Jaria i Manzano, Jordi

Revista de Educaci�n y Derecho

Revistes CientÃ­fiques de la Universitat de Barcelona

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QUINTERO OLIVARES, G. (2010). La enseñanza del Derecho en la encrucijada. Dere-cho académico, docencia universitaria y mundo profesional. Colección: Cuadernos Civitas. Madrid: Thomson-Civitas. 158 pp. ISBN: 978-84-470-3351-5

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JORDI JARIA I MANZANO. La enseñanza del Derecho en la encrucijada. Derecho académico, docencia universitaria y mundo 
profesional 
REVISTA DE EDUCACIÓN Y DERECHO. EDUCATION AND LAW REVIEW                           Número  1. Octubre 2009- Marzo 2010 
 
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QUINTERO OLIVARES, G. (2010). La enseñanza del Derecho en la encrucijada. Dere-
cho académico, docencia universitaria y mundo profesional. Colección: Cuadernos 
Civitas. Madrid: Thomson-Civitas. 158 pp. ISBN: 978-84-470-3351-5 
 
Este es un libro que pertenece a un tiempo de crisis. Es un libro que parte de una si-
tuación en que la eficacia real del Derecho, así como su capacidad para cohesionar a la 
sociedad y para resolver los conflictos que en ella se producen, si no está en entredi-
cho, al menos parece como si se erosionase, tanto desde el punto de vista de los pro-
fesionales como del de los ciudadanos. Es un libro, asimismo, que parte de una situa-
ción en que los estudios de Derecho experimentan cambios profundos, sin que siem-
pre se aprecie la conveniente reflexión en relación con la formación del futuro jurista, 
así como en relación con la importancia de ésta a la hora de garantizar los derechos de 
los ciudadanos. 
Desde una experiencia docente e investigadora que cubre décadas y con un conoci-
miento profundo del mundo profesional, el profesor Quintero Olivares aporta una re-
flexión personal, que tiene tanto de personal como de reflexión, a un debate lamenta-
blemente inexistente sobre las causas, las consecuencias y los remedios de la doble 
crisis, social y académica, que vive el Derecho en España. En este sentido, las aporta-
ciones realizadas tienen tanto valor por su contenido como por la reflexión ulterior 
que puedan provocar en sus lectores al entorno de la necesidad de garantizar la for-
mación integral y profunda del jurista, así como realzar la nobleza de su función, todo 
ello para proteger los derechos de las personas, del mismo modo que, en la medicina, 
todo ello se traduce en la protección de su salud.  
Aúna el doble fenómeno crítico a que nos referimos, un fetichismo de la praxis y un 
cinismo de lo superficial que el autor repasa con el brío propio de un estilo ensayístico 
que puede permitirse licencias que la dogmática stricto sensu no siempre admite. Feti-
chismo de la praxis, decimos. Efectivamente, la política universitaria, el mundo profe-
sional y hasta los propios estudiantes parecen coincidir en la deseabilidad de una for-
mación centrada en los aspectos más mecánicos del Derecho, un saber hacer sin pen-
sar demasiado. 
En este sentido, los nuevos planes de estudio, en el marco del proceso de Bolonia, pa-
recen orientarse en esa dirección, aunque los males no vienen, ni mucho menos, de 
ahí, como el mismo autor subraya, ya que esta evolución es anterior y, además, los 
nuevos planes de estudios con más recursos disponibles hubieran podido ofrecer un 
escenario de formación más pleno y una reconducción del proceso de deterioro que 
los estudios de Derecho parecen experimentar.  
Efectivamente, no es Bolonia, chivo expiatorio para las amenazas y los perjuicios (mu-
chas veces imaginarios) que estudiantes, académicos y profesionales detectan en la 
evolución de la Universidad y, en particular, de las facultades de Derecho. Sin embar-
go, es cierto que, a una perspectiva que no mira más allá de la realización de tareas 
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sencillas de aplicación del Derecho, entendida como gestión de la información dispo-
nible en las bases de datos, se ha unido una interpretación dogmática (no precisamen-
te en el sentido jurídico) y casi infantil del proceso de aprendizaje y de sus objetivos. 
Todo ello, efectivamente, como denuncia el autor, puede redundar en la definitiva 
conversión de los estudios de Derecho en una pura formación profesional orientada a 
la praxis en su sentido más estrecho, con las consecuencias que ello tiene para la tutela 
de los derechos de los ciudadanos. 
Ciertamente, no es posible, como nota el profesor Quintero, confundir la legislación 
con el Derecho, y aquél que sólo aprende a manejar datos sin tener perspectiva de la 
función social del Derecho, no debería recibir el nombre de jurista, sino, a lo sumo, el 
de gestor de información jurídica. Para completar la formación del jurista, desde una 
perspectiva amplia y con la mirada puesta en la defensa de los derechos de las perso-
nas, dentro del Estado social y democrático de Derecho, es necesario algo más y es ahí 
donde se encuadra la reivindicación de la formación académica clásica que reivindica 
el autor y que no es incompatible con la innovación, la investigación, la especialización 
y el servicio a la sociedad, sino todo lo contrario. 
El Derecho académico se constituye, en este contexto y dentro de la tradición jurídica 
continental, en el camino —recuérdese que no otra cosa significa la expresión griega 
originaria de la nuestra ‘método’— para la formación de juristas a la altura de su papel 
en una sociedad compleja, donde la ubicación de los centros de poder no siempre es 
transparente, donde la realidad normativa es cada vez más volátil y donde se hace ne-
cesario más que nunca el control del poder a través del Derecho para proteger a los 
ciudadanos. 
Quintero Olivares defiende en su obra la dignidad de los juristas académicos y su apor-
tación a la creación, la interpretación y la aplicación del Derecho en el marco de una 
comunidad de intérpretes compleja que forja el sentido del consenso social para de-
terminar la solución correcta a los conflictos que puedan plantearse, pues el Derecho 
no es otra cosa. Sin embargo, no se trata de una obra complaciente con un mundo 
académico, donde también medran aquéllos que no están a la altura de su misión. 
Sin embargo, se subraya la contribución de los juristas académicos a la elaboración del 
discurso jurídico y a su profundización, aportando las ideas y las perspectivas que per-
miten penetrar en el sentido de las instituciones y, con ello, servir a la sociedad. En 
este sentido, se reclama en la obra un respeto a los juristas académicos por parte de 
los prácticos análogos al que puede demandarse a los científicos teóricos por parte de 
los ingenieros. Ambos, académicos y prácticos, contribuyen (o deberían contribuir) a 
que el Derecho cumpla con su función, superando así un culto acrítico a la praxis en-
tendida en su dimensión más estrecha y reivindicando con ello el papel del jurista ante 
la malevolencia del ingenio popular, que demasiadas veces no es injusto en su crítica a 
los profesionales del Derecho. En este contexto, el profesor Quintero reivindica el pa-
pel de los académicos en la determinación del contenido del Derecho y, por tanto, a la 
hora de proporcionar garantías y densidad a los derechos de los ciudadanos. 
Por lo tanto, el jurista académico no puede limitarse a la repetición los textos normati-
vos y las sentencias judiciales, en base a sus competencias en el manejo de las bases 
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de datos, ni adentrarse en elucubraciones abstractas que rehúyen los problemas reales 
de la sociedad, sino que le corresponde la función de explicar el Derecho a partir de la 
evidencia disponible, que se contiene en los textos, que deben ser interpretados y do-
tados de sentido con el horizonte de definir criterios para la solución de conflictos. Con 
ello, el jurista académico se convierte en uno de los protagonistas principales en la 
configuración del discurso jurídico. 
A partir de esta idea de la función de los juristas académicos, La enseñanza del Dere-
cho en la encrucijada combate, asimismo, el cinismo de lo superficial, la aplicación 
mecánica del Derecho sin ulterior reflexión, amparándose en una presunta sobriedad 
técnica que no es más que la máscara para esconder la mediocridad en los conoci-
mientos y la mezquindad en los objetivos profesionales. De este modo, se empieza por 
unos estudios reducidos a mero aprendizaje de técnicas y se termina con unos están-
dares éticos y capacitaciones profesionales más bien reducidos, con el consiguiente 
incumplimiento de la función que se supone que los juristas deben cumplir. 
La eficacia de los principios propios del Estado social y democrático de Derecho de-
pende, en buena parte, de la confianza en las instituciones y, en esto, es fundamental 
el papel de los juristas, aunque, obviamente, también de los responsables políticos, 
que, en particular, deciden sobre la distribución del dinero público. En el actual contex-
to social, el autor reivindica la capacidad del Derecho para ejercer su papel de vía para 
la resolución de los conflictos sociales, pero ello exige un esfuerzo en la formación de 
los juristas, que debe ir más allá de una mera capacitación técnica en la gestión de la 
información, así como un compromiso de los poderes públicos que debería concretar-
se en inversión en la Administración de Justicia y en la formación de los profesionales a 
lo largo de toda su carrera. 
Ello, en particular, exige sortear las trampas de la superficialidad y la inmediatez en la 
formación del jurista y, en consecuencia, elevar el nivel de exigencia para aquéllos que 
deben cumplir una función social tan importante como gestionar el conflicto social y 
garantizar la convivencia en el marco del Estado social y democrático de Derecho. La 
obra se refiere en este punto tanto a las consecuencias perniciosas del acceso prácti-
camente libre a la abogacía en España, sistema único en Europa que está en vías de 
corregirse, así como a los efectos perversos que tiene la oferta masiva de plazas en las 
Facultades de Derecho, con el consiguiente ingreso de muchos estudiantes que no 
pueden situarse al nivel del compromiso ético e intelectual que la misión que han de 
cumplir demanda. En este sentido, los nuevos planes de estudios, en la medida que 
puedan allanar el camino al estudiante, se presentan bajo una luz más bien poco favo-
rable. 
El autor, que, desde una visión superficial —¡nuevamente los peligros de lo superfi-
cial!—, podría ser visto como un crítico a Bolonia, defiende, en realidad, la dignidad de 
los estudios de Derecho, que puede conseguirse con o sin Bolonia, pero, en todo caso, 
con el compromiso de académicos, estudiantes y profesores y una inversión suficiente 
que no convierta en una farsa la puesta en marcha de los nuevos planes de estudios, 
como sucede, por ejemplo, con la implantación de la evaluación continuada en grupos 
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grandes, que deriva del diferencial entre las buenas intenciones y los recursos disponi-
bles, en otro ejercicio de cinismo o, simplemente, de insensatez. 
Aunque el autor es pesimista, acaba reivindicando el papel del Derecho como funda-
mento de la convivencia en sociedad. Ello permite suponer que, dentro de la adapta-
ción de la Universidad, a las nuevas condiciones socioeconómicas del tardo capitalismo 
y la sociedad de la información, ésta será capaz de encontrar la manera de garantizar 
una formación amplia y profunda para los futuros juristas que dignifique el ejercicio 
profesional y les permita cumplir que la misión propia de las diferentes profesiones 
jurídicas, al mismo tiempo que se persiste y se avanza en las aportaciones al discurso 
jurídico desde el estudio del Derecho en el ámbito académico. La eficacia de los dere-
chos de todos depende de ello. 
 
Jordi Jaria i Manzano  
Profesor Lector de Derecho Constitucional. 
Universitat Rovira i Virgili. Facultat de Ciències Jurídiques. 
Departament de Dret Públic. Tarragona. España.  
E-mail: jordi.jaria@urv.cat 
 


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