Pujol i Humet, Josep Oriol

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Opinión 
Las entidades no 
lucrativas en la 
atención a las 
personas son las 
organizaciones 
más 
eficientes en la 
prestación de 
servicios a las 
personas 
vulnerables 
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Impacto económico de la crisis en 
entidades sociales 
El emprendimiento social es un signo de vitalidad de una sociedad y de u 
calidad humana. Que personas, socialmente responsables, se asocien o funden 
entidades sin ánimo de lucro para atender a carencias sociales es un signo de 
madurez democrática, de vitalidad social, de responsabilidad de las personas. 
Las mutuas de previsión social, las asociaciones y fundaciones de atención a 
personas con discapacidades, las organizaciones de educación en el tiempo 
libre, muchos hospitales y clínicas de iniciativa social o la enseñanza concertada 
son ejemplos de esa capacidad organizativa en pro de los demás en nuestra 
sociedad. Una de las dificultades que viven los países del antiguo bloque 
comunista es esa falta de solidaridad y de emprendimiento de unas sociedades 
acostumbradas a que el Estado lo previera todo y controlase el asociacionismo 
imposibilitándolo. 
Las entidades no lucrativas en la atención a las personas son, probablemente, 
las organizaciones más eficientes en la prestación de servicios a las personas 
vulnerables. Movilizan a personas, profesionalmente muy vocacionales, que 
se identifican con frecuencia con la organización y con los beneficios de la 
misma y vuelcan en ella todas sus energías. Si la entidad es capaz de 
encuadrarlos correctamente puede tener el apoyo eficaz de estos voluntarios. 
El marco formal de gestión es mucho más flexible que el de la administración, 
la identificación media del personal mucho más elevada, la proximidad a la 
realidad la ayuda a ser más eficaz y a destinar los recursos a la misión por la 
que ha sido creada, sin demasiados costes de representación o para otras 
finalidades . El hecho de haber nacido cerca de las personas objeto de su 
actividad hace a las entidades eficaces por poco bien gestionadas que estén. 
El político procura vencer las elecciones en un contexto de competencia con 
otras fuerzas políticas y, además, cada cierto período de tiempo. Vencer le 
permite mantenerse en el poder, ser determinante, influyente, y alcanzar un 
estatus que en pocas situaciones sociales es tan elevado. Esta competencia 
permanente le lleva a prometer la atención a todos los ciudadanos, le lleva a 
ofrecer seguridades en una sociedad acomodada que busca la tranquilidad 
futura por encima de otros requerimientos. Estos planteamientos, unidos a un 
trasfondo ideológico donde el marxismo dejó su huella, hacen que una 
mayoría de la sociedad espere del Estado un máximo de garantías sociales 
como derecho individual. El modelo europeo de economía social de mercado, 
posiblemente el más avanzado socialmente, a la vez que sostenible, favorece 
esa demanda de atención al Estado como cuando se encuentra una situación 
de debilidad. Las consecuencias de este planteamiento filosófico-político 
hegemónico es que se espera la cobertura de necesidades desde la administración 
y se cree que es ésta la que debe garantizar casi todo. 
Educación Social 42 
Es en ese contexto que abordamos la actual crisis económica. El Estado reduce 
la recaudación fiscal que en los países europeos es muy elevada. Decide 
orientar sus recursos a salvar el sistema financiero y productivo, así como 
atender los derechos sociales más consolidados: pensiones incluidas las del 
paro, sanidad y enseñanza. Los gastos, en especial por subsidios de paro, 
formación de los parados y rescate de grandes corporaciones económicas se 
disparan. Esto le hace limitar las transferencias a las entidades sociales y, en 
especial, a aquellas que se darían en forma de subvención ya que son 
graciables y no responden a la atención de carencias que son consideradas 
derechos sociales. 
Si las entidades se financian por captación de recursos privados sufren 
también las consecuencias de la crisis. Empresas y bancos reducen sus 
presupuestos de responsabilidad social corporativa al desaparecer los 
beneficios en sus cuentas de explotación. Muchos particulares, al perder el 
trabajo o ver reducidos los ingresos, disminuyen también sus aportaciones. 
Hay que considerar, además, que la ley española de mecenazgos es muy tacaña 
respecto a las deducciones fiscales, hecho que tampoco motiva la donación 
a entidades sin ánimo de lucro que debeóa verse compensada por la reducción 
de la presión impositiva. La crisis conlleva una reducción, en general, del 
dinero de las donaciones y patrocinios y, en especial, para aquellas 
organizaciones que no atienden a necesidades del tipo alimentario en nuestra 
sociedad o en países en vías de desarrollo respecto a los cuales suele haber 
mayor conciencia social. La financiación privada, excepto para algunas 
organizaciones como Cáritas, no acostumbra a suponer un porcentaje 
demasiado elevado de recursos captados por las entidades sociales y menos 
si prestan servicios que no atienden a las personas en situaciones de máxima 
precariedad. 
Es obvio que si la fundación o entidad no lucrativa presta servicios como una 
organización más en el llamado mercado privado pierde también ingresos 
como cualquier entidad económica. Ejemplos los encontraríamos en la 
enseñanza concertada que tiene serias dificultades para cobrar servicios 
extraescolares como el comedor de niños, en las mutuas sanitarias que pierden 
socios y reducen los actos médicos en las clínicas o centros de salud. Cualquier 
servicio que se pague, aunque sea incluso con precios sociales, pierde un 
porcentaje de sus usuarios. 
Cuando las entidades prestan servicios a la administración, la situación se 
complica todavía más. La Unión Europea ha sacralizado el libre mercado por 
competencia que iguala a todos los posibles operadores cuando la 
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administración licita cualquier servIcIo público que se preste de forma 
extemalizada. La concreción de esta directiva comunitaria en el Estado 
español ha sido una ley de contratos de las administraciones públicas que 
permite competir sin ventaja alguna -ni la exención del IV A- tanto a empresa 
como a entidades, sin considerar el criterio que debería favorecer por proximidad, 
conciencia social, bien común, a las entidades no lucrativas en la contratación 
de servicios a las personas. Centrándonos sólo en el precio, esta competencia 
favorece que éste cada vez sea más bajo. En situaciones de crisis, cuando se 
han perdido otros ingresos, cuando perder un servicio puede comprometer 
incluso la estructura y continuidad de muchas entidades y empresas, ocasiona 
que los precios por los que contrata la administración puedan ser todavía 
mucho más económicos. 
De forma resumida, podemos concluir que se reducen los ingresos por 
congelación de subvenciones públicas si se mantienen, por reducción de las 
donaciones de particulares y de empresas, por la contracción de la demanda 
de servicios prestados a personas como usuarios directos y por la competencia 
en la contratación de servicios por parte de la administración. Si a esa drástica 
reducción de ingresos le añadimos el incremento de la demanda de atención 
por parte de la ciudadanía, vemos las dificultades especiales en que se sitúan 
las entidades sociales en periodos de crisis como el actual. 
Su debilidad se ve, además, agravada por la dificultad de capitalizarse dada 
la forma jurídica. No disponer de un capital propio suficiente dificulta el 
crecimiento tanto en las inversiones como en las necesidades de tesorería, que 
son superiores si crecen y en especial en momentos críticos como los actuale . 
El riesgo principal es que queden reducidas a una dimensión simbólica, 
precaria, que las haga poco operativas y que pierdan la relevancia como 
elemento de participación social. La calidad democrática, la proximidad, la 
eficacia y la eficiencia en la atención a las personas se resentiría mucho. Y todo 
ello ocurre mientras a escala global las prioridades de apoyo financiero por 
parte de los Estados se orientan a grandes corporaciones financieras e 
industriales causantes de la situación actual en parte por déficits evidentes en 
su gestión. A esta decisión cabe sumar, además, la lógica reducción en la 
recaudación fi scal por parte del Estado, debido a la reducción global de la 
actividad económica, que tampoco puede compensarse por una mayor presión 
fiscal que todavía desincentiva más la recuperación económica. El contexto 
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afecta, pues, a las entidades sociales en todas sus fuentes de financiación en 
un momento en el que, por sus finalidades , más tienen que estar al servicio de 
sus beneficiarios. 
Josep Oriol Pujol Humet 
Director General 
Fundación Pere Tarrés 
Opinión 
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Impacto económico de la crisis en entidades sociales

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