Camas Jimena, Manuel

Revista de Educaci�n y Derecho

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El acceso a la abogacía: prolegómenos de su entrada en vigor.

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 REVISTA DE EDUCACIÓN Y DERECHO. EDUCATION AND LAW REVIEW                           Número 1. Octubre 2009- Marzo 2010 
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El acceso a la abogacía:  
prolegómenos de su entrada en vigor 
 
The access to advocacy:  
preliminaries of its actual new use 
 
 
 
 
 
 
Manuel Camas Jimena 
Abogado. Decano Colegio de Abogados de Málaga. 
Málaga. España. E-mail: info@gaonaabogados.com 
 
 
 
 
Cada año se vienen incorporando a la abogacía aproximadamente 5000 titulados en 
Derecho, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española1.  
De acuerdo con las cifras publicadas por el Ministerio de Educación, en el curso 2003-
2004 existían 123.284 alumnos matriculados en la licenciatura de Derecho, distribuidos 
entre los 70 centros que la imparten. En ese curso se licenciaron 13.777 personas. 
Aproximadamente el 37% del total de titulados se incorporan a un Colegio de Aboga-
dos y ejercen la abogacía, otro 8% de los licenciados ingresan en los Colegios, pero no 
ejercen; de los que ejercen, el 70% comienza dentro de los tres años siguientes al tér-
mino de sus estudios.  
En el año 2007, aproximadamente el 24% de los abogados que se incorporaban a los 
colegios optaba por realizar los cursos de iniciación a la abogacía en las Escuelas de 
Práctica Jurídica, con una duración de dos anualidades2. 
Sirven estas cifras para centrar el tema y darle su importancia.  
La profesión de abogado es esencial en un Estado social y democrático de derecho 
como el nuestro, en una sociedad basada en el ejercicio por sus ciudadanos de sus li-
bertades. 
Por ello la profesión de abogado es mencionada en la Constitución hasta dos veces en 
la Sección Primera, del Capítulo II, del Título I, donde se regulan los derechos funda-
mentales y las libertades públicas. 
                                                 
1. La abogacía española en datos y cifras 2008. CGAE 2008. 
2. En el año 2007 hubo 6.045 nuevos colegiados, de los que 1430 superaron tras realizar los cursos co-
rrespondientes las pruebas CAP de evaluación de la capacitación técnico forense.  
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Su principal importancia en la arquitectura jurídica del Estado deriva de que sin aboga-
dos no es posible el ejercicio del derecho fundamental de defensa, pero no es una con-
sideración menor la que se desprende del análisis de las cifras que antes hemos men-
cionado. La abogacía es sin duda una de las profesiones cuyos servicios tiene una ma-
yor demanda social, y a la formación de los profesionales en Derecho nuestras Univer-
sidades dedican un gran esfuerzo. 
A pesar de ello, el acceso a la profesión ha sido escasamente regulado, y a las cuestio-
nes relacionadas con la formación de abogados y abogadas no se han dedicado hasta 
ahora frecuentes análisis científicos, más allá de algunas grandes obras de literatura 
forense. Por eso me parece tan oportuno el trabajo que se publica en las páginas de 
este número de la Revista Educación y Derecho, porque de la preparación de buenos 
profesionales, de la formación de buenos abogados, depende en gran medida el co-
rrecto funcionamiento de nuestra sociedad. 
Como decía, a pesar de la importancia de la abogacía, la incorporación a su ejercicio no 
ha sido regulada hasta el año 2006, en el que fue aprobada la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales 
(BOE de 31 de octubre de 2006). 
La propia Ley en su Exposición de Motivos destaca los argumentos que venimos utili-
zando: <estos profesionales son colaboradores fundamentales en la impartición de jus-
ticia, y la calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial 
efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía>. 
La comparación con los países de nuestro entorno no deja tampoco lugar  a la duda 
sobre la necesidad de regular el acceso a la profesión. La Exposición de Motivos abun-
da en la idea de que todo el derecho comparable con nuestro ordenamiento jurídico, 
exige la acreditación previa de una capacidad profesional que va más allá de la obten-
ción de una titulación universitaria y conlleva un dilatado período de prácticas tutela-
das.  
Pese a que el acceso a la profesión de abogado ha sido regulado, lo cierto es que la 
propia Ley establece que no entrará en vigor hasta los cinco años de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, esto es hasta el 31 de octubre de 2011. 
Nos encontramos pues en los prolegómenos de su entrada en vigor, y usamos prole-
gómeno3 en su acepción de introducción excesiva o innecesaria de algo. Tan dilatada 
vacacio legis acucia el debate sobre cómo poner en práctica la nueva normativa, a la 
que obviamente hacemos objeto de todo tipo de críticas y juicios de oportunidad, 
puesto que con el paso de los años las circunstancias han ido también cambiando. 
Estas líneas tratan de plantear indiciariamente las cuestiones abiertas, y que deben ser 
resueltas en cualquier caso, porque lo que no resulta justificable es que la Ley entre en 
vigor con dificultades en su aplicación derivadas de desencuentros entre las partes 
afectadas, ni mucho menos, que tras la declaración de nuestras Cortes Generales so-
bre su necesidad, y la excesiva generosidad de la vacacio legis concedida a administra-
                                                 
3. Diccionario de la Lengua Española: 2. m. Preparación, introducción excesiva o innecesaria de algo. U. 
m. en pl. Déjate de prolegómenos y ve al grano. Real Academia de la Lengua. 
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ciones, universidades, instituciones de la abogacía y alumnos, se plantee ahora o más 
adelante, como ya hacen algunos, la ampliación de ese prolegómeno. 
Los ministerios de Justicia y Educación, las comunidades autónomas, universidades y el 
Consejo General de la Abogacía, cada uno en la medida de sus competencias, tienen la 
responsabilidad ante la sociedad, de cumplir el mandato legal que implica que la Ley 
entre en vigor y se aplique efectivamente a partir del 31 de octubre de 2011. 
El debate sobre el desarrollo reglamentario de la Ley está abierto, pero con tiempo 
suficiente para solventar las cuestiones y problemas que se suscitan para su aplicación. 
Una de las cuestiones surgidas de ese debate es la coordinación del acceso a la aboga-
cía con los objetivos planteados en la Declaración de Bolonia, en la que se establece la 
necesidad de adoptar un sistema basado en dos ciclos principales, el grado y el post-
grado. 
La cuestión debe ser resuelta sin olvidar que la Declaración de Bolonia data de 1999, 
aunque ahora estén sus planteamientos aplicándose y por ello también su debate en 
plena ebullición en nuestras Universidades. La Ley de Acceso, de 2006, muy posterior a 
la Declaración, de manera expresa ya la contempla y utiliza indistintamente los con-
ceptos de licenciatura y grado. 
Cuestión diferente, que añade alguna dificultad, es la comparación del calendario de 
implantación de los objetivos de Bolonia, con los plazos de entrada en vigor de la Ley 
de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador. 
La Ley entrará en vigor el 31 de octubre de 2011, cuando aún ninguna promoción de 
las Facultades de Derecho haya concluido sus estudios de grado, esto es, inicialmente 
se aplicará a Licenciados, no a graduados.  
La cuestión jurídicamente está resuelta en la propia Ley de Acceso4, pero sus conse-
cuencias van más allá de lo formal, ciertamente los licenciados habrán obtenido una 
formación de mayor nivel, de más crédito en la terminología al uso, que la que van a 
tener los graduados. 
Los primeros postgrados los estudiarán licenciados, esto es los primeros alumnos del 
máster tendrán una formación superior a la que tendrán los que se incorporen unos 
cursos después, los graduados. Pero esto solamente nos va a exigir que los planes de 
estudio de los másteres en abogacía tengan que ser revisados en pocos años, lo que 
puede resultar conveniente y además esa revisión justificará con toda seguridad la 
carga teórica que ya contienen. 
                                                 
4. El art. 2 de la Ley de Acceso establece: Acreditación profesional. 1. Tendrán derecho a obtener el 
título profesional de abogado o el título profesional de procurador de los tribunales las personas que se 
encuentren en posesión del título universitario de licenciado en Derecho, o el título de grado que lo 
sustituya de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y su normativa de desarrollo y que acrediten su capacitación profesional 
mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta 
ley. 
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El acceso a la profesión de abogado se regula sobre la base pues de la obtención del 
grado. Esto nos lleva a plantearnos otra cuestión, la concreción del porcentaje de cré-
ditos de contenido jurídico que debe contener el grado para que sea suficiente para 
acceder al estudio del máster. 
Este debate, traído a los estudios de derecho, es el de la propia naturaleza de los ciclos 
universitarios, y sobre el alcance, objetivo y significado del grado. 
Según el articulado legal y la Declaración de Bolonia, la capacitación profesional la dará 
el postgrado; conforme a la Ley esa capacitación culmina con la superación de una 
prueba final de evaluación, por lo que el porcentaje de créditos <jurídicos> que con-
tengan dichos grados, no debiera ser significativo, dentro de la medida razonable que 
el propio grado establezca para ser calificado en su conjunto de jurídico, ya que el más-
ter vendrá a exigir para superarse amplios conocimientos del Derecho, y si no se han 
adquirido no será posible obtenerlo, ni posteriormente superar la evaluación. 
Respecto de la evaluación, también surgen críticas acerca de si lo oportuno es que se 
produzca una vez concluido el grado o concluido el postgrado, con el argumento de 
que el máster, más que formar en el ejercicio de la profesión, se dirija exclusivamente 
a preparar la superación de la evaluación final. 
Teniendo en consideración que la evaluación se define en la Ley como valoración de la 
aptitud profesional, parece que no pude producirse más que a la conclusión de los es-
tudios de postgrado, que son los que forman profesionalmente al alumno, ya que la 
aptitud profesional difícilmente puede medirse antes del máster. 
En esta materia y en otras, podemos vernos afectados por el Recurso de inconstitucio-
nalidad formulado por diferentes Comunidades Autónomas; concretamente el formu-
lado por la Generalitat de Catalunya, Recurso 866/2007, fue admitido a trámite por 
Providencia de 13 de febrero de 2007, y se formula contra los artículos 2.2, por su co-
nexión con el artículo 4.1, el artículo 5.1 y el artículo 6.4; el artículo 2.3; artículo 7, 
apartados 2, 3 y 5; Disposición Adicional Segunda y Disposición Adicional Segunda, en 
relación con los artículos 4.3 y 7.7. 
El recurso pone sobre la mesa el debate sobre el reparto competencial entre Estado y 
Comunidades Autónomas, un debate que puede ser resuelto por el Reglamento, sal-
vando con una interpretación respetuosa con nuestra estructura territorial del Estado, 
las dudas que sobre la Ley plantea el recurso de inconstitucionalidad. El establecimien-
to del título profesional debe hacerse con respeto a las competencias de comunidades 
autónomas y universidades, con su participación obviamente, pero debe propiciarse 
que el título profesional de abogado sea común, porque afecta al derecho fundamen-
tal de defensa, a la justicia como poder del Estado en definitiva. 
Otra cuestión que se añade como controvertida es la posibilidad de que los estudios de 
postgrado se realicen bien en las Universidades, obteniendo así un máster oficial, bien 
en las Escuelas de práctica Jurídica homologadas por el Consejo General de la Aboga-
cía, mayoritariamente pertenecientes a los Colegios de Abogados, que permitirían ac-
ceder a la evaluación, pero que no podrían otorgar un título oficial de máster. 
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Esta desde luego es una cuestión que no debe ser difícil solucionar, puesto que la pro-
pia ley exige la colaboración directa de la Universidad en las enseñanzas de las Escue-
las de Práctica Jurídica y viceversa, por lo que en esa colaboración puede incluirse la 
homologación por las universidades de los títulos impartidos por las Escuelas con su 
colaboración. 
La formación de los propios formadores que impartan clases en los títulos de postgra-
do, debe ser otro elemento a considerar. El máster va a exigir un gran esfuerzo sin du-
da alguna a los profesores universitarios, pero debe exigirse en la misma medida al 
profesorado que aporte la abogacía y a otros profesionales del derecho. Todos deben 
adaptar su experiencia profesional a los métodos necesarios para transmitir experien-
cia y enseñanzas a los alumnos de manera eficiente, y tenemos que contemplar los 
cauces para obtener esa formación. 
Todas estas cuestiones se están tratando en la elaboración del desarrollo reglamenta-
rio de la Ley. 
Los informes presentados a los distintos borradores del proyecto de reglamento de la 
Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, por la Comisión de Forma-
ción del Consejo General de la Abogacía, que Preside el Decano de Madrid y Catedráti-
co, profesor Hernández-Gil, destacan cuestiones trascendentes a tratar, como son los 
estudios sobre deontología profesional, o la excesiva visión contenciosa de un activi-
dad profesional que cada vez más se torna de asesoramiento y prevención. El Regla-
mento desde luego debe interpretar la Ley de acuerdo con nuestra estructura auto-
nómica del Estado y debería abrir cauces que permitiesen tratar una cuestión aún no 
abordada, como son las especializaciones jurídicas, al igual que no debe olvidar las 
exigencias derivadas de la realidad europea en la formación de nuestros abogados. 
Por su parte La Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de 
España, plantea cuestiones relativas al número de créditos de contenido jurídico, la 
financiación, el carácter de máster oficial del título o el tipo de prueba de evaluación. 
Ahora bien, ninguna de las cuestiones tratadas tiene entidad para plantearse demorar 
la entrada en vigor de la norma, sería un ejercicio de irresponsabilidad trabajar en ese 
sentido; es difícil concebir la explicación que permita iniciar los trámites parlamenta-
rios que lleven a la modificación de la norma para aumentar una vacacio legis inusita-
da, cinco años. Desde luego no es posible plantearse la continuidad de un sistema que 
permite el acceso al ejercicio como abogados de recién licenciados o graduados, sin 
ninguna formación profesional, va contra cualquier comparación en nuestro entorno, 
ya no sólo en el modelo de capacitación universitaria de los profesionales, sino en la 
propia capacidad exigida por las directivas de servicios y de competencia de la Unión 
Europea.  
En la Exposición de Motivos de la Ley nuestras Cortes Generales, han hecho constar 
expresamente la necesidad de regular el acceso a la profesión de abogado. 
Así lo venían reclamando además de la comparación con nuestro entorno, la ubicación 
constitucional de la profesión, el Libro Blanco de la Justicia presentado por el Consejo 
General del Poder Judicial, la X Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de 
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Derecho de las Universidades Españolas, el Pacto de Estado por la Justicia del año 2001 
o los sucesivos Congresos de la Abogacía Española desde 1970 en adelante. 
La actuación ante los tribunales de justicia y las demás actividades de asistencia jurídi-
ca requieren la acreditación previa de una capacidad profesional que va más allá de la 
obtención de una titulación universitaria, como decíamos más arriba; no podemos 
propiciar que la sociedad española carezca por más tiempo de esa formación práctica 
de sus profesionales. 
La Ley permite establecer soluciones a las cuestiones planteadas en su desarrollo re-
glamentario, pero desde luego deja absolutamente claras las bases de buen funciona-
miento del sistema en el futuro, la abierta colaboración entre las Universidades y los 
Colegios de Abogados. En base a esa colaboración podremos realmente alcanzar una 
formación práctica de nuestros profesionales. 
Para la Universidad y para los colegios es un reto; para la Universidad es el reto inexcu-
sable de sus Facultades de Derecho, que como comenzábamos diciendo, dirigen apro-
ximadamente el 40% de sus alumnos a la abogacía; para los abogados, el reto de estar 
a la altura de calidad y excelencia que exige el trabajar junto a la Universidad, para 
formar abogados; juntos en la consecución de la que sin duda alguna es, por su impor-
tancia social, la primera titulación profesional del Estado. 
 
En Málaga, a veintiocho de febrero de dos mil diez 
 


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