Jurisprudencia ambiental en el País Vasc

Lazkano Brotóns, Íñigo

Revista Catalana de Dret Ambiental

Revistes Catalanes amb Accés Obert

Jurisprudencia ambiental en el País Vasco

Jurisprudencia ambiental en el País Vasco (Primer semestre 2016

Lazkano Brotóns, Iñigo

Revistes Publicacions URV (Universitat Rovira i Virgili)

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN EL PAÍS VASC

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. IV Núm. 1 (2013): 1 – 7 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN EL PAÍS VASCO 
 
IÑIGO LAZKANO BROTÓNS  
Profesor colaborador 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea 
 
I. Lazkano              RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013) 
2 
Sumario: 1. Tasa de prestación del servicio de basuras en viviendas desocupadas. 2. Decisiones en 
materia de actividades clasificadas y similares. 3. Ordenanzas municipales sobre instalaciones e 
infraestructuras de radiocomunicación. 
 
1. Tasa de prestación del servicio de basuras en viviendas desocupadas 
La STSJPV 7/2013, de 19 de marzo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
1.ª, ponente: Fernández Fernández), resuelve el recurso interpuesto por una asociación 
de propietarios contra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación con la Ordenanza 
Reguladora de Tasas por la Prestación de Servicios Públicos y Realización de 
Actividades, de diciembre de 2011; en concreto, se reclamaba la nulidad de la tasa por 
la prestación del servicio de recogida y eliminación de basuras. El motivo es que se 
fijaba una importante cuota anual (260 euros) para las viviendas en las que no se 
encontrase empadronada ninguna persona, lo que contrastaba con la impuesta para las 
viviendas ocupadas. En estos casos no se alcanzaba esa cantidad y se hacía depender la 
tasa únicamente del número de metros cuadrados de la vivienda. Como alegaron los 
recurrentes (y el TSJPV estimó), en realidad lo que el Ayuntamiento pretendía era 
utilizar la tasa de basuras para gravar la propiedad de viviendas vacías. Y ello pese a 
que el Ayuntamiento pudo demostrar que el importe total de las tasas recaudadas por 
ese servicio concreto no cubría más que el 46,64% de su coste. En comparación con los 
pisos ocupados, la tasa de basuras impuesta a las viviendas desocupadas era superior en 
un 59,2% para los pisos de hasta 120 metros cuadrados, en un 345,1% para los de hasta 
200 metros cuadrados y en un 269,85% para los de más de 200 metros cuadrados. Como 
afirmó el TSJPV, “no hay, pues, ninguna relación entre el factor de cuantificación de la 
tarifa impugnada, esto es, la desocupación de la vivienda y el hecho imponible de la 
tasa”. Se indicó expresamente en la Sentencia que “la manifestación de la capacidad 
económica del propietario de la vivienda ha de guardar necesariamente relación con la 
utilización real o potencial del servicio y por lo tanto, no puede establecerse con arreglo 
a unos criterios, aquí el de superficie, respecto a las viviendas ocupadas y sin atención a 
ese criterio u otros objetivos respecto a las viviendas desocupadas”. 
 
2. Decisiones en materia de actividades clasificadas y similares 
En la STSJPV 1418/2012, de 23 de mayo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª, ponente: Alberdi Larizgoitia), se resuelve un asunto habitual en sede 
 RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013)     Jurisprudencia ambiental en el País Vasco 
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judicial: el de los efectos de la tolerancia administrativa en relación con actividades 
clasificadas. Al amparo del RAMINP, un ayuntamiento —en 1975— otorgó la 
concesión de licencia de actividad para la instalación de una industria de transformación 
de mármol y, después de dicho otorgamiento, llevó a cabo en puridad la tramitación del 
procedimiento de actividades clasificadas, pues fueron posteriores a esa fecha el 
informe del jefe local de Sanidad y el del aparejador municipal y, sobre todo, la decisión 
de la Comisión Delegada de Saneamiento de la Provincial de Servicios Técnicos, que 
calificó dicha actividad como molesta e impuso medidas correctoras. Como 
consecuencia de la posterior aprobación de las normas subsidiarias de ese municipio en 
1991, que calificaron el suelo en el que la marmolería se hallaba ubicada como no 
urbanizable y la actividad como tal fuera de ordenación, hubo un primer proceso 
judicial en relación con el tema que concluyó condenando al Ayuntamiento a incoar el 
procedimiento previsto en la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco para las actividades clasificadas y desestimando la clausura de la marmolería. 
Dicho procedimiento efectivamente se incoó, concediéndose una nueva licencia de 
actividad para la marmolería con medidas correctoras ya adaptadas al nuevo marco 
legal, concesión de licencia contra la que un ciudadano particular recurriría. El Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo desestimaría el recurso, y el TSJPV, en sentencia 
dictada en apelación, ratifica dicho fallo. En sus argumentos, el TSJPV estima que la 
cuestión que el particular plantea es de naturaleza estrictamente urbanística (la 
incompatibilidad del uso industrial con la clasificación del suelo como no urbanizable), 
pero admite la apariencia de legalidad derivada de diversos factores: por una parte, el 
hecho de que en su momento se dispusiera de licencia de actividad (aunque obtenida a 
través de un procedimiento no demasiado ortodoxo) y, por otra, el hecho de que las 
propias normas subsidiarias hicieran constar explícitamente esa actividad como uso 
fuera de ordenación. 
Aunque no se trate estrictamente de una cuestión sobre actividades clasificadas, la 
STSJPV 2209/2012, de 17 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
2.ª, ponente: Alberdi Larizgoitia), plantea unos ciertos perfiles similares sobre un tipo 
de uso que, en ocasiones y según cómo esté regulado en la legislación autonómica 
correspondiente, puede estar sometido a licencia o a comunicación previa de actividad 
clasificada por sus efectos molestos (aunque sea por simple analogía derivada de las 
cláusulas de cierre habituales en los listados de usos sometidos a esta normativa 
I. Lazkano              RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013) 
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sectorial). Se trata de la cuestión relativa a la situación urbanística que han de tener los 
pisos de acogida de menores. En el caso concreto se discutía si se trataba de un uso 
residencial o equipamental, lo que resultaba trascendente desde el punto de vista 
jurídico ya que el planeamiento general de Bilbao establece para este último tipo de 
usos, o un acceso independiente, o que se sitúe por debajo de las plantas destinadas a 
vivienda. Para el TSJPV, “el hecho de que se hayan causado molestias, no aboga por su 
carácter equipamental, puesto que es de común experiencia que el uso residencial 
común también las causa a menudo y no deja por ello de ser uso residencial”. Y aunque 
“los pisos de acogida son recursos públicos asistenciales, y desde dicha perspectiva 
encajan en la definición del uso equipamental asistencial”, hay que tener en cuenta que 
“desde la perspectiva del nuevo marco jurídico de protección de los menores 
desprotegidos, al que el PGOU no está adaptado por ser muy anterior en el tiempo, es 
incuestionable que se trata de un núcleo convivencial en una vivienda ordinaria, que 
opera a modo de hogar funcional, que busca un entorno residencial del menor que 
emule de la mejor manera posible la convivencia familiar en un entorno residencial y, 
desde dicha perspectiva, el uso encaja asimismo en el uso residencial previsto en el 
PGOU”, siendo esta interpretación la que debe prevalecer “de acuerdo con la realidad 
social del tiempo en que las normas en cuestión han de ser aplicadas”. 
 
3. Ordenanzas municipales sobre instalaciones e infraestructuras de 
radiocomunicación 
La STSJPV 1/2013, de 8 de enero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, 
ponente: Fernández Fernández), resuelve el recurso interpuesto por la empresa 
Telefónica Móviles, S. A., contra la Ordenanza Municipal sobre Instalaciones e 
Infraestructuras de Radiocomunicación aprobada por el Ayuntamiento de Basauri en 
2010. En una razonada y detallada sentencia, el TSJPV analiza todo el texto de la 
Ordenanza, contrastándolo con el marco competencial fijado en la legislación estatal de 
telecomunicaciones (según los criterios interpretativos fijados en la jurisprudencia del 
Supremo). De esta manera se van fijando qué aspectos pueden perfectamente adoptar 
los municipios y cuáles no a la hora de dictar esta clase de ordenanzas. Entre los 
aspectos plenamente legales, amparados por las competencias municipales en materia 
de medio ambiente, urbanismo, salud, paisaje urbano, etc., se encuentran los siguientes: 
 RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013)     Jurisprudencia ambiental en el País Vasco 
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a)  Los municipios pueden regular las condiciones técnicas de dichas instalaciones 
sin invadir necesariamente las competencias estatales en la materia. 
b)  Si la ordenanza fija exclusivamente las condiciones de instalación de las 
infraestructuras de radiocomunicación con arreglo a la clasificación de usos de suelo 
prevista por el planeamiento general (esto es, sin subdividir la clase de suelo de que se 
trate en zonas diferenciadas por razón del destino específico que se les asigne), se trata 
de una disposición de naturaleza y rango distintos de dicho plan, por lo que no necesita 
para su aprobación informe previo del órgano competente en materia de 
telecomunicaciones de la Administración del Estado. 
c)  La aplicación analógica de la ordenanza a las tecnologías nuevas no 
contempladas en su texto es una fórmula jurídicamente admisible. 
d)  La previsión de un régimen de autorización previa para tales instalaciones se 
justifica por una razón imperiosa de interés general y porque dicho control a priori es 
necesario para que se cumplan los objetivos de protección de la salud y otros bienes en 
el ámbito de la competencia municipal. 
e)  La justificación de la utilización de la mejor tecnología disponible, técnica y 
económicamente viable, en la medida en que sea necesaria y proporcional para la 
protección de los intereses públicos que el municipio tutela, no puede considerarse 
contraria a la legislación de telecomunicaciones. 
f)  Es conforme a Derecho la prohibición por ordenanza municipal de este tipo de 
instalaciones en suelos destinados a zonas verdes, espacios libres, viales de uso público, 
parcelas o edificios destinados a equipamientos sin relación con la instalación de 
telecomunicaciones. A idéntica conclusión se llega en relación con la prohibición de 
colocar antenas en las fachadas de los edificios. Que los emplazamientos deban ser 
conformes con las determinaciones urbanísticas, ambientales, de patrimonio histórico, 
seguridad del tráfico aéreo, etc., puede ser perfectamente requerido por la ordenanza 
municipal (incluso la exigencia de un retranqueo mínimo de 15 metros a linderos de la 
parcela y una altura máxima total del conjunto de 40 metros). 
g)  Tampoco es extraña a la competencia municipal la exigencia de ciertas 
características de morfología, diseño, tamaño, volumen, etc., para las instalaciones sobre 
la base de la competencia local sobre seguridad y ornato de edificaciones, protección del 
paisaje o entorno. Otro tanto puede decirse de las condiciones de la instalación 
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(visibilidad desde la vía pública, altura, colocación de los mástiles, retranqueo…) y, 
especialmente en el caso de obras de nueva edificación o de rehabilitación, de la 
exigencia de que el cableado se conduzca por la red de canalizaciones prevista. 
h)  Puede exigirse en la documentación a presentar para la licencia municipal una 
póliza de seguro de responsabilidad civil con cobertura total sobre daños a personas y 
cosas, con renovación anual mientras se mantenga en servicio la instalación. 
i)  También se estiman regulables a nivel local cuestiones tales como la retirada de 
las instalaciones cuando se produzca el cese definitivo de la actividad o de los 
elementos de esta que no se utilicen por resultar inservibles o técnicamente inoperantes 
y no de forma temporal o reversible, la autorización para la renovación o sustitución de 
los elementos determinantes o relevantes de las instalaciones concedidas (y no cuando 
se trate de innovaciones o reformas que no alteren los elementos esenciales de la obra), 
el desmontaje y la retirada de la instalación cuando no se disponga de licencia (aun 
siendo procedente su legalización) y, por supuesto, el régimen sancionador. 
Por el contrario, resultan ilegales ciertos contenidos establecidos en la Ordenanza por 
contravenir la legislación de telecomunicaciones, al abordar cuestiones que no deben ser 
reguladas a un nivel estrictamente local. Se trata de los siguientes aspectos: 
a) La exigencia de un proyecto técnico en el que se expliciten los datos referidos a 
potencia eléctrica contratada, frecuencia de funcionamiento, potencia de emisión, 
diagramas de radiación, estudio de posibles interferencias y efectos acumulativos en la 
radiación, etc., es contrario a la legalidad, pues se trata de datos, acreditaciones y 
estudios técnicos cuya autorización corresponde a la Administración del Estado. 
b)  La prohibición de la instalación de antenas de telefonía móvil y otros equipos de 
radiocomunicación de similares características en un círculo de 300 metros de diámetro 
cuyo centro sean guarderías, establecimientos de enseñanza o salud, parques o 
residencias vulnera la competencia estatal sobre las bases del sistema sanitario. Las 
entidades locales no pueden fijar condiciones, límites o distancias adicionales o 
complementarios de los previstos en esa norma estatal. 
c)  La limitación genérica de una estación base por cada 150 metros cuadrados de 
superficie, medida en proyección horizontal del tejado, azotea, patio o terreno en que se 
ubique, no puede ampararse en las competencias municipales sobre protección de la 
salud. 
 RCDA Vol. IV Núm. 1 (2013)     Jurisprudencia ambiental en el País Vasco 
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d)  El hecho de que el Ayuntamiento valore positivamente en la concesión de las 
licencias el compromiso de respetar la limitación de 0,1 microvatios/centímetro 
cuadrado (que se considera compatible con la calidad del servicio) se considera nulo, al 
vulnerar las competencias de regulación de los niveles de emisión (que corresponden a 
la Administración del Estado). Dicha vulneración alcanza tanto al compromiso 
voluntario del operador establecido con carácter general como al compromiso 
obligatorio del mismo sujeto establecido con carácter excepcional. 
e)  Todos estos elementos, lógicamente, no pueden ser objeto de comprobación 
municipal previa al otorgamiento de la licencia o al funcionamiento de la instalación por 
ser elementos de competencia estatal. Lo mismo ha de señalarse respecto de las 
facultades municipales de inspección. 


JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN EL PAÍS VASCO

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. IV Núm. 2 (2013): 1 – 8 
- Crònica - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN EL PAÍS VASCO 
 
IÑIGO LAZKANO BROTÓNS  
Profesor colaborador 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea 
 
I. Lazkano  RCDA Vol. IV Núm. 2 (2013) 
 2 
Sumario: 1. Revisión de oficio de un acto administrativo a instancia de una asociación de defensa 
medioambiental: el asunto de la Plataforma Torrolate para la conservación y defensa del Toloño y su 
entorno y el proyecto de campo de golf en Labastida. 2. Licencia de actividades clasificadas, distancias 
entre establecimientos de hostelería y aplicación de la Directiva de Servicios. 3. Licencia de actividades 
clasificadas y edificaciones fuera de ordenación. 4. Licencia municipal de obras y estaciones de telefonía 
móvil. 5. Licencia de actividades clasificadas y actividad de serrería. 
 
1. Revisión de oficio de un acto administrativo a instancia de una asociación de 
defensa medioambiental: el asunto de la Plataforma Torrolate para la 
conservación y defensa del Toloño y su entorno y el proyecto de campo de golf en 
Labastida 
La STSJPV 436/2013, de 17 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
1.ª, ponente: Fernández Fernández), una decisión interesante y bien fundamentada en lo 
relativo a la defensa de los intereses medioambientales, resuelve los recursos de 
apelación planteados por Torrolate Plataforma para la conservación y defensa del 
Toloño y de su entorno y por el Ayuntamiento de Labastida contra una sentencia previa 
del Juzgado de lo Contencioso de Vitoria. El asunto es un tanto complejo y gira en torno 
a la creación, discutida socialmente y legalmente polémica, de un campo de golf de 
titularidad privada en el marco de una más amplia operación urbanizadora de una zona 
(750 viviendas, en una localidad de unos 1.500 habitantes) sobre parcelas que 
constituyen monte de utilidad pública, sin previa desafectación, y en un área próxima a 
una zona de especial protección de aves. En 2007 la plataforma contraria al proyecto 
presentó ante el Ayuntamiento un escrito en el que solicitaba que se declarase la nulidad 
de ciertas decisiones municipales tomadas anteriormente en torno al proyecto (el 
acuerdo en el que se declaraba estratégico el proyecto de campo de golf, la constitución 
de la sociedad instrumental municipal para la gestión del proyecto, etc.). El 
Ayuntamiento admitió a trámite la solicitud y formuló propuesta de resolución 
favorable a esta, remitiéndola a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Coincidiendo 
temporalmente con ello, y como consecuencia del transfuguismo, triunfó una moción de 
censura en el Ayuntamiento que implicó un cambio en el gobierno municipal; esta 
nueva corporación decidió anular la admisión a trámite de la solicitud de revisión de 
oficio planteada por la plataforma y (¡dos años más tarde!) resolver expresamente sobre 
la solicitud, inadmitiéndola. Es contra estas últimas decisiones contra las que la 
plataforma plantea recurso contencioso. El juzgado resolvería parcialmente el recurso 
en su favor, declarando no ajustados a derecho los dos acuerdos adoptados después de la 
RCDA Vol. IV Núm. 2 (2013)  Jurisprudencia ambiental País Vasco 
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moción de censura y ordenando que se retrotrajesen las actuaciones a fin de que se 
recabase a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi el dictamen previo antes de dictar 
la resolución que procediera. Contra esta decisión judicial se planteó recurso de 
apelación tanto por el Ayuntamiento de Labastida (que también cuestionaba la 
legitimación de la plataforma para solicitar la iniciación de un procedimiento de 
revisión de oficio de los acuerdos municipales adoptados, algo que a su juicio no había 
sido resuelto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) como por la propia 
Torrolate Plataforma. 
El TSJPV, con unos argumentos muy bien fundamentados, dicta una sentencia que 
estima el recurso de la plataforma y desestima el presentado por el Ayuntamiento. En 
relación con los argumentos de falta de legitimación de la plataforma, se afirma que “es 
evidente el interés legítimo ex artículo 19.1.b LJCA del recurrente en solicitar la 
revisión en esta sede del acto administrativo de inadmisión de su petición, esté o no 
fundada esta en la titularidad de un interés ex artículo 31.1 y 2 de la Ley 30/1992”. Con 
más claridad añade que “teniendo en cuenta que la asociación recurrente se constituyó, 
según dicen sus estatutos, con la finalidad de contribuir a la defensa de los valores que 
atesora el Monte Toloño y su entorno, su interés en solicitar la declaración de nulidad de 
los acuerdos municipales que afectan a la ordenación y gestión de ese espacio natural, 
incluso a su titularidad, no puede ser contemplado únicamente desde la perspectiva 
medio-ambiental (artículos 3.4 de la Ley 3/1998 del País Vasco, general de protección 
del medio ambiente y 22 y 23 de la Ley 27/2006) sino desde la general que marca la 
relación entre sus fines, que no se reducen a la protección de la naturaleza dado el 
carácter diverso y plurifuncional de los valores vinculados al patrimonio forestal (véase, 
p. ej., la exposición de motivos de la Ley 43/2003 de montes) y el objeto de esos 
acuerdos, y desde ese punto de vista hay que proclamar la condición de interesada de la 
asociación en el expediente de revisión del artículo 102 de la LPC como titular de un 
interés legítimo colectivo (artículo 31.1.a de la misma Ley), no en defensa de la 
legalidad por sí misma o en abstracto, sino en cuanto que afectada por los actos objeto 
de ese expediente, no en vano sus efectos conciernen a la propia actividad y fines de la 
asociación”.  
Por lo que se refiere al fondo del asunto, el TSJPV, por razones de tutela judicial, 
admite excepcionalmente la solución propugnada por la plataforma apelante, en el 
sentido de que, por el tiempo transcurrido (cuatro años entre el ejercicio de las acciones 
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de nulidad y el acuerdo municipal último de inadmisión, y dos años entre este y la 
revocación previa de los acuerdos anteriores estimatorios de la acción), esta “dilación 
y/o torpeza procedimental denota más que indiciariamente un ejercicio desviado de 
poder cuya sanción no se aviene con una dilación —redundante— de un procedimiento 
de revisión tardía e indebidamente inadmitido”. Añade el TSJPV que “la defensa de las 
competencias del Pleno municipal podía justificar la revocación de los Decretos de la 
Alcaldía, salvo exceso o ejercicio abusivo de poder, pero en ningún caso la inadmisión 
‘a posteriori’ de las acciones de nulidad”. Por ello, el órgano judicial entra al fondo del 
asunto: valorar si los acuerdos municipales originarios del problema (el que declaraba 
estratégico el proyecto de campo de golf, el de constitución de la sociedad instrumental 
municipal para la gestión del proyecto, etc.) se acomodan o no a derecho, y, adoptando 
una respuesta negativa (por incompetencia manifiesta y omisión del procedimiento 
legalmente establecido), declara su nulidad. La resolución es plenamente acertada pues, 
si se hubiera retrotraído de nuevo todo el expediente al momento previo a la adopción 
de los actos que se impugnaban (que, recuérdese, no eran los originales del conflicto, 
sino que los hacía inadmisibles la acción de nulidad presentada por la plataforma), se 
hubiera beneficiado lo que, según el tribunal, tenía “visos de constituir una estrategia 
dilatoria del infractor”. 
 
2. Licencia de actividades clasificadas, distancias entre establecimientos de 
hostelería y aplicación de la Directiva de Servicios 
Es de particular interés el contenido de la STSJPV 319/2013, de 8 de mayo (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, ponente: Ruiz Ruiz). La Asociación de 
Comerciantes de Hostelería del País Vasco impugnó la Ordenanza municipal de Bilbao 
sobre establecimientos de hostelería. Aunque se impugnaban varias previsiones de esa 
norma por un supuesto incumplimiento de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los 
servicios en el mercado interior, algunas de las cuestiones (las relativas a los requisitos 
para el inicio de las actividades y la necesidad obligatoria de licencia) perdieron su 
objeto procesal al ser transpuesta en el ínterin dicha normativa europea al ordenamiento 
autonómico vasco por la Ley 7/2012, de 23 de abril, del Parlamento Vasco. El recurso 
quedó centrado, por lo tanto, en un único punto: si el establecimiento en la Ordenanza 
local de un régimen de distancias mínimas entre establecimientos de hostelería es 
compatible con la Directiva 2006/123/CE. El TSJPV remite a una reciente decisión 
RCDA Vol. IV Núm. 2 (2013)  Jurisprudencia ambiental País Vasco 
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anterior (la STSJPV 256/2013, de 6 de mayo, dictada en un proceso similar en relación 
con la impugnación de una ordenanza municipal similar de Vitoria) y admite la 
excepcionalidad de este tipo de medidas si son: a) no discriminatorias; b) 
proporcionadas; y c) justificadas por una razón imperiosa de interés general. Y en 
ambos casos (ordenanzas de Vitoria y Bilbao) se cumplen tales circunstancias porque: 
a) La clasificación de los locales se ajusta a los grupos establecidos en la normativa 
autonómica que determina los horarios de los espectáculos públicos y las actividades 
recreativas y otros aspectos relativos a estas actividades, tratando de cohonestar la 
actividad empresarial con la necesidad de preservar el descanso y la tranquilidad de los 
demás ciudadanos (porque no todas las actividades que se desarrollan tienen el mismo 
impacto desde la perspectiva medioambiental y/o urbanística). 
b) En cuanto a la proporcionalidad, cuando se afirma que se está hablando del medio de 
vida de muchas personas, empresarios y trabajadores, hay que indicar que el 
establecimiento de restricciones y límites no significa que no se puedan desarrollar en 
absoluto las actividades. 
c) Y, respecto de la razón de interés general, “se trata de evitar o controlar que existan 
zonas saturadas con determinadas actividades que constituyen focos potenciales de 
inmisiones sonoras, y excesiva alteración del entorno de acuerdo con el uso del mismo, 
lo que resulta determinante cuando se trata de un suelo de uso residencial” (esto explica 
que no se establezcan distancias para la instalación de una chocolatería, pero sí para la 
instalación de un bar —50 metros— o de una discoteca —200 metros— respecto de 
otra preexistente). 
Como, además, la Ordenanza suponía una reducción significativa de las restricciones 
respecto de la situación anterior y, por otro lado, la comunicación necesaria a la 
Comisión Europea se encontraba en curso a través de la Administración del Estado, el 
TSJPV desestima el recurso. En suma, para el órgano judicial, la limitación por 
distancias, y lo que supone de restricción cuantitativa de establecimientos de hostelería, 
está amparada en la defensa y protección del medio ambiente, debiéndose considerar, 
asimismo, que se está ante una decisión no discriminatoria y que debe considerarse 
proporcionada. 
 
 
I. Lazkano  RCDA Vol. IV Núm. 2 (2013) 
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3. Licencia de actividades clasificadas y edificaciones fuera de ordenación 
La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección General del Medio Ambiente del País 
Vasco, establece que los ayuntamientos no pueden otorgar la licencia de obras para 
actividades sujetas a licencia de actividad clasificada mientras no se haya concedido 
esta última. En la STSJPV 233/2013, de 10 de enero (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª, ponente: Rodrigo Landazabal), se resuelve el caso de una 
actividad que ya se está desarrollando (consistente en la recogida y clasificación de 
chatarra y productos de desecho) y cuyo titular presenta una solicitud de legalización. El 
Ayuntamiento se la deniega porque la solicitud no se limitaba a instar dicha 
legalización, sino que incluía también la realización de una cubierta de cerramiento, a 
través de las obras correspondientes, lo que resultaba no conforme a derecho, pues las 
instalaciones estaban urbanísticamente bajo la categoría de “fuera de ordenación”, al 
estar prevista su demolición por la ejecución de una actuación urbanística integrada. El 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo afirmó la legalidad de la decisión municipal 
adoptada, y el titular de la actividad planteó recurso de apelación contra esa resolución 
judicial. El TSJPV estima parcialmente este recurso, pues con posterioridad a la 
decisión judicial de instancia el Tribunal Supremo vino a confirmar la nulidad de las 
Normas Subsidiarias municipales (que habían sido objeto de otra impugnación 
diferente), que catalogaban esa instalación como fuera de ordenación. En consecuencia, 
la decisión municipal adoptada en su momento carecía de cobertura jurídica en el 
planeamiento urbanístico. 
 
4. Licencia municipal de obras y estaciones de telefonía móvil 
El sometimiento o no de la colocación de estaciones base de telefonía móvil a licencia 
municipal es una causa frecuente de conflicto entre las operadoras y las corporaciones 
locales. En la STSJPV 463/2013, de 24 de abril (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª, ponente: Alberdi Larizgoitia), el origen de la disputa se halla en el silencio 
de la Junta de Gobierno Local de un ayuntamiento ante la solicitud de licencia de obras 
y actividad exenta presentada por una operadora, pese a la existencia de un acuerdo 
foral que declaraba el interés público de la instalación (al recaer en suelo no 
urbanizable). La empresa interesada solicitó entonces certificación del acto presunto, 
RCDA Vol. IV Núm. 2 (2013)  Jurisprudencia ambiental País Vasco 
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que fue denegada por el Ayuntamiento al entender este que no podía obtenerse por 
silencio administrativo la licencia al carecer el lugar de ordenación urbanística 
estructural y pormenorizada. El TSJPV confirma en apelación la decisión judicial ya 
adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo: el derecho del propietario a 
realizar en su terreno construcciones, instalaciones o edificaciones se halla 
condicionado a que esté permitido por la normativa urbanística, no a que esté prohibido. 
En ausencia de previsiones expresas del planeamiento que impidan la colocación de 
instalaciones de telefonía móvil en el suelo no urbanizable, bien con carácter general o 
en ámbitos concretos de él, porque prevean soluciones alternativas concretas de 
instalación en otros sitios o clases de suelo (lo que no es el caso), es obligado concluir 
que la colocación de la instalación de telefonía litigiosa venía autorizada. 
 
5. Licencia de actividades clasificadas y actividad de serrería 
En el asunto resuelto por la STSJPV 378/2013, de 20 de marzo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª, ponente: Rodrigo Landazabal), se desestima la apelación 
contra la Sentencia de un juzgado de lo contencioso que, a su vez, había desestimado el 
recurso interpuesto contra el otorgamiento de la licencia de actividad impuesta a una 
serrería. El recurso resultaba un tanto genérico e inconcreto puesto que, aludiendo a una 
eventual prejudicialidad de otros recursos interpuestos por el afectado en relación con el 
mismo tema, se solicitaba la anulación de la licencia al entender que los condicionantes 
impuestos en esta resultaban ser contrarios a derecho. Lo cierto es que en el recurso no 
se concretaban dichos condicionantes. Esto es, se podía “conocer de qué se discrepa, 
pero no los motivos de impugnación; es decir, qué preceptos se vulneran, pero no por 
qué las medidas impuestas no son ajustadas a derecho”. Y es que el problema consistió 
en que se alegaba que dichas medidas correctoras conllevaban forzosamente el cierre 
definitivo de la empresa, pero con un evidente déficit argumentativo.  
 
La demanda no planteaba hechos que debieran ser acreditados (el TSJPV señala que la 
formulación de un interrogatorio en el proceso no sustituye la carga alegatoria). Como 
afirmó el juez de instancia (y ratifica el TSJPV), en la concesión de licencia se 
diferenciaban claramente las distancias a carreteras, caminos y colindantes y a los ríos, 
y se explicaban las razones de su establecimiento. No se trata, concluye la Sentencia, de 
I. Lazkano  RCDA Vol. IV Núm. 2 (2013) 
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que se fijaran unos límites “por ser vos quien sois”. Si se discrepaba de los argumentos, 
estos debieron ser rebatidos, lo que no se hizo suficientemente. 


REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 1 (2014): 1 – 8 
-Crònica- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN EL PAÍS VASCO 
 
IÑIGO LAZKANO BROTÓNS  
Profesor colaborador 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Lazkano  RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) 
- 2 - 
Sumario: 1. Solicitud ante un ayuntamiento para desmantelar una celda de lindane. 2. Servicios mínimos 
en empresa de mantenimiento de la red pública de aguas. 3. Impugnación de la normativa relativa a las 
entidades de colaboración ambiental. 4. Autorización ambiental integrada y declaración de impacto 
ambiental. 5. Responsabilidad patrimonial de la Administración por contaminación acústica 
 
1. Solicitud ante un ayuntamiento para desmantelar una celda de lindane 
En la STSJPV 1054/2013, de 27 de septiembre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª, ponente: Rodrigo Landazabal), se resuelve el recurso de apelación 
interpuesto por la asociación ecologista Lur Maitea contra la Sentencia de instancia que 
desestimaba la impugnación planteada contra la inadmisión a trámite de una solicitud 
dirigida al Ayuntamiento de Loiu (Vizcaya), municipio donde está ubicado el 
aeropuerto, para que este procediera al desmantelamiento o demolición del complejo-
vertedero de residuos tóxicos y peligrosos (una celda de seguridad de depósito de 
lindane). En realidad, la solicitud formulada era más compleja, pues, además de la 
pretensión indicada (amparada en un presunto restablecimiento de la legalidad 
urbanística), se exigía al Ayuntamiento que procediera a otras acciones tales como la 
recogida de residuos y su descontaminación, la denuncia de AENA (en cuanto entidad 
propietaria del complejo-vertedero) ante la Unión Europea por incumplimiento de la 
normativa comunitaria, la denuncia correspondiente ante la fiscalía, la acción de instar 
ante las autoridades ambientales estatal y autonómica la iniciación de un procedimiento 
de responsabilidad ambiental contra AENA, y la monitorización del municipio de Loiu 
a partir de la normativa sobre contaminación atmosférica. 
El TSJPV establece que “la petición de que el Ayuntamiento presentara denuncias ante 
la Unión Europea, el Ministerio Fiscal u otras Administraciones, no podía entenderse 
sino ejercicio del derecho de petición” (y en el propio proceso se aportó documentación 
expresiva de que existen o han existido actuaciones penales, que ha intervenido la 
Comisión de las Comunidades Europeas o que ha emitido dictamen el Defensor del 
Pueblo). Se mantiene la tesis de la Sentencia apelada de que el Ayuntamiento carece de 
competencias propias de control de los proyectos aprobados por la Comunidad 
Autónoma por vulneración de la normativa ambiental. De los preceptos que la 
recurrente utiliza en su argumentación (fundamentalmente el artículo 45.1 CE y el 
artículo 25 LBRL) no puede extraerse la conclusión de que el Ayuntamiento sea 
competente para acordar la demolición del complejo-vertedero de residuos tóxicos y 
peligrosos. No tiene la competencia para incoar un procedimiento de restablecimiento 
RCDA Vol. V Núm. 1 (2014)  Jurisprudencia ambiental en País Vasco 
- 3 - 
de la legalidad medioambiental ni para incoar un procedimiento sancionador por 
vulneración de dicha normativa, que era lo que se solicitaba en el suplico de la 
demanda. Desde el punto de vista de la pura legalidad urbanística, tampoco cabe la 
petición planteada, pues la licencia urbanística dada en su momento no ha sido anulada 
y, siendo un acto firme, contra ella no caben sino los sistemas extraordinarios de 
revisión de actos administrativos, tras el correspondiente procedimiento, lo que no se ha 
suscitado por la solicitante en ningún momento. En suma, el TSJPV desestima todas las 
pretensiones de la asociación ecologista apelante, no sin antes recordar que su solicitud 
procesal de consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto no 
procede, pues dicha cuestión corresponde plantearla exclusivamente al órgano 
jurisdiccional nacional y solo si resulta necesaria para dictar sentencia, elemento que no 
concurre en el caso que ocupa al TSJPV. 
 
2. Servicios mínimos en empresa de mantenimiento de la red pública de aguas 
La STSJPV 1316/2013, de 3 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª, ponente: Rodrigo Landazabal), ha de resolver un asunto cada vez más 
habitual en sede judicial: la impugnación de la fijación de servicios mínimos en los 
supuestos de convocatoria de huelga en empresas que se dedican a servicios 
medioambientales de interés para la comunidad. En el caso concreto, se trata de una 
convocatoria de huelga indefinida en la empresa que tiene adjudicada en el municipio 
de Bilbao el contrato de mantenimiento, reparación y optimización de la red de aguas. 
En la fijación de los servicios mínimos se diferenciaba entre sábados, domingos y 
festivos, por una parte, y laborables, por otra, aumentándose el personal que debía 
cumplirlos en este último caso (días laborables) a partir de la segunda semana. Esta 
última diferenciación no es admitida por el TSJPV, dado que no se aporta ninguna 
explicación que justifique el incremento de los servicios mínimos a partir de la segunda 
semana. Más interés tiene la exigencia de considerar como servicio mínimo la limpieza, 
renovación y cloración cada nueve días laborables de los estanques situados en dos 
parques de la localidad. El sindicato recurrente (ELA/STV) alegaba que ello no podía 
considerarse servicio esencial para la comunidad, pues no puede colocarse en el mismo 
nivel la calidad del agua para consumo que la calidad del agua de estanques con 
finalidad ornamental. El TSJPV no admite este argumento puesto que “es evidente que 
los estanques ornamentales pueden o no existir; pero si existen, y no pueden inutilizarse, 
I. Lazkano  RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) 
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deben mantenerse en condiciones suficientes para garantizar que no sean foco de 
infecciones, u otras [sic]”. Aunque la orden de fijación de los servicios mínimos no 
fuera explícita, “es un hecho notorio que en estos estanques hay patos, etc., y no puede 
considerarse desproporcionado el servicio que se fija en orden a mantener niveles 
suficientes para evitar riesgos para la salud de los usuarios de los parques”. 
 
3. Impugnación de la normativa relativa a las entidades de colaboración ambiental 
El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro planteó recurso contencioso-
administrativo contra el Decreto 212/2012, de 16 de octubre, del Gobierno Vasco, por el 
que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de 
Entidades de Colaboración Ambiental de la CAPV. La STSJPV 1503/2013, de 17 de 
octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, ponente: Ruiz Ruiz), va a 
estimar parcialmente el recurso interpuesto, declarando la nulidad parcial de un precepto 
concreto de dicha normativa. 
Dos fueron los motivos por los que dicho Colegio Oficial planteó la señalada 
impugnación. El primero es de carácter formal y será desestimado por el TSJPV. Se 
refiere a la necesidad de audiencia al recurrente en el procedimiento de elaboración de 
esa disposición administrativa general, según la normativa autonómica vigente. Se ha de 
partir de la distinción entre asociaciones de carácter voluntario y no voluntario, pues la 
audiencia es preceptiva para estas últimas (como lo es el Colegio Oficial señalado), pero 
solamente si se trata de una asociación que agrupe o represente intereses y fines que 
guarden relación directa con el objeto de la disposición recurrida, algo que el TSJPV 
niega. El Colegio recurrente, según la Sentencia, no puede considerarse que tenga unos 
fines, en cuanto a la profesión de los titulados arquitectos, que guarde relación directa 
con el objeto del, en su momento, proyecto de decreto de entidades de colaboración 
ambiental a los efectos de que la audiencia, como corporación de derecho público 
reconocida por la ley, tuviera que ser preceptiva. 
Sin embargo, las alegaciones relativas al fondo del litigio formuladas por la entidad 
recurrente van a ser plenamente admitidas en la Sentencia. La impugnación se basaba en 
el hecho de que la redacción del reglamento autonómico solo aludía a las personas 
jurídicas como posibles entidades de colaboración ambiental. En efecto, el artículo 2.l. 
del Decreto recurrido definía la entidad de colaboración ambiental como “entidad con 
RCDA Vol. V Núm. 1 (2014)  Jurisprudencia ambiental en País Vasco 
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personalidad jurídica propia, de carácter público o privado, colaboradora del 
Departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente de la 
CAPV, para el desempeño de las actuaciones de verificación, validación y control de las 
actividades” (y en la regulación que se establece para la comunicación previa de estas se 
alude como requisito a su “escritura de constitución o norma que crea la entidad”). El 
TSJPV coincide con el Colegio Oficial recurrente en que este artículo es nulo, pues “no 
se acredita que exista razón válida que excluya el desarrollo de la actividad, en la que 
incide el Decreto recurrido, respecto a las personas físicas, en concreto para establecer 
una reserva a las personas jurídicas”, lo que enlaza, por otro lado, con toda la normativa 
comunitaria y estatal sobre liberalización en la prestación de servicios. Y a esta 
conclusión no empece que en el mismo proceso judicial la Administración general de la 
CAPV hubiera reconocido (incluso aportando pruebas de inscripción en el registro 
correspondiente) que en la práctica aplicativa del Decreto se ha reconocido a las 
personas físicas el carácter de entidad de colaboración ambiental. Lo correcto es la 
declaración de nulidad del precepto con independencia de las pautas de aplicación de la 
norma que se hayan podido dar por la Administración. Si del Decreto recurrido se 
desprende que se excluye a las personas físicas por estar refiriéndose en exclusiva a las 
personas jurídicas como entidades de colaboración ambiental y ello resulta disconforme 
a derecho, la conclusión del Tribunal debe ser declararlo nulo con carácter general por 
razones de seguridad jurídica. 
 
4. Autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental 
La STSJPV 1244/2013, de 30 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª, ponente: Rodrigo Landazabal), resuelve, inadmitiéndola, la impugnación 
planteada por la asociación ecologista Meatzaldea Bizirik Ekologista Taldea contra la 
Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la CAPV por la que se hace 
parcialmente efectiva la autorización ambiental integrada concedida a la empresa 
Petronor para el proyecto de nuevas unidades para reducir la producción de fueloil y 
planta de cogeneración de energía eléctrica. El problema que se plantea era que en 2008 
ya se había otorgado a esa empresa la autorización ambiental integrada, y ese era el 
momento para impugnar la declaración de impacto ambiental efectuada al proyecto (lo 
que esa misma asociación ya llevó a cabo en su momento y fue desestimado 
judicialmente). Lo que sucede es que la Resolución otorgadora de la autorización 
I. Lazkano  RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) 
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ambiental integrada quedaba condicionada al aseguramiento de una serie de requisitos 
que, cuando son implementados por la empresa (y la Sentencia admite este dato sobre la 
base de las actas de inspección del Gobierno Vasco), convierten la Resolución en 
“parcialmente efectiva” para la empresa, añadiéndose que no estamos ante un nuevo 
proyecto, sino que la unidad de cogeneración formaba ya parte del proyecto URF al que 
se concedió la autorización ambiental integrada (no siendo posible entrar a valorar de 
nuevo la idoneidad de la declaración de impacto que en su momento se efectuó y que ya 
fue avalada en vía judicial). 
 
5. Responsabilidad patrimonial de la Administración por contaminación acústica 
Dos sentencias relevantes se han dictado en este período por el TSJPV en materia de 
ruido. La primera de ellas (STSJPV 1628/2013, de 12 de diciembre, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, ponente: Garrido Bengoechea) resuelve un 
recurso de apelación contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso núm. 2 de 
Vitoria-Gasteiz que había desestimado una acción de responsabilidad patrimonial contra 
el Ayuntamiento de Llodio por no evitar la supuesta contaminación acústica producida 
por una instalación de fabricación de bienes de equipo. La Sentencia apelada, tras 
desgranar toda la elaboración conceptual judicial producida en torno al papel que juegan 
los derechos fundamentales frente al ruido, desestima la acción de responsabilidad 
porque entiende que los daños deben ser probados por quien los alega y no presumirse. 
A su juicio, incluso el daño moral por estrés e insomnio de los reclamantes debe ser 
objeto de prueba a los efectos de determinar la existencia de tales patologías. Lo mismo 
ocurre con una hipotética depreciación del valor de los bienes inmuebles, en la que, 
además de dificultades probatorias, puede incidir la mera cercanía al polígono industrial 
en el que se halla la instalación, con independencia de que haya o no contaminación 
acústica. El TSJPV matiza alguna de estas afirmaciones. Partiendo de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, señala que “probada la contaminación acústica, cabe la 
indemnización por daño moral sin necesidad de prueba de la concurrencia de otros 
daños”. Pero lo que ha de quedar debidamente acreditado es la propia contaminación 
acústica, algo que cuestiona abiertamente pues las actas de sonometría aportadas son 
irregulares en cuanto a la forma de efectuar las mediciones, ya que no se calibraron 
debidamente los sonómetros en cada medición ni se tuvieron en cuenta factores 
climatológicos, y las mediciones se hicieron sin colocar el micrófono enrasado en el 
RCDA Vol. V Núm. 1 (2014)  Jurisprudencia ambiental en País Vasco 
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marco de la ventana, como exige la ordenanza municipal correspondiente. En 
consecuencia, la apelación es desestimada. 
La segunda decisión judicial tiene que ver con un tema bien conocido en Bilbao. Se 
trata de una acción de responsabilidad patrimonial contra la Diputación Foral de Bizkaia 
por la situación del viaducto que constituía la principal entrada de acceso a Bilbao (cuya 
arista exterior se encontraba, en algunos casos, a menos de tres metros de los balcones 
de algunos pisos). La STSJPV 1/2014, de 3 de enero (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3.ª, ponente: Garrido Bengoechea), desestima el recurso 
interpuesto contra el Acuerdo foral que desestima la solicitud de responsabilidad. La 
demanda se basaba en alegar que el viaducto era ilegal al no cumplir las distancias 
mínimas exigidas por la normativa de carreteras; que se superaban los niveles máximos 
sonoros establecidos en la ordenanza local; que se había producido una minusvaloración 
de sus propiedades en el mercado inmobiliario; que se había visto afectada la calidad de 
vida de los actores; que el período de reclamación superaba y podía superar el plazo de 
un año; y que los comerciantes también se veían afectados al discurrir en la zona su 
jornada laboral. Para el órgano judicial, dejando de lado problemas procesales que se 
plantean sobre representación procesal, el plazo de un año establecido para la acción de 
responsabilidad no ha transcurrido, dado que, hasta el desmantelamiento total del 
viaducto (algo que se efectuó en enero de 2013), el daño que se produciría sería un daño 
continuado (el cómputo del plazo de un año habría de iniciarse precisamente en el 
momento en el que cesan los efectos lesivos: enero de 2013). La desestimación judicial 
del recurso se produce por varios motivos. Ha de partirse de que es una infraestructura 
construida en 1974, fecha en la que la mayoría de las edificaciones inmediatas al 
viaducto no se habían construido. La actuación urbanística ilegal vendría entonces 
representada por las edificaciones que habrían sido materializadas sin respetar distancia 
alguna con la infraestructura previamente existente, circunstancia que concurre en casi 
el 90 por ciento de los edificios de la zona. Además, los estudios de ruido realizados por 
la Universidad de Navarra no cumplían los requisitos establecidos en la normativa 
estatal para mediciones de índices de ruido al no haber tenido en cuenta el sonido 
incidente y no haberse excluido las reflexiones en fachada. Por otro lado, la ordenanza 
municipal excluye de su aplicación el ruido producido por el tráfico, y la legislación 
estatal de ruido fija unos objetivos de calidad frente al ruido que se han de alcanzar de 
forma progresiva, no inmediata. En cualquier caso, se considera acreditado que el 
I. Lazkano  RCDA Vol. V Núm. 1 (2014) 
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viaducto genera ruidos elevados. Ahora bien, el asunto va a desestimarse, en lo 
fundamental, por falta de prueba. En la demanda se planteaban pretensiones 
indemnizatorias derivadas de la fecha de empadronamiento de los afectados en su 
vivienda (si hacía 4 o más años: 36.000 euros; entre 3 y 4 años: 22.500 euros; entre 2 y 
3 años: 18.500 euros; entre año y medio y 2 años: 15.000 euros). Esta forma de 
solicitud, a juicio del TSJPV, demuestra que el daño no ha sido individualizado, por lo 
que afirma, incluso, que no se ha acreditado al no constar mediciones interiores de 
ruidos soportados en el interior de las viviendas (o locales de negocio) individualizados 
para cada reclamante. Los actores, en definitiva, se han limitado a justificar que la zona 
en la que se ubican sus domicilios está acústicamente degradada, pero sin referirse a las 
condiciones individuales de cada uno ni a la repercusión individualizada que esta 
situación haya generado a cada uno. Concluye el TSJPV añadiendo dos reflexiones: “En 
primer lugar, que el acceso de vehículos a una ciudad como Bilbao es imprescindible y 
ha de ser soportado por algunos de sus ciudadanos por el hecho de vivir en la ciudad y 
más siendo conocedores al proceder a habitar sus viviendas u ocupar sus locales 
comerciales de la existencia de una infraestructura ejecutada en 1974. En segundo lugar, 
que la Administración demandada fue introduciendo mejoras en la calidad acústica de la 
infraestructura a lo largo del tiempo, hasta llegar recientemente a realizar un acceso 
subterráneo alternativo a la ciudad y derribar el viaducto, con lo que no cabe apreciar 
pasividad en su actuación”. 
 
 


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