Ezquerra Huerva, Antonio

Revista Catalana de Dret Ambiental

Revistes Catalanes amb Accés Obert

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 2 (2014): 1 – 8 
- Crònica - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN ARAGÓN 
 
ANTONIO EZQUERRA HUERVA 
Profesor titular de Derecho Administrativo 
Universitat de Lleida 
A. Ezquerra  RCDA Vol. V Núm. 2 (2014) 
 2 
Sumario: 1. Los organismos de cuenca carecen de competencia para declarar la responsabilidad 
patrimonial de las comunidades de regantes (STSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3.ª (de refuerzo), núm. 407/2014, de 21 de julio). 2. La declaración de instalación eólica de 
interés especial constituye una potestad reglada de la Administración, concretada en un concepto jurídico 
indeterminado (SSTSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, núms. 353/2014 y 
354/2014, de 30 de junio). 
 
1. Los organismos de cuenca carecen de competencia para declarar la 
responsabilidad patrimonial de las comunidades de regantes (STSJ de Aragón, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª (de refuerzo), núm. 407/2014, 
de 21 de julio) 
La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón referenciada en el encabezamiento resuelve un curioso supuesto de 
hecho en el que la Confederación Hidrográfica del Ebro dictó resolución administrativa 
por la que se declaraba la responsabilidad patrimonial de una comunidad de regantes. 
Para una correcta comprensión del alcance de la doctrina sentada en dicho 
pronunciamiento judicial, conviene partir de la exposición, siquiera breve, de los hechos 
acaecidos. 
El origen del litigio se sitúa en la circunstancia de que el recurrente sufría continuas 
inundaciones en una de sus fincas como consecuencia de determinadas escorrentías y 
falta de control de riego en fincas colindantes. Presentada la correspondiente solicitud a 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, esta resolvió en el sentido de acordar la 
realización de las obras pertinentes que pusieran fin a la situación descrita. Transcurrido 
el tiempo y ante la pasividad de la Administración, el recurrente volvió a interesarse por 
la cuestión. Ante ello, y previo informe de los servicios técnicos, la Confederación 
Hidrográfica dictó resolución en la que declaraba la imposibilidad técnico-económica de 
solucionar los problemas de las inundaciones y, además, ordenaba la incoación de un 
nuevo expediente disciplinario en el que se determinase la cuantía de una indemnización 
sustitutiva de la ejecución in natura de la resolución administrativa que ordenaba la 
realización de las obras necesarias.  
Paralelamente, el actor presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, pero en la que reclamaba la responsabilidad 
solidaria de dicho Organismo de Cuenca y de la Comunidad de Regantes a la que 
pertenecía (el actor). No habiéndose resuelto de manera expresa el correspondiente 
procedimiento de responsabilidad patrimonial, el actor interpuso recurso contencioso-
RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  Jurisprudencia ambiental Aragón 
 3 
administrativo que, entre otras cuestiones, interesaba que, con arreglo al artículo 140 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se declarase la responsabilidad 
solidaria de la Confederación Hidrográfica y de la Comunidad de Regantes, que se 
personó en autos como codemandada. 
Uno de los elementos controvertidos en el pleito, y que a mi juicio es el que reviste un 
mayor interés jurídico, es el referido a si la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene 
competencia para declarar la responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Regantes. 
La Sala es contundente a la hora de negar dicha posibilidad pretendida por el actor y, 
obviamente, rechazada en la argumentación esgrimida por la codemandada Comunidad 
de Regantes. El argumento es que, siendo la Confederación Hidrográfica y la 
Comunidad de Regantes administraciones públicas distintas, la reclamación 
administrativa de responsabilidad patrimonial se debería haber dirigido a ambas. Se 
reproduce a continuación la argumentación, no por concisa menos clara, del Tribunal: 
Por lo que se refiere a la reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la 
Comunidad de Regantes de xxxx, no cabe duda de que no es competencia de la 
CHE la declaración que se solicita pues, como recuerda el Abogado del Estado, la 
Comunidad es una Corporación de Derecho Público con personalidad propia, que 
debe atender a cualquier reclamación dirigida por tal causa contra la misma 
siguiendo el trámite correspondiente y dictando la resolución que ponga fin al 
mismo, cuya resolución quedaría sujeta a revisión ante esta jurisdicción 
contencioso administrativa. 
En definitiva, debe darse la posibilidad de que cada Administración en su propio 
ámbito declare, o no, su propia responsabilidad quedando sujeta dicha resolución, 
naturalmente, al control jurisdiccional en esta vía. Y no cabe, como pretende el 
actor por la vía del artículo 140 de la Ley 30/1992 y el artículo 18 del Real Decreto 
429/1993, una declaración de responsabilidad solidaria de una Administración por 
la otra, teniendo en cuenta que dichos preceptos tratan de responsabilidad 
concurrente por “gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre 
varias administraciones públicas”, situación que en absoluto se da en el presente 
supuesto, en el que el actor reclama, por una parte, responsabilidad de la 
Comunidad de Regantes por el embalsamiento de sus terrenos y, por otra, de la 
CHE por omisión en el control de la actividad de otros, lo que nada tiene que ver 
con “gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación”. 
A. Ezquerra  RCDA Vol. V Núm. 2 (2014) 
 4 
 
2. La declaración de instalación eólica de interés especial constituye una potestad 
reglada de la Administración, concretada en un concepto jurídico indeterminado 
(SSTSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, núms. 
353/2014 y 354/2014, de 30 de junio) 
En las sentencias referenciadas se resuelven los recursos contencioso-administrativos 
interpuestos contra sendas resoluciones de la Administración autonómica aragonesa 
denegatorias de la calificación de dos parques eólicos como “instalación eólica de 
interés especial”, con arreglo al Decreto 124/2010, de 22 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regulan los procedimientos de priorización y autorización de 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  
El fundamento principal de los recursos residía en la falta de motivación de las  
denegaciones indicadas, por entender que la argumentación esgrimida al efecto por las 
resoluciones administrativas impugnadas no se centraba en los criterios establecidos en 
el artículo 4 del precitado Decreto 124/2010.  
En las resoluciones impugnadas se desestimaba la indicada solicitud de declaración de 
“instalación eólica de interés especial” en los siguientes, y sucintos, términos que 
aparecen reproducidos en las sentencias comentadas: “[…] por no concurrir 
circunstancias de un mayor impacto social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, siendo que el conjunto de solicitudes presentadas exceden la previsión de 
potencia eléctrica con capacidad de evacuación en la zona eléctrica ‘D’”. 
Y, por su parte, el mencionado artículo 4 del Decreto 124/2010 dispone lo siguiente:  
1.  La priorización de las instalaciones se realizará por el Departamento 
competente en materia de energía, mediante procedimiento de concurso público, 
teniendo prioridad aquellos proyectos eólicos de mayor impacto social o interés 
especial para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Para la obtención de la declaración de instalación eólica de interés especial se 
deberá solicitar al Departamento competente en materia de energía, presentando 
una memoria que contenga su especial incidencia y beneficios o efectos de tipo 
empresarial, territorial, infraestructuras de regadío, entre otros. La declaración se 
acordará por el Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero competente en 
RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  Jurisprudencia ambiental Aragón 
 5 
materia de energía. La declaración de instalación eólica de interés especial se podrá 
acordar en cualquier momento de la tramitación pero solo tendrá validez si se ha 
obtenido antes de la resolución del concurso. 
La declaración de instalación eólica de interés especial deberá ser solicitada a partir 
de la fecha de convocatoria del concurso hasta el mismo día en que se presente la 
solicitud de participación en el citado concurso y se entenderá obtenida si no 
recayera resolución expresa en el plazo de dos meses. 
2. Con carácter general, en el procedimiento de priorización se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de valoración: 
a) Tipo de instalación: instalación eólica de interés especial, instalación 
eólica singular y parques eólicos. 
b) Criterios de viabilidad técnica y económica. 
c) Contribución a los objetivos de la planificación energética de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
d) Infraestructuras eléctricas necesarias y su optimización, existentes o a 
realizar. Esta valoración se realizará con independencia de que tras la resolución 
del concurso, se pudieran optimizar las infraestructuras eléctricas en su conjunto, 
aprovechando las sinergias de los proyectos priorizados. 
e) Viabilidad, afecciones y protecciones medioambientales. 
f) La presentación por parte del solicitante de compromisos adicionales y 
voluntarios. 
Los criterios y su baremación específica se establecerán para cada concurso, en la 
correspondiente Orden de convocatoria del mismo. 
El Tribunal estima el recurso sobre la base de argumentos muy interesantes, que pueden 
sintetizarse en los siguientes puntos: 
a) En efecto, la motivación esgrimida por la Administración es insuficiente, 
además de no guardar relación con los criterios establecidos al respecto en el artículo 4 
del Decreto 124/2010. Ello impide al recurrente tener un conocimiento suficiente o 
adecuado de las razones por las que la solicitud de declaración de “instalación eólica de 
interés especial” le ha sido denegada. 
b) En realidad, el artículo 4 del Decreto 124/2010 regula dos aspectos diversos. Por 
una parte, la declaración de “instalación eólica de interés especial” a la que se refiere el 
A. Ezquerra  RCDA Vol. V Núm. 2 (2014) 
 6 
apartado 1 del precepto. Y, por otra, la priorización entre los distintos solicitantes de 
instalación de parques eólicos (no se olvide que se trata de un procedimiento de 
concurrencia competitiva), priorización cuyos criterios se enumeran en el apartado 2 del 
artículo 4 del Decreto 124/2010. 
c) Sobre la base de la anterior distinción, el Tribunal considera que la 
argumentación esgrimida por las resoluciones impugnadas se refiere más a los criterios 
de priorización que a la propia declaración de “instalación eólica de interés especial”.  
d) En cuanto a la declaración de “instalación eólica de interés especial”, el Tribunal 
concluye que se trata de una potestad administrativa reglada concretada en un concepto 
jurídico indeterminado. De ello se deriva que dicha calificación corresponde hacerla a la 
Administración a la luz de la documentación que, con arreglo al artículo 4.1 del Decreto 
124/2010, ha de presentar el interesado, y que, en caso de que dicha condición de 
“instalación eólica de interés especial” no concurra, es a la Administración a quien 
corresponde motivar adecuadamente por qué.  
e) Finalmente, el Tribunal afirma que, siendo positivo el silencio administrativo 
aplicable al caso, la falta de motivación de la resolución conduce a entender estimada 
por silencio la declaración de “instalación eólica de interés especial”, descartando de ese 
modo la posible retroacción del expediente administrativo.  
Para comprender mejor la argumentación del Tribunal, conviene reproducir el 
fundamento de derecho cuarto de las sentencias comentadas: 
Dicho lo anterior, el núcleo del debate litigioso se centra en el ajuste a derecho de 
una actuación administrativa, en un procedimiento de concurrencia competitiva, en 
el que la decisión final aparece huérfana de motivación, sea por ausencia física y 
literal de la misma, sea porque la motivación que se ofrece no guarde relación 
alguna con lo que se está resolviendo y los criterios que debieron observarse a tal 
efecto. En definitiva, se efectúa un reproche de arbitrariedad de la Administración 
en la decisión adoptada, sostenida en la ausencia de motivación de la misma o su 
falta de ajuste a los criterios que debieron presidir el proceso. 
Pues bien, no será temerario aventurar ya la favorable acogida que han de recibir 
las argumentaciones de la recurrente en este apartado central de su recurso, pues, 
efectivamente, si se observa el contenido del artículo 4.1 párrafo segundo del 
Decreto 124/2010, del Gobierno de Aragón, y se contrasta con la motivación que 
ofrece el Acuerdo impugnado, fácil será comprobar la ausencia de relación de un 
RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  Jurisprudencia ambiental Aragón 
 7 
tenor con el otro. En definitiva, el Acuerdo impugnado ofrece poca explicación, o 
ninguna, que pueda justificar la denegación de la declaración de interés especial 
solicitada y, además, ninguna relación tiene con los criterios generales que 
establece el Decreto, con base en los cuales debió motivar dicha denegación, de 
suerte que podrá concluirse en la ausencia de motivación del Acuerdo impugnado, 
y, por lo tanto, en la nulidad del mismo. 
Así pues, es claro que al resolver la Administración en la forma en que lo hace en 
el Acuerdo impugnado, ofreciendo una motivación que nada tiene que ver con los 
criterios que establece el artículo 4 del Decreto 124/10, para la denegación de la 
declaración de interés especial de la instalación eólica, está actuando de manera 
arbitraria, generando indefensión a la solicitante, en este caso a la entidad 
recurrente, pues no puede llegar a saber la razón, conforme a lo que le fue 
solicitado en el antedicho Decreto, para la denegación, recibiendo además una 
motivación que guarda más relación con la fase posterior de priorización que con 
cualquier otra cosa. En definitiva, en el Acuerdo impugnado, está recibiendo una 
anticipación del resultado definitivo del proceso. Y, desde otro punto de vista, está 
predeterminando el resultado final del concurso de priorización. 
No es que, a diferencia de lo que sostiene la recurrente en primer lugar, la 
regulación de los criterios de valoración a efectos de declaración de interés especial 
debieran haber sido desarrollados ulteriormente, mediante la concreta 
especificación de los contenidos en el artículo 4 del Decreto 124/10, en la 
correspondiente Orden de convocatoria del proceso de contratación, recibiendo la 
consiguiente publicidad. En realidad, a lo que se está refiriendo el Decreto es a los 
criterios que han de regir el proceso de priorización, pues los procedimientos de 
priorización, y no otra cosa, constituyen el objeto de su regulación, como 
procedimiento único, sin diferentes fases o procedimientos dentro de otros 
procedimientos. 
Desde este punto de vista, atendida la regulación que sobre este trámite particular 
se ofrece en el artículo 4, la decisión que la Administración debe adoptar no es 
discrecional, sino reglada, supeditada a la presentación por el interesado de una 
memoria, sobre la incidencia y beneficios de su proyecto en diferentes ámbitos que 
allí se relatan, de suerte que, a priori, se deduce que los proyectos que se presenten 
cuentan con tal interés especial, salvo que motivadamente se deniegue por la 
Administración. En definitiva, la definición de instalación eólica de interés 
especial, que se realiza tanto en el artículo 2, como en el artículo 4 del Decreto, 
sería un concepto jurídico indeterminado, que, o concurre o no concurre, y, si no 
A. Ezquerra  RCDA Vol. V Núm. 2 (2014) 
 8 
concurre, la Administración debe motivar el porqué. Ningún otro sentido puede 
tener, además, el efecto positivo que el Decreto da a la ausencia de resolución 
expresa sobre la cuestión. 
Así pues, como decíamos, se infringe por la Administración el artículo 54.1 a) de la 
Ley 30/92, y, relacionado con éste, al tener por falto de motivación el acuerdo 
impugnado, puede concluirse en que la Administración incurre en arbitrariedad al 
resolver inmotivadamente sobre la denegación de la declaración de interés especial 
de la instalación de la entidad recurrente, en vulneración de los artículos 103.1 de 
la C.e . y 9.1 y 9.3 del Texto Fundamental. 
Sólo de este modo sin excedernos de los límites en que se ha planteado el debate, 
incurriendo en vulneración de los artículos 33 y 67 de la LJCA al no solicitarlo 
expresamente la parte recurrente que se limita a pedir la anulación del acto, cabe 
aplicar, como efecto automático de tal anulación, el previsto en el artículo 4 del 
citado Decreto 124/10, como así debe ser, teniendo por estimada la solicitud de 
declaración de interés especial, indebidamente rechazada. 
 


Jurisprudencia ambiental en Aragón

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Revistes Catalanes amb Accés Obert