El agua, fuente de caudales económicos y humanos ―y por ende, instrumento de poder político y económico―, se convierte en objeto de disputa y controversia judicial entre sus distintos titulares por su posesión y uso. La escasez de recursos hídricos disponibles y la elevada demanda de agua que los usos agrarios e industriales plantean en época moderna propician el establecimiento de concordias y ordenanzas concejiles entre sus distintos tenedores; una normativa común, de carácter local y comarcal, que permitía la integración de distintos o idénticos usos productivos en un mismo caudal hídrico. A pesar de ello, la existencia de estas concordias y ordenanzas concejiles no suponía la ausencia de conflictos entre las partes signatarias y el consiguiente planteamiento de causa judicial por incumplimiento, en todo o en parte, del reglado acuerdo suscrito. Esta circunstancia también acontecía con las denominadas «ordenanzas de junta» y las sentencias de sus alcaldes árbitros. La documentación judicial de la Real
Audiencia y Chancillería de Valladolid durante la Edad Moderna ha constituido la principal fuente documental de nuestro trabajo; en concreto, las causas civiles que se plantean en el litigio del agua con motivo de su propiedad y aprovechamiento. La confirmación y observancia de las concordias y ordenanzas concejiles por parte de la corona nos servirá para comprobar la principal directriz de gobierno de ésta como institución: la convergencia del interés general y particular, una política también presente en la elite rectora municipa
