CELIS SÁNCHEZ, Raquel, SEPÚLVEDA GIRALDO, Claudia Alejandra. Contra el  despojo. Capitalismo, degradación ambiental y desplazamiento forzado,  CEAR-Euskadi. Bilbao, 2012. 139 p

Felipe Pérez, Beatriz

Revista Catalana de Dret Ambiental

CELIS SÁNCHEZ, Raquel, SEPÚLVEDA GIRALDO, Claudia Alejandra. Contra el despojo. Capitalismo, degradación ambiental y desplazamiento forzado, CEAR-Euskadi. Bilbao, 2012. 139 pp

Revistes Publicacions URV (Universitat Rovira i Virgili)

CELIS SÁNCHEZ, Raquel, SEPÚLVEDA GIRALDO, Claudia Alejandra. Contra el despojo. Capitalismo, degradación ambiental y desplazamiento forzado, CEAR-Euskadi. Bilbao, 2012. 139 pp.

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REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 2 (2014): 1 – 6 
-Recensión- 
 
CELIS SÁNCHEZ, Raquel y SEPÚLVEDA GIRALDO, Claudia Alejandra, Contra el 
despojo. Capitalismo, degradación ambiental y desplazamiento forzado, CEAR – 
Euskadi, Bilbao, 2012. 139 pp. 
 
Entre las causas de los movimientos de población por motivos ambientales se suelen 
incluir los accidentes industriales —como el caso de Chernóbil—, los desastres 
naturales —como el terremoto que asoló Haití en 2010—, la elevación del nivel del mar 
debida al calentamiento global o la construcción de proyectos de desarrollo. Hasta el 
momento, gran parte del debate en relación con estos movimientos se ha centrado en la 
búsqueda de los mecanismos jurídicos más convenientes para la protección efectiva de 
estas personas, en el estudio del vínculo entre la degradación ambiental y los 
movimientos de población, y en el desarrollo de la idea de la migración como estrategia 
de adaptación. Así, son escasos los estudios que se focalizan en el análisis de las 
verdaderas causas del desplazamiento ambiental. 
Al respecto, las autoras, junto con parte del equipo de CEAR-Euskadi, llevan a cabo un 
profundo análisis crítico sobre las causas del desplazamiento ambiental en el caso de la 
construcción de grandes proyectos de desarrollo, analizando especialmente la situación 
en Colombia y citando casos reales de personas afectadas. Sostienen y denuncian a lo 
largo del texto el trascendente y nada inocente papel de las empresas transnacionales, la 
responsabilidad de los Estados, la intencionalidad en el desplazamiento forzado de las 
comunidades más vulnerables y la tendencia creciente de la “inmigrantización del asilo” 
en el contexto de globalización capitalista. Explican que urge visibilizar el hecho de que 
muchos desplazamientos que podrían caber en el concepto de “ambientales” son 
consecuencia del modelo capitalista de consumo y “desarrollo”, que se expande 
mediante la explotación masiva de recursos, con graves consecuencias para 
comunidades y grupos sociales del sur. 
El presente libro se estructura en ocho capítulos, incluyendo las reflexiones y propuestas 
finales. En el primero, que se titula “La universalidad, indivisibilidad e 
interdependencia de los derechos humanos”, las autoras abordan la idea de la 
importancia de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y recalcan una 
de las premisas en las que basan su investigación, la indivisibilidad de los derechos 
humanos, para resaltar la consideración de que un impacto ambiental severo muchas 
veces acarrea una pérdida permanente o temporal de los DESC. Analizan a su vez el 
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concepto, las denominaciones y las cifras que se han empleado en relación con la idea 
del “refugio ambiental”. A su entender, tras este fenómeno se esconden desplazamientos 
provocados de manera premeditada con el fin último de lograr ciertos beneficios 
económicos, muchas veces haciendo uso de la violencia. Esta idea es primordial para la 
comprensión de la obra y para conocer una de las mayores preocupaciones de CEAR-
Euskadi.  
En el apartado de este capítulo “El círculo de la vulnerabilidad”, resaltan dos ideas 
importantes: i) que es en los países empobrecidos donde peores son las consecuencias 
de la degradación ambiental; y ii) que la gestión de los desplazamientos dependerá de la 
voluntad, o capacidad, del Estado para proteger a las y los ciudadanos afectados. Celis y 
Sepúlveda indican claramente y sin tapujos los sectores productivos que mayores daños 
ambientales y sociales provocan: los agrocombustibles, las industrias extractivas, la 
biotecnología y la industria farmacéutica. Las autoras consideran que las dos primeras 
son las que mayores desplazamientos de población provocan. 
En el siguiente capítulo, dedicado al papel de las empresas transnacionales en relación 
con el desarrollo, se cuestionan qué tipo de desarrollo es el que se está promoviendo y 
cuáles son sus consecuencias. Hacen alusión al segundo desembarco para referirse a la 
ola de inversiones extranjeras que, sobre todo desde la década de 1980, fueron 
invadiendo Latinoamérica alentadas por los recursos naturales disponibles, la progresiva 
liberalización de los intercambios comerciales y las políticas de privatizaciones masivas 
de los monopolios públicos. Al respecto, sostienen que las empresas españolas formaron 
parte del mencionado segundo desembarco, invirtiendo en países empobrecidos con 
gobiernos discrecionales donde las violaciones de derechos humanos son constantes. De 
hecho, grandes monopolios estatales como Repsol, Gas Natural, Telefónica o Endesa, 
así como otras grandes empresas no estatales (BBVA, Iberdrola, Banco Santander, 
Unión Fenosa…), pasaron a liderar sectores básicos para la región como la banca, la 
energía o el agua.  
El caso de Colombia, “paraíso neoliberal”, es un claro ejemplo de lo comentado. Se 
trata de uno de los Estados donde mayor inversión española ha habido; sin embargo, se 
encuentra entre los países con mayor desigualdad entre personas ricas y pobres y es el 
que mayor número de desplazamientos internos tiene a nivel mundial. Las petroleras, la 
explotación minera a cielo abierto, las enormes plantaciones de agrocombustibles y las 
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represas se asientan sobre tierras usurpadas y pueblos violentados. Al respecto, la 
construcción de la represa La Salvajina, que inundó territorios donde vivían sobre todo 
indígenas, afrodescendientes y campesinas, forzó el desplazamiento de más de tres mil 
personas en la región, cuya compensación sigue sin haberse producido. El 
enriquecimiento inicial dejó paso a una fuerte desestructuración social.  
Las comunidades locales se vienen organizando para frenar el despojo, pero la violencia 
y la criminalización de la protesta —argumentándose muchas veces que quien se opone 
al proyecto es miembro de la insurgencia— les han perjudicado gravemente. Se justifica 
así una represión empleada para salvaguardar intereses económicos, militares e 
ideológicos. Líderes y lideresas, junto con sus familiares y allegados, han tenido que 
huir de sus hogares e incluso abandonar el país. 
Las autoras también abordan la idea de la impunidad con la que, al servicio del capital, 
se perpetúa el despojo. Identifican en la obra tres mecanismos de despojo: de carácter 
administrativo (ocurre cuando no existe o no hay registro de la titularidad de las tierras),  
jurídico (mediante mecanismos legales, alegales e ilegales) y material. Este último 
consiste en el abandono del territorio por la fuerza. Luego analizan brevemente el 
complejo proceso de reformas agrarias que ha experimentado Colombia, ya que ha 
tenido un fuerte impacto y ha favorecido la desterritorialización de las comunidades 
campesinas.  
Constatan, por otro lado, que las mujeres, las comunidades indígenas y las campesinas 
sufren especialmente en las situaciones de desplazamiento. Para las mujeres, además de 
su exposición a la explotación y a la violencia sexual, la Corte Constitucional 
colombiana señaló en el Auto 092 (23/05/2008) diez riesgos de género que explican el 
impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres, y pone especial 
énfasis en las lideresas de organizaciones sociales, comunitarias o políticas. Mediante el 
caso de Leonora Castaño, refugiada colombiana, ilustran las consecuencias del 
patriarcado en todos los escenarios de construcción social de las mujeres rurales. En 
cuanto a las comunidades indígenas, afrodescendientes —especialmente en Colombia— 
y campesinas, son tristemente las que también se encuentran entre las más vulnerables 
al despojo. El motivo principal es que sus territorios se suelen situar en zonas 
estratégicas para los actores que forman parte del conflicto, así como para el desarrollo 
de proyectos económicos.  
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El siguiente capítulo, “La legalización del despojo”, se dedica al análisis de las políticas 
que amparan y legalizan el despojo de las comunidades más desprotegidas. Explican 
claramente cómo, al menos en Colombia, se emplea la violencia y se aprovechan 
operaciones contra la guerrilla para que los inversores privados desplacen a las 
comunidades asentadas en los territorios clave, lo que perpetúa el enriquecimiento de 
unos pocos y el empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad. Así, ciertas leyes, 
diseñadas para facilitar la reconversión en el uso del suelo y convertir el campo en zona 
de megaproyectos, facilitan el despojo. Otros mecanismos legales que lo permiten son 
los tratados de libre comercio, como el firmado en 2010 entre la Unión Europea, 
Colombia y Perú, y el derecho comercial global, que protege los intereses de las 
empresas transnacionales, pero sin delimitar claramente sus obligaciones ambientales, 
sociales y laborales. El establecimiento de zonas francas, donde las empresas gozan de 
privilegios, también ayuda a la legitimación del despojo.  
En el quinto capítulo se estudian algunos fenómenos que se están dando en Ecuador, 
país que han analizado debido, principalmente, a que su Constitución de 2008 recoge 
explícitamente el derecho a la movilidad humana y considera, al menos en el papel, a la 
naturaleza como sujeto de derecho. Al norte del país, en la frontera con Colombia, se 
dan varias causas de desplazamiento forzado. Entre ellas destacan el conflicto 
colombiano, la implantación y explotación de megaproyectos y el papel de las industrias 
extractivas. En el apartado “Repsol: extracción y despojo en el pulmón del mundo”, 
estudian con detalle el caso de la multinacional en relación con sus explotaciones en el 
Parque Nacional Yasuní e identifican impactos como la emisión de gases de efecto 
invernadero, los vertidos y derrames, la contaminación del agua y, entre los más 
importantes, el impacto cultural que han sufrido especialmente las comunidades 
huaoranis, que, como otras en diferentes países (mapuches en Chile, nahua en Perú, 
etc.), se han visto afectadas por las actividades de la empresa. Explican, citando a 
Alberto Acosta, las contradicciones del paradigma del buen vivir reflejado en la 
Constitución frente a la promoción y el mantenimiento del modelo extractivista.  
Tras constatar que el despojo también queda impune en Ecuador, analizan “el 
desplazamiento forzado en la vida de las personas”. En el sexto capítulo refuerzan las 
ideas de la fuerte criminalización de la protesta, la violencia contra la población y la 
impunidad de los actores. Todo lo anterior forma parte de una estrategia que afecta y 
manipula a la sociedad, y que conlleva que se llegue a creer que los líderes y lideresas 
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se oponen al desarrollo de las comunidades. Lo comentado lleva a las autoras a afirmar 
la flagrante violación de los derechos humanos que se sufre y que alcanza sus límites en 
los casos de los desplazamientos forzados. Asimismo, señalan las responsabilidades 
directas de Europa y del Estado español tanto por su papel como inversores y por los 
beneficios obtenidos de la violencia, como por la falta de asunción de responsabilidades 
que han demostrado a la hora de cumplir sus obligaciones en materia de protección y 
acogida de personas cuyos desplazamientos han forzado directa o indirectamente.  
Las autoras afianzan en el último apartado de dicho capítulo sus premisas iniciales. 
Concretamente, defienden que, puesto que muchas personas sufren una violación grave 
o sistemática o sostenida de sus derechos humanos debido a la implantación de grandes 
proyectos de desarrollo, deberían ser consideradas potenciales merecedoras del estatuto 
de refugiados o desplazados internos (según se crucen fronteras estatales o no) o de 
otros mecanismos de protección vigentes en Europa. Refuerzan la idea de que no es 
cuestionable el carácter forzado del desplazamiento de estas personas y señalan la 
responsabilidad de los Estados y de las empresas transnacionales.  
En el siguiente capítulo, “Concluyendo en torno a la protección internacional”, analizan 
la importancia de la interpretación de los instrumentos jurídicos internacionales más 
importantes en cuanto a la protección de las personas forzadas a desplazarse, es decir, la 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo, y 
otros instrumentos regionales que amplían la definición de refugiado como la 
Declaración de Cartagena de los Refugiados (1984). Las autoras sostienen que la 
definición de refugiado ginebrina podría aplicarse a muchas de las personas que se han 
visto forzadas a desplazarse por motivos como la construcción de un megaproyecto de 
desarrollo, ya que en el marco del derecho de asilo se puede entender que estas personas 
están sufriendo una persecución al enfrentarse a una violación grave o sostenida o 
sistemática de los derechos humanos. Señalan también la protección subsidiaria, 
recogida en la Directiva 2011/95/UE, y la protección temporal en caso de afluencia 
masiva de personas desplazadas (Directiva 2001/55/CE) como otros instrumentos que 
podrían aplicarse.  
Celis y Sepúlveda finalizan la obra recopilando una serie de reflexiones finales en las 
que resumen hábilmente los puntos clave de lo dicho anteriormente. Acaban recalcando 
las siguientes ideas básicas: la importancia de la protección ambiental; el impacto de la 
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imposición del sistema capitalista neoliberal mediante mecanismos violentos; la 
“maldición de la abundancia” en recursos naturales que representa el poseer dichos 
recursos para ciertos países como Colombia o Ecuador; la tolerancia y aceptación del 
despojo que tenemos desde el Norte; la estrategia e intencionalidad que suele haber 
detrás del desplazamiento de personas en determinados contextos; la crisis del derecho 
de asilo; y la importancia de poner en relación “las políticas que obligan a las personas a 
marcharse y las políticas que les impiden hacerlo” (p. 129). Proponen a modo de 
conclusión algunas opciones alternativas al modelo de desarrollo imperante como son el 
buen vivir y el decrecimiento, la legitimación y la construcción de redes 
contrahegemónicas entre el Sur y el Norte (siguiendo las ideas de Juan Hernández), así 
como la articulación de la lucha para frenar las causas del desplazamiento. 
En definitiva, adentrarse en la obra sobre el despojo de CEAR-Euskadi merece la pena 
por varias razones, entre ellas: la claridad con la que se desarrolla el discurso; el análisis 
crítico de la información; y la originalidad de los textos al hablar sin tapujos de temas 
que casi nunca están presentes en el debate sobre los desplazamientos ambientales.   
“Nos toca, en definitiva, luchar para que nuestro trabajo no se convierta en una 
apología más del capitalismo […]. No dejar de quebrar muros. Quebrar muros 
externos, vallas, alambradas, cárceles para personas inmigrantes y refugiadas. Y 
quebrar, más difícil, los muros internos: los muros simbólicos, los inconscientes, 
los que criminalizan al ‘otro’ como chivo expiatorio de un sistema en el que 
supuestamente no creemos. Defender el derecho a no desplazarse, el derecho a 
desplazarse y el derecho a recibir protección internacional, porque es el único 
derecho que nos queda cuando los demás han sido violados” (p. 131). 
Beatriz Felipe Pérez  
Becaria predoctoral  
Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona  
Universitat Rovira i Virgili 
(beatrizirene.felipe@urv.cat) 


https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/download/1525/1491

CELIS SÁNCHEZ, Raquel, SEPÚLVEDA GIRALDO, Claudia Alejandra. Contra el despojo. Capitalismo, degradación ambiental y desplazamiento forzado, CEAR-Euskadi. Bilbao, 2012. 139 pp

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