Derecho y políticas ambientales en Extremadur

Brufao Curiel, Pedro

Revista Catalana de Dret Ambiental

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REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VI Núm. 2 (2015): 1 – 3 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN EXTREMADURA 
 
PEDRO BRUFAO CURIEL 
Profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo 
Universidad de Extremadura 
 
P. Brufao  RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015) 
 1 
Extremadura alberga espacios naturales donde encuentran su hábitat especies de gran 
interés científico y ecológico. El derecho de la biodiversidad extremeño se ha visto 
recientemente complementado con la publicación de diversos planes sobre tres especies 
emblemáticas y que sirven de paraguas a otras muchas: el águila imperial, el águila 
perdicera y el buitre negro. 
En efecto, hablamos de la Orden de 25 de mayo de 2015 por la que se aprueba el Plan 
de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) en Extremadura, que 
cuenta con una cincuentena de parejas reproductoras en la región. Los elementos 
principales de la Orden se refieren, junto a la descripción de la especie y su hábitat en 
Extremadura, a la restricción del ejercicio de las monterías para las manchas que 
constituyan territorios de la especie, por lo que la fecha límite de celebración de estas se 
fija en el 15 de febrero, así como a las impuestas para la caza menor, respecto de la cual 
no se autorizarán actividades cinegéticas en los cotos con presencia de áreas de 
nidificación con posterioridad al 15 de febrero, cuando empieza oficialmente el período 
de incubación. Estas cuestiones, como es obvio, han sido criticadas por ciertos sectores 
de la caza regional. También se incluyen medidas de represión del furtivismo, el empleo 
de venenos y los cepos ilegales. Otras medidas que se recogen en esta disposición son el 
fomento de la restauración del hábitat de la especie, el aumento de las poblaciones de 
conejo y perdiz roja, base de su alimentación, y el incremento de la productividad de las 
parejas reproductoras de águila imperial mediante la reducción de pérdidas de nidos, 
huevos y pollos, favoreciendo la reintroducción de estos y evitando la muerte por 
colisión con tendidos eléctricos, medidas todas ellas a aplicar sobre todo en la zona del 
llamado “hábitat crítico” de la especie, concepto que proviene del derecho de la 
biodiversidad de los EE. UU. y que no está especialmente configurado, difundido ni 
defendido en España. En este supuesto el “hábitat crítico” se entiende como: “El 
entorno inmediato de cualquier nido de la especie que haya sido ocupado al menos en 
una ocasión durante los últimos cinco años. Se define éste como el área circular, 
centrada en dicho nido, de un diámetro de 500 m”, algo que difiere de raíz respecto del 
modelo norteamericano, que puede incluir miles de kilómetros cuadrados. A todo lo 
anterior se suma la cría en cautividad, la mejora de la información biológica sobre sus 
poblaciones y la información al público. 
Con esa misma fecha se dictaron las órdenes sobre los planes de conservación de los 
hábitats del águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) y del buitre negro (Aegypius 
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monachus), cuya presencia en la región se estima en cerca de un centenar de parejas 
reproductoras y alrededor de novecientas, respectivamente. Las medidas a aplicar son 
semejantes a las descritas más arriba para el águila imperial, a cuya descripción 
detallada nos remitimos. 
En el mismo campo del derecho de la biodiversidad, resaltamos la importancia del 
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 
2000 en Extremadura, en desarrollo de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación 
de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, y de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Según su exposición de 
motivos, la red Natura 2000 en Extremadura representa en la actualidad el 30,3% de la 
superficie regional (1.264.288 ha) y está integrada por 71 ZEPA (1.102741,9 ha; 26,5% 
de la región) y 89 LIC (934.118,8 ha; 22,4% de la región). Esta amplia distribución 
conlleva, según los promotores del Decreto 110/2015, que sea necesario compatibilizar 
la protección de la red Natura 2000 con el desarrollo económico, lo que, a juicio de los 
detractores del Decreto, puede servir para desarrollar proyectos que alteren los valores 
de la red. Lo dicho no es baladí, pues existen proyectos que afectan gravemente a estas 
zonas que ya han sido declarados ilegales por los tribunales, como alguna urbanización 
privada a orillas del Tajo. El hecho de que no se ejecuten las sentencias muestra el 
gravísimo problema del casi nulo respeto a la ejecución de las resoluciones judiciales, la 
prácticamente inexistente aplicación de las medidas cautelarísimas de suspensión de 
obras sin fianzas multimillonarias y el temor de querer llevar a la práctica todas las 
consecuencias de lo dictado en las sentencias, cuando lo lógico, legal y racional es 
ejecutarlas. 
Una de las claves de esta norma es el llamado “informe de afección” o instrumento para 
evaluar la incidencia de programas, planes y proyectos en la red Natura 2000, que se 
recoge en el anexo I, informe al que se suman el Plan Director, los planes de gestión de 
los distintos lugares y la zonificación de los espacios protegidos por esta norma: zonas 
de interés prioritario, de alto interés, de interés y de uso general, cuyo juego dará lugar a 
la facultad de permitir o no los usos previstos por las administraciones públicas o 
solicitados por los particulares, junto con las excepciones conocidas de las directivas de 
Hábitats por razones imperiosas y verdaderas de interés público, como ha interpretado 
el Tribunal de Justicia de la UE. Otro aspecto importante es el derecho transitorio, pues 
se mantienen vigentes diversos planes de gestión de siete ZEPA, a la vez que se prevé 
P. Brufao  RCDA Vol. VI Núm. 2 (2015) 
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un plazo de cinco años para que se adapten al futuro plan director, alguna de las cuales 
se ha modificado a la baja en el pasado para dar cobijo a distintas obras e 
infraestructuras. 
Por otro lado, hemos de decir que ha sido de gran importancia la publicación de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que deroga la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad 
Ambiental. Esta extensa ley, que reúne más de 150 artículos y disposiciones y diez 
anexos, constituye un verdadero código de legislación ambiental, pues a la ya consabida 
regulación preventiva y procedimental de la evaluación de programas, planes y 
proyectos con incidencia ambiental se le suma la regulación del paisaje, el ruido, la 
contaminación atmosférica y lumínica, la protección radiológica y los instrumentos 
voluntarios para la protección ambiental como los acuerdos, la ecoauditoría o la etiqueta 
ecológica. Como puede suponerse, esta norma regional desarrolla el derecho nacional y 
el de la UE al respecto, al igual que han hecho el resto de comunidades autónomas. 
Para terminar, traemos a colación, en la vorágine de la retribución de las energías 
alternativas, el Decreto 67/2015, de 14 de abril, por el que se deroga el Decreto 
160/2010, de 16 de julio, por el que se regula el procedimiento para la autorización de 
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica. Se 
caracteriza por eliminar del anterior Decreto la norma, colusoria con la competencia, 
con la unidad de mercado y con el derecho de la propiedad, que obligaba a los 
promotores a optar entre crear tres empleos por megavatio de potencia o comprometerse 
a entregar a los ayuntamientos y las mancomunidades integrales afectados por los 
aerogeneradores al menos el 8% de la facturación eléctrica obtenida. Esta norma, en 
realidad, despeja el derecho transitorio a la luz del estado de tramitación de los diversos 
proyectos acogidos al Decreto de 2010 y a otro de 2005. 


Derecho y políticas ambientales en Extremadura

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