El frecuente y correcto establecimiento de relaciones de colaboración inter- gubernamental entre los distintos sujetos de poder que integran un Estado complejo es una pieza esencial de su satisfactoria articulación. La norma jurídica traza la arquitectura donde se sostienen tales relaciones, pero la voluntad política de las partes es el factor determinante del buen fin de las mismas. Ello no significa, sin embargo, que los diversos poderes territoriales puedan escapar aquí de las exigencias que se derivan de los principios consti- tucionales que rigen la actividad (también la actividad cooperativa) de todos los poderes públicos. Así pues, el papel de la doctrina y del legislador debe limitarse a procurar la mejora técnica de aquellos concretos instrumentos de colaboración que precisan revisión para resultar verdaderamente eficaces, a la vez que conformes con tales exigencias constitucionales, en caso de que el Estado y las comunidades autónomas decidan utilizarlos. Se abordan, así, en este trabajo, diferentes propuestas de reforma referidas a la Conferencia de Presidentes, la participación de los parlamentos autonómicos en la cele- bración de convenios interterritoriales y al conflicto de fuentes relativo a la entrada en vigor de los convenios verticales
