Cárdenas, Carla

Revista de Bioética y Derecho

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 Todos los derechos de Propiedad Intelectual pertenecen a sus respectivos titulares, por lo que se prohíbe la reproducción salvo para usos no comerciales y siempre 
que se cite la fuente completa y su dirección electrónica http://www.bioeticayderecho.ub.es. 
Queda prohibida la transformación, en todo o en parte, así como la incorporación a otra obra de los contenidos sin el permiso escrito de los titulares del copyright. 
R e v i s t a  d e  B i o é t i c a  y  D e r e c h o  
no hacen los juristas. 
Estos aspectos básicos de la Constitución no se 
han dado. En cuanto a la efectividad, las finalidades 
no están manifiestas en la misma, no se sabe con 
qué objetivo la redactaron así y porqué en un capítulo 
se habla de los derechos de la naturaleza y en otro de 
su explotación. A continuación expongo las razones 
por las que la Constitución del Ecuador no es una 
norma efectiva:  
a) Porque no revela sus objetivos, sus finalidades. 
Cuando alguien no tiene claro sus objetivos, divaga y 
no puede alcanzar nada. En el artículo 71 parecería 
ser que el objetivo superior es el de la conservación al 
dotarle a la naturaleza de derechos, mientras que en 
el Capítulo II del Régimen del Buen Vivir que se refie-
re a la Biodiversidad y Recursos Naturales, el Art. 407 
habla de que a petición fundamentada del Presidente 
de la República y previa declaratoria de interés nacio-
nal se podrán explotar los recursos de las áreas pro-
tegidas, incluso los forestales. Cabe indicar que en la 
anterior Constitución no se permitía la explotación de 
los recursos forestales en áreas protegidas, es más 
en ninguna parte del mundo se permiten. ¿Se trata de 
un conflicto sobre los derechos de la naturaleza en 
contraposición con los derechos del Estado? ¿La 
misma Constitución está sobreponiendo el interés 
público sobre un derecho fundamental de tercera 
generación? Cosa que los abogados sabemos que no 
es posible, ni jurídicamente correcto. ¿Qué derecho 
primará sobre el otro? En caso de litigio ante una Cor-
te, ¿se favorecerá a la naturaleza y sus derechos o al 
Estado? 
b) Otro caso es el tema de los transgénicos pues, 
por un lado, el Art. 401 declara al Ecuador como un 
país libre de transgénicos, pero el segundo inciso 
habla a la vez que es el Estado el que regulará a la 
biotecnología y sus productos, así como la experi-
mentación, uso y comercialización. Entonces queda la 
duda de si vamos o no a tener un país libre de trans-
génicos, no se visualiza cuál era el fin de los asamble-
Hace muy pocas semanas que el Ecuador aprobó 
la nueva Constitución de la República, la misma que 
fue elaborada por la Asamblea Nacional Constituyen-
te. Hubo un muy rico debate entre las instituciones y 
sectores sociales acerca de su contenido en cada uno 
de los temas nuevos y no nuevos que ésta promulgó: 
el aborto, la propiedad, la familia, entre otros. En 
cuanto a lo que se refiere a la protección de la natura-
leza muchos defensores de la misma escribieron artí-
culos felicitando el haber incorporado los llamados: 
“derechos de la naturaleza” en la misma; parecía en-
tonces que existía un objetivo muy loable por parte de 
los Asambleístas al querer proteger la naturaleza.  
Dicen que es una de las primeras constituciones 
del mundo que recoge este tipo de derechos. El texto 
constitucional en su Art. 71 dice así: “La naturaleza o 
Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene derecho a que se respete integralmente su exis-
tencia y el mantenimiento y regeneración de sus ci-
clos vitales, estructura, funciones y procesos evoluti-
vos”. 
A simple vista se trata del sueño alcanzado por 
parte de los ambientalistas, ¿verdad? Pero con un 
análisis de fondo es fácil ver que estos derechos se-
rán inaplicables. Para analizar esto partamos de dos 
aspectos básicos que todo jurista debe tomar en 
cuenta:  
a) La eficacia: una norma es eficaz cuando los 
destinatarios ajustan su comportamiento a lo previsto 
en la norma. La aplicabilidad se da por corresponden-
cia, cuando una costumbre se vuelve norma o por 
obediencia cuando los sujetos se someten a la nor-
ma. La eficacia mide la relación entre la norma y los 
destinatarios. 
b) La efectividad: una norma es efectiva si consi-
gue alcanzar las finalidades previstas por el legislador 
al dictar la norma. Normalmente las normas eficaces 
son efectivas, pero otras veces la norma puede ser 
eficaz pero no es efectiva. La comprobación de la 
efectividad de una norma es una tarea empírica que 
D e s d e  e l  M á s t e r  
L o s  d e r e c h o s  d e  l a  n a t u r a l e z a  y  l a  C o n s t i t u c i ó n  e n  e l  E c u a d o r .  
I n t e r r o g a n t e s  s i n  r e s p u e s t a  
CARLA CÁRDENAS 
Carla Cárdenas. Doctora en Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador. Magíster en Manejo 
Comunitario de Recursos Naturales, Universidad Católica del Ecuador. 
 
En esta sección tienen cabida las aportaciones de los alumnos del Máster en Bioética y Derecho de la Universitat de 
Barcelona, de la presente edición (XI promoción 2008-2010) así como de ediciones anteriores. Esperamos vuestras 
contribuciones en obd@pcb.ub.es. 
P U B L I C A C I Ó N  C U A T R I M E S T R A L  D E L  M A S T E R  E N  B I O É T I C A  Y  D E R E C H O  -  http: / /www.bioet icayderecho.ub.es  
P Á G I N A  2 4  N Ú M E R O  1 5  -  E N E R O  2 0 0 9  
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D e s d e  e l  M á s t e r  
rá medidas protectoras eficaces y oportunas. La inter-
rogante al ver tal contradicción es: ¿a quién regula el 
primer inciso y a quién el segundo? ¿Se va a usar 
esta ambigüedad de acuerdo a intereses personales 
e institucionales? ¿Ha solucionado los problemas que 
tenían las autoridades para aplicar el principio de pre-
caución, muy poco usado en el Ecuador por cierto, o 
lo ha complicado más? ¿Será que ante tal duda las 
autoridades toman el camino más fácil, mejor no se 
complican y omiten la aplicación de este principio? Si 
es así, ¿dónde quedaron los derechos de la naturale-
za? 
b) En los Arts. 400, 404, 405, 407, se declara 
intangible las áreas protegidas, se declara de 
interés público la conservación de la biodiversi-
dad y todos sus componentes, se declara al patri-
monio natural único e invaluable, se dice que se 
garantizará la conservación de funciones ecológi-
cas; mientras que el segundo inciso del Art. 407 
arroja por la borda la intangibilidad, el interés 
público, la conservación, para imponer un conflic-
to de derechos, pues se dice que a petición fun-
damentada del Presidente de la República y pre-
via declaratoria de la Asamblea Nacional ( fun-
ción legislativa) se puede hacer explotación de 
los recursos en áreas protegidas.  
En un país se necesitan sistemas jurídicos que 
tengan relación entre sí y persigan los mismos 
objetivos; una Constitución debe ser un sistema 
jurídico de por sí pues jamás puede contradecirse 
en si misma. 
Es claro el hecho de que las mesas de la Asam-
blea que redactaron los artículos fueron distintas 
mesas, y que cada una tenía finalidades distintas. 
¿Será tal vez que palabras bonitas como las del 
“buen vivir” o “derechos de la naturaleza” se usa-
ron como marketing, para ganar más votos, pero 
que en el fondo son todo lo contrario pues no son 
aplicables? ¿Será inocente tanta contradicción y 
ambigüedad? 
Lo cierto es que se trata de una Constitución 
aprobada vía referéndum, que mal o bien nos toca 
aplicarla; no nos queda más que esperar que en la 
legislación haya respuestas a las interrogantes 
planteadas y se aclaren ciertos aspectos oscuros. 
Se espera que esta vez en la Función Legislativa 
se encuentren los objetivos claros de lo que se 
quiere para la naturaleza o Pacha Mama. 
ístas, qué objetivo tenían. Tal vez buscaban satisfacer 
a dos grupos a la vez, unos que promueven el no uso 
de los transgénicos y otros que promueven las nor-
mas de bioseguridad. 
Por último, se prohíbe el otorgamiento de derechos, 
incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos 
derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conoci-
miento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 
¿Es que nuestros indígenas o colectivos no van a 
tener derechos sobre productos obtenidos a través de 
su conocimiento? ¿Ningún derecho… ni siquiera el de 
comercializar sus productos? ¿Será que se valora en 
tan poco los conocimientos ancestrales que no se les 
otorga ningún derecho? En este caso tampoco se 
sabe cuál era la finalidad del legislador. 
Se puede presumir que la finalidad fue protegerse de 
la biopiratería, mas el camino está siendo el equivoca-
do, porque si nuestros indígenas o colectivos no pue-
den registrar ni obtener ningún derecho tampoco se 
va a poder sistematizar los mismos ni defenderse 
ante abusos ¿Es útil este argumento mientras en 
Europa y EEUU si se pueden obtener derechos de 
descubrimientos e invenciones a través de la biodiver-
sidad?  
Los fines y objetivos en una Constitución de-
ben ser explícitos por si mismos, deben revelar el 
sentido de los artículos, lograr sinergias entre 
capítulos y artículos y fijar un norte claro para el 
país, sin divagaciones y sin dar lugar a interpreta-
ciones distintas. 
Ahora, si hablamos de la eficacia, cabe decir que 
cuando una norma de carácter constitucional no es 
clara, ha llegado hasta los niveles de la reglamenta-
ción en lugar de enunciar principios y derechos se 
corre el riesgo de que se interprete de acuerdo a las 
necesidades y prioridades de los grupos de poder. 
Tenemos una Constitución que se contradice en si 
misma, por ejemplo:  
a) El Art. 396 manifiesta que se adoptarán políti-
cas y medidas oportunas cuando exista certidumbre 
del daño ambiental. Esto a sabiendas que la CBD 
manifiesta todo lo contrario, ya que la certidumbre en 
los casos ambientales no siempre existe pues se re-
quieren de pruebas técnicas y científicas, pruebas 
que toman un largo tiempo para que exista la tal 
“certidumbre”. En el segundo párrafo del mismo artí-
culo se manifiesta que en caso de duda, aunque no 
exista evidencia científica del daño, el Estado adopta-
P U B L I C A C I Ó N  C U A T R I M E S T R A L  D E L  M A S T E R  E N  B I O É T I C A  Y  D E R E C H O  -  http: / /www.bioet icayderecho.ub.es  
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Los derechos de la naturaleza y la Constitución en el Ecuador. Interrogantes sin respuesta

Carla Cárdenas

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Cuando alguien no tiene claro sus objetivos, divaga y no puede alcanzar nada. En el artículo 71 parecería ser que el objetivo superior es el de la conservación al dotarle a la naturaleza de derechos, mientras que en el Capítulo II del Régimen del Buen Vivir que se refie-re a la Biodiversidad y Recursos Naturales, el Art. 407 habla de que a petición fundamentada del Presidente de la República y previa declaratoria de interés nacio-nal se podrán explotar los recursos de las áreas pro-tegidas, incluso los forestales. Cabe indicar que en la anterior Constitución no se permitía la explotación de los recursos forestales en áreas protegidas, es más en ninguna parte del mundo se permiten. ¿Se trata de un conflicto sobre los derechos de la naturaleza en contraposición con los derechos del Estado? ¿La misma Constitución está sobreponiendo el interés público sobre un derecho fundamental de tercera generación? Cosa que los abogados sabemos que no es posible, ni jurídicamente correcto. ¿Qué derecho primará sobre el otro? En caso de litigio ante una Cor-te, ¿se favorecerá a la naturaleza y sus derechos o al Estado? b) Otro caso es el tema de los transgénicos pues, por un lado, el Art. 401 declara al Ecuador como un país libre de transgénicos, pero el segundo inciso habla a la vez que es el Estado el que regulará a la biotecnología y sus productos, así como la experi-mentación, uso y comercialización. Entonces queda la duda de si vamos o no a tener un país libre de trans-génicos, no se visualiza cuál era el fin de los asamble-Hace muy pocas semanas que el Ecuador aprobó la nueva Constitución de la República, la misma que fue elaborada por la Asamblea Nacional Constituyen-te. Hubo un muy rico debate entre las instituciones y sectores sociales acerca de su contenido en cada uno de los temas nuevos y no nuevos que ésta promulgó: el aborto, la propiedad, la familia, entre otros. En cuanto a lo que se refiere a la protección de la natura-leza muchos defensores de la misma escribieron artí-culos felicitando el haber incorporado los llamados: “derechos de la naturaleza” en la misma; parecía en-tonces que existía un objetivo muy loable por parte de los Asambleístas al querer proteger la naturaleza.  Dicen que es una de las primeras constituciones del mundo que recoge este tipo de derechos. El texto constitucional en su Art. 71 dice así: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su exis-tencia y el mantenimiento y regeneración de sus ci-clos vitales, estructura, funciones y procesos evoluti-vos”. A simple vista se trata del sueño alcanzado por parte de los ambientalistas, ¿verdad? Pero con un análisis de fondo es fácil ver que estos derechos se-rán inaplicables. Para analizar esto partamos de dos aspectos básicos que todo jurista debe tomar en cuenta:  a) La eficacia: una norma es eficaz cuando los destinatarios ajustan su comportamiento a lo previsto en la norma. La aplicabilidad se da por corresponden-cia, cuando una costumbre se vuelve norma o por obediencia cuando los sujetos se someten a la nor-ma. La eficacia mide la relación entre la norma y los destinatarios. b) La efectividad: una norma es efectiva si consi-gue alcanzar las finalidades previstas por el legislador al dictar la norma. Normalmente las normas eficaces son efectivas, pero otras veces la norma puede ser eficaz pero no es efectiva. La comprobación de la efectividad de una norma es una tarea empírica que D e s d e  e l  M á s t e r  L o s  d e r e c h o s  d e  l a  n a t u r a l e z a  y  l a  C o n s t i t u c i ó n  e n  e l  E c u a d o r .  I n t e r r o g a n t e s  s i n  r e s p u e s t a  CARLA CÁRDENAS Carla Cárdenas. Doctora en Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador. Magíster en Manejo Comunitario de Recursos Naturales, Universidad Católica del Ecuador.  En esta sección tienen cabida las aportaciones de los alumnos del Máster en Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, de la presente edición (XI promoción 2008-2010) así como de ediciones anteriores. Esperamos vuestras contribuciones en obd@pcb.ub.es. P U B L I C A C I Ó N  C U A T R I M E S T R A L  D E L  M A S T E R  E N  B I O É T I C A  Y  D E R E C H O  -  http: / /www.bioet icayderecho.ub.es  P Á G I N A  2 4  N Ú M E R O  1 5  -  E N E R O  2 0 0 9   Todos los derechos de Propiedad Intelectual pertenecen a sus respectivos titulares, por lo que se prohíbe la reproducción salvo para usos no comerciales y siempre que se cite la fuente completa y su dirección electrónica http://www.bioeticayderecho.ub.es. Queda prohibida la transformación, en todo o en parte, así como la incorporación a otra obra de los contenidos sin el permiso escrito de los titulares del copyright. R e v i s t a  d e  B i o é t i c a  y  D e r e c h o  D e s d e  e l  M á s t e r  rá medidas protectoras eficaces y oportunas. La inter-rogante al ver tal contradicción es: ¿a quién regula el primer inciso y a quién el segundo? ¿Se va a usar esta ambigüedad de acuerdo a intereses personales e institucionales? ¿Ha solucionado los problemas que tenían las autoridades para aplicar el principio de pre-caución, muy poco usado en el Ecuador por cierto, o lo ha complicado más? ¿Será que ante tal duda las autoridades toman el camino más fácil, mejor no se complican y omiten la aplicación de este principio? Si es así, ¿dónde quedaron los derechos de la naturale-za? b) En los Arts. 400, 404, 405, 407, se declara intangible las áreas protegidas, se declara de interés público la conservación de la biodiversi-dad y todos sus componentes, se declara al patri-monio natural único e invaluable, se dice que se garantizará la conservación de funciones ecológi-cas; mientras que el segundo inciso del Art. 407 arroja por la borda la intangibilidad, el interés público, la conservación, para imponer un conflic-to de derechos, pues se dice que a petición fun-damentada del Presidente de la República y pre-via declaratoria de la Asamblea Nacional ( fun-ción legislativa) se puede hacer explotación de los recursos en áreas protegidas.  En un país se necesitan sistemas jurídicos que tengan relación entre sí y persigan los mismos objetivos; una Constitución debe ser un sistema jurídico de por sí pues jamás puede contradecirse en si misma. Es claro el hecho de que las mesas de la Asam-blea que redactaron los artículos fueron distintas mesas, y que cada una tenía finalidades distintas. ¿Será tal vez que palabras bonitas como las del “buen vivir” o “derechos de la naturaleza” se usa-ron como marketing, para ganar más votos, pero que en el fondo son todo lo contrario pues no son aplicables? ¿Será inocente tanta contradicción y ambigüedad? Lo cierto es que se trata de una Constitución aprobada vía referéndum, que mal o bien nos toca aplicarla; no nos queda más que esperar que en la legislación haya respuestas a las interrogantes planteadas y se aclaren ciertos aspectos oscuros. Se espera que esta vez en la Función Legislativa se encuentren los objetivos claros de lo que se quiere para la naturaleza o Pacha Mama. ístas, qué objetivo tenían. Tal vez buscaban satisfacer a dos grupos a la vez, unos que promueven el no uso de los transgénicos y otros que promueven las nor-mas de bioseguridad. Por último, se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conoci-miento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. ¿Es que nuestros indígenas o colectivos no van a tener derechos sobre productos obtenidos a través de su conocimiento? ¿Ningún derecho… ni siquiera el de comercializar sus productos? ¿Será que se valora en tan poco los conocimientos ancestrales que no se les otorga ningún derecho? En este caso tampoco se sabe cuál era la finalidad del legislador. Se puede presumir que la finalidad fue protegerse de la biopiratería, mas el camino está siendo el equivoca-do, porque si nuestros indígenas o colectivos no pue-den registrar ni obtener ningún derecho tampoco se va a poder sistematizar los mismos ni defenderse ante abusos ¿Es útil este argumento mientras en Europa y EEUU si se pueden obtener derechos de descubrimientos e invenciones a través de la biodiver-sidad?  Los fines y objetivos en una Constitución de-ben ser explícitos por si mismos, deben revelar el sentido de los artículos, lograr sinergias entre capítulos y artículos y fijar un norte claro para el país, sin divagaciones y sin dar lugar a interpreta-ciones distintas. Ahora, si hablamos de la eficacia, cabe decir que cuando una norma de carácter constitucional no es clara, ha llegado hasta los niveles de la reglamenta-ción en lugar de enunciar principios y derechos se corre el riesgo de que se interprete de acuerdo a las necesidades y prioridades de los grupos de poder. Tenemos una Constitución que se contradice en si misma, por ejemplo:  a) El Art. 396 manifiesta que se adoptarán políti-cas y medidas oportunas cuando exista certidumbre del daño ambiental. Esto a sabiendas que la CBD manifiesta todo lo contrario, ya que la certidumbre en los casos ambientales no siempre existe pues se re-quieren de pruebas técnicas y científicas, pruebas que toman un largo tiempo para que exista la tal “certidumbre”. En el segundo párrafo del mismo artí-culo se manifiesta que en caso de duda, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adopta-P U B L I C A C I Ó N  C U A T R I M E S T R A L  D E L  M A S T E R  E N  B I O É T I C A  Y  D E R E C H O  -  http: / /www.bioet icayderecho.ub.es  P Á G I N A  2 5  N Ú M E R O  1 5  -  E N E R O  2 0 0 9  

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Los derechos de la naturaleza y la Constitución en el Ecuador. Interrogantes sin respuesta

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