Silva Sánchez, Jesús-María

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¿Legalidad penal líquida? 
 
En las últimas décadas, tanto el significado como el contenido del principio de legalidad penal se 
han visto expuestos a tensiones. Algunas de ellas afectan a su dimensión política, que lo asocia al 
principio democrático.1 Al respecto, es cierto –en primer lugar– que las propias nociones de 
democracia deliberativa y de autolegislación de los ciudadanos se han teorizado en tiempos 
recientes.2 Sin embargo, precisamente en estos años se ha intensificado la pérdida de calidad 
democrática de las leyes penales formales, que se muestran en amplia medida como un producto 
de las burocracias de los partidos políticos dominantes en cada caso.3 A ello se añade, en segundo 
lugar, el carácter limitadamente democrático de las disposiciones europeas de armonización de 
los Derechos penales nacionales. Éstas, no obstante su carácter asimismo burocrático, 
condicionan de modo significativo la evolución de la legislación penal de los Estados miembros 
de la Unión.4 Por fin, en tercer lugar, se ha producido una disociación de las nociones de 
democracia y garantismo. El contenido de la ley penal democrática no es necesariamente 
expresión de las garantías de un Derecho penal liberal. A veces sucede todo lo contrario: en ella 
se expresa un populismo autoritario. La protección de las garantías fundamentales acaba siendo, 
entonces, cuestión de los tribunales ordinarios y, en última instancia, del Tribunal 
Constitucional.5 En Estados Unidos, en vista de la tendencia de la legislación hacia la 
Overcriminalization6, así como del modo en que esto se apoya por parte de los Prosecutors del 
Department of Justice7, las expectativas de una restricción de lo punible se centran en el poder 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sobre ello, FIANDACA, «Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democracia», en STILE (ed.), 
Democrazia e autoritarismo nel diritto penale, 2011, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, pp. 135 y ss.  
2 Aunque naturalmente sobre las bases clásicas de KANT o de ROUSSEAU. 
3 Cfr. la crítica de BRAUM, Europäische Strafgesetzlichkeit, 2003, Vittorio Klostermann, Fráncfort del Meno, p. 38-39. 
Detalladamente sobre este aspecto GRANDI, «“Nullum crimen sine lege” parlamentaria y Derecho penal europeo», 
en DÍEZ-PICAZO/NIETO (dirs.), Los derechos fundamentales en el Derecho penal europeo, 2010, Aranzadi, Navarra, pp. 
183 y ss., especialmente 195 y ss., con amplias referencias bibliográficas italianas. 
4 GRANDI, en DÍEZ-PICAZO/NIETO MARTÍN (dirs.), Los derechos fundamentales en el Derecho penal europeo, 2010, pp. 
203 y ss. De todos modos, existe un cierto consenso en el sentido de que, si en un país existen estándares de 
legalidad más rigurosos que los acogidos por los tribunales europeos, deben prevalecer aquéllos: SCOLETTA, «El 
principio de legalidad europeo», en DÍEZ-PICAZO/NIETO MARTÍN, Los derechos fundamentales, 2010, pp. 251 y ss., 
256, 262. 
5 Próximo FIANDACA, en STILE (ed.), Democrazia e autoritarismo nel diritto penale, 2011, p. 145. He aquí una de las 
fuentes del debate entre neo-constitucionalismo y “democratismo“ (en terminología de FIANDACA, “democrazia 
costituzionale inclusiva a carattere tendencialmente universalistico” frente a “democrazia maggioritario-comunitarista-
identitario”), que, a mi juicio refleja un debate más profundo, a saber, el que tendría lugar entre una aproximación 
de filosofía moral (en donde caben aproximaciones filosófico-morales más individualistas o más holistas) y otra 
más demoscópica (empírica) a la cuestión de la criminalización.  
6 SILVA SÁNCHEZ, La expansion del Derecho penal, 3ª ed., 2011, BdeF, Buenos Aires-Montevideo, pp. 192 y ss., con 
referencia, entre otros, al texto de HUSAK. 
7 Sobre este tema, cfr. el texto de REYNOLDS, «Ham Sandwich Nation: Due Process When Everything is a Crime», 
Columbia Law Review Sidebar, 2013, pp. 108-108 (http://columbialawreview.org/ham-sandwich-
nation_reynolds/). 
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judicial. Por otro lado, el problema de la legalidad penal se está viendo directamente influido por 
el significado que se pueda atribuir al fenómeno del neoconstitucionalismo. 
Otras tensiones afectan a la dimensión técnica del principio de legalidad: la seguridad jurídica. Es 
conocida la aspiración iluminista de que las leyes penales determinaran el comportamiento 
prohibido con tal claridad y precisión que permitieran la orientación ex ante de la conducta de los 
ciudadanos. Pero resulta más que dudoso que tal aspiración se haya hecho realidad en algún 
momento. En el caso de los mala in se, la orientación de los ciudadanos ha sido resultado del 
sustrato ético-social más que del tenor de la correspondiente ley penal. En cambio, en el caso de 
los mala quia prohibita lo razonable es partir de la idea de que la orientación de los ciudadanos por 
el tenor de las leyes resulta, sencillamente, una ficción. En las últimas décadas, los propios 
Tribunales constitucionales han reconocido la inevitable vaguedad del lenguaje ordinario así 
como la legitimidad del recurso del legislador penal a términos porosos, con la finalidad de 
lograr la adaptación de las leyes formales a circunstancias cambiantes o a las exigencias de 
justicia del caso concreto.8 La protección de la garantía de seguridad jurídica no vendría dada, 
entonces, por la ley penal en sí misma, sino por la estabilidad de las interpretaciones judiciales. 
Dicha estabilidad –previsibilidad– habría de ser garantizada, en última instancia, por el 
respectivo Tribunal constitucional.  
Existen otros aspectos adicionales que no deben desconocerse. Por un lado, que la ley formal se 
percibe en determinadas ocasiones más como obstáculo que como instrumento de la justicia. 
Ciertos sectores doctrinales y jurisprudenciales han mostrado su oposición al hecho de que el 
formalismo de la ley positiva se convierta en un obstáculo para la realización de la justicia 
material.9 El tema no es en absoluto nuevo: de hecho, es común relacionarlo con la Fórmula de 
RADBRUCH sobre el “gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht”.10 Las divergencias tienen que 
ver con el alcance que se atribuye a la “excepción de justicia” frente a la vigencia de una 
determinada garantía formal del principio de legalidad. En el plano supranacional, el hecho de 
que el Convenio Europeo de Derechos Humanos utilice la expresión “law” (“droit”, y no “loi”) 
permite entrar a valorar si una disposición legal es o no derecho, esto es, si cuenta con 
legitimidad sustancial o no. En el caso de que tal legitimación se le niegue a una disposición 
nacional beneficiosa para el reo, surge obviamente la base para un conflicto con garantías del 
principio de legalidad. Con todo, en general la mencionada excepción se admite sólo en casos 
límite, en términos similares a los que el propio RADBRUCH estableciera.11 Por otro lado, que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 MURMANN, «Entformalisierung des Strafrechts – Eine erste Annäherung», en MURMANN (ed.), Recht ohne Regeln? 
Die Entformalisierung des Strafrechts, 2011, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Gotinga, pp. 5 y 
ss., 6 y ss., 8 („Anpassungsfähigkeit an die Besonderheiten des Einzelfalls“) y 10 („...werden überzogene Anforderungen an 
den Gesetzgeber zurückgewiesen und der Vernunft der Gerichte einiges zugetraut...“). 
9 Sobre el modo en que el TEDH ha abordado esta cuestión (en los casos Streletz c. Alemania y K.-H.W. c. 
Alemania) señalando que una disposición nacional no puede ser considerada “law” cuando constituye una 
violación objetiva y absolutamente evidente de los derechos humanos, cfr. SCOLETTA, en DÍEZ-PICAZO/NIETO 
MARTÍN, Los derechos fundamentales, 2010, pp. 263 y ss. 
10 Schweizerische Juristen-Zeitung, 1946, pp. 105 y ss. 
11 Así, en la tesis de la insoportabilidad:“Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin 
zu lösen sein, daß das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich 
ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, daß der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so 
unerträgliches Maß erreicht, daß das Gesetz als "unrichtiges Recht" der Gerechtigkeit zu weichen hat.“. Y la tesis de la 
negación: “[W]o Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei 
der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur "unrichtiges Recht", vielmehr 
entbehrt es überhaupt derRechtsnatur.“ 
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tienden a integrarse en el contenido del principio de legalidad garantías que poco o nada tienen 
que ver con su naturaleza esencialmente formal-textual: entre otros, pueden mencionarse la 
aplicación retroactiva de la lex mitior; la observancia del principio interpretativo in dubio pro 
libertate; o, en fin, la adecuación de la interpretación de un determinado texto legal a la axiología 
constitucional o al canon metodológico propio de la ciencia jurídica, de modo que se salvaguarde 
la “orientación material de la norma”. 
En fin, que las garantías del principio de legalidad se entienden como principios en sentido 
estricto12. En esa medida, se admite: a) que se concreten de modo diverso en los distintos 
ordenamientos jurídicos nacionales; y b) la posibilidad de que esas garantías –entendidas como 
mandatos de optimización– entren en conflicto con otros principios del Derecho penal, debiendo 
ser objeto de la correspondiente ponderación razonable (balancing).  
Todo lo anterior viene sucediendo en los distintos países como consecuencia de la propia 
evolución de la concepción de la legalidad. Partiendo del legalismo, o concepción formalista de la 
legalidad, parece haberse evolucionado hacia una concepción sustancial o material de ésta. Desde 
esta perspectiva, la exigencia de legalidad penal aludiría básicamente a la pretensión de lograr 
una interacción entre el poder legislativo y el judicial que redunde en la producción de 
interpretaciones judiciales legítimas y estables: interpretaciones previsibles y accesibles.13  
Sobre las causas de esta modificación en la concepción del principio de legalidad puede 
discutirse; son seguramente varias y complejas. Pero lo que resulta prácticamente seguro es que a 
tal modificación no ha sido ajena la convivencia del sistema jurídico continental (civil law) y el 
clásico sistema anglosajón (common law)14. En cuanto a sus consecuencias, seguramente hay 
mucho de satisfactorio en esta evolución. Pero no todo el monte es orégano. De zarzas y malas 
hierbas habrá que hablar en otra ocasión. 
 
Jesús-María Silva Sánchez 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Cfr. ALEXY, Theorie der Grundrechte, 1986 (= Teoría de los derechos fundamentales, 2002, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, pp. 81 y ss.).  
13 SCOLETTA, en DÍEZ-PICAZO/NIETO MARTÍN, Los derechos fundamentales, 2010, pp. 258 y ss., subrayando cómo al 
“principio de legalidad europeo” le es extraña la dimensión democrática de la “reserva de ley”. 
14 TEDH Scoppola c. Italia (núm. 2), Sentencia de 17 de septiembre de 2009, nm. 101: “… it is a firmly established 
part of the legal tradition of the States party to the Convention that case-law, as one of the sources of the law, necessarily 
contributes to the gradual development of the criminal law. Article 7 of the Convention cannot be read as outlawing the 
gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, provided that the 
resultant development is consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen”. Ya mucho antes, 
TEDH Sunday Times c. Reino Unido, Sentencia de 26 de abril de 1979 (§ 47) indicando que la expresión “prevista 
por la ley” comprende tanto Derecho escrito como no escrito, puesto que excluir de su ámbito al common law 
implicaría de hecho privar de base a todo el sistema jurídico de un Estado miembro. La intención de los autores 
del Convenio no era, obviamente, esa. Similar, TEDH S.W. c. Reino Unido, Sentencia de 22 de noviembre de 1995 
(§ 35). 


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