, susceptible de un aprovechamiento 
muy limitado, se pasó a un suelo no urbanizable sin protección especial, apto para 
desarrollar una actividad principal, unos usos inducidos, auxiliares o complementarios y 
una (mayor) edificabilidad —todo ello de carácter excepcional— que sin lugar a dudas 
debía o podía llevar aparejada una clara revalorización del suelo. 
Por esta razón, el Ayuntamiento estaba obligado a incluir en el expediente la relación de 
propietarios y de titulares de otros derechos reales sobre los terrenos objeto de 
ordenación, que lo hubiesen sido durante los cinco años previos, al objeto de que todos —
vecinos, concejales y cualquier interesado— pudieran cerciorarse del contenido de esta 
relación y formular reparos, alegaciones u observaciones; o, simplemente, alcanzar la 
certeza de que la modificación puntual del plan general no obedecía a impulsos o a fines 
espurios en general, o particularmente contrarios al designio constitucional de impedir la 
especulación en torno al suelo (art 47 CE). 
Finalmente, en materia de suelos contaminados destacamos la STSJ CAT 813/2014, de 
29 de diciembre. En la citada Sentencia, la parte demandante, Alcoholes Montplet, S. 
A., interpone recurso contra el Acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo de la 
Generalitat de Catalunya de 1 de junio de 2010, por el que se aprobó definitivamente la 
Modificación del Plan General Metropolitano en el sector de Prim en Barcelona. Por lo 
tanto, son parte demandada la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat de 
Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. La Sala de lo Contencioso-Administrativo 
falla estimando en parte el recurso al declarar la nulidad del apartado 3.º y del segundo 
párrafo del apartado 2.º de la disposición adicional primera de la Modificación del Plan 
General Metropolitano objeto de este recurso. Este fallo se basa en que un plan de 
urbanismo no puede establecer las responsabilidades y tramitaciones en relación con los 
suelos contaminados, sustituyendo a la legislación sectorial correspondiente. En este 
sentido, en el fundamento de derecho cuarto se expresa: “El acuerdo de la Subcomisión 
de Urbanismo de la Generalitat de Cataluña que aprobó el acuerdo impugnado no puede 
modificar ni el artículo 27.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en relación 
con la responsabilidad de limpiar y recuperar los suelos contaminados, ni los artículos 
RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015)  Jurisprudència ambiental a Catalunya 
 4 
del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, relativos a los informes debidos por los 
titulares de las actividades determinadas en el mismo para la declaración de suelos 
contaminados, todos ellos legislación básica, por lo que procede estimar el recurso 
contencioso-administrativo en relación con la anulación de las disposiciones adicionales 
impugnadas, debiéndose regir la responsabilidad por contaminación de suelos y la 
tramitación de la declaración de suelo contaminado por las referidas disposiciones legal 
y reglamentaria”. 
A. Pallarès  RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015) 
 5 
L’objectiu d’aquesta crònica és assenyalar els pronunciaments més rellevants del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que s’han dut a terme pel que fa a medi 
ambient entre el 27 d’octubre de 2014 i el 29 d’abril de 2015. Bàsicament, mereixen la 
nostra atenció les sentències que comentarem a continuació. 
En l’àmbit d’urbanisme ens sembla interessant esmentar la STSJ CAT 672/2014, de 24 
de novembre. Aquesta sentència és fruit d’un recurs ordinari en què s’impugnen, d’una 
banda, l’Acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 5 de 
novembre de 2009, pel qual s’aprova definitivament la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana del municipi de Llinars del Vallès, per a la implantació 
d’un centre dedicat a la pràctica d’esports de motor en l’àmbit situat entre el “Torrent 
del Fou” i el “Torrent de la Figuera”, i, també, s’impugna la desestimació presumpta del 
recurs d’alçada interposat per les entitats actores contra aquest acord de modificació 
puntual del Pla General. La part actora o demandant (l’Associació Plataforma Stop 
Karting per a la defensa cultural, social i ambiental del territori, l’Associació per a la 
Defensa del corredor Montnegre i Baix Montseny, l’Associació per a la Defensa i 
l’Estudi de la Naturalesa a Catalunya i l’associació Amics del Mall) interposa aquest 
recurs amb el propòsit que el Tribunal declari nul·la de ple dret l’aprovació definitiva de 
la modificació puntual del Pla General o, almenys, nul·la amb retroacció d’actuacions. 
Davant d’aquesta pretensió d’invalidació, la part demandada s’hi ha oposat: el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès i la Federació Catalana d’Automobilisme. 
Per mitjà de la modificació puntual del pla general objecte de controvèrsia “es pretén fer 
possible la implantació d’un centre per a l’aprenentatge i la pràctica d’esports de motor, 
amb especial incidència en la modalitat coneguda com a kàrting; per a la qual cosa, la 
nova ordenació preveu la construcció de la pista corresponent, a més d’instal·lacions 
associades, auxiliars o induïdes per l’activitat principal. Tot això, en un paratge rural 
situat entre el «Torrent del Fou» i el «Torrent de la Figuera»”. 
Són diversos els extrems que analitza el Tribunal per acabar decidint que estima el 
recurs contenciós administratiu ordinari, i declara nul de ple dret l’expedient de 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Llinars del 
Vallès (aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
de 5 de novembre de 2009) a partir del tràmit d’informació pública previ a l’aprovació 
provisional de la modificació puntual. Per això, el procediment s’ha de retrotreure 
RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015)  Jurisprudència ambiental a Catalunya 
 6 
perquè en l’expedient s’incloguin determinades exigències legals i prosseguir amb els 
diferents tràmits fins a la seva aprovació definitiva.   
Doncs bé, dels aspectes que analitza el Tribunal, és l’opacitat en l’expedient de les 
titularitats dominicals i d’altres drets reals en els cinc anys previs a la iniciació de 
l’expedient la qüestió que acaba determinant la decisió. Endinsem-nos en aquesta 
qüestió. Respecte d’això, les parts recurrents assenyalen que “l’expedient hauria omès 
informació fonamental, de preceptiva incorporació a qualsevol modificació puntual del 
planejament general d’acord amb el que disposen els art. 70.ter, punt 3, de la Llei bàsica 
de règim local (LBRL)3 i 94.1.c) TRLU4; és a saber: la relativa als titulars dominicals i 
d’altres drets reals en els cinc anys previs a la incoació de l’expedient”. Sobre aquesta 
qüestió la part demandada no es pronuncia en l’escrit de contestació a la demanda. 
Tal com ens recorda la STS, de 2 de setembre de 2010 (cassació 476/2006), en el FJ 3, 
l’objectiu dels mandats legals esmentats és “incrementar la transparència del procés 
urbanístic, i prevenir el tràfic d’influències i altres supòsits de corrupció vinculats a les 
requalificacions de finques realitzades mitjançant modificacions puntuals del 
planejament”. En aquesta mateixa línia, la sentència objecte d’anàlisi afirma que aquest 
requisit legal no era menor quan es va establir ni ho és ara. Actualment, davant del 
panorama d’alarma social pels nombrosos casos de corrupció, aquest requisit veu 
augmentada la seva importància “a la llum del cànon hermenèutic que ens obliga a tots 
a interpretar les normes jurídiques de conformitat amb la realitat social del temps en què 
han de ser aplicades (art 3.1 del Codi civil). 
Sobre aquesta obligació legal, que estableix la normativa esmentada, el Tribunal 
assenyala que, en el supòsit d’interlocutòries, ha estat eludida a pesar de ser de plena 
aplicació al cas, “atès que la modificació puntual del pla general objecte d’aquest litigi 
va ser el resultat «de l’exercici no ple» de la potestat d’ordenació (no ens trobem enfront 
d’un supòsit de «revisió» o d’aprovació «ex novo» i «in integrum» d’un pla general 
municipal o d’un pla municipal d’ordenació urbana), i la tramitació de l’expedient es va 
saldar amb la transformació radical dels usos del sòl concernit; i no precisament —dit 
                                                
3 Aquest precepte diu: “Quan una alteració de l’ordenació urbanística, que no s’ha efectuat en el marc 
d’un exercici ple de la potestat d’ordenació, incrementa l’edificabilitat o la densitat o modifica els usos 
del sòl, s’ha de fer constar en l’expedient la identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals 
sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a la seva iniciació, segons consti en el registre o 
instrument utilitzat als efectes de notificacions a la part interessada de conformitat amb la legislació en la 
matèria”. La cursiva és nostra per assenyalar el que succeeix en la sentència comentada. 
4 Aquest segon precepte deriva del primer, transcrit més amunt. 
A. Pallarès  RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015) 
 7 
sigui de passada— en una direcció descendent quant al seu valor, atès que d’un sòl rural 
protegit i, per tant, susceptible d’un aprofitament molt limitat, es va passar a un sòl no 
urbanitzable sense protecció especial, apte per dur-hi a terme una activitat principal, uns 
usos induïts, auxiliars o complementaris i una edificabilitat (més gran) —tot això de 
caràcter excepcional— que sense cap dubte devia o podia comportar una clara 
revaloració del sòl. 
Per aquesta raó, l’Ajuntament estava obligat a incloure en l’expedient la relació de 
propietaris i de titulars d’altres drets reals sobre els terrenys objecte d’ordenació, que ho 
haguessin estat durant els cinc anys previs, a fi que tots —veïns, regidors i qualsevol 
persona interessada— poguessin cerciorar-se del contingut d’aquesta relació i formular 
inconvenients, al·legacions o observacions; o, simplement, assolir la certesa que la 
modificació puntual del pla general no obeïa a impulsos o a fins espuris en general, o 
particularment contraris al designi constitucional d’impedir l’especulació entorn del sòl 
(art. 47 CE).” 
Finalment, pel que fa als sòls contaminats, destaquem la STSJ CAT 813/2014, de 29 de 
desembre. En aquesta sentència la part demandant, Alcohols Montplet, SA, interposa un 
recurs contra l’Acord de la Subcomissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, 
d’1 de juny de 2010, pel qual s’aprova definitivament la Modificació del Pla General 
Metropolità en el sector de Prim a Barcelona. Per tant, la Subcomissió d’Urbanisme de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona són la part demandada. La Sala 
Contenciosa Administrativa decideix estimar en part el recurs i declara la nul·litat de 
l’apartat tercer i del segon paràgraf de l’apartat segon de la disposició addicional 
primera de la modificació del Pla General Metropolitana objecte d’aquest recurs. 
Aquesta decisió es basa que un pla d’urbanisme no pot establir les responsabilitats i 
tramitacions amb relació als sòls contaminats, i substituir la legislació sectorial 
corresponent. En aquest sentit, en el fonament de dret quart s’expressa: “L’acord de la 
Subcomissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya que va aprovar l’acord 
impugnat no pot modificar ni l’article 27.2 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, 
en relació amb la responsabilitat de netejar i recuperar els sòls contaminats, ni els 
articles del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, relatius als informes deguts pels titulars 
de les activitats que s’hi determinen per a la declaració de sòls contaminats, tots 
legislació bàsica, per la qual cosa s’estima el recurs contenciós administratiu en relació 
amb l’anul·lació de les disposicions addicionals impugnades, i la responsabilitat per 
RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015)  Jurisprudència ambiental a Catalunya 
 8 
contaminació de sòls i la tramitació de la declaració de sòl contaminat s’han de regir per 
les disposicions legal i reglamentària esmentades”. 
 
 
 


Jurisprudencia ambiental en Catalunya

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Revistes Catalanes amb Accés Obert