Derecho y políticas ambientales en la Comunidad de Madri

Fortes Martín, Antonio

Revista Catalana de Dret Ambiental

Revistes Catalanes amb Accés Obert

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VI Núm. 1 (2015): 1 – 7 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID 
 
ANTONIO FORTES MARTÍN  
Profesor titular de Derecho Administrativo 
Universidad Carlos III de Madrid 
 
RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015)  Derecho ambiental en la Comunidad de Madrid 
 1 
Sumario: 1. Colaboración financiera en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 2. Selección de 
entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la adquisición de vehículos eficientes para uso de 
autotaxi y de vehículos comerciales ligeros eficientes, auxiliares y de servicios. 3. Medidas 
administrativas que entrañan modificaciones de normativa ambiental autonómica. 3.1 Modificación en 
materia de vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento. 3.2 Régimen transitorio en 
materia de evaluación ambiental. 3.3 Vigencia del Reglamento de Agentes Ambientales. 4. Ordenación de 
actividades piscícolas. 
 
1. Colaboración financiera en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
La Resolución, de 17 de octubre de 2014, del Presidente del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales recoge el Convenio de colaboración financiera entre el citado 
Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Comunidad de Madrid y la Comunidad 
de Castilla y León con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Ley 
7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
y la aplicación, en el citado Parque Nacional, de las directrices básicas dispuestas en la 
legislación básica estatal en materia de protección del medio ambiente y en su Plan 
Director.  
Este Convenio, con período de vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2016, es 
fruto de las obligaciones contraídas por ambas Comunidades Autónomas a la hora de 
atender, con cargo a sus respectivos presupuestos, los gastos derivados de la gestión 
ordinaria y habitual del Parque Nacional en el ámbito territorial de cada Comunidad 
Autónoma. Y en cuanto instrumento de cooperación financiera, se encuentra previsto en 
el artículo 10.2 de la Ley 7/2013, de 25 de junio, y en el artículo 20.3 de la Ley 5/2007, 
de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. 
En materia ambiental, que es lo que aquí ahora más interesa, lo más destacable de este 
Convenio es el aseguramiento, a través de la firma del citado Convenio, no sólo del 
cumplimiento de la Ley 7/2013, sino también de la aplicación en el Parque Nacional de 
las directrices básicas establecidas en la legislación básica estatal en la materia, así 
como en su Plan Director. 
 
 
 
A. Fortes  RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015) 
 2 
2. Selección de entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la adquisición 
de vehículos eficientes para uso de autotaxi y de vehículos comerciales ligeros 
eficientes, auxiliares y de servicio 
La Orden 2706/2014, de 28 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, convoca el procedimiento de concurrencia para la selección 
de la entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la adquisición de vehículos 
eficientes para uso de autotaxi para el año 2015. Al mismo tiempo, la Orden 144/2015, 
de 30 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
convoca, de igual modo, el procedimiento de concurrencia para la selección de la 
entidad colaboradora para la gestión de las ayudas para la adquisición de vehículos 
comerciales ligeros eficientes, auxiliares y de servicios para 2015. 
Ambas Órdenes, sobre la base de convocatorias anteriores, asumen el modelo de 
concesión de la ayuda vía descuento a través de los puntos de venta de los vehículos de 
que en cada caso se trate, abriendo la convocatoria para la selección de la entidad 
colaboradora encargada de distribuir los fondos a los beneficiarios que cumplan los 
requisitos establecidos, en el caso de vehículos autotaxi, en la Orden 2157/2013, de 23 
de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para la 
adquisición de vehículos eficientes para uso de autotaxi; y, en el caso de los vehículos 
comerciales ligeros, en la Orden 3222/2014, de 22 de diciembre, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas para la adquisición de vehículos 
comerciales ligeros eficientes, auxiliares y de servicios. 
Precisamente, el alcance tanto de la Orden 2157/2013 como de la Orden 3222/2014 es 
capital a la hora de continuar apostando por el estímulo para acelerar la renovación de la 
flota actual de autotaxis y de vehículos comerciales ligeros en la Comunidad de Madrid 
a través de la incorporación de modelos de alta eficiencia energética, con menor 
consumo de combustible y menos emisiones de dióxido de nitrógeno y de óxidos de 
nitrógeno.  
En efecto, a resultas de la alta demanda del sector del taxi madrileño y la incidencia de 
los vehículos comerciales y las flotas de empresas en las emisiones de NOx, y del 
compromiso del Gobierno regional de continuar impulsando la incorporación de 
vehículos con tecnologías menos contaminantes, la renovación, tanto de la flota actual 
RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015)  Derecho ambiental en la Comunidad de Madrid 
 3 
de autotaxis, como de vehículos comerciales ligeros constituye una de las actuaciones 
clave para reducir las emisiones a la atmósfera, contemplándose incluso, de manera 
expresa, en la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de 
Madrid 2013-2020 (Plan Azul +).  
La Orden 2706/2014 y la Orden 144/2015 se limitan, así pues, a convocar, en régimen 
de concurrencia y publicidad, no la concesión de las ayudas mismas, sino el 
procedimiento de selección de la entidad colaboradora encargada de gestionar las 
ayudas a la adquisición tanto de vehículos autotaxi como de vehículos comerciales 
ligeros eficientes. Una sujeción a este procedimiento de selección que viene  justificada 
por la ausencia de contraprestación económica que lleva aparejada la gestión 
encomendada. Ello sin perjuicio de la compensación que resulte a favor de la entidad 
seleccionada (nunca superior al 2,1% del importe de las ayudas) en los términos a 
concretar en la convocatoria específica de ayudas para 2015; convocatoria esta última 
de cuya constancia, salvo error u omisión nuestra, no tenemos todavía noticia alguna al 
tiempo de cerrar esta crónica ambiental. 
 
3. Medidas administrativas que entrañan modificaciones de normativa ambiental 
autonómica 
La Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad de Madrid, incorpora en su Título IV y en sus disposiciones transitorias una 
serie de medidas administrativas que afectan a sectores y materias diferentes y que, por 
lo que aquí interesa, entrañan una serie de modificaciones de la normativa ambiental ya 
existente. Sin un criterio sistemático claro, las modificaciones aludidas son 
absolutamente dispares en cuanto a la temática (ambiental) a la que se refieren, en los 
términos que abordamos acto seguido. 
 
3.1. Modificación en materia de vertidos líquidos industriales al sistema integral de 
saneamiento 
La modificación de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento de la Comunidad de Madrid, que opera 
el artículo 13 de la Ley 4/2014, es puramente funcional y de claras consecuencias 
procedimentales. La modificación del apartado 2 del artículo 10 de la Ley 10/1993, de 
A. Fortes  RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015) 
 4 
26 de octubre, provoca una reasignación de competencias a favor del Ayuntamiento de 
Madrid, de forma que la entidad local, además de autorizar los vertidos industriales 
tratados en las estaciones depuradoras de aguas residuales de su titularidad, es facultada 
también, a partir de ahora, con la competencia para emitir, en lugar de la Consejería de 
Medio Ambiente, el informe ambiental previo a la autorización, sin perjuicio del deber 
de comunicación a dicha Consejería. Esta modificación (impropia, por cuanto el mismo 
sujeto informante es también el autorizante) responde, según el Preámbulo de la propia 
Ley 4/2014, al propósito de unificar en una misma Administración la autorización y la 
emisión del informe con el fin de agilizar y simplificar el procedimiento, lo que no deja 
de resultar cuestionable. 
 
3.2. Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental 
La disposición transitoria primera de la Ley 4/2014 se hace eco de la aprobación, el 9 de 
diciembre, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, como nueva 
normativa estatal básica en la materia. La incidencia de esta nueva regulación, que, 
como resulta sabido, aúna en una misma disposición el régimen de evaluación de 
impacto ambiental (de proyectos) y el de evaluación ambiental estratégica (para planes 
y programas), es clara en el marco normativo autonómico. Y, de forma concreta, para lo 
que concierne a la Comunidad de Madrid, la nueva Ley estatal afecta sustancialmente a 
la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de Madrid. 
Es por ello por lo que el legislador madrileño ha considerado oportuno proceder a la 
derogación de gran parte de la Ley 2/2002, de 19 de junio, para, consecuentemente, dar 
entrada, de forma directa, a la aplicación de la Ley básica estatal en el territorio de la 
Comunidad de Madrid, dejando a salvo, y a la espera de la aprobación de una nueva Ley 
autonómica de evaluación ambiental, las especificidades que, de acuerdo con la 
habilitación estatal, resulten aplicables en la Comunidad de Madrid. 
A resultas de lo anterior, la disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de 
diciembre, dispone un régimen transitorio en la Comunidad de Madrid en materia de 
evaluación ambiental donde resulta directamente aplicable la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre (por ejemplo, a la hora de determinar la sujeción al procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada de los planes y programas en 
los mismos casos y con los mismos requisitos dispuestos por la normativa estatal 
RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015)  Derecho ambiental en la Comunidad de Madrid 
 5 
básica). Aplicación directa de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que lo es sin perjuicio 
de la vigencia del Título IV, artículos 49, 50 y 72 , la disposición adicional séptima, y el 
anexo quinto de la Ley 2/2002, de 19 de junio. 
Finalmente, la disposición transitoria primera de la Ley 4/2014 dispone una serie de 
reglas complementarias que pasan por: i) el reconocimiento a favor de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid de la 
competencia para la tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica; ii) la fijación de los criterios 
de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento previstos en el artículo 34 
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de Madrid, para su sometimiento a 
evaluación ambiental ordinaria o simplificada; y iii) el criterio de sujeción al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada para los proyectos (o 
sus modificaciones) no incluidos en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
que puedan tener efectos significativos sobre montes en régimen especial, zonas 
húmedas o embalses protegidos. 
 
3.3. Vigencia del Reglamento de Agentes Ambientales 
Por último, la disposición transitoria segunda de la Ley 4/2014 se limita a realizar una 
declaración de vigencia, sin mayores consecuencias, del Decreto 73/1996, de 16 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Funcionarios de la Escala de Agentes 
Ambientales, integrada en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración 
Especial, de la Comunidad de Madrid. 
 
4. Ordenación de actividades piscícolas 
La Orden 10/2015, de 13 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, regula, como por otro lado suele ser habitual cada año, el establecimiento 
de vedas y la ordenación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y 
embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2015. 
La conservación y regulación de las poblaciones piscícolas que habitan en las masas de 
agua de la Comunidad de Madrid precisan de su ordenado aprovechamiento de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
A. Fortes  RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015) 
 6 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y del artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 
13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Y como 
quiera que, a partir de las previsiones estatutarias, la Comunidad de Madrid tiene 
atribuidas las funciones de protección, conservación, fomento y ordenado 
aprovechamiento de la riqueza piscícola continental y la aplicación de las medidas 
conducentes a la consecución de estos fines, así como la vigilancia y el control de las 
aguas continentales, en lo que se refiere a la riqueza piscícola, la Orden objeto ahora de 
estudio contempla la regulación, para el año 2015 (sin perjuicio de su prórroga una vez 
finalizada la temporada de 2015 si no hubiese entrado en vigor la Orden reguladora de 
la actividad piscícola para la siguiente temporada), de las limitaciones y épocas hábiles 
para el ejercicio de la pesca deportiva en el ámbito de las aguas de la Comunidad de 
Madrid. 
La disposición para el curso 2015 no establece una regulación particularmente 
destacada, por novedosa, respecto a la aprobada, para cada ejercicio, en años 
precedentes. Más bien se recrea una ordenación administrativa típica o al uso detallando 
pormenorizadamente en sus veintiocho artículos: i) los permisos de pesca —como 
autorización administrativa que acredita el derecho a ejercitar la pesca en un tramo 
acotado en una fecha determinada y, por lo tanto, distinta de la licencia de pesca que 
debe tener el interesado previamente (a mayor abundamiento, la utilización de esos 
permisos de pesca determina la clasificación a la que quedan sujetos los pescadores en 
los términos del artículo 7 de la Orden)—; ii) las especies objeto de pesca deportiva en 
el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid (que son las relacionadas en el artículo 
9 y anexo I de la Orden) mediante las artes y métodos legales (concretados en los 
artículos 22 y 23 de la Orden, con especificación de los prohibidos en todo el ámbito de 
la Comunidad de Madrid en el anexo IV de la Orden) en los tramos autorizados a tal fin 
(donde se diferencian en este punto tramos libres, tramos acotados, tramos de pesca 
controlada, tramos experimentales de pesca, tramos vedados —art. 13— y, finalmente, 
un régimen especial de los llamados tramos de captura y suelta —art. 16—); iii) el 
régimen especial de la pesca en aguas privadas (artículo 17 de la Orden) y el de las 
zonas piscícolas comprendidas en espacios naturales protegidos y espacios con Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales o Planes Rectores de Uso y Gestión (artículo 
18 de la Orden); iv) las dimensiones mínimas de las especies objeto de pesca, los cupos 
máximos (ambos extremos también detallados en el citado anexo I y, respectivamente, 
RCDA Vol. VI Núm. 1 (2015)  Derecho ambiental en la Comunidad de Madrid 
 7 
en los artículos 10 y 11 de la Orden), así como la comercialización y el transporte de las 
especies objeto de pesca (artículo 26 de la Orden); y, finalmente, y entre otros extremos, 
v) el régimen de la pesca con fines científicos (artículo 27 de la Orden); y vi) el horario 
de pesca durante cada jornada, que, de conformidad con el artículo 21, se establece 
desde una hora antes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta. Cabe 
tener, no obstante, en cuenta que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio se encuentra facultada (art. 1.2) para establecer normas de carácter 
extraordinario cuando sea estrictamente necesario para la conservación de alguna 
especie de la fauna acuícola continental o bien cuando lo aconsejen los resultados de 
estudios hidrobiológicos o por cualquier otra causa que, por razones de urgencia, sea 
preciso con vistas al establecimiento de dicha normativa extraordinaria. 
 


Derecho y políticas ambientales en la Comunidad de Madrid

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Revistes Catalanes amb Accés Obert