Sanjuan, Eduard

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EDUARD SANJUAN
Presidente de la Comisión de Ética y Defensa del Colegio de Periodistas de Cataluña
CONCLUSIONES (I)
Para empezar, quiero hacer una breve reflexión que, no por obvia, me parece
menos adecuada: «la única manera de detener el caos consiste en repetir una y
otra vez que estamos a punto de presenciarlo. Incluso de participar». 
Con esto quiero decir que los conceptos y las ideas que se expusieron durante
las Jornadas sobre la percepción de la inseguridad y los medios de comunicación
dan la impresión de que las profundas reflexiones que se hicieron en la sociedad civil
y en la política durante la etapa de la transición vuelven a ser totalmente necesarias. 
Existe la urgencia de una prensa independiente, responsable y que no alimen-
te los instintos más bajos de la condición humana; la urgencia también de unos
cuerpos de seguridad que respeten con la más absoluta pulcritud los derechos
humanos. De una justicia consciente de su contexto histórico y social pero no
mediatizada por intereses ajenos. De repente nos damos cuenta de que todo aque-
llo que teníamos prácticamente al alcance de la mano y que nos parecía que podrí-
amos alcanzar de forma automática con la llegada de la sociedad democrática
forma parte del catálogo de ideas y de actitudes sobre las cuales hemos de traba-
jar sin descanso para que sean posibles cada día. Ésa es la cuestión: que a cada
instante broten flores, pero sabiendo, también a cada instante, que para ello es
necesario plantar, abonar y regar. 
Aquí radica, creo yo, la importancia de estas Jornadas. El Colegio de
Periodistas de Cataluña dispone de un espléndido Código deontológico, de una
Guía de comportamiento responsable para el ejercicio de la profesión periodística,
que, si se aplicase rigurosamente, contribuiría decisivamente a la evolución y a la
madurez del consumidor de información. 
Pongo a continuación cuatro ejemplos del articulado del Código deontológico
de los periodistas, para que seáis conscientes de la dificultad
a) Art. 2. Difundir únicamente informaciones fundamentadas, evitando en todo
caso las afirmaciones o datos imprecisos y carentes de base suficiente que puedan
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lesionar o menospreciar la dignidad de las personas, y provocar daños o descrédito
injustificados a instituciones y entidades públicas y privadas, así como la utilización
de expresiones o calificativos injuriosos. 
b) Art. 9. Respetar el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen,
especialmente en situaciones de vulnerabilidad y enfermedad, en casos o aconteci-
mientos que generen situaciones de aflicción o de dolor, evitando la intromisión gra-
tuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y sus circunstancias,
sobre todo cuando las personas afectadas lo manifiesten de forma explícita. 
c) Art. 10. Observar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia en
las informaciones y opiniones relativas a causas o a procedimientos penales en curso.
d) Art. 11. Tratar con un cuidado especial toda la información que afecte a
menores, evitando difundir su identificación cuando aparezcan como víctimas
(excepto en el supuesto de homicidio), testigos o inculpados en causas criminales,
sobre todo en asuntos de especial trascendencia social, como es el caso de los deli-
tos sexuales. También se evitará identificar en contra de su voluntad a las personas
próximas o a los parientes inocentes de acusados o convictos en procedimientos
penales. 
Pues bien, la distancia que existe entre la realidad de hoy en día en muchos
medios de comunicación con muchos programas y esta declaración de principios
es más que notable. 
¿Qué le toca hacer a un Colegio de Periodistas y a su Comisión de Defensa y
Ética Profesional, Comisión que tengo el honor de presidir en este momento? Pues
invocar a ese código una y otra vez. ¿Conseguimos algo? Es evidente que no. Pero
no tenemos más remedio que volver sobre él para que las bases sobre las que se
sustenta la necesaria ética profesional no se hundan definitivamente. 
Todos nos preguntamos: ¿no será poco? Probablemente, pero no nos queda
más remedio que seguir obstinadamente por este camino. 
Y sí, desde el Colegio de Periodistas debo decir que los medios de comunica-
ción crean alarma social, y que la justicia se resiente, se desboca. Se trata un caso
de agresión como si fuera un delito competente al Tribunal de La Haya, o elevamos
a la categoría de estado de excepción el robo y la agresión a cuatro casas rurales o
a casas de alto standing. Y volvemos a tratar determinados dramas humanos
desde la visión predemocrática y morbosa que nos ofrecían diarios como El Caso y
Porqué. 
Pero ésta es una tendencia que afecta a los medios de comunicación en
muchos otros ámbitos, que consiste en convertir la información en un espectáculo
truculento o, como mínimo, exagerado fuera de un contexto real. 
Quizá deberíamos profundizar más y preguntarnos el porqué de tanta audien-
cia y predicación de la desgracia ajena, y de la tragedia que todo lo disloca, en un
tiempo en que buscamos antiguas seguridades que, poco a poco, se van esfu-
mando. 
Pero bien, yo diría que hay casos y casos y, junto a ejemplos detestables al
100%, hay otros casos dentro del panorama de la comunicación en que el rigor, la
prudencia y la contextualización son lo que suele predominar. 
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El Colegio de Periodistas no sólo denuncia las prácticas abusivas contra los
periodistas, sino también las de determinados medios de comunicación contra
personas e instituciones, o el hecho de convertir en un espectáculo de circo ampli-
ficado unos acontecimientos de dudosa trascendencia social. 
Por esto me gustaría, como ideal final, dejar claro que estamos en medio de
una sociedad cada vez más compleja, imprevisible y difícil de entender, de etique-
tar, de reglamentar... La explosión de los instrumentos de comunicación al alcance
de todo el mundo y a gran escala nos obliga a crear los instrumentos adecuados
en una sociedad democrática en constante transformación. Se trata también de
nuevas herramientas deontológicas, policiales y jurídicas y, sobre todo, nuevas
herramientas sociales en la defensa de los valores y derechos humanos funda-
mentales. 
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