La legitimidad del Estado para legislar sobre
conductas consideradas no-éticas (sea desde el
punto de vista de la razonabilidad práctica o, al
menos, desde la óptica de la mayoría de los
ciudadanos) cuando se circunscriben al ámbito
privado, es un problema recurrente dentro de la
teoría política. En cierta medida podríamos afIrmar
que está en el núcleo de todos los debates
parlamentarios y sociales importantes que surgen
periódicamente en el seno de las sociedades
occidentales. En este artículo, sin ánimo de tratar
todas las derivaciones posibles, que son muy
numerosas, se expone parte del recorrido histórico
de esta cuestión y algunas de sus implicaciones
actuales.Peer Reviewe
