Alenza García, José Francisco

Revista Catalana de Dret Ambiental

Revistes Catalanes amb Accés Obert

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 2 (2014): 1 – 7 
- Crònica - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA 
 
JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA 
Profesor titular de Derecho Administrativo 
Universidad Pública de Navarra 
 
J.F. Alenza  RCDA Vol. V Núm. 2 (2014) 
 2 
Sumario: 1. Panorama general. 2. Responsabilidad patrimonial del Gobierno de Navarra por el ruido del 
tráfico procedente de una carretera. 3. Responsabilidad patrimonial por daños causados por la flora y la 
fauna. 4. Autorizaciones ambientales. 5. Sentencias penales: absolución por no probar la imprudencia 
grave y anulación del juicio de primera instancia por no haber dado la palabra a los denunciantes. 6. 
Relación de sentencias. 6.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo). 6.2. Sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo. 6.3. 
Sentencias de los juzgados de lo penal. 
 
1. Panorama general 
Han sido muchas y muy variadas las sentencias en materia ambiental que se han dictado 
en Navarra en este período. 
Las que serán objeto de una atención especial en los siguientes apartados son las 
siguientes: un supuesto de ruido por tráfico por el que se condena a la Administración 
foral a adoptar las medidas correctoras pertinentes; dos sentencias sobre responsabilidad 
patrimonial de la Administración por los daños producidos por la caída de una rama de 
un árbol y de un nido de cigüeñas; otras dos sentencias relativas a autorizaciones 
ambientales; y, finalmente, dos sentencias penales en las que no ha habido condena por 
delito ecológico. 
Además, se han pronunciado dos sentencias en materia de caza (STSJ de Navarra de 15 
de mayo de 2014 y STSJ de Navarra de 12 de junio de 2014) que ratifican la legalidad 
de las sanciones impuestas y rechazan los argumentos planteados por los sancionados. 
Por una parte, se recuerda que en el procedimiento sancionador cinegético en Navarra 
no es exigible ningún trámite de la propuesta de resolución. Por otra, se recuerda el 
valor probatorio (presunción de veracidad) de las actas de inspección elaboradas por los 
guardas forestales. 
 
2. Responsabilidad patrimonial del Gobierno de Navarra por el ruido del tráfico 
procedente de una carretera 
Los propietarios de unas viviendas unifamiliares cercanas a la carretera PA 30 o Ronda 
Norte de Pamplona demandaron por inactividad administrativa al municipio de 
Berrioplano y al Gobierno de Navarra para que se condenara, solidaria o 
individualmente, a dichas administraciones a realizar las actuaciones que procedan para 
que el ruido del tráfico procedente de dicha carretera no afectara a sus derechos 
RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  Jurisprudencia ambiental Navarra 
 3 
fundamentales a la integridad física y moral y a la intimidad personal y familiar del 
domicilio. 
Las mediciones de ruido efectuadas y el resto de las pruebas practicadas llevaron a la 
STSJ de Navarra de 9 de mayo de 2014 a considerar que se había producido la 
vulneración de los indicados derechos, pues concurrían los tres requisitos que la 
jurisprudencia ha venido sentando: una exposición al ruido prolongada, evitable e 
insoportable al superar los niveles legales establecidos. 
Las consecuencias de la vulneración llevan a la Sentencia a estimar la petición de los 
demandantes relativa a la adopción de las medidas necesarias para que cese dicha 
vulneración, pero se rechaza la petición de indemnización por no haber sido solicitada 
por los demandantes en ninguno de los momentos previos en los que se dirigieron 
formalmente a las administraciones demandadas, por lo que no puede entenderse 
producida inactividad alguna a este respecto. 
La última cuestión a dilucidar es si las dos administraciones son responsables o solo una 
de ellas. En este punto, la Sentencia se decide por “distanciarse de las sutilezas 
jurídicas” y atenerse a “las razones de la lógica” [sic] para considerar que la única 
Administración responsable es el Gobierno. La razón es que “el origen del problema 
está en el funcionamiento de una infraestructura viaria de titularidad del Gobierno de 
Navarra en cuya construcción, mantenimiento y explotación nada tuvieron ni tienen que 
ver el Concejo de Artica ni el Ayuntamiento de Berrioplano. Es cierto que el primero 
programó urbanísticamente el suelo colindante con la vía, pero lo hizo con anterioridad 
habiendo quedado demostrado que, además, que el problema ni siquiera surgió con la 
construcción sino con posterioridad (años 2003 en adelante) con el incremento del 
tráfico y, singularmente, con el desdoblamiento de todo su trazado. Así que siendo el 
Gobierno el titular único de la fuente del problema —en cuya generación no hay 
concurrencia de causas—, lógico es que sea el único obligado a solucionarlo”. 
 
3. Responsabilidad patrimonial por daños causados por la flora y la fauna 
La fauna y flora protegidas pueden causar daños de los que debe responder la 
Administración. Son muy habituales los supuestos de accidentes de automóvil causados 
por especies silvestres. Pero en este semestre ha habido dos sentencias por los daños 
J.F. Alenza  RCDA Vol. V Núm. 2 (2014) 
 4 
producidos por la caída de un nido de cigüeñas y por el desprendimiento de una rama de 
un árbol dentro de un parque natural. 
La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 20 de junio de 
2014 se ocupó del primer asunto. La caída de un nido de cigüeñas que anidaban en la 
torre de una iglesia parroquial sobre la bóveda de una de las naves produjo el 
hundimiento de esta, cuyos daños se cuantificaron en más de dos mil euros. Siendo la 
cigüeña blanca una especie amenazada, resulta de aplicación el artículo 31 de la Ley 
Foral 2/1993, de Protección de la Fauna Silvestre, que establece el deber del 
Departamento de Medio Ambiente de indemnizar los daños ocasionados a terceros o sus 
bienes por las especies amenazadas. 
La Administración demandada había denegado la reclamación de responsabilidad 
porque el titular del inmueble dañado conocía desde hacía por lo menos tres años la 
presencia de los nidos y no había solicitado su retirada (actuación prevista en el artículo 
9 de la citada LF 2/1992). Sin embargo, la Sentencia considera que no existe el deber de 
solicitar la retirada del nido y que la falta de dicha solicitud “no conlleva una eximente 
de responsabilidad de la Administración que, en todo caso, es la que ha de velar por las 
especies amenazadas y ha de responder si causan daños”. Añade la Sentencia que “para 
ello dispone de personal que específicamente puede vigilar la presencia de aves y sus 
nidificaciones, como son los guardas forestales y demás técnicos de medio ambiente, 
siendo necesario destacar que la presencia de nidos de estas aves, por sus dimensiones, 
se aprecian a simple vista”. La Sentencia concluye que “siendo fácilmente constatable 
para los servicios públicos del Gobierno de Navarra la existencia de nidos de cigüeñas, 
aun no constando aviso o petición de los particulares afectados, la Administración 
demandada ha de responder de los daños causados”. 
La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 30 de junio de 
2014 se ocupó de los daños por la caída de una rama de un árbol de un parque natural 
(Señorío de Bértiz). La Administración trató de eludir su responsabilidad alegando que, 
aunque le corresponde a ella su gestión, el Parque tiene una superficie de 2.200 ha 
cubiertas en su mayor parte de arbolado (más de cuatro millones de árboles) y que es el 
Plan Gestor el que limita las intervenciones en dicho Parque al someter las podas a 
criterios silvícolas. La Sentencia advierte que el Plan Gestor no impide que se pueda 
decidir la corta de árboles o ramas peligrosas y que, en cualquier caso, no hay 
advertencias del posible peligro de caídas de ramas y árboles a los visitantes (solo en 
RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  Jurisprudencia ambiental Navarra 
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caso de días de fuerte viento el folleto del Parque no recomienda la visita por ese 
peligro, pero el día del accidente no soplaba viento fuerte en el lugar). En consecuencia, 
la Sentencia declara la responsabilidad de la Administración gestora del Parque. 
 
4. Autorizaciones ambientales 
La impugnación de una licencia de actividad clasificada con evaluación de impacto 
ambiental de una piscifactoría en un LIC fue impugnada tanto por razones formales o 
procedimentales como por razones de fondo. La Sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de 1 de septiembre de 2014 rechazó todos los 
motivos de la impugnación. Así, consideró que en la declaración de impacto ambiental 
no existen las infracciones señaladas por la parte actora (no fue dictada por órgano 
incompetente ni en procedimiento erróneo, las modificaciones introducidas en el 
proyecto no tuvieron carácter esencial, y no se obvió la circunstancia de su ubicación en 
un LIC ya que, precisamente, fue esa ubicación la que determinó la realización de la 
evaluación de impacto ambiental). Cabe notar, en la línea antiformalista que se aprecia 
en la jurisprudencia ambiental, que la Sentencia entendió que la inobservancia de algún 
trámite procedimental (en este caso, no haber remitido la propuesta de DIA al órgano 
sustantivo y al interesado) no tiene efectos invalidantes si no se acredita que haya 
producido indefensión (además, en este caso no fue denunciado por los únicos que 
podían considerarse afectados: el órgano sustantivo y el promotor). 
La otra resolución que abordó la legalidad de una autorización ambiental fue la STSJ de 
Navarra de 8 de octubre de 2014. Esta sentencia anuló la autorización de afectaciones 
ambientales no porque se apreciara en ella vicios de nulidad, sino porque se insertaba en 
un procedimiento más complejo y más amplio de modificación del trazado de caminos 
locales. Habiéndose anulado en otro proceso los actos municipales relativos a dicha 
modificación de los caminos, era consecuencia lógica la anulación de la autorización de 
afectaciones ambientales que tenía como sustrato y sustento aquellos actos anulados. 
 
5. Sentencias penales: absolución por no probar la imprudencia grave y anulación 
del juicio de primera instancia por no haber dado la palabra a los denunciantes 
En la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de 25 de agosto de 2014 se decretó la 
absolución de un delito de incendio forestal por no haberse probado la imprudencia 
J.F. Alenza  RCDA Vol. V Núm. 2 (2014) 
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grave que exige el tipo penal. El acusado había prendido fuego a un bidón en el que 
había acumulado cartones y papeles. Como consecuencia del fuerte viento, el fuego se 
propagó hasta una masa forestal y se extendió posteriormente en distintas direcciones. 
Hasta su extinción, fueron calcinados 89.900 metros cuadrados de matorral, hierbas 
finas y arbolado. El artículo 352 CP exige para este delito de incendio forestal una 
imprudencia grave que no existió, porque se pudo acreditar que el acusado había 
llamado al teléfono de emergencias (112) para preguntar si ese día podía quemar en su 
huerta y que había recibido una respuesta positiva. Con independencia de que el 112 
carece de competencia para autorizar el uso del fuego, la Sentencia considera que el 
hecho de haber llamado para recabar información conlleva que no pueda apreciarse una 
infracción de normas básicas de prudencia en el acusado y mucho menos una 
imprudencia grave. 
La otra sentencia penal de este período es la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Navarra (Sección 1.ª) de 23 de junio de 2014. En ella se estimó el recurso de apelación 
y se revocaron la sentencia de instancia y el acto del juicio. La razón fue que no se había 
dado la palabra en el juicio a los denunciantes, lo cual era absolutamente necesario 
tratándose de un delito de desobediencia a la autoridad. La Sentencia establece que la 
infracción de esa norma procesal determina que el acto del juicio y la posterior 
sentencia sean nulos de pleno derecho, y ordena que se proceda a señalar un nuevo acto 
de juicio en el que se dé la palabra a denunciantes y denunciado para llevar a cabo las 
alegaciones que consideren convenientes. 
 
6. Relación de sentencias 
6.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) 
STSJ de Navarra de 9 de mayo de 2014, ponente Rubio Pérez: vulneración de derechos 
fundamentales por el ruido provocado por el tráfico de una carretera. Inactividad 
municipal y del Gobierno de Navarra. Responsabilidad de la Administración foral sobre 
la adopción de medidas, pero no se impone indemnización porque no se pidió en vía 
administrativa. 
RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  Jurisprudencia ambiental Navarra 
 7 
STSJ de Navarra de 15 de mayo de 2014, ponente Rubio Pérez: procedimiento 
sancionador en materia de caza. Inexigibilidad de propuesta de resolución y presunción 
de veracidad de las actas de inspección elaboradas por los guardas forestales. 
STSJ de Navarra de 12 de junio de 2014, ponente Pueyo Calleja: procedimiento 
sancionador en materia de caza. Inexigibilidad de propuesta de resolución y valor 
probatorio de las actas de inspección elaboradas por los guardas forestales. 
Responsabilidad del titular del coto de caza por hechos propios. 
STSJ de Navarra de 8 de octubre de 2014, ponente Pueyo Calleja: anulación de 
autorización de afectaciones ambientales por tratarse de un acto inserto en un 
procedimiento complejo más amplio que ha sido anulado. 
 
6.2. Sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 20 de junio de 
2014: responsabilidad patrimonial del Gobierno de Navarra por los daños producidos 
por la caída de un nido de cigüeñas. 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 30 de junio de 
2014: responsabilidad patrimonial del Gobierno de Navarra por los daños producidos 
por la caída de una rama de un árbol de un parque natural. 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 1 de septiembre de 
2014: licencia de actividad clasificada con evaluación de impacto ambiental de una 
piscifactoría. Se rechazan los motivos de invalidez invocados por el recurrente. 
 
6.3. Sentencias de los juzgados de lo penal 
Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de 25 de agosto de 2014. Absolución del 
delito de incendio forestal por no haberse probado la imprudencia grave que exige el 
tipo penal. 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 1.ª) de 23 de junio de 2014. 
Estimación del recurso de apelación y revocación de la sentencia de instancia y del acto 
del juicio celebrado por desobediencia a la autoridad por no haber dado la palabra en 
dicho juicio a los denunciantes. 


Jurisprudencia ambiental en Navarra

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. IV Núm. 2 (2013): 1 – 4 
- Crònica - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA 
 
JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA 
Profesor titular de Derecho Administrativo 
Universidad Pública de Navarra 
 
J.F. Alenza  RCDA Vol. IV Núm. 2 (2013) 
 2 
Sumario: 1. Introducción. 2. Responsabilidad patrimonial de un municipio por inactividad ante los ruidos 
generados por una carnicería. 3. Condena por delito por envenenamiento de aguiluchos. 4. Relación de 
sentencias. 4.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Contencioso-
Administrativo). 4.2. Sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo. 4.3. Sentencias de los 
juzgados de lo penal. 
 
1. Introducción 
Tan solo tres sentencias en materia ambiental han recaído en Navarra en este período. 
Una de ellas, además, carece de relevancia jurídico-ambiental. Es la Sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de 18 de septiembre de 2013 que 
anuló una sanción (6.000 euros) por la comisión de una infracción grave en materia de 
residuos consistente en un vertido de hormigón en un vertedero de residuos inertes, 
cuando se carecía de autorización para ello. La Sentencia anuló la sanción por haberse 
notificado defectuosamente la sanción recurrida. A las otras dos sentencias les dedicaré 
un comentario más extenso por separado. 
 
2. Responsabilidad patrimonial de un municipio por inactividad ante los ruidos 
generados por una carnicería 
Ante los ruidos emitidos por una carnicería situada bajo su domicilio, un matrimonio, 
tras reiteradas denuncias de la situación ante el Ayuntamiento, lo demandó por una 
inactividad a la que imputaban la vulneración de sus derechos a la integridad física y 
moral y a la intimidad personal y familiar. La sentencia de instancia rechazó que se 
hubiera producido inactividad municipal y desestimó el recurso. 
Sin embargo, la STSJ de Navarra de 18 de octubre de 2013 va a estimar el recurso de 
apelación. Sin aludir expresamente a doctrina jurisprudencial de la propia sala sobre la 
necesidad de que las medidas municipales ante denuncias reiteradas por ruidos deban 
ser efectivas, esta sentencia señala que la denuncia por ruidos “se inicia en 21 de 
octubre de 2006 y hoy es el día en que sigue sin solucionarse”. Seguidamente, advierte 
la Sentencia: “La inactividad administrativa implica, no en moverse o dar trámites 
inútiles o ineficaces, sino en resolver en tiempo y forma el conflicto planteado”. 
En consecuencia, la Sentencia declara “la inactividad administrativa vulneradora de los 
derechos fundamentales invocados (intimidad y domicilio), la obligación de la 
Administración de adoptar de forma inmediata las actuaciones pertinentes haciendo 
desaparecer (con comprobación oficial) la emisión-inmisión de ruidos por encima del 
RCDA Vol. IV Núm. 2 (2013)   Jurisprudencia ambiental Navarra 
 3 
máximo normativamente admitido en horario nocturno y diurno y con toda la actividad 
en marcha”. En cuanto a la indemnización solicitada, rechaza la relativa a daños físicos 
o psíquicos por falta de prueba y admite una indemnización por daño moral que cifra a 
tanto alzado en 6.000 euros. 
 
3. Condena por delito por envenenamiento de aguiluchos 
En la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 2 de 19 de julio de 2013 se declararon 
probados unos hechos consistentes en la dispersión por el terreno de un coto de caza —
especialmente en los lugares de máxima concentración de aves rapaces— de unos cebos 
impregnados con Fentión (un plaguicida prohibido desde 2004). Dicha acción se realizó 
con la finalidad de evitar bajas en las especies cinegéticas para su posterior caza y 
disfrute por los socios del coto. Durante los meses de febrero y marzo de 2011, agentes 
de la Policía Foral recogieron los cadáveres de nueve aguiluchos laguneros (aves 
rapaces incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas). Los análisis 
practicados evidenciaron que su muerte se había producido como consecuencia de haber 
ingerido comida impregnada de Fentión. 
La Sentencia, dictada con la conformidad de las partes, condena a los imputados 
por un delito contra la fauna del artículo 334 del Código Penal en concurso ideal con el 
artículo 336 a penas de 14 meses de prisión, accesoria de inhabilitación para el ejercicio 
de la caza durante tres años. Asimismo, se impone a los acusados una indemnización al 
Gobierno de Navarra de 5.409 euros y la “adopción de las medidas necesarias para 
restablecer el equilibrio ecológico perturbado, a determinar previo informe por el 
Gobierno de Navarra”, respecto a las aves afectadas por la Sentencia. 
 
4. Relación de sentencias 
4.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) 
— STSJ de Navarra de 18 de octubre de 2013, ponente Merino Zalba: condena de 
responsabilidad patrimonial a un ayuntamiento por no haber solucionado los daños 
derivados de los ruidos procedentes de una carnicería. 
 
J.F. Alenza  RCDA Vol. IV Núm. 2 (2013) 
 4 
4.2. Sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo 
— Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de 18 de septiembre 
de 2013. Sanción en materia de residuos. Anulación por notificación defectuosa. 
 
4.3. Sentencias de los juzgados de lo penal 
— Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 2 de 19 de julio de 2013. Envenenamiento 
de aguiluchos. Condenas por delito contra la protección de la fauna. 
 


JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA

Comentario a las sentencias dictadas en Navarra con contenido ambiental a lo largo de 2014

Academica-e (Univ.  Pública de Navarra)

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 2 (2014): 1 – 7 - Crònica -             JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA  JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA Profesor titular de Derecho Administrativo Universidad Pública de Navarra  J.F. Alenza  RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  2 Sumario: 1. Panorama general. 2. Responsabilidad patrimonial del Gobierno de Navarra por el ruido del tráfico procedente de una carretera. 3. Responsabilidad patrimonial por daños causados por la flora y la fauna. 4. Autorizaciones ambientales. 5. Sentencias penales: absolución por no probar la imprudencia grave y anulación del juicio de primera instancia por no haber dado la palabra a los denunciantes. 6. Relación de sentencias. 6.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Contencioso-Administrativo). 6.2. Sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo. 6.3. Sentencias de los juzgados de lo penal.  1. Panorama general Han sido muchas y muy variadas las sentencias en materia ambiental que se han dictado en Navarra en este período. Las que serán objeto de una atención especial en los siguientes apartados son las siguientes: un supuesto de ruido por tráfico por el que se condena a la Administración foral a adoptar las medidas correctoras pertinentes; dos sentencias sobre responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños producidos por la caída de una rama de un árbol y de un nido de cigüeñas; otras dos sentencias relativas a autorizaciones ambientales; y, finalmente, dos sentencias penales en las que no ha habido condena por delito ecológico. Además, se han pronunciado dos sentencias en materia de caza (STSJ de Navarra de 15 de mayo de 2014 y STSJ de Navarra de 12 de junio de 2014) que ratifican la legalidad de las sanciones impuestas y rechazan los argumentos planteados por los sancionados. Por una parte, se recuerda que en el procedimiento sancionador cinegético en Navarra no es exigible ningún trámite de la propuesta de resolución. Por otra, se recuerda el valor probatorio (presunción de veracidad) de las actas de inspección elaboradas por los guardas forestales.  2. Responsabilidad patrimonial del Gobierno de Navarra por el ruido del tráfico procedente de una carretera Los propietarios de unas viviendas unifamiliares cercanas a la carretera PA 30 o Ronda Norte de Pamplona demandaron por inactividad administrativa al municipio de Berrioplano y al Gobierno de Navarra para que se condenara, solidaria o individualmente, a dichas administraciones a realizar las actuaciones que procedan para que el ruido del tráfico procedente de dicha carretera no afectara a sus derechos RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  Jurisprudencia ambiental Navarra  3 fundamentales a la integridad física y moral y a la intimidad personal y familiar del domicilio. Las mediciones de ruido efectuadas y el resto de las pruebas practicadas llevaron a la STSJ de Navarra de 9 de mayo de 2014 a considerar que se había producido la vulneración de los indicados derechos, pues concurrían los tres requisitos que la jurisprudencia ha venido sentando: una exposición al ruido prolongada, evitable e insoportable al superar los niveles legales establecidos. Las consecuencias de la vulneración llevan a la Sentencia a estimar la petición de los demandantes relativa a la adopción de las medidas necesarias para que cese dicha vulneración, pero se rechaza la petición de indemnización por no haber sido solicitada por los demandantes en ninguno de los momentos previos en los que se dirigieron formalmente a las administraciones demandadas, por lo que no puede entenderse producida inactividad alguna a este respecto. La última cuestión a dilucidar es si las dos administraciones son responsables o solo una de ellas. En este punto, la Sentencia se decide por “distanciarse de las sutilezas jurídicas” y atenerse a “las razones de la lógica” [sic] para considerar que la única Administración responsable es el Gobierno. La razón es que “el origen del problema está en el funcionamiento de una infraestructura viaria de titularidad del Gobierno de Navarra en cuya construcción, mantenimiento y explotación nada tuvieron ni tienen que ver el Concejo de Artica ni el Ayuntamiento de Berrioplano. Es cierto que el primero programó urbanísticamente el suelo colindante con la vía, pero lo hizo con anterioridad habiendo quedado demostrado que, además, que el problema ni siquiera surgió con la construcción sino con posterioridad (años 2003 en adelante) con el incremento del tráfico y, singularmente, con el desdoblamiento de todo su trazado. Así que siendo el Gobierno el titular único de la fuente del problema —en cuya generación no hay concurrencia de causas—, lógico es que sea el único obligado a solucionarlo”.  3. Responsabilidad patrimonial por daños causados por la flora y la fauna La fauna y flora protegidas pueden causar daños de los que debe responder la Administración. Son muy habituales los supuestos de accidentes de automóvil causados por especies silvestres. Pero en este semestre ha habido dos sentencias por los daños J.F. Alenza  RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  4 producidos por la caída de un nido de cigüeñas y por el desprendimiento de una rama de un árbol dentro de un parque natural. La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 20 de junio de 2014 se ocupó del primer asunto. La caída de un nido de cigüeñas que anidaban en la torre de una iglesia parroquial sobre la bóveda de una de las naves produjo el hundimiento de esta, cuyos daños se cuantificaron en más de dos mil euros. Siendo la cigüeña blanca una especie amenazada, resulta de aplicación el artículo 31 de la Ley Foral 2/1993, de Protección de la Fauna Silvestre, que establece el deber del Departamento de Medio Ambiente de indemnizar los daños ocasionados a terceros o sus bienes por las especies amenazadas. La Administración demandada había denegado la reclamación de responsabilidad porque el titular del inmueble dañado conocía desde hacía por lo menos tres años la presencia de los nidos y no había solicitado su retirada (actuación prevista en el artículo 9 de la citada LF 2/1992). Sin embargo, la Sentencia considera que no existe el deber de solicitar la retirada del nido y que la falta de dicha solicitud “no conlleva una eximente de responsabilidad de la Administración que, en todo caso, es la que ha de velar por las especies amenazadas y ha de responder si causan daños”. Añade la Sentencia que “para ello dispone de personal que específicamente puede vigilar la presencia de aves y sus nidificaciones, como son los guardas forestales y demás técnicos de medio ambiente, siendo necesario destacar que la presencia de nidos de estas aves, por sus dimensiones, se aprecian a simple vista”. La Sentencia concluye que “siendo fácilmente constatable para los servicios públicos del Gobierno de Navarra la existencia de nidos de cigüeñas, aun no constando aviso o petición de los particulares afectados, la Administración demandada ha de responder de los daños causados”. La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 30 de junio de 2014 se ocupó de los daños por la caída de una rama de un árbol de un parque natural (Señorío de Bértiz). La Administración trató de eludir su responsabilidad alegando que, aunque le corresponde a ella su gestión, el Parque tiene una superficie de 2.200 ha cubiertas en su mayor parte de arbolado (más de cuatro millones de árboles) y que es el Plan Gestor el que limita las intervenciones en dicho Parque al someter las podas a criterios silvícolas. La Sentencia advierte que el Plan Gestor no impide que se pueda decidir la corta de árboles o ramas peligrosas y que, en cualquier caso, no hay advertencias del posible peligro de caídas de ramas y árboles a los visitantes (solo en RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  Jurisprudencia ambiental Navarra  5 caso de días de fuerte viento el folleto del Parque no recomienda la visita por ese peligro, pero el día del accidente no soplaba viento fuerte en el lugar). En consecuencia, la Sentencia declara la responsabilidad de la Administración gestora del Parque.  4. Autorizaciones ambientales La impugnación de una licencia de actividad clasificada con evaluación de impacto ambiental de una piscifactoría en un LIC fue impugnada tanto por razones formales o procedimentales como por razones de fondo. La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 1 de septiembre de 2014 rechazó todos los motivos de la impugnación. Así, consideró que en la declaración de impacto ambiental no existen las infracciones señaladas por la parte actora (no fue dictada por órgano incompetente ni en procedimiento erróneo, las modificaciones introducidas en el proyecto no tuvieron carácter esencial, y no se obvió la circunstancia de su ubicación en un LIC ya que, precisamente, fue esa ubicación la que determinó la realización de la evaluación de impacto ambiental). Cabe notar, en la línea antiformalista que se aprecia en la jurisprudencia ambiental, que la Sentencia entendió que la inobservancia de algún trámite procedimental (en este caso, no haber remitido la propuesta de DIA al órgano sustantivo y al interesado) no tiene efectos invalidantes si no se acredita que haya producido indefensión (además, en este caso no fue denunciado por los únicos que podían considerarse afectados: el órgano sustantivo y el promotor). La otra resolución que abordó la legalidad de una autorización ambiental fue la STSJ de Navarra de 8 de octubre de 2014. Esta sentencia anuló la autorización de afectaciones ambientales no porque se apreciara en ella vicios de nulidad, sino porque se insertaba en un procedimiento más complejo y más amplio de modificación del trazado de caminos locales. Habiéndose anulado en otro proceso los actos municipales relativos a dicha modificación de los caminos, era consecuencia lógica la anulación de la autorización de afectaciones ambientales que tenía como sustrato y sustento aquellos actos anulados.  5. Sentencias penales: absolución por no probar la imprudencia grave y anulación del juicio de primera instancia por no haber dado la palabra a los denunciantes En la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de 25 de agosto de 2014 se decretó la absolución de un delito de incendio forestal por no haberse probado la imprudencia J.F. Alenza  RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  6 grave que exige el tipo penal. El acusado había prendido fuego a un bidón en el que había acumulado cartones y papeles. Como consecuencia del fuerte viento, el fuego se propagó hasta una masa forestal y se extendió posteriormente en distintas direcciones. Hasta su extinción, fueron calcinados 89.900 metros cuadrados de matorral, hierbas finas y arbolado. El artículo 352 CP exige para este delito de incendio forestal una imprudencia grave que no existió, porque se pudo acreditar que el acusado había llamado al teléfono de emergencias (112) para preguntar si ese día podía quemar en su huerta y que había recibido una respuesta positiva. Con independencia de que el 112 carece de competencia para autorizar el uso del fuego, la Sentencia considera que el hecho de haber llamado para recabar información conlleva que no pueda apreciarse una infracción de normas básicas de prudencia en el acusado y mucho menos una imprudencia grave. La otra sentencia penal de este período es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 1.ª) de 23 de junio de 2014. En ella se estimó el recurso de apelación y se revocaron la sentencia de instancia y el acto del juicio. La razón fue que no se había dado la palabra en el juicio a los denunciantes, lo cual era absolutamente necesario tratándose de un delito de desobediencia a la autoridad. La Sentencia establece que la infracción de esa norma procesal determina que el acto del juicio y la posterior sentencia sean nulos de pleno derecho, y ordena que se proceda a señalar un nuevo acto de juicio en el que se dé la palabra a denunciantes y denunciado para llevar a cabo las alegaciones que consideren convenientes.  6. Relación de sentencias 6.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Contencioso-Administrativo) STSJ de Navarra de 9 de mayo de 2014, ponente Rubio Pérez: vulneración de derechos fundamentales por el ruido provocado por el tráfico de una carretera. Inactividad municipal y del Gobierno de Navarra. Responsabilidad de la Administración foral sobre la adopción de medidas, pero no se impone indemnización porque no se pidió en vía administrativa. RCDA Vol. V Núm. 2 (2014)  Jurisprudencia ambiental Navarra  7 STSJ de Navarra de 15 de mayo de 2014, ponente Rubio Pérez: procedimiento sancionador en materia de caza. Inexigibilidad de propuesta de resolución y presunción de veracidad de las actas de inspección elaboradas por los guardas forestales. STSJ de Navarra de 12 de junio de 2014, ponente Pueyo Calleja: procedimiento sancionador en materia de caza. Inexigibilidad de propuesta de resolución y valor probatorio de las actas de inspección elaboradas por los guardas forestales. Responsabilidad del titular del coto de caza por hechos propios. STSJ de Navarra de 8 de octubre de 2014, ponente Pueyo Calleja: anulación de autorización de afectaciones ambientales por tratarse de un acto inserto en un procedimiento complejo más amplio que ha sido anulado.  6.2. Sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 20 de junio de 2014: responsabilidad patrimonial del Gobierno de Navarra por los daños producidos por la caída de un nido de cigüeñas. Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 30 de junio de 2014: responsabilidad patrimonial del Gobierno de Navarra por los daños producidos por la caída de una rama de un árbol de un parque natural. Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 1 de septiembre de 2014: licencia de actividad clasificada con evaluación de impacto ambiental de una piscifactoría. Se rechazan los motivos de invalidez invocados por el recurrente.  6.3. Sentencias de los juzgados de lo penal Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de 25 de agosto de 2014. Absolución del delito de incendio forestal por no haberse probado la imprudencia grave que exige el tipo penal. Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 1.ª) de 23 de junio de 2014. Estimación del recurso de apelación y revocación de la sentencia de instancia y del acto del juicio celebrado por desobediencia a la autoridad por no haber dado la palabra en dicho juicio a los denunciantes. 

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REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VII Núm. 1 (2016): 1 – 6 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA 
 
JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA 
Profesor titular de Derecho Administrativo 
Universidad Pública de Navarra 
 
J.F. Alenza García  RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016) 
 1 
Sumario: 1. Introducción. 2. Autorización ambiental integrada de instalaciones existentes: si incluye 
actividades no incluidas en la licencia ambiental previa, requiere una tramitación completa de la 
autorización, con evaluación de impacto ambiental incluida. 3. Imposibilidad de denegar una licencia de 
actividad por aspectos contemplados en una declaración de impacto ambiental positiva. 4. La 
modificación de oficio de una autorización ambiental integrada requiere una motivación fundada, sin que 
sea suficiente invocar la existencia de una nueva normativa. 5. Relación de sentencias comentadas. 
 
 
1. Introducción 
En el período examinado se han dictado en Navarra cinco sentencias con contenido 
ambiental. Tres de ellas se refieren a autorizaciones ambientales integradas y son las 
que mayor interés jurídico presentan. A las otras dos sentencias, por su menor interés, 
les dedicaré a continuación un breve comentario. 
La primera de ellas trata de la impugnación de la Orden Foral 19/2014 por la 
Asociación Española de Black Bass. El recurso se basa en que dicha Orden Foral 
infringe el Real Decreto 630/2013 porque establece la obligación del pescador deportivo 
de no devolver a las aguas y sacrificar los ejemplares de perca americana o black bass, 
que la norma estatal no impone hasta que no se lleve a cabo la cartografía de las zonas 
de distribución en las que habitaba antes del 2007. La STSJ de Navarra de 9 de 
diciembre de 2015, tras analizar la competencia básica estatal en materia ambiental y su 
posible incidencia sobre las competencias sectoriales autonómicas de carácter exclusivo 
(como es la pesca fluvial), concluye que en el ámbito de estas competencias Navarra 
“puede imponer el sacrificio de especies incluidas en el catálogo [de la norma estatal] 
como especies invasoras, sin que ello incida en la legislación básica del Estado sobre 
medio ambiente, al permitir niveles de protección más amplios” (FJ 2.º). 
La otra sentencia se ocupa de la impugnación de una sanción en materia de caza. La 
STSJ de Navarra de 4 de marzo de 2016 rechaza, en primer lugar, que se hubiera 
producido indefensión o vulneración de la presunción de inocencia. Aunque el 
expediente tenga su origen en una denuncia a partir de un vídeo (que no se ha probado 
manipulado), luego se tramitó un procedimiento sancionador con todas las garantías y 
en el que se han podido presentar todo tipo de alegaciones y practicar las pruebas 
propuestas por el sancionado. Tampoco hay vulneración del principio de tipicidad 
porque, habiendo sido probado que el arma no era un rifle de madera sino un rifle 
semiautomático y provisto de cargador y de silenciador, la acción de cazar no exige ni 
haber dado muerte a un animal ni haber usado el arma, siendo suficiente haberla portado 
de manera ilícita. 
RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016)  Jurisprudencia ambiental en Navarra 
 2 
2. Autorización ambiental integrada de instalaciones existentes: si incluye 
actividades no incluidas en la licencia ambiental previa, requiere una tramitación 
completa de la autorización, con evaluación de impacto ambiental incluida 
Unos vecinos impugnaron la concesión de una autorización ambiental integrada para 
una instalación de fabricación de tubos de acero soldado invocando distintos motivos. 
La STSJ de Navarra de 29 de octubre de 2015, tras analizar la finalidad de la 
autorización ambiental integrada y advertir de su “carácter reglado y no discrecional”, 
analiza los distintos motivos del recurso: 
— Ausencia de evaluación de impacto ambiental. La Sentencia recuerda que las 
instalaciones existentes que cuenten con licencia de actividad en el momento de la 
entrada en vigor de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la 
protección ambiental no necesitan someterse a evaluación de impacto ambiental. Ahora 
bien, la autorización ambiental concedida incluye algunos dispositivos (dos cubas con 
aceite reactivo de 26 m3 de producto cada una) que no contaban con autorización 
ambiental previa, por lo que no pueden considerarse incluidos en el concepto de 
“instalación existente” y debiera haberse tramitado una “modificación sustancial” de la 
actividad con la correspondiente evaluación de impacto ambiental. Por ello, la Sentencia 
concluye que “siendo la evaluación de impacto ambiental un trámite esencial en la 
tramitación de la autorización ambiental integrada, dada la existencia de los dos 
depósitos, que no contaban con autorización previa, la falta de tal evaluación determina 
la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida” (FJ 4.º). 
— Se rechaza que le fuera aplicable la normativa de actividades con riesgos inherentes a 
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas porque no se superan 
los umbrales de aplicación establecidos en esta (FJ 5.º). 
— Se admite y no se considera ilegal el establecimiento de unos niveles de ruido que, 
siendo superiores a los valores límite de emisión, se fijan como un objetivo que deberá 
ser alcanzado progresivamente (FJ 6.º). 
— Se rechaza la vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos derivada de la contaminación acústica porque ello exige la ilegalidad de la 
actuación administrativa —además de una contaminación acústica grave, irrazonable y 
desproporcionada—, lo que en este caso no se ha producido al haberse impuesto 
J.F. Alenza García  RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016) 
 3 
“medidas para la reducción del ruido que se ajustan a los valores límites de inmisión de 
ruidos fijados reglamentariamente” (FJ 7.º). 
3. Imposibilidad de denegar una licencia de actividad por aspectos contemplados 
en una declaración de impacto ambiental positiva 
Dos entidades locales (un ayuntamiento y un concejo) impugnaron la sentencia del 
juzgado que había anulado la resolución denegatoria de licencia y había condenado al 
Ayuntamiento del Valle de Yerri a conceder la licencia de actividad clasificada para la 
ampliación de una cantera. Son varios los puntos de interés de la STSJ de Navarra de 12 
de noviembre de 2015 que resolvió el recurso. 
Se recuerda el carácter reglado de las licencias ambientales y que los ámbitos 
reservados al control de la Administración municipal son el urbanístico y el de las 
ordenanzas municipales. En el caso concreto no se aprecian razones urbanísticas para la 
denegación de la licencia, porque en el expediente existe un informe urbanístico 
favorable. La denegación de la licencia atendía a las molestias causadas a unas  
viviendas cercanas por la frecuencia e intensidad de las voladuras en la cantera, así 
como por la carga y el transporte de la piedra mediante camiones de gran tonelaje. Pero 
esas circunstancias, advierte la Sentencia, fueron ya analizadas en la evaluación de 
impacto ambiental que concluyó con una declaración de impacto ambiental (DIA) 
favorable. Y entiende la Sentencia que “no es conforme al ordenamiento jurídico que el 
Ayuntamiento deniegue la licencia de actividad por aspectos que han sido evaluados en 
el estudio de impacto ambiental y aprobados en la DIA favorable”. 
Señala también que los principios de prevención, precaución y cautela deben ser 
aplicados por todas las administraciones públicas, “pero no puede justificar que el 
Ayuntamiento de Yerri pueda denegar la licencia de actividad clasificada basándose en 
aspectos que exceden de su competencia urbanística y de aplicación de las ordenanzas 
municipales y que son propios de la evaluación de impacto ambiental”. 
De manera expresa, la Sentencia rechaza la alegación de las apelantes sobre la no 
vinculación de la DIA al Ayuntamiento porque ello implicaría anular la competencias 
municipales sobre la licencia de actividad clasificada. La Sentencia insiste en que “la 
ley foral no establece la posibilidad de que el Ayuntamiento discrecionalmente pueda 
denegar la licencia de actividad cuando se han emitido todas las demás autorizaciones 
previstas legalmente y no existen razones urbanísticas ni basadas en las Ordenanzas 
RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016)  Jurisprudencia ambiental en Navarra 
 4 
municipales para denegar la misma, realizando un juicio de valor sobre los riesgos son 
oportunos y/o aceptables. Todas las circunstancias para el desarrollo de la actividad han 
sido valoradas desde distintos puntos de vista tanto por la propia Administración 
municipal desde un punto de vista urbanístico y de las Ordenanzas municipales, como 
por la Administración autonómica en cuanto a las voladuras controladas, las distancias 
de la explotación a las zonas habitadas, el tránsito de camiones y todas las demás 
circunstancias del desarrollo de la actividad” (FJ 4.º). Por lo tanto, el Ayuntamiento no 
puede separarse de la DIA en los aspectos ya examinados en ella. 
 
4. La modificación de oficio de una autorización ambiental integrada requiere una 
motivación fundada, sin que sea suficiente invocar la existencia de una nueva 
normativa 
A una instalación existente con más de cuarenta años de funcionamiento se le 
modificaron de oficio los valores límite en materia de ruidos incluidos en la 
autorización ambiental integrada. Impugnada dicha modificación, la STSJ de Navarra 
de 17 de marzo de 2016 se enfrenta a dos motivos fundamentales de oposición. 
En primer lugar, la caducidad del expediente de modificación por haber transcurrido 
más de seis meses desde su iniciación. La Sentencia desestima este motivo porque la 
fecha de inicio que debe fijarse es la del inicio del procedimiento de modificación de 
oficio, que es cuando se dicta el acuerdo del departamento con la propuesta de 
resolución de la modificación, del que se da traslado al titular de la autorización para 
que presente las alegaciones que estime oportunas. Las actuaciones previas de la 
Administración (entre las que se encuentran varios requerimientos a la recurrente para 
que aporte información) se dirigen, precisamente, a adoptar el acuerdo en el que se 
concreten las causas de la modificación y las condiciones que se pretenden modificar, 
así como el plazo para su implementación, por lo que no pueden ser consideradas para 
determinar el momento de iniciación del procedimiento de modificación. 
En cuanto a la motivación, la Sentencia advierte que el motivo que ofrece la resolución 
para modificar la autorización ambiental integrada es la entrada en vigor de nuevas 
normas ambientales. Pues bien, la Sentencia considera que “asiste razón a la actora 
cuando afirma que la modificación adolece de motivación, desconociéndose por qué la 
nueva normativa exige estos nuevos niveles de ruido y su aplicación al caso concreto, 
J.F. Alenza García  RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016) 
 5 
teniendo en cuenta que estamos ante una industria ya existente, y que el Gobierno de 
Navarra aprobó la delimitación inicial de las áreas acústicas integradas en el ámbito 
territorial de los Mapas Estratégicos de Ruido de Navarra (por Resolución de 3 de 
septiembre de 2010) en donde se establece unos niveles diferentes para las áreas 
urbanizadas ya existentes y para las nuevas. Es más, ya en la resolución de 10 de febrero 
de 2012 se modificó de oficio la AAI en el extremo relativo a la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, sin 
afectar al resto de la declaración de AAI, y por tanto, a la cuestión relativa a la emisión 
de ruidos, pese a que la normativa que ahora se aplica ya estaba vigente”. 
En consecuencia, la Sentencia considera que “la modificación operada carece de 
suficiente explicación al desconocer por qué se exige ahora estos valores límites de 
emisión de ruido. Es más, la propia demandada reconoce que no se exigió antes porque 
existían dudas sobre la aplicación del Real Decreto, pero que dichas dudas ya se han 
resuelto, explicación que obviamente no puede calificarse como motivación adecuada y 
suficiente”. 
 
5. Relación de sentencias comentadas 
— STSJ de Navarra de 29 de octubre de 2015, ponente Reyes Martínez: la autorización 
ambiental integrada de instalaciones existentes no requiere evaluación de impacto 
ambiental, salvo que incluya actividades no previstas en la licencia ambiental previa, en 
cuyo caso requiere una tramitación completa de la autorización, con evaluación de 
impacto ambiental incluida. Posibilidad de fijación de objetivos de niveles de ruido de 
alcance progresivo. 
— STSJ de Navarra de 12 de noviembre de 2015, ponente Reyes Martínez: 
imposibilidad de denegar una licencia de actividad por aspectos contemplados en una 
DIA positiva. Carácter reglado de las licencias de actividad y vinculación a la DIA 
(ampliación de cantera). 
— STSJ de Navarra de 9 de diciembre de 2015, ponente Martín Olivera: normativa 
foral de pesca que impone el sacrificio de especies invasoras (black bass), no infringe 
normativa básica estatal sobre medio ambiente al establecer niveles de protección más 
altos. 
RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016)  Jurisprudencia ambiental en Navarra 
 6 
— STSJ de Navarra de 4 de marzo de 2016: sanción en materia de caza. Se rechaza que 
hubiera indefensión o vulneración de la presunción de inocencia. Tampoco hay 
vulneración del principio de tipicidad porque la acción de cazar no exige haber usado el 
arma, siendo suficiente portarla. 
— STSJ de Navarra de 17 de marzo de 2016: modificación de oficio de autorización 
ambiental integrada. No hay caducidad del expediente porque este comienza cuando se 
dicta un acuerdo al respecto y no cuando se realizan actuaciones previas. Falta de 
motivación suficiente: no basta con invocar la aprobación de una nueva normativa, sino 
que debe concretarse por qué son exigibles los nuevos niveles de ruido, sobre todo 
teniendo en cuenta que en la anterior modificación de la autorización ambiental 
integrada ya estaba en vigor la norma invocada, sin que se hubieran modificado 
entonces los niveles de ruido permitidos. 
 


REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VI Núm. 2 (2015): 1 – 7 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA 
 
JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA 
Profesor titular de Derecho Administrativo 
Universidad Pública de Navarra 
 
J.F. Alenza  RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015) 
 1 
Sumario: 1. Introducción. 2. Modificación de una autorización ambiental integrada para permitir la 
valorización energética de biomasa en una instalación de fabricación de cemento. 3. Imposibilidad de 
autorizar una explotación minera en un monte de utilidad pública integrado en una zona de especial 
conservación. 4. Relación de sentencias comentadas. 
 
1. Introducción 
En el último semestre se han dictado en Navarra cuatro sentencias con contenido 
ambiental. Dos de ellas revisten gran interés por tratarse de actividades industriales de 
importancia (una explotación minera y una fábrica de cementos) y que llevan años 
envueltas en cierta polémica. Curiosamente, la actividad que ha resultado prohibida 
contaba con el apoyo municipal, mientras que en el otro supuesto es el propio municipio 
el que rechaza la actividad industrial y ha visto desestimada —una vez más— su 
oposición en los tribunales de justicia. 
A estas dos resoluciones judiciales les dedicaré una atención especial, mientras que a las 
otras dos sentencias, por su menor interés, les dedico a continuación un breve 
comentario. 
La STSJ de Navarra de 7 de enero de 2015 reproduce prácticamente la doctrina 
establecida en una sentencia anterior (STSJ de 12 de mayo de 2014) sobre la validez de 
una ordenanza municipal sobre instalaciones e infraestructuras de telefonía móvil, 
similar a la impugnada. En primer lugar, la Sentencia rechaza la incompetencia 
municipal para la aprobación de la Ordenanza. Recordando la jurisprudencia existente 
(entre otras, la STSJ de Navarra de 24 de enero de 2000), la Sentencia afirma que no se 
vulneran las competencias estatales en materia de telecomunicaciones cuando se 
aprueban ordenanzas que tienen por finalidad el establecimiento de condiciones 
urbanísticas y ambientales, materias estas que pertenecen al ámbito propio de actuación 
de los municipios. A continuación analiza cada uno de los preceptos impugnados de la 
Ordenanza —en cuyo detalle no puedo entrar en esta crónica— para concluir con una 
estimación parcial del recurso y la anulación de diversos preceptos de la disposición 
general impugnada. 
Por su parte, la STSJ de Navarra de 4 de febrero de 2015 se ocupó de las sanciones 
impuestas a una instalación industrial por dos infracciones: una muy grave (instalación 
de una segunda línea electrolítica sin haber tramitado la modificación sustancial de la 
autorización ambiental integrada) y una grave (incumplimiento grave de las condiciones 
ambientales de la autorización ambiental integrada: rebasar los valores límite de 
RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015)  Jurisprudencia ambiental en Navarra 
 2 
emisión y falta de control de los vertidos). La Sentencia carece de interés porque, como 
ella misma indica, la demanda trata de minimizar los incumplimientos, “pero en 
realidad no se niegan en cuanto hechos probados, ni se discute su calificación jurídica, 
ni la proporcionalidad de las sanciones que por ellos se imponen”. Por lo tanto, la 
Sentencia considera ajustada a derecho la resolución impugnada “en cuanto se funda en 
hechos directamente constatados por funcionarios públicos y correctamente calificados 
en lo jurídico”. 
 
2. Modificación de una autorización ambiental integrada para permitir la 
valorización energética de biomasa en una instalación de fabricación de cemento 
Una importante fábrica de cemento ha ido generando diversas resoluciones judiciales 
como consecuencia de impugnaciones varias contra las autorizaciones o licencias 
recibidas en los últimos años. Como instalación existente a efectos de la LPCIC, obtuvo 
hace años el otorgamiento de la autorización ambiental integrada que dio lugar a un 
estudio pormenorizado de su adecuación a la legalidad ambiental (STSJ de 12 de marzo 
de 2010, confirmada por STS de 4 de noviembre de 2013). Ahora vuelve a la actualidad 
judicial tras haberse impugnado la modificación de la autorización ambiental integrada 
solicitada para poder sustituir parte de su combustible habitual por ciertos residuos 
vegetales y proceder, con ello, a la valorización energética de biomasa en el proceso de 
la fabricación de cemento. 
La Sentencia comienza llamando la atención, en varias ocasiones, al demandante por un 
escrito de demanda que plantea sus argumentos “de forma desordenada y farragosa” y 
que “con escaso acierto en el desarrollo formal de los motivos invocados y en la 
ordenación sistemática empleada, nos permite percibir que se pretende ahora reproducir 
el mismo debate” del proceso concluido en el Tribunal Supremo. Termina el 
fundamento segundo de la Sentencia recriminando al demandante por un escrito de 
demanda “extenso y abigarrado” que conduce a un “planteamiento impreciso”, lo que 
dificulta cumplir con las exigencias de claridad y congruencia que se espera de las 
sentencias y sobre todo que el juez entienda lo que el demandante ha querido decir, y “si 
el juez no entiende lo que se le plantea, lo alegado se considerará directamente 
inatendible”. 
J.F. Alenza  RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015) 
 3 
Con todo, la Sentencia resulta bastante extensa, por lo que me limitaré a señalar las 
cuestiones jurídicas más relevantes: 
a) La modificación de la instalación solicitada no es sustancial, por lo que no requiere 
una nueva autorización ambiental integrada. A la vista de los informes técnicos, se 
concluye que lo único que cambia respecto a lo autorizado inicialmente es que se 
permite el uso de biomasa como combustible en sustitución parcial del coque de 
petróleo. No se trata de un nuevo proceso industrial, sino de un simple cambio de 
combustible que solo precisa unas instalaciones de almacenamiento y preparación 
mecánica, siendo la contaminación producida menor porque se reduce la emisión de 
CO2. 
b) El informe de compatibilidad urbanística debe ceñirse a los aspectos estrictamente 
urbanísticos. En el expediente de la autorización ambiental integrada se emitieron dos 
informes de compatibilidad urbanística. El primero favorable y el segundo desfavorable. 
Sin embargo, el segundo se basaba en razones de naturaleza ambiental y urbanística y 
no se concreta la norma o normas del planeamiento urbanístico que resultan vulneradas. 
También se rechaza que sea aplicable en Navarra el régimen de distancias mínimas 
entre establecimientos fabriles y núcleos de población fijado por el RAMINP y 
reproducido por la Ordenanza de actividades clasificadas. 
c) Los residuos vegetales (madera y corcho) cuya incineración se autoriza ni son 
peligrosos ni es aplicable la normativa de incineración de residuos que excluye de su 
ámbito de aplicación este tipo de residuos. La modificación de la autorización ambiental 
integrada incluye la autorización para la gestión de dichos residuos y ello es suficiente 
para proceder a su valorización. 
d) La autorización de la valorización energética de residuos no vulnera el Plan Integrado 
de Gestión de Residuos. El hecho de que no se contemple en el citado plan la 
incineración de este tipo de residuos no significa que resulte vulnerado por su naturaleza 
planificadora, sobre todo teniendo en cuenta que el Plan Energético de Navarra integra 
como uno de sus objetivos el impulso del aprovechamiento de la biomasa. 
 
 
 
RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015)  Jurisprudencia ambiental en Navarra 
 4 
3. Imposibilidad de autorizar una explotación minera en un monte de utilidad 
pública integrado en una zona de especial conservación 
La STSJ de Navarra de 8 de octubre de 2015 se ha ocupado de la impugnación contra la 
declaración de impacto ambiental (DIA) y contra el Acuerdo del Gobierno de Navarra 
por el que se aprueba el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para la 
implantación y puesta en explotación de una cantera de magnesitas en un monte de 
utilidad pública integrado en una zona de especial conservación. 
Se trata de un extenso y complejo litigio en el que se acumularon dos recursos de 
distintos demandantes, en el que se personaron diversos codemandados (distintas 
entidades locales que comparecieron junto al Gobierno de Navarra y a la empresa 
afectada) y en el que se esgrimieron numerosos motivos de impugnación, algunos de los 
cuales fueron desestimados y otros, estimados. 
Trataré de sintetizar los aspectos jurídicos que, en mi opinión, son más relevantes, 
comenzando por los argumentos que no fueron estimados por la Sentencia: 
— No constituye una causa de recusación en el procedimiento de aprobación del PSIS 
el hecho de que las autoridades y los funcionarios del Gobierno de Navarra firmaran un 
convenio de cooperación para la implantación de la cantera, puesto que “es 
perfectamente compatible y hasta propio de la acción de gobierno que la Administración 
coordine con los promotores los proyectos de interés general”. 
— No es exigible al estudio de alternativas de la EIA que el ámbito territorial de 
emplazamiento de estas sea ilimitado. 
— No era necesaria la evaluación de impacto ambiental de la cantera y de la actividad 
de fabricación de magnesita porque la vinculación e interdependencia técnica y material 
entre ellas “no comporta ninguna conexión medioambiental dado que son distintos y 
distantes el emplazamiento de una y otra”. 
A continuación expondré, también resumidamente, los motivos de estimación de los 
recursos: 
a) Afectación del proyecto a la integridad de la zona de especial conservación. La 
Sentencia expone las previsiones de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, y de la normativa española de 
transposición, señalando la necesidad de someter los proyectos que puedan afectar de 
J.F. Alenza  RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015) 
 5 
forma apreciable a los espacios protegidos a una evaluación de sus repercusiones, de 
manera que solo se podrán autorizar o aprobar cuando se pueda asegurar que no se 
causará perjuicio a la integridad de lugar. 
La Sentencia, tras analizar cuatro informes técnicos de la propia Administración 
actuante y los informes periciales aportados por las demandantes, concluye que la DIA 
(con incomprensible preterición de los informes contrarios que obraban en el expediente 
y apoyándose en otro informe de escasa fundamentación y contenido técnico) no debió 
formularse en sentido favorable porque el proyecto afecta a la integridad de la zona. 
Especialmente importante es la explicación que da la Sentencia sobre la afectación a la 
integridad de la ZEC, siendo minúsculo el espacio directamente afectado por la cantera. 
Dice así la Sentencia: “[…] no olvidamos la circunstancia de ser el espacio directamente 
afectado por el impacto ambiental verdaderamente mínimo respecto del ocupado por la 
ZEC: se ocupa el 0,25% (el hueco minero el 0,18%) de la zona, hecho que, según 
entendemos, debe pesar a la hora de ponderar la proporcionalidad entre los intereses en 
juego: ecológicos y económicos, ponderación admitida jurisprudencial e incluso 
normativamente. Sobre esto último poco es lo que esta Sala puede decir: para nosotros 
la ponderación viene dada ex lege de forma que el interés que debe prevalecer es el que 
resulte de aplicar la legalidad vigente que ya ha tenido en cuenta dicho conflicto. Lo 
relevante es que la afección lo sea a la integridad de la ZEC que se compone de toda su 
superficie, por lo que sea cual sea la parte de ella directamente afectada la afección es 
de toda ella. Es —si se nos permite el símil— como un cuerpo vivo en el que la 
afección de una parte afecta al todo”. 
b) Afectación del proyecto a hábitats de interés comunitario y sobre la fauna protegida. 
En los dos fundamentos siguientes se reitera que la DIA no debió ser positiva por 
afectar negativamente el proyecto no solo a la integridad de la ZEC, sino también al 
hábitat protegido como elemento integrante de esta, así como a la fauna protegida. 
c) Ilegalidad de la declaración de compatibilidad de la utilidad de la cantera con la del 
monte de utilidad pública. La legislación forestal exige que, cuando se tramite un plan o 
proyecto de utilidad pública o interés general que pueda afectar a un monte o terreno 
forestal incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, se realice la previa 
declaración de compatibilidad entre ambas o la prevalencia de una de ellas sobre la otra. 
La Sentencia considera que el acuerdo impugnado no es arbitrario porque está fundado 
RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015)  Jurisprudencia ambiental en Navarra 
 6 
en derecho, pero es contrario a derecho porque la motivación se limita a la invocación 
de un informe que encuentra su único fundamento en la DIA considerada ilegal por la 
Sentencia. Además, se cita otro informe anterior que sostenía la prevalencia del interés 
público del monte sobre el de la concesión minera y excluía la compatibilidad, sin que 
entre este informe y la DIA mediara ninguna otra actuación al respecto. 
d) Vulneración de los usos prohibidos en el suelo no urbanizable de protección. El 
planeamiento urbanístico calificaba los terrenos de la cantera como suelo no urbanizable 
forestal. La Sentencia estima que es de aplicación directa la LFOTU a efectos de la 
consideración de esos terrenos como suelo no urbanizable de protección, dado que es la 
consecuencia que se deriva “de una ley que se antepone a la voluntad del planificador 
que no puede ni contradecirla ni ignorarla por lo que el plan municipal del Valle de 
Erro, con o sin homologación, en ningún caso puede prevalecer frente a la ley”. Por 
consiguiente, concluye la Sentencia, “si la ley foral es aplicable y el suelo debe 
considerarse no urbanizable de protección, la actividad extractiva no resulta autorizable 
en aplicación del artículo 113”. 
e) Vulneración de la legislación de aguas por aprobación del PSIS sin el previo informe 
favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La Sentencia afirma que el 
informe era preceptivo para la aprobación del Plan, sin perjuicio de que la posterior 
ejecución de las actividades previstas requiera también las correspondientes 
autorizaciones de la CHE. Y, además, subraya que la exigencia del informe “se 
establece con carácter previo y preceptivo, lo que comporta la necesidad de que la 
Administración competente valore el informe antes de la decisión final sobre el plan o 
actuación que lo requiera, no después o, en el caso, nunca”. 
 
4. Relación de sentencias comentadas 
— STSJ de Navarra de 7 de enero de 2015, ponente Galve Sauras: competencia 
municipal para la aprobación de una ordenanza sobre instalaciones e infraestructuras de 
telefonía móvil y anulación de algunos preceptos. 
— STSJ de Navarra de 4 de febrero de 2015, ponente Rubio Pérez: validez de las 
sanciones impuestas por la modificación sustancial de una instalación industrial sin 
autorización y por el incumplimiento grave de las condiciones ambientales. 
J.F. Alenza  RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015) 
 7 
— STSJ de Navarra de 27 de mayo de 2015, ponente Azcona Labiano: validez de la 
modificación de una autorización ambiental integrada para permitir la valorización 
energética de biomasa en una instalación de fabricación de cemento. 
— STSJ de Navarra de 8 de octubre de 2015, ponente Rubio Pérez: nulidad de la DIA y 
del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal que permiten la implantación y puesta 
en explotación de una cantera en un monte de utilidad pública integrado en una zona de 
especial conservación. 


REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 1 (2014): 1 – 4 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA 
 
JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA 
Profesor titular de Derecho Administrativo 
Universidad Pública de Navarra 
 
J.F. Alenza  RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) 
- 2 - 
Sumario: 1. Introducción. 2. De nuevo sobre la autorización ambiental integrada de una central térmica. 
3. Legalidad de autorización que permite vertidos de agua a colector por encima de los límites máximos 
establecidos en la legislación. 4. Discrecionalidad en el otorgamiento de subvenciones ambientales. 5. 
Relación de sentencias comentadas. 
 
1. Introducción 
En este último semestre se han dictado en Navarra tan solo cuatro sentencias con 
contenido ambiental. Al tan escaso número debe añadirse su falta de interés jurídico. 
Dos de ellas vuelven a pronunciarse sobre la legalidad de una central térmica y se 
limitan a reproducir resoluciones anteriores. Otra trata de unas subvenciones 
ambientales, y la otra permite el establecimiento de valores límite de vertido por encima 
de los establecidos legalmente. 
 
2. De nuevo sobre la autorización ambiental integrada de una central térmica 
Dos sentencias dictadas con menos de tres semanas de diferencia (SSTSJ de Navarra de 
10 de febrero y de 28 febrero de 2014) y por el mismo ponente se ocuparon de la 
legalidad de las autorizaciones ambientales otorgadas a una central térmica. En un caso 
se anula la autorización y en el otro se confirma su validez. Se trata de uno de esos 
asuntos que se resisten a desaparecer de escena y que una y otra vez reviven y causan 
situaciones aparentemente tan paradójicas o contradictorias como la presente. 
En la Sentencia de 10 de febrero se trataba de la autorización ambiental integrada de 
2005. Un asunto sobre el que ya existían diferentes sentencias del propio TSJ y del TS 
que llevaron a su nulidad por no respetar la distancia de 2.000 metros al núcleo de 
población. Esta sentencia reproduce los argumentos de las anteriores sentencias para 
concluir con la anulación de la autorización. 
La Sentencia de 28 de febrero se ocupaba de la impugnación de la autorización otorgada 
en 2011 (por lo tanto, tramitada tras la anulación de la anterior y con arreglo a una 
normativa diferente), sobre la que existen también resoluciones anteriores del propio 
TSJ. Para mantener la unidad de doctrina, se reproducen los argumentos utilizados en 
ellas, para concluir que el régimen de distancias establecido por el RAMINP ya no es 
aplicable en Navarra y, en consecuencia, desestimar el recurso y confirmar la validez de 
la autorización ambiental integrada concedida. 
RCDA Vol. V Núm. 1 (2014)  Jurisprudencia ambiental en Navarra 
- 3 - 
3. Legalidad de autorización que permite vertidos de aguas a colector por encima 
de los límites máximos establecidos en la legislación 
Una fábrica de cartón obtuvo una autorización ambiental integrada que incluía unos 
valores límite de vertido de fenoles que, tras la presentación de un estudio de viabilidad 
técnico-económica de las alternativas existentes, fueron modificados de oficio por la 
Administración foral para establecer unos valores límite superiores. El Ayuntamiento en 
cuyo término municipal se encuentra ubicada la instalación industrial recurrió dicha 
modificación de la autorización por entender que se vulneraba la normativa foral y 
europea en lo relativo a los límites máximos de los vertidos y a la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles. 
La STSJ de Navarra de 7 de febrero de 2013 desestima el recurso y considera ajustada a 
derecho la resolución recurrida. Da por bueno el informe técnico del Gobierno de 
Navarra que avala los límites de vertido establecidos al considerar que el tratamiento 
previsto para la eliminación de los fenoles es el adecuado y entender que se han 
aplicado las mejores técnicas disponibles. Pero lo que la Sentencia no aclara es por qué 
es posible autorizar límites superiores a los establecidos por la legislación. 
Reproduce un precepto de la normativa foral que permite “imponer limitaciones más 
estrictas en aplicación de la normativa vigente”. Y añade que la parte actora interpreta 
este artículo “en el sentido de que el posible cambio de los valores límite específicos 
sólo es posible a la baja, y nunca incrementándolos, como ha sucedido en este caso”. La 
Sentencia no llega a afirmar expresamente que es posible incrementarlos. Pero de su 
resolución cabe concluir que así lo ha entendido el Tribunal. Al parecer basta con que 
un informe técnico considere asumibles niveles de vertido por encima de los 
establecidos normativamente para que el TSJ considere lícita esa “inderogabilidad 
singular” de los valores límite de vertidos. 
 
4. Discrecionalidad en el otorgamiento de subvenciones ambientales 
La STSJ de Navarra de 26 de febrero de 2014 se ocupó de un asunto que, aunque no es 
estrictamente ambiental, se produjo en relación con una convocatoria de ayudas con 
contenido ambiental. El interés general del asunto radica en la afirmación que hace la 
Sentencia sobre el importante margen de discrecionalidad del que goza la 
J.F. Alenza  RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) 
- 4 - 
Administración para apreciar la concurrencia de los requisitos establecidos en la 
convocatoria de las subvenciones. 
Se trataba de unas ayudas para empresas forestales e industrias de productos silvícolas. 
Entre los conceptos subvencionables se incluían los vehículos especializados para el 
transporte de madera. Sin embargo, a la empresa recurrente se le denegó la ayuda 
porque el camión que adquirió (y que utilizó para el transporte de madera) no fue 
considerado como un vehículo especializado y específicamente destinado a la saca de 
madera. La Sentencia considera que en las bases de la convocatoria se establece como 
regla general que no es subvencionable la compra de vehículos, por lo que la excepción 
a dicha regla —la inversión en vehículos especializados— ha de ser objeto de 
interpretación restrictiva. Pues bien, a pesar de que no se define el concepto de vehículo 
especializado, la Sentencia subraya que, al apreciar si concurren los requisitos de la 
convocatoria, la Administración tiene un margen de discrecionalidad que, en el caso 
concreto del vehículo, no se ha utilizado arbitrariamente ya que ha seguido los informes 
técnicos que negaban el carácter especializado del vehículo. 
 
5. Relación de sentencias comentadas 
— STSJ de Navarra, de 7 de febrero de 2013, ponente J. Galve Sauras. Aplicación de 
las mejores técnicas disponibles a autorización de vertidos que impone límites inferiores 
a los establecidos normativamente. 
— STSJ de Navarra, de 10 de febrero de 2014, ponente F. J. Pueyo Calleja. 
Autorización ambiental integrada de central térmica: anulación. 
— STSJ de Navarra, de 26 de febrero de 2014, ponente M.ª J. Azcona Labiano. 
Discrecionalidad en la concesión de subvención para vehículo destinado a la saca de 
madera. 
— STSJ de Navarra, de 28 de febrero de 2014, ponente F. J. Pueyo Calleja. 
Autorización ambiental integrada de central térmica: confirma su validez. 
 


Comentario a las sentencias dictadas en Navarra con contenido ambiental en el primer semestre de 2015

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VI Núm. 2 (2015): 1 – 7 -Crònica-             JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA  JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA Profesor titular de Derecho Administrativo Universidad Pública de Navarra  J.F. Alenza  RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015)  1 Sumario: 1. Introducción. 2. Modificación de una autorización ambiental integrada para permitir la valorización energética de biomasa en una instalación de fabricación de cemento. 3. Imposibilidad de autorizar una explotación minera en un monte de utilidad pública integrado en una zona de especial conservación. 4. Relación de sentencias comentadas.  1. Introducción En el último semestre se han dictado en Navarra cuatro sentencias con contenido ambiental. Dos de ellas revisten gran interés por tratarse de actividades industriales de importancia (una explotación minera y una fábrica de cementos) y que llevan años envueltas en cierta polémica. Curiosamente, la actividad que ha resultado prohibida contaba con el apoyo municipal, mientras que en el otro supuesto es el propio municipio el que rechaza la actividad industrial y ha visto desestimada —una vez más— su oposición en los tribunales de justicia. A estas dos resoluciones judiciales les dedicaré una atención especial, mientras que a las otras dos sentencias, por su menor interés, les dedico a continuación un breve comentario. La STSJ de Navarra de 7 de enero de 2015 reproduce prácticamente la doctrina establecida en una sentencia anterior (STSJ de 12 de mayo de 2014) sobre la validez de una ordenanza municipal sobre instalaciones e infraestructuras de telefonía móvil, similar a la impugnada. En primer lugar, la Sentencia rechaza la incompetencia municipal para la aprobación de la Ordenanza. Recordando la jurisprudencia existente (entre otras, la STSJ de Navarra de 24 de enero de 2000), la Sentencia afirma que no se vulneran las competencias estatales en materia de telecomunicaciones cuando se aprueban ordenanzas que tienen por finalidad el establecimiento de condiciones urbanísticas y ambientales, materias estas que pertenecen al ámbito propio de actuación de los municipios. A continuación analiza cada uno de los preceptos impugnados de la Ordenanza —en cuyo detalle no puedo entrar en esta crónica— para concluir con una estimación parcial del recurso y la anulación de diversos preceptos de la disposición general impugnada. Por su parte, la STSJ de Navarra de 4 de febrero de 2015 se ocupó de las sanciones impuestas a una instalación industrial por dos infracciones: una muy grave (instalación de una segunda línea electrolítica sin haber tramitado la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada) y una grave (incumplimiento grave de las condiciones ambientales de la autorización ambiental integrada: rebasar los valores límite de RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015)  Jurisprudencia ambiental en Navarra  2 emisión y falta de control de los vertidos). La Sentencia carece de interés porque, como ella misma indica, la demanda trata de minimizar los incumplimientos, “pero en realidad no se niegan en cuanto hechos probados, ni se discute su calificación jurídica, ni la proporcionalidad de las sanciones que por ellos se imponen”. Por lo tanto, la Sentencia considera ajustada a derecho la resolución impugnada “en cuanto se funda en hechos directamente constatados por funcionarios públicos y correctamente calificados en lo jurídico”.  2. Modificación de una autorización ambiental integrada para permitir la valorización energética de biomasa en una instalación de fabricación de cemento Una importante fábrica de cemento ha ido generando diversas resoluciones judiciales como consecuencia de impugnaciones varias contra las autorizaciones o licencias recibidas en los últimos años. Como instalación existente a efectos de la LPCIC, obtuvo hace años el otorgamiento de la autorización ambiental integrada que dio lugar a un estudio pormenorizado de su adecuación a la legalidad ambiental (STSJ de 12 de marzo de 2010, confirmada por STS de 4 de noviembre de 2013). Ahora vuelve a la actualidad judicial tras haberse impugnado la modificación de la autorización ambiental integrada solicitada para poder sustituir parte de su combustible habitual por ciertos residuos vegetales y proceder, con ello, a la valorización energética de biomasa en el proceso de la fabricación de cemento. La Sentencia comienza llamando la atención, en varias ocasiones, al demandante por un escrito de demanda que plantea sus argumentos “de forma desordenada y farragosa” y que “con escaso acierto en el desarrollo formal de los motivos invocados y en la ordenación sistemática empleada, nos permite percibir que se pretende ahora reproducir el mismo debate” del proceso concluido en el Tribunal Supremo. Termina el fundamento segundo de la Sentencia recriminando al demandante por un escrito de demanda “extenso y abigarrado” que conduce a un “planteamiento impreciso”, lo que dificulta cumplir con las exigencias de claridad y congruencia que se espera de las sentencias y sobre todo que el juez entienda lo que el demandante ha querido decir, y “si el juez no entiende lo que se le plantea, lo alegado se considerará directamente inatendible”. J.F. Alenza  RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015)  3 Con todo, la Sentencia resulta bastante extensa, por lo que me limitaré a señalar las cuestiones jurídicas más relevantes: a) La modificación de la instalación solicitada no es sustancial, por lo que no requiere una nueva autorización ambiental integrada. A la vista de los informes técnicos, se concluye que lo único que cambia respecto a lo autorizado inicialmente es que se permite el uso de biomasa como combustible en sustitución parcial del coque de petróleo. No se trata de un nuevo proceso industrial, sino de un simple cambio de combustible que solo precisa unas instalaciones de almacenamiento y preparación mecánica, siendo la contaminación producida menor porque se reduce la emisión de CO2. b) El informe de compatibilidad urbanística debe ceñirse a los aspectos estrictamente urbanísticos. En el expediente de la autorización ambiental integrada se emitieron dos informes de compatibilidad urbanística. El primero favorable y el segundo desfavorable. Sin embargo, el segundo se basaba en razones de naturaleza ambiental y urbanística y no se concreta la norma o normas del planeamiento urbanístico que resultan vulneradas. También se rechaza que sea aplicable en Navarra el régimen de distancias mínimas entre establecimientos fabriles y núcleos de población fijado por el RAMINP y reproducido por la Ordenanza de actividades clasificadas. c) Los residuos vegetales (madera y corcho) cuya incineración se autoriza ni son peligrosos ni es aplicable la normativa de incineración de residuos que excluye de su ámbito de aplicación este tipo de residuos. La modificación de la autorización ambiental integrada incluye la autorización para la gestión de dichos residuos y ello es suficiente para proceder a su valorización. d) La autorización de la valorización energética de residuos no vulnera el Plan Integrado de Gestión de Residuos. El hecho de que no se contemple en el citado plan la incineración de este tipo de residuos no significa que resulte vulnerado por su naturaleza planificadora, sobre todo teniendo en cuenta que el Plan Energético de Navarra integra como uno de sus objetivos el impulso del aprovechamiento de la biomasa.    RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015)  Jurisprudencia ambiental en Navarra  4 3. Imposibilidad de autorizar una explotación minera en un monte de utilidad pública integrado en una zona de especial conservación La STSJ de Navarra de 8 de octubre de 2015 se ha ocupado de la impugnación contra la declaración de impacto ambiental (DIA) y contra el Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se aprueba el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para la implantación y puesta en explotación de una cantera de magnesitas en un monte de utilidad pública integrado en una zona de especial conservación. Se trata de un extenso y complejo litigio en el que se acumularon dos recursos de distintos demandantes, en el que se personaron diversos codemandados (distintas entidades locales que comparecieron junto al Gobierno de Navarra y a la empresa afectada) y en el que se esgrimieron numerosos motivos de impugnación, algunos de los cuales fueron desestimados y otros, estimados. Trataré de sintetizar los aspectos jurídicos que, en mi opinión, son más relevantes, comenzando por los argumentos que no fueron estimados por la Sentencia: — No constituye una causa de recusación en el procedimiento de aprobación del PSIS el hecho de que las autoridades y los funcionarios del Gobierno de Navarra firmaran un convenio de cooperación para la implantación de la cantera, puesto que “es perfectamente compatible y hasta propio de la acción de gobierno que la Administración coordine con los promotores los proyectos de interés general”. — No es exigible al estudio de alternativas de la EIA que el ámbito territorial de emplazamiento de estas sea ilimitado. — No era necesaria la evaluación de impacto ambiental de la cantera y de la actividad de fabricación de magnesita porque la vinculación e interdependencia técnica y material entre ellas “no comporta ninguna conexión medioambiental dado que son distintos y distantes el emplazamiento de una y otra”. A continuación expondré, también resumidamente, los motivos de estimación de los recursos: a) Afectación del proyecto a la integridad de la zona de especial conservación. La Sentencia expone las previsiones de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, y de la normativa española de transposición, señalando la necesidad de someter los proyectos que puedan afectar de J.F. Alenza  RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015)  5 forma apreciable a los espacios protegidos a una evaluación de sus repercusiones, de manera que solo se podrán autorizar o aprobar cuando se pueda asegurar que no se causará perjuicio a la integridad de lugar. La Sentencia, tras analizar cuatro informes técnicos de la propia Administración actuante y los informes periciales aportados por las demandantes, concluye que la DIA (con incomprensible preterición de los informes contrarios que obraban en el expediente y apoyándose en otro informe de escasa fundamentación y contenido técnico) no debió formularse en sentido favorable porque el proyecto afecta a la integridad de la zona. Especialmente importante es la explicación que da la Sentencia sobre la afectación a la integridad de la ZEC, siendo minúsculo el espacio directamente afectado por la cantera. Dice así la Sentencia: “[…] no olvidamos la circunstancia de ser el espacio directamente afectado por el impacto ambiental verdaderamente mínimo respecto del ocupado por la ZEC: se ocupa el 0,25% (el hueco minero el 0,18%) de la zona, hecho que, según entendemos, debe pesar a la hora de ponderar la proporcionalidad entre los intereses en juego: ecológicos y económicos, ponderación admitida jurisprudencial e incluso normativamente. Sobre esto último poco es lo que esta Sala puede decir: para nosotros la ponderación viene dada ex lege de forma que el interés que debe prevalecer es el que resulte de aplicar la legalidad vigente que ya ha tenido en cuenta dicho conflicto. Lo relevante es que la afección lo sea a la integridad de la ZEC que se compone de toda su superficie, por lo que sea cual sea la parte de ella directamente afectada la afección es de toda ella. Es —si se nos permite el símil— como un cuerpo vivo en el que la afección de una parte afecta al todo”. b) Afectación del proyecto a hábitats de interés comunitario y sobre la fauna protegida. En los dos fundamentos siguientes se reitera que la DIA no debió ser positiva por afectar negativamente el proyecto no solo a la integridad de la ZEC, sino también al hábitat protegido como elemento integrante de esta, así como a la fauna protegida. c) Ilegalidad de la declaración de compatibilidad de la utilidad de la cantera con la del monte de utilidad pública. La legislación forestal exige que, cuando se tramite un plan o proyecto de utilidad pública o interés general que pueda afectar a un monte o terreno forestal incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, se realice la previa declaración de compatibilidad entre ambas o la prevalencia de una de ellas sobre la otra. La Sentencia considera que el acuerdo impugnado no es arbitrario porque está fundado RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015)  Jurisprudencia ambiental en Navarra  6 en derecho, pero es contrario a derecho porque la motivación se limita a la invocación de un informe que encuentra su único fundamento en la DIA considerada ilegal por la Sentencia. Además, se cita otro informe anterior que sostenía la prevalencia del interés público del monte sobre el de la concesión minera y excluía la compatibilidad, sin que entre este informe y la DIA mediara ninguna otra actuación al respecto. d) Vulneración de los usos prohibidos en el suelo no urbanizable de protección. El planeamiento urbanístico calificaba los terrenos de la cantera como suelo no urbanizable forestal. La Sentencia estima que es de aplicación directa la LFOTU a efectos de la consideración de esos terrenos como suelo no urbanizable de protección, dado que es la consecuencia que se deriva “de una ley que se antepone a la voluntad del planificador que no puede ni contradecirla ni ignorarla por lo que el plan municipal del Valle de Erro, con o sin homologación, en ningún caso puede prevalecer frente a la ley”. Por consiguiente, concluye la Sentencia, “si la ley foral es aplicable y el suelo debe considerarse no urbanizable de protección, la actividad extractiva no resulta autorizable en aplicación del artículo 113”. e) Vulneración de la legislación de aguas por aprobación del PSIS sin el previo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La Sentencia afirma que el informe era preceptivo para la aprobación del Plan, sin perjuicio de que la posterior ejecución de las actividades previstas requiera también las correspondientes autorizaciones de la CHE. Y, además, subraya que la exigencia del informe “se establece con carácter previo y preceptivo, lo que comporta la necesidad de que la Administración competente valore el informe antes de la decisión final sobre el plan o actuación que lo requiera, no después o, en el caso, nunca”.  4. Relación de sentencias comentadas — STSJ de Navarra de 7 de enero de 2015, ponente Galve Sauras: competencia municipal para la aprobación de una ordenanza sobre instalaciones e infraestructuras de telefonía móvil y anulación de algunos preceptos. — STSJ de Navarra de 4 de febrero de 2015, ponente Rubio Pérez: validez de las sanciones impuestas por la modificación sustancial de una instalación industrial sin autorización y por el incumplimiento grave de las condiciones ambientales. J.F. Alenza  RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015)  7 — STSJ de Navarra de 27 de mayo de 2015, ponente Azcona Labiano: validez de la modificación de una autorización ambiental integrada para permitir la valorización energética de biomasa en una instalación de fabricación de cemento. — STSJ de Navarra de 8 de octubre de 2015, ponente Rubio Pérez: nulidad de la DIA y del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal que permiten la implantación y puesta en explotación de una cantera en un monte de utilidad pública integrado en una zona de especial conservación. 

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. IV Núm. 1 (2013): 1 – 8 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA 
 
JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA 
Profesor titular de Derecho Administrativo 
Universidad Pública de Navarra 
 
J. Alenza   RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013) 
 
2 
Sumario: 1. Introducción. 2. Anulación del plan integrado de gestión de residuos de Navarra. 3. Sanción 
penal y sanción administrativa por cazar con métodos prohibidos. 4. Procedimiento sancionador. 5. 
Relación de sentencias comentadas. 
 
1. Introducción 
Cuatro sentencias con contenido ambiental se han dictado en este período. Dos de ellas 
por cazar con idéntico método ilegal (red japonesa) que, sin embargo, dieron lugar a 
sanciones de diversa naturaleza: una penal y otra administrativa. Otra sentencia versa 
sobre la legalidad del procedimiento sancionador seguido por una infracción en materia 
de residuos. La sentencia más relevante es la que anuló el Plan Integrado de Gestión de 
Residuos de Navarra. A ella dedicará una mayor atención por su especial trascendencia. 
 
2. Anulación del plan integrado de gestión de residuos de Navarra 
La STSJ de Navarra de 10 de enero de 2013 anuló el Plan Integral de Residuos de 
Navarra. Más allá de las razones de fondo utilizadas en la sentencia, llama 
poderosamente la atención la gran cantidad de erratas tipográficas y de errores 
gramaticales graves, así como la caótica ordenación de los fundamentos jurídicos que 
puede apreciarse en la misma. Formalmente la sentencia es inaceptable. Es sorprendente 
que haya podido dictarse una sentencia con tan groseros errores formales. Con el 
agravante añadido de que se trata de una sentencia de una gran trascendencia al anular 
un plan aprobado por el Gobierno de Navarra. 
El objeto del recurso fue el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 27 de diciembre de 
2010 por el que se aprobó definitivamente el Plan Integrado de Gestión de Residuos de 
Navarra (PIGRN, en adelante) y se formuló, al mismo tiempo, la declaración de 
incidencia ambiental favorable. Dos entidades habían recurrido dicho Acuerdo: la 
Fundación Sustraia Erakuntza y la Mancomunidad de Sakana. Se admite la legitimidad 
de la segunda por tener entre sus objetivos la recogida y el tratamiento de los residuos, 
pero se rechaza la legitimidad de la primera porque no cuenta con los dos años de 
antigüedad para ejercer la acción exigidos por el artículo 23.2, b) de la Ley 27/2006. 
En el fundamento de derecho primero se expone una relación de los argumentos 
empleados por los recurrentes. Desgraciadamente la sentencia no va respondiendo una a 
una a las cuestiones planteadas, sino que, de manera asistemática, analiza la legalidad 
del Plan. 
RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013)   Jurisprudencia ambiental en Navarra 
3 
El fundamento 4º narra los distintos trámites que se han seguido para aprobar el Plan, 
reproduciendo las modificaciones introducidas como resultado del proceso de 
información y participación pública e identificando tanto los informes complementarios 
que se han tenido en cuenta en la elaboración del Plan, como los presentados por la 
parte actora cuestionando los contenidos del Plan. Finalmente, da por bueno un informe 
técnico de la Administración que “sale al paso de todas y cada una de las alegaciones 
que efectúa la parte demandante en su escrito de demanda, toda vez, y como ya hemos 
indicado, no hizo alegaciones en vía administrativa”. 
A continuación, en los fundamentos 5º y 6º, la sentencia describe el marco legal 
aplicable. Alude a la normativa comunitaria, a la normativa española y a la navarra. 
Llama la atención que en relación a esta última, la sentencia afirma que “destaca 
próxima aprobación [sic] de un Decreto Foral sobre Residuos de Construcción y 
Demolición…”. En realidad, esa norma tenía ya casi dos años de vigencia cuando se 
dicta la sentencia (es el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito 
territorial de la Comunidad Foral de Navarra). 
El 8º fundamento de derecho (el 7º no existe) comienza con esta afirmación: “En lo que 
se refiere a la pretendida vulneración de la normativa aplicable en cuanto a la previsión 
de una incineradora como método de valorización de residuos, efectivamente, la 
normativa comunitaria exige dar prioridad a la reducción en la cantidad de los residuos, 
pero no es de recibo la alegación que hace la parte demandante en orden a que la 
incineración no es una opción admisible”. 
Para justificar esta afirmación la sentencia reproduce los contenidos del PIGRIN de los 
que se deduce que se cumple con los “pilares” de la jerarquía de residuos y que la 
incineración no se concibe en el Plan como un método de eliminación sino como un 
método de valorización energética de residuos. Finalmente, concluye lo siguiente: “En 
todo caso, la incineración de residuos es una opción factible y admisible, tal y como lo 
indican las cifras europeas que avalan la propuesta de incineración y que vienen 
recogidas en el recorte de prensa que aporta la propia parte demandante. Hablamos de 
países como Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, etc. Así en Europa hay unas 432 
incineradoras, siendo un método de tratamiento ampliamente extendido en Europa. 
Aunque también existen otros sistemas alternativos (pirólisis, gasificación...) que 
también sirven de valorización energética, o sea, a la producción de energía”. 
J. Alenza   RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013) 
 
4 
Tampoco se aprecia vulneración de la normativa estatal por la elección de la 
incineración, ni se considerada acreditado por el recurrente “mediante la oportuna 
prueba pericial judicial de que la planta de incineración no sea una opción de 
valorización de residuos sino únicamente de eliminación de residuos”. Al contrario eso 
es lo que “se desprende de la justificación a la alternativa de valorización energética 
para el tratamiento de la fracción resto de residuos urbanos elaborado en octubre del 
2009 y que forma parte del estudio de la declaración de incidencia medio ambiental y, 
en definitiva, del Plan Integrado de Gestión de Residuos Urbanos, cuya impugnación 
hoy nos ocupa, que tras hacer un análisis de los distintos sistemas de aprovechamiento 
de la fracción resto de residuos urbanos, llega a la conclusión de que el sistema de 
tratamiento basado en la valorización energética de la fracción resto mediante 
tecnología de incineración con tratamiento previo mecánico para la recuperación de 
materiales reciclables y para la obtención de energía, es el sistema que globalmente 
menos contribuye en la generación de impactos ambientales y proporciona garantías en 
el cumplimiento de los objetivos legales en materia de residuos medio-ambientales”. 
Además (fundamento 10º) se rechaza que el Plan no haya tenido en cuenta otras 
alternativas. Concluye, en definitiva, que la elección de la incineradora no vulnera la 
legalidad vigente. 
Sentado lo anterior, la sentencia pasa a valorar la infracción sobre participación pública 
y derecho a la información. En el fundamento onceavo (así llama la sentencia al 
fundamento undécimo) y en el duodécimo se expone la normativa de aplicación y se 
concluye que no se ha producido tal vulneración y que “se ha posibilitado al público 
participar en la elaboración del Plan en plazos razonables e idóneos”. 
Ahora bien, la sentencia considera que se ha vulnerado el plazo de cuatro años para la 
formulación de la declaración de incidencia ambiental establecido en el artículo 34.5 de 
la Ley Foral 4/2005. Como la redacción es ciertamente confusa (además de 
gramaticalmente incorrecta) transcribo el párrafo en cuestión: 
“En lo que respecta a la pretendida vulneración del art. 34.5 de la Ley Foral 4/2005 
en cuanto que no se han respetado los plazos establecidos en ese precepto, hay que 
decir que efectivamente, tal y como lo reconoce la Administración en el escrito de 
contestación, desde el Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 17 de mayo de 
2010 por el que se aprueba inicialmente el Plan Integrado de Gestión de Recursos 
de Navarra y se somete junto al Estudio de Incidencia Ambiental a información 
RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013)   Jurisprudencia ambiental en Navarra 
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pública, conforme a lo establecido en la Ley 4/2005 y habiéndose ampliado el 
plazo para la exposición pública hasta el 15 de noviembre, como hemos visto, 
tenemos que se hace la formulación de la declaración de incidencia ambiental de 
forma favorable el 22 de diciembre, entonces transcurrido el plazo de 4 meses 
desde que se presente el "estudio de incidencia ambiental" sí se entiende 
presentado el 7/5/2010. No se interpone recurso art. 49.3 LPA [sic]. Por lo que se 
puede entender que existe la irregularidad formal alegada, y ello ¿tiene 
trascendencia invalidatoria?. Es cierto que se ha emitido la declaración de 
incidencia ambiental de forma favorable y motivada, pero hay que tener en cuenta 
que se acuerda ampliar el plazo en fecha incluso posterior, a la fecha en que se 
tenía que haber formulado la declaración de incidencia ambiental, tratándose de un 
plazo preclusivo habrá de estimarse este motivo de carácter procedimental”. 
Además de este vicio de procedimiento, la sentencia considera que existe un segundo 
motivo de nulidad del plan, al no haber establecido éste los lugares e instalaciones 
apropiados para la eliminación de residuos tal y como exige el artículo 5 de la Ley de 
Residuos. La sentencia reproduce algunas sentencias sobre la cuestión y entiende que el 
PIGRN no cumple con dichas exigencias (fundamento 13º): 
“Para la elaboración del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, 
se han confeccionado Mapas se dice, aunque sólo conste un mapa de potenciales 
ubicaciones de las instalaciones de valorización, compostaje y eliminación 
previstas en este Plan de Residuos. Sí que se dice que, la implantación de 
infraestructuras de gestión de residuos debe llevarse a cabo evitando toda 
influencia negativa para el suelo, vegetación y fauna, el paisaje, la calidad 
atmosférica, calidad del agua, y en general a todo lo que pueda atentar contra las 
personas o el medio ambiente que rodea. Así mismo es un aspecto a considerar la 
interacción del propio entorno sobre las infraestructuras a implantar y asimismo se 
han definido criterios de ubicación y a partir de información georeferenciada 
disponible y mediante el empleo de un GIS se han elaborado los correspondientes 
mapas, lo que viene refrendado en el informe obrante en las actuaciones, firmado 
por Jose Pablo . Pero, ¿es esto suficiente a los efectos de la exigencia legal y a la 
jurisprudencia comentada?, lo cierto es que no”. 
La sentencia debiera haber terminado ahí. Sin embargo, todavía añade siete párrafos en 
los que subraya que el PIGRN ha seguido la jerarquía de residuos establecida en la 
normativa europea, que ha sido respetuoso con las exigencias de participación y que 
cuenta informes suficientes sobre la viabilidad económica. Es difícil tratar de 
J. Alenza   RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013) 
 
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comprender a qué objetivo responde esta caótica ordenación de los fundamentos de la 
sentencia, ya que esas afirmaciones finales sobre la corrección del PIGRN no 
convalidan, ni tienen eficacia alguna sobre los motivos de nulidad señalados. 
La sentencia no es firme porque ha sido recurrida por el Gobierno de Navarra. Habrá 
que esperar para conocer si se confirma o no la nulidad del PIGRN. 
 
3. Sanción penal y sanción administrativa por cazar con métodos prohibidos 
La Sentencia del Juzgado de lo penal nº 1, de 26 de noviembre de 2012 condenó a un 
cazador por la comisión de un delito contra la fauna por cazar con métodos prohibidos. 
Por su parte, la STSJ de Navarra de 20 de febrero de 2013 confirmó la sanción 
administrativa impuesta por cazar con métodos prohibidos. Casualmente el método 
utilizado fue exactamente el mismo: la “red japonesa”. 
En la sentencia penal se describen los hechos señalando que se utilizó una red japonesa, 
con el fin de cazar indiscriminadamente aquellas aves que quedasen atrapadas en ella. 
Se advierte que dicha red es un instrumento de caza no selectivo para la fauna. Y se 
relacionan los pájaros capturados por la red, entre los que se encontraba una Curruca 
capirotada, considerada de protección especial. Hubo conformidad de las partes en los 
hechos probados y se impuso una condena por delito contra la fauna de 8 meses de 
multa con una cuota diaria de 8 euros, inhabilitación especial para el ejercicio de 
profesión u oficio relacionado con animales e inhabilitación especial para cazar durante 
18 meses. 
La sanción administrativa también se impuso por cazar con una red japonesa. En este 
caso sí se cuestionaron los hechos que se establecieron en la denuncia del SEPRONA, 
pero la sentencia considera inverosímil la versión de los recurrentes (que la red podría 
haber sido colocada por terceras personas), habida cuenta, además, de que los agentes 
pudieron constatar cómo se personaron en el lugar y se aproximaron a la red para 
alejarse luego al comprobar la presencia de extraños. 
De las sentencias no cabe deducir claramente las razones por las cuales el mismo 
método ilegal de caza puede dar lugar a sanciones de naturaleza diversa (una penal y 
otra administrativa). Probablemente fuera debido a que en el caso penal sí hubo el 
resultado de capturar distintos animales (uno de ellos perteneciente a una especie 
RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013)   Jurisprudencia ambiental en Navarra 
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protegida) y en el caso de la sanción administrativa no se produjo ese resultado o, al 
menos, no se hizo constar. 
 
4. Procedimiento sancionador 
La Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2, de 22 de febrero de 2013 
confirmó una sanción por la comisión de una infracción leve de la legislación de 
residuos. La impugnación de la resolución sancionadora se basó en dos argumentos: 
tramitación de procedimiento distinto al procedente y caducidad del mismo. 
El recurrente considera nula la sanción por haberse seguido un procedimiento distinto al 
legalmente establecido. La Ley 15/2004 de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra prevé dos tipos de procedimientos sancionadores: ordinario y simplificado. 
Éste último está previsto cuando existan “elementos de juicio suficientes para calificar 
la infracción como leve”. La sentencia considera que en este caso existían esos 
elementos de juicio suficientes. “Sin embargo —dice la sentencia— se elige otro 
procedimiento con mayores garantías para el aquí actor de tal manera que no se puede 
entender que exista una falta absoluta de procedimiento, por lo que no existe causa de 
nulidad. Habida cuenta, además, que la recurrente ha formulado en el procedimiento 
administrativo y en este cauce procesal cuantas alegaciones y presentado cuantos 
documentos ha estimado oportunos para hacer valer sus derechos, no puede hablarse de 
indefensión”. 
Desestimado este primer argumento no era necesario entrar en el segundo. El recurrente 
alegaba que había caducado el procedimiento por haber transcurrido el plazo del mes 
establecido para el procedimiento simplificado. Habiendo concluido que la tramitación 
del procedimiento sancionador ordinario era correcta no era preciso enjuiciar este 
segundo motivo. A pesar de ello, la sentencia lo hace pero, a mi juicio, con una 
discutible afirmación: que la infracción del plazo del mes establecido para el 
procedimiento simplificado no hubiera dado lugar a la caducidad del procedimiento. 
La sentencia alude artículo 63.3 de la LRJPAC sobre las actuaciones extemporáneas 
para concluir que la resolución fuera de plazo no implica la nulidad del acto 
sancionador. En mi opinión, se están confundiendo dos cosas: caducidad del 
procedimiento y nulidad de la resolución. La caducidad del procedimiento se produce 
por el transcurso del plazo máximo establecido legalmente. Y una vez caducado el 
J. Alenza   RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013) 
 
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procedimiento no cabe imponer sanción alguna. De hacerlo ésta sería nula por no 
haberse seguido el procedimiento legalmente establecido. Y lo que en estos casos puede 
hacer la Administración, siempre que no haya prescrito la infracción, es volver a iniciar 
un nuevo procedimiento sancionador. 
 
5. Relación de sentencias 
5.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) 
— STSJ de Navarra de 10 de enero de 2013, ponente M. J. Azcona Labiano. Anulación 
del Plan Integral de Residuos de Navarra. 
— STSJ de Navarra de 20 de febrero de 2013, ponente A. Rubio Pérez. Confirmación 
de sanción por cazar con métodos prohibidos. 
 
5.2. Sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo 
— Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 2, de 22 de febrero de 2013: 
confirmación de sanción por infracción de la legislación de residuos sin que se aprecie 
nulidad por cuestiones procedimentales. 
 
4.3. Sentencias de los juzgados de lo penal 
— Sentencia del Juzgado de lo penal nº 1, de 26 de noviembre de 2012: condena por 
delito contra la fauna consistente en cazar con métodos prohibidos. 
 


Comentario a las sentencias dictadas en Navarra con contenido ambiental en el primer semestre de 2014

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 1 (2014): 1 – 4 -Crònica-            JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA  JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA Profesor titular de Derecho Administrativo Universidad Pública de Navarra  J.F. Alenza  RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) - 2 - Sumario: 1. Introducción. 2. De nuevo sobre la autorización ambiental integrada de una central térmica. 3. Legalidad de autorización que permite vertidos de agua a colector por encima de los límites máximos establecidos en la legislación. 4. Discrecionalidad en el otorgamiento de subvenciones ambientales. 5. Relación de sentencias comentadas.  1. Introducción En este último semestre se han dictado en Navarra tan solo cuatro sentencias con contenido ambiental. Al tan escaso número debe añadirse su falta de interés jurídico. Dos de ellas vuelven a pronunciarse sobre la legalidad de una central térmica y se limitan a reproducir resoluciones anteriores. Otra trata de unas subvenciones ambientales, y la otra permite el establecimiento de valores límite de vertido por encima de los establecidos legalmente.  2. De nuevo sobre la autorización ambiental integrada de una central térmica Dos sentencias dictadas con menos de tres semanas de diferencia (SSTSJ de Navarra de 10 de febrero y de 28 febrero de 2014) y por el mismo ponente se ocuparon de la legalidad de las autorizaciones ambientales otorgadas a una central térmica. En un caso se anula la autorización y en el otro se confirma su validez. Se trata de uno de esos asuntos que se resisten a desaparecer de escena y que una y otra vez reviven y causan situaciones aparentemente tan paradójicas o contradictorias como la presente. En la Sentencia de 10 de febrero se trataba de la autorización ambiental integrada de 2005. Un asunto sobre el que ya existían diferentes sentencias del propio TSJ y del TS que llevaron a su nulidad por no respetar la distancia de 2.000 metros al núcleo de población. Esta sentencia reproduce los argumentos de las anteriores sentencias para concluir con la anulación de la autorización. La Sentencia de 28 de febrero se ocupaba de la impugnación de la autorización otorgada en 2011 (por lo tanto, tramitada tras la anulación de la anterior y con arreglo a una normativa diferente), sobre la que existen también resoluciones anteriores del propio TSJ. Para mantener la unidad de doctrina, se reproducen los argumentos utilizados en ellas, para concluir que el régimen de distancias establecido por el RAMINP ya no es aplicable en Navarra y, en consecuencia, desestimar el recurso y confirmar la validez de la autorización ambiental integrada concedida. RCDA Vol. V Núm. 1 (2014)  Jurisprudencia ambiental en Navarra - 3 - 3. Legalidad de autorización que permite vertidos de aguas a colector por encima de los límites máximos establecidos en la legislación Una fábrica de cartón obtuvo una autorización ambiental integrada que incluía unos valores límite de vertido de fenoles que, tras la presentación de un estudio de viabilidad técnico-económica de las alternativas existentes, fueron modificados de oficio por la Administración foral para establecer unos valores límite superiores. El Ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentra ubicada la instalación industrial recurrió dicha modificación de la autorización por entender que se vulneraba la normativa foral y europea en lo relativo a los límites máximos de los vertidos y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles. La STSJ de Navarra de 7 de febrero de 2013 desestima el recurso y considera ajustada a derecho la resolución recurrida. Da por bueno el informe técnico del Gobierno de Navarra que avala los límites de vertido establecidos al considerar que el tratamiento previsto para la eliminación de los fenoles es el adecuado y entender que se han aplicado las mejores técnicas disponibles. Pero lo que la Sentencia no aclara es por qué es posible autorizar límites superiores a los establecidos por la legislación. Reproduce un precepto de la normativa foral que permite “imponer limitaciones más estrictas en aplicación de la normativa vigente”. Y añade que la parte actora interpreta este artículo “en el sentido de que el posible cambio de los valores límite específicos sólo es posible a la baja, y nunca incrementándolos, como ha sucedido en este caso”. La Sentencia no llega a afirmar expresamente que es posible incrementarlos. Pero de su resolución cabe concluir que así lo ha entendido el Tribunal. Al parecer basta con que un informe técnico considere asumibles niveles de vertido por encima de los establecidos normativamente para que el TSJ considere lícita esa “inderogabilidad singular” de los valores límite de vertidos.  4. Discrecionalidad en el otorgamiento de subvenciones ambientales La STSJ de Navarra de 26 de febrero de 2014 se ocupó de un asunto que, aunque no es estrictamente ambiental, se produjo en relación con una convocatoria de ayudas con contenido ambiental. El interés general del asunto radica en la afirmación que hace la Sentencia sobre el importante margen de discrecionalidad del que goza la J.F. Alenza  RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) - 4 - Administración para apreciar la concurrencia de los requisitos establecidos en la convocatoria de las subvenciones. Se trataba de unas ayudas para empresas forestales e industrias de productos silvícolas. Entre los conceptos subvencionables se incluían los vehículos especializados para el transporte de madera. Sin embargo, a la empresa recurrente se le denegó la ayuda porque el camión que adquirió (y que utilizó para el transporte de madera) no fue considerado como un vehículo especializado y específicamente destinado a la saca de madera. La Sentencia considera que en las bases de la convocatoria se establece como regla general que no es subvencionable la compra de vehículos, por lo que la excepción a dicha regla —la inversión en vehículos especializados— ha de ser objeto de interpretación restrictiva. Pues bien, a pesar de que no se define el concepto de vehículo especializado, la Sentencia subraya que, al apreciar si concurren los requisitos de la convocatoria, la Administración tiene un margen de discrecionalidad que, en el caso concreto del vehículo, no se ha utilizado arbitrariamente ya que ha seguido los informes técnicos que negaban el carácter especializado del vehículo.  5. Relación de sentencias comentadas — STSJ de Navarra, de 7 de febrero de 2013, ponente J. Galve Sauras. Aplicación de las mejores técnicas disponibles a autorización de vertidos que impone límites inferiores a los establecidos normativamente. — STSJ de Navarra, de 10 de febrero de 2014, ponente F. J. Pueyo Calleja. Autorización ambiental integrada de central térmica: anulación. — STSJ de Navarra, de 26 de febrero de 2014, ponente M.ª J. Azcona Labiano. Discrecionalidad en la concesión de subvención para vehículo destinado a la saca de madera. — STSJ de Navarra, de 28 de febrero de 2014, ponente F. J. Pueyo Calleja. Autorización ambiental integrada de central térmica: confirma su validez.  

Comentario a las sentencias dictadas en Navarra con contenido ambiental en el segundo semestre de 2015 y en el primero de 2016

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VII Núm. 1 (2016): 1 – 6 -Crònica-            JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA  JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA Profesor titular de Derecho Administrativo Universidad Pública de Navarra  J.F. Alenza García  RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016)  1 Sumario: 1. Introducción. 2. Autorización ambiental integrada de instalaciones existentes: si incluye actividades no incluidas en la licencia ambiental previa, requiere una tramitación completa de la autorización, con evaluación de impacto ambiental incluida. 3. Imposibilidad de denegar una licencia de actividad por aspectos contemplados en una declaración de impacto ambiental positiva. 4. La modificación de oficio de una autorización ambiental integrada requiere una motivación fundada, sin que sea suficiente invocar la existencia de una nueva normativa. 5. Relación de sentencias comentadas.   1. Introducción En el período examinado se han dictado en Navarra cinco sentencias con contenido ambiental. Tres de ellas se refieren a autorizaciones ambientales integradas y son las que mayor interés jurídico presentan. A las otras dos sentencias, por su menor interés, les dedicaré a continuación un breve comentario. La primera de ellas trata de la impugnación de la Orden Foral 19/2014 por la Asociación Española de Black Bass. El recurso se basa en que dicha Orden Foral infringe el Real Decreto 630/2013 porque establece la obligación del pescador deportivo de no devolver a las aguas y sacrificar los ejemplares de perca americana o black bass, que la norma estatal no impone hasta que no se lleve a cabo la cartografía de las zonas de distribución en las que habitaba antes del 2007. La STSJ de Navarra de 9 de diciembre de 2015, tras analizar la competencia básica estatal en materia ambiental y su posible incidencia sobre las competencias sectoriales autonómicas de carácter exclusivo (como es la pesca fluvial), concluye que en el ámbito de estas competencias Navarra “puede imponer el sacrificio de especies incluidas en el catálogo [de la norma estatal] como especies invasoras, sin que ello incida en la legislación básica del Estado sobre medio ambiente, al permitir niveles de protección más amplios” (FJ 2.º). La otra sentencia se ocupa de la impugnación de una sanción en materia de caza. La STSJ de Navarra de 4 de marzo de 2016 rechaza, en primer lugar, que se hubiera producido indefensión o vulneración de la presunción de inocencia. Aunque el expediente tenga su origen en una denuncia a partir de un vídeo (que no se ha probado manipulado), luego se tramitó un procedimiento sancionador con todas las garantías y en el que se han podido presentar todo tipo de alegaciones y practicar las pruebas propuestas por el sancionado. Tampoco hay vulneración del principio de tipicidad porque, habiendo sido probado que el arma no era un rifle de madera sino un rifle semiautomático y provisto de cargador y de silenciador, la acción de cazar no exige ni haber dado muerte a un animal ni haber usado el arma, siendo suficiente haberla portado de manera ilícita. RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016)  Jurisprudencia ambiental en Navarra  2 2. Autorización ambiental integrada de instalaciones existentes: si incluye actividades no incluidas en la licencia ambiental previa, requiere una tramitación completa de la autorización, con evaluación de impacto ambiental incluida Unos vecinos impugnaron la concesión de una autorización ambiental integrada para una instalación de fabricación de tubos de acero soldado invocando distintos motivos. La STSJ de Navarra de 29 de octubre de 2015, tras analizar la finalidad de la autorización ambiental integrada y advertir de su “carácter reglado y no discrecional”, analiza los distintos motivos del recurso: — Ausencia de evaluación de impacto ambiental. La Sentencia recuerda que las instalaciones existentes que cuenten con licencia de actividad en el momento de la entrada en vigor de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental no necesitan someterse a evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, la autorización ambiental concedida incluye algunos dispositivos (dos cubas con aceite reactivo de 26 m3 de producto cada una) que no contaban con autorización ambiental previa, por lo que no pueden considerarse incluidos en el concepto de “instalación existente” y debiera haberse tramitado una “modificación sustancial” de la actividad con la correspondiente evaluación de impacto ambiental. Por ello, la Sentencia concluye que “siendo la evaluación de impacto ambiental un trámite esencial en la tramitación de la autorización ambiental integrada, dada la existencia de los dos depósitos, que no contaban con autorización previa, la falta de tal evaluación determina la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida” (FJ 4.º). — Se rechaza que le fuera aplicable la normativa de actividades con riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas porque no se superan los umbrales de aplicación establecidos en esta (FJ 5.º). — Se admite y no se considera ilegal el establecimiento de unos niveles de ruido que, siendo superiores a los valores límite de emisión, se fijan como un objetivo que deberá ser alcanzado progresivamente (FJ 6.º). — Se rechaza la vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos derivada de la contaminación acústica porque ello exige la ilegalidad de la actuación administrativa —además de una contaminación acústica grave, irrazonable y desproporcionada—, lo que en este caso no se ha producido al haberse impuesto J.F. Alenza García  RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016)  3 “medidas para la reducción del ruido que se ajustan a los valores límites de inmisión de ruidos fijados reglamentariamente” (FJ 7.º). 3. Imposibilidad de denegar una licencia de actividad por aspectos contemplados en una declaración de impacto ambiental positiva Dos entidades locales (un ayuntamiento y un concejo) impugnaron la sentencia del juzgado que había anulado la resolución denegatoria de licencia y había condenado al Ayuntamiento del Valle de Yerri a conceder la licencia de actividad clasificada para la ampliación de una cantera. Son varios los puntos de interés de la STSJ de Navarra de 12 de noviembre de 2015 que resolvió el recurso. Se recuerda el carácter reglado de las licencias ambientales y que los ámbitos reservados al control de la Administración municipal son el urbanístico y el de las ordenanzas municipales. En el caso concreto no se aprecian razones urbanísticas para la denegación de la licencia, porque en el expediente existe un informe urbanístico favorable. La denegación de la licencia atendía a las molestias causadas a unas  viviendas cercanas por la frecuencia e intensidad de las voladuras en la cantera, así como por la carga y el transporte de la piedra mediante camiones de gran tonelaje. Pero esas circunstancias, advierte la Sentencia, fueron ya analizadas en la evaluación de impacto ambiental que concluyó con una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. Y entiende la Sentencia que “no es conforme al ordenamiento jurídico que el Ayuntamiento deniegue la licencia de actividad por aspectos que han sido evaluados en el estudio de impacto ambiental y aprobados en la DIA favorable”. Señala también que los principios de prevención, precaución y cautela deben ser aplicados por todas las administraciones públicas, “pero no puede justificar que el Ayuntamiento de Yerri pueda denegar la licencia de actividad clasificada basándose en aspectos que exceden de su competencia urbanística y de aplicación de las ordenanzas municipales y que son propios de la evaluación de impacto ambiental”. De manera expresa, la Sentencia rechaza la alegación de las apelantes sobre la no vinculación de la DIA al Ayuntamiento porque ello implicaría anular la competencias municipales sobre la licencia de actividad clasificada. La Sentencia insiste en que “la ley foral no establece la posibilidad de que el Ayuntamiento discrecionalmente pueda denegar la licencia de actividad cuando se han emitido todas las demás autorizaciones previstas legalmente y no existen razones urbanísticas ni basadas en las Ordenanzas RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016)  Jurisprudencia ambiental en Navarra  4 municipales para denegar la misma, realizando un juicio de valor sobre los riesgos son oportunos y/o aceptables. Todas las circunstancias para el desarrollo de la actividad han sido valoradas desde distintos puntos de vista tanto por la propia Administración municipal desde un punto de vista urbanístico y de las Ordenanzas municipales, como por la Administración autonómica en cuanto a las voladuras controladas, las distancias de la explotación a las zonas habitadas, el tránsito de camiones y todas las demás circunstancias del desarrollo de la actividad” (FJ 4.º). Por lo tanto, el Ayuntamiento no puede separarse de la DIA en los aspectos ya examinados en ella.  4. La modificación de oficio de una autorización ambiental integrada requiere una motivación fundada, sin que sea suficiente invocar la existencia de una nueva normativa A una instalación existente con más de cuarenta años de funcionamiento se le modificaron de oficio los valores límite en materia de ruidos incluidos en la autorización ambiental integrada. Impugnada dicha modificación, la STSJ de Navarra de 17 de marzo de 2016 se enfrenta a dos motivos fundamentales de oposición. En primer lugar, la caducidad del expediente de modificación por haber transcurrido más de seis meses desde su iniciación. La Sentencia desestima este motivo porque la fecha de inicio que debe fijarse es la del inicio del procedimiento de modificación de oficio, que es cuando se dicta el acuerdo del departamento con la propuesta de resolución de la modificación, del que se da traslado al titular de la autorización para que presente las alegaciones que estime oportunas. Las actuaciones previas de la Administración (entre las que se encuentran varios requerimientos a la recurrente para que aporte información) se dirigen, precisamente, a adoptar el acuerdo en el que se concreten las causas de la modificación y las condiciones que se pretenden modificar, así como el plazo para su implementación, por lo que no pueden ser consideradas para determinar el momento de iniciación del procedimiento de modificación. En cuanto a la motivación, la Sentencia advierte que el motivo que ofrece la resolución para modificar la autorización ambiental integrada es la entrada en vigor de nuevas normas ambientales. Pues bien, la Sentencia considera que “asiste razón a la actora cuando afirma que la modificación adolece de motivación, desconociéndose por qué la nueva normativa exige estos nuevos niveles de ruido y su aplicación al caso concreto, J.F. Alenza García  RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016)  5 teniendo en cuenta que estamos ante una industria ya existente, y que el Gobierno de Navarra aprobó la delimitación inicial de las áreas acústicas integradas en el ámbito territorial de los Mapas Estratégicos de Ruido de Navarra (por Resolución de 3 de septiembre de 2010) en donde se establece unos niveles diferentes para las áreas urbanizadas ya existentes y para las nuevas. Es más, ya en la resolución de 10 de febrero de 2012 se modificó de oficio la AAI en el extremo relativo a la emisión de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, sin afectar al resto de la declaración de AAI, y por tanto, a la cuestión relativa a la emisión de ruidos, pese a que la normativa que ahora se aplica ya estaba vigente”. En consecuencia, la Sentencia considera que “la modificación operada carece de suficiente explicación al desconocer por qué se exige ahora estos valores límites de emisión de ruido. Es más, la propia demandada reconoce que no se exigió antes porque existían dudas sobre la aplicación del Real Decreto, pero que dichas dudas ya se han resuelto, explicación que obviamente no puede calificarse como motivación adecuada y suficiente”.  5. Relación de sentencias comentadas — STSJ de Navarra de 29 de octubre de 2015, ponente Reyes Martínez: la autorización ambiental integrada de instalaciones existentes no requiere evaluación de impacto ambiental, salvo que incluya actividades no previstas en la licencia ambiental previa, en cuyo caso requiere una tramitación completa de la autorización, con evaluación de impacto ambiental incluida. Posibilidad de fijación de objetivos de niveles de ruido de alcance progresivo. — STSJ de Navarra de 12 de noviembre de 2015, ponente Reyes Martínez: imposibilidad de denegar una licencia de actividad por aspectos contemplados en una DIA positiva. Carácter reglado de las licencias de actividad y vinculación a la DIA (ampliación de cantera). — STSJ de Navarra de 9 de diciembre de 2015, ponente Martín Olivera: normativa foral de pesca que impone el sacrificio de especies invasoras (black bass), no infringe normativa básica estatal sobre medio ambiente al establecer niveles de protección más altos. RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016)  Jurisprudencia ambiental en Navarra  6 — STSJ de Navarra de 4 de marzo de 2016: sanción en materia de caza. Se rechaza que hubiera indefensión o vulneración de la presunción de inocencia. Tampoco hay vulneración del principio de tipicidad porque la acción de cazar no exige haber usado el arma, siendo suficiente portarla. — STSJ de Navarra de 17 de marzo de 2016: modificación de oficio de autorización ambiental integrada. No hay caducidad del expediente porque este comienza cuando se dicta un acuerdo al respecto y no cuando se realizan actuaciones previas. Falta de motivación suficiente: no basta con invocar la aprobación de una nueva normativa, sino que debe concretarse por qué son exigibles los nuevos niveles de ruido, sobre todo teniendo en cuenta que en la anterior modificación de la autorización ambiental integrada ya estaba en vigor la norma invocada, sin que se hubieran modificado entonces los niveles de ruido permitidos.  

https://academica-e.unavarra.es/xmlui/bitstream/2454/40451/1/ARTREV%205749211_Alenza_JurisprudenciaAmbiental.pdf

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