JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCH

Garrido Cuenca, Nuria María

Revista Catalana de Dret Ambiental

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REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. IV Núm. 1 (2013): 1 – 7 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA 
 
NURIA MARÍA GARRIDO CUENCA 
Profesora titular de Derecho Administrativo 
Universidad de Castilla-La Mancha 
 
N. Garrido  RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013) 
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Sumario: 1. Zonas de especial protección para las aves: legalidad de la orden que aprueba el plan de 
gestión. 2. Autorización ambiental integrada e inactividad de la Administración. 3. Inscripción de 
aprovechamiento de aguas subterráneas: limitaciones y control de los organismos de cuenca. 
 
1. Zonas de especial protección para las aves: legalidad de la orden que aprueba el 
plan de gestión 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 568/2012, de 19 
de noviembre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), resuelve 
sobre la validez de la Resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona de Especial Protección 
para las Aves ES0000157, Campo de Calatrava. La recurrente solicitó que se declarase 
la nulidad de pleno derecho de la orden recurrida y subsidiariamente la anulabilidad, 
reconociéndose la indemnización procedente por las limitaciones al derecho de 
propiedad que tal Plan suponía. Son varios los motivos esgrimidos por la actora para 
hacer valer sus pretensiones:  
1) Alega una vulneración del principio de reserva de ley por cuanto no existe ley estatal 
ni autonómica que habilite a la citada Consejería en esta cuestión. Este primer motivo 
será rechazado por la Sala, que argumenta prolijamente sobre la base del corpus 
normativo, comunitario, estatal y autonómico que fundamenta la habilitación 
cuestionada. En concreto, señala la Sala: “[…] la Orden tiene su habilitación legal de 
Derecho Comunitario en la Directiva 79/409/CEE, del Consejo de 02 de Abril de 1979, 
relativa a la Conservación de las Aves Silvestres (Directiva de Aves) […]; y de Derecho 
interno, a través de la Ley autonómica 9/99; de 26 de Mayo, arts. 54 y 58; lo que se 
complementó con el Decreto 82/2005, de 12 de Julio, por la que se declaró la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000157 de Campo de Calatrava; 
designándose como zona sensible conforme a la terminología de aplicación de la 
materia en Castilla-La Mancha; y, posteriormente, mediante Decreto 319/08, de 30 de 
septiembre, por la que se creó la ZEPA ‘Campo de Calatrava’, ampliándose el mismo”. 
Además, esta habilitación se completa, a juicio del Tribunal, en la Ley estatal 42/07, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (art. 45), al establecer el 
deber de las administraciones competentes de adoptar las medidas apropiadas, en 
especial en dichos planes o instrumentos de gestión, que eviten el deterioro de los 
hábitats naturales y de las especies, así como las alteraciones que repercutan en estas 
últimas. Pero fundamentalmente el artículo 58 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
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Conservación de la Naturaleza, establece claramente que los planes de gestión de las 
zonas ZEPA deben ser aprobados por la Consejería competente en materia de medio 
ambiente. Por lo tanto, concluye la Sala: “[…] existe habilitación legal y se cumple el 
principio de reserva legal, desde la previsión del Derecho Comunitario y a nivel de 
Derecho interno-estatal desde las Leyes y Decretos referidos; posibilitándose a través 
del art. 58.3 de la Ley autonómica 9/99 (modificada por la Ley 08/07), de 26 de mayo, 
adoptarse por la Consejería el Plan de Gestión; según el desarrollo normativo que prevé 
la norma y en coherencia con su naturaleza jurídica, en relación con el derecho de 
propiedad”.  
2) La recurrente alega seguidamente defectos formales en la tramitación de la norma, 
entre ellos la ausencia de información pública, motivo este que la Sala estima que debe 
ser rechazado pues se comprueba que fue efectivamente realizado. 
3) En tercer lugar, entrando en el análisis del Plan de Gestión, alega que este no estaba 
justificado en cuanto a su ampliación y que se debería haber establecido como medida 
correctora y no compensatoria, con la consecuente desviación de poder. Para 
fundamentarlo, la actora presenta unos informes que la Sala considera insuficientes 
desde el punto de vista técnico para declarar la ilegalidad del Plan de Gestión, por lo 
que finalmente señala la necesidad del Plan en sus propios términos. La fundamentación 
jurídica también es contundente: 
“[…] no se debe de olvidar que el Plan de Gestión, se define los condicionantes y 
principios orientadores, según delimita el epígrafe 1.2 del Plan; y en el apartado 
1.3, se delimitan los objetivos del Plan de Gestión; e incluso, en el 1.4, se 
estructuran los objetivos de conservación. Asimismo, y con relación a la ausencia 
de la Comisión, es incierto que no exista la misma; existe como se desprende de la 
Introducción, que reconoce la creación de la Comisión de Seguimiento Ambiental, 
creada mediante Orden PRE/760/2008, de 17 de marzo; y, por otro, el Observatorio 
de Biodiversidad, creada por Orden de 26 de Julio de 2006, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural; lo que se complementa con el epígrafe nº 2 de 
la Orden, sobre Órgano competente de gestión y conservación; y con el epígrafe 
8.6 de la Orden impugnada, en donde se hace referencia del Observatorio de 
Biodiversidad; con coordinación entre ellos, para la programación de las 
actuaciones de gestión y ejecución del Plan. Es más, el propio plan, frente a lo que 
señala la parte actora, prioriza las medidas a adoptar; así, y con relación a las 
«Actuaciones de Gestión» […], se priorizan las actuaciones, primero por sectores 
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(A, B, y C) y luego por objetivos; que se priorizan según su nivel de importancia 
(alto, medio y bajo). Por último y por lo que afecta a los aspectos económicos 
(ausencia de medidas compensatorias); tampoco es cierto que no se contemplen la 
adopción de medidas económicas. Así, según cabe deducir del art. 8.6 de la Orden 
en cuestión, relativo a la ejecución y coordinación del Plan de Gestión mismo; el 
mismo prevé dentro de lo que es su previsión abstracta y general, como tal acto con 
voluntad normadora; el detallado de las actuaciones a realizar y sus presupuestos 
estimados; elaborando, con carácter anual, las memorias de actividades, detallando 
las actuaciones e inversiones; realizadas en todos los ámbitos del presente plan. 
Luego existe, legalmente, tal previsión con trascendencia económica […]; 
claramente regulada; por ello no se puede tener por incumplida la legislación 
estatal”. 
4) Finalmente, sobre la pretensión indemnizatoria, cae por su propio peso por cuanto es 
desestimada la ilegalidad de la Orden, por ser inherente y concomitante con la 
pretensión principal. 
 
2. Autorización ambiental integrada e inactividad de la Administración 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 44/2013, Sección 1.ª, de 28 de enero, 
resuelve el recurso frente a la supuesta inactividad de la Consejería de Industria y Medio 
Ambiente de Castilla-La Mancha por la no adopción de las medidas oportunas para la 
paralización de la actividad de una empresa, CERÁMICAS LAS LOSAS, S. L., que 
había sido solicitada por la actora en mayo de 2008, tras un iter procesal complicado, 
que la Sentencia resuelve en aplicación de la normativa en vigor.  
En efecto, no se discute por las partes que la mercantil citada presentó en diciembre de 
2006 la solicitud de autorización ambiental integrada para una fábrica de productos 
cerámicos en el término municipal de Guadamur conforme a lo dispuesto en la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y que 
en fecha 30 de abril de 2008 la Dirección General de Evaluación Ambiental dictó 
resolución por la que ponía fin al procedimiento, archivándose las actuaciones 
realizadas. 
Tampoco se discute por las partes que a la citada empresa le era de aplicación la 
disposición transitoria primera de la citada Ley, que respecto al régimen aplicable a las 
instalaciones existentes establece lo siguiente:  
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Los titulares de las instalaciones existentes, definidas en el art. 3.d) de esta Ley, 
deberán adaptarse a la misma antes del 30 de octubre de 2007, fecha en la que 
deberán contar con la pertinente autorización ambiental integrada. 
A estos efectos, si la solicitud de la autorización ambiental integrada se presentara 
antes del día 1 de enero de 2007 y el órgano competente para otorgarla no hubiera 
dictado resolución expresa sobre la misma con anterioridad a la fecha señalada en 
el párrafo anterior, las instalaciones existentes podrán continuar en funcionamiento 
de forma provisional hasta que se dicte dicha resolución, siempre que cumplan 
todos los requisitos de carácter ambiental exigidos por la normativa sectorial 
aplicable. 
Debe añadirse a tales datos que la misma Sala y Sección tuvo oportunidad de conocer 
del recurso contencioso-administrativo número 187/2009 interpuesto por la empresa 
CERÁMICAS LAS LOSAS, S. L., contra la desestimación presunta del recurso de 
alzada interpuesto en fecha 2 de junio de 2008 contra la resolución de 30 de abril de 
2008 que declaraba terminado el procedimiento AAI-TO-104 y lo archivaba, y contra la 
resolución expresa de fecha 16 de diciembre de 2009 por la que se tenía por desistida a 
la empresa del recurso de alzada interpuesto al entender que la presentación por parte de 
la recurrente de nueva solicitud, que daba lugar al expediente de autorización ambiental 
integrada AAI-10-259, implicaba un desistimiento tácito del recurso de alzada 
interpuesto. Mediante Sentencia de fecha 24 de septiembre de 2012 se desestimó el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto. 
Constatados estos hechos, la actual actora entiende que después de dictada la resolución 
de 30 de abril de 2008, por la que se ponía fin al procedimiento de autorización 
ambiental integrada y se ordenaba su archivo, la Administración permaneció inactiva 
ante la solicitud de paralización de todas las actividades de la empresa por el 
funcionamiento clandestino de su fábrica de productos cerámicos en tanto no comenzara 
a realizar los trámites para obtener la autorización ambiental integrada y hasta que esta 
le fuera otorgada. 
Sin embargo, el Tribunal, en aplicación estricta del artículo 29.1 de la LJCA 29/98, 
entiende que no puede estimarse la inactividad de la Administración invocada, pues 
consta en el expediente administrativo que la empresa CERÁMICAS LAS LOSAS, S. 
L., en fecha 2 de junio de 2008 presentó recurso de alzada contra la resolución de 30 de 
abril de 2008, solicitando, al amparo del artículo 111 de la Ley 30/92, la suspensión de 
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la ejecución recurrida, la cual, al no haberse resuelto en el plazo de 30 días desde la 
entrada en el registro del órgano competente, debió entenderse concedida. Y así lo 
entendió y lo hizo constar la empresa mediante escrito presentado en fecha 25 de julio 
de 2008 a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, donde manifestaba que 
la resolución de 30 de abril de 2008 se encontraba suspendida desde el 7 de julio de 
2008 y que, por lo tanto, la actividad de la citada empresa podría desarrollarse 
normalmente de acuerdo con las autorizaciones con que contaba. Y terminaba 
resolviendo que “no obstante la petición de la actora de paralización de la actividad de 
la empresa en fecha 26 de mayo de 2008 como consecuencia de la resolución de 30 de 
abril de 2008, no pueda preciarse la alegada inactividad de la Administración prevista 
en el artículo 29 de la Ley30/92, pues la citada resolución por la que se ordenaba 
archivar el procedimiento instado de autorización ambiental integrada, no era firme, 
motivo por el que procede desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto”. 
 
3. Inscripción de aprovechamiento de aguas subterráneas: limitaciones y control 
de los organismos de cuenca 
La STSJ de Castilla-La Mancha 80/2013, de 25 de febrero, Sección 1.ª, resuelve sobre 
la impugnación de una resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de 
fecha 22 de mayo de 2009, que denegaba al actor la inscripción en la Sección B del 
Registro de Aguas de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso industrial y 
consumo anual de 1.095 metros cúbicos. 
El Tribunal comienza por admitir el derecho inicial a la utilización privativa del pozo 
por previsión legal, artículo 52.2 de la Ley de Aguas de 1985, artículo 54.2 del texto 
refundido de 2001. Sin embargo, recuerda que este derecho quedó limitado o matizado 
ya en la propia Ley de 1985, entre otros, en los casos de acuíferos declarados como 
sobreexplotados, como es el caso, porque ya se encontraba con tal declaración antes de 
que se anulara el Real Decreto 1664/1998, que aprobó los planes hidrológicos de 
cuenca; y, por otro lado, las condiciones de utilización (ese mismo apartado segundo del 
artículo 52 así lo establece) vendrían reguladas reglamentariamente. Así, el Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico, al regular los usos privativos por disposición legal, 
prevé la obligación de comunicación al organismo de cuenca de las obras y 
modificaciones que se produzcan en los citados aprovechamientos, estando obligada la 
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Confederación Hidrográfica a efectuar las debidas comprobaciones para evitar 
sobreexplotaciones, pudiendo establecer los controles precisos e incluso prohibir el uso 
de la derivación hasta que se corrijan las deficiencias observadas. 
Este recordatorio normativo lleva a la Sala a reiterar la doctrina que establece que el 
derecho a la utilización de los recursos subterráneos no se adquiere por concesión 
administrativa, sino por expresa previsión legal, sin otras limitaciones que las antes 
expresadas. De hecho, el acto administrativo vino inicialmente a reconocer el derecho 
del actor, pero lo rechazó finalmente porque la Administración de aguas comprobó que 
el pozo estaba abierto en una parcela distinta de aquella para la que se había autorizado 
en su día. Resalta la Sentencia que no cabe estar de acuerdo “con el pragmatismo del 
actor, que para su explotación puede preferir tener el pozo en un lugar u otro”, sino 
atenerse a la “simple previsión legal y reglamentaria, y de la seguridad jurídica que una 
materia de tan alta sensibilidad social en esta Comunidad Autónoma, entre otras, tiene 
que regir este tipo de procedimientos”. 
Por ello, la Sala rechaza la única cobertura normativa que el demandante había 
encontrado para hacer valer su pretensión —el artículo 17.2.c) del Real Decreto 
13/2008, de 11 de enero, Plan Especial del Alto Guadiana, que prevé la posibilidad de 
abastecer distintos predios con un mismo pozo siempre que pertenezcan al mismo titular 
y no se supere el máximo de 7.000 metros cúbicos anuales—. Y por ello resuelve 
razonadamente la Sentencia lo siguiente: “[…] ese precepto establece tal posibilidad 
para los casos —y solo para ellos— de explotaciones agrícolas o ganaderas y de que 
fuese necesario el recurso hidráulico para ellas. Como excepción que es, ha de 
interpretarse restrictivamente y no utilizarse analógicamente, como pretende la parte 
actora, porque no hay argumento legal, ni siquiera inequívocamente razonable, para 
ello, cuando su explotación era para uso industrial”. Por todas estas razones, el Tribunal 
desestimará íntegramente el recurso interpuesto. 


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