Ramos González, Sonia

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InDret 
 
Accidente de trabajo causado por tráctel defectuoso 
 
Comentario a la STS, 1ª, 9.6.2003  
Ponente: Antonio Gullón Ballesteros 
  
 
 
 
 
 
 
Sonia Ramos González 
Facultad de Derecho  
Universitat Pompeu Fabra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Working Paper nº: 175 
Barcelona, octubre de 2003 
www.indret.com 
InDret 4/2003                                                         Sonia Ramos González 
1. STS, 1ª, 9.6.2003 (JUR 2003\143927; La Ley nº 5812, 27.6.2003) 
 
El 7 de enero de 1993, en Girona, dos trabajadores, Ángel C. C. y Lucio A. B., estaban pintando la 
fachada de un inmueble sobre un andamio suspendido, propiedad de «CONSTRUCCIONES 
AURICH», sostenido por dos trácteles –aparatos de tracción por cable cuya función es el 
sostenimiento de andamios elevadores para trabajos de altura-, cuando cayeron desde una altura 
de 35 metros debido a la apertura de las mordazas de uno de los trácteles, lo que determinó que 
se deslizara el tráctel por el cable que sujetaba y que se inclinara el andamio. Los dos 
trabajadores, que no llevaban los cinturones de seguridad preceptivos, fallecieron a consecuencia 
de la caída. El andamio tenía una longitud de casi 4 metros y estaba sujetado por dos cables, 
cuando el art. 236 de la Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica exige un tercer 
cable en caso de superar los 3 metros. El tráctel fue fabricado por «TRACTEL IBÉRICA, S.A.», 
empresa que forma parte del «GRUPO INTERNACIONAL EUROPEO TRACTEL».  
 
Las respectivas viudas e hijos de los trabajadores fallecidos demandaron a «TRÁCTEL IBÉRICA, 
S.A.» en reclamación de una indemnización de daños y perjuicios, cuya cuantía no consta en la 
Sentencia. Las demandas fueron acumuladas en un solo procedimiento.  
 
El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Girona, en Sentencia de 31.7.1996, estimó en parte las 
demandas y condenó al demandado conforme al art. 1902 CC a pagar las siguientes cantidades:  
 
a) A la viuda de Ángel C., 18.700.000 ptas. (112.389,26 €); a Ángel C. A., 5.500.000 ptas. 
(33.055,67 €); a Juan C. A., 2.200.000 ptas. (13.222,27 €); a José C. A., 2.200.000 ptas. 
(13.222,27 €); a Emilio C. A., 1.100.000 ptas. (6.611,13 €), y a Rosario C. A., 1.100.000 ptas. 
(6.611,13 €). 
 
b) A la viuda de Lucio A. B., 24.200.000 ptas. (145.444,93 €), que incluye la indemnización 
para sus hijas menores en cuyo nombre también demandó. 
 
La Audiencia Provincial de Girona (Sección 2ª), en Sentencia de 3.7.1997, estimó en parte el 
recurso de apelación interpuesto por «TRÁCTEL IBÉRICA, S.A.», apreció culpa concurrente de las 
víctimas al omitir el uso de los cinturones de seguridad y revocó parcialmente la sentencia de 
instancia en el sentido de disminuir las respectivas cuantías indemnizatorias: 
 
a) A la viuda de Ángel C., 15.895.000 ptas. (95.530,87 €); a Ángel C. A., 4.675.000 ptas. 
(28.097,32 €); a Juan C. A., 1.870.000 ptas. (11.238,93 €); a José C. A., 1.870.000 ptas. 
(11.238,93 €); a Emilio C. A., 935.000 ptas. (5.619,46 €); a Rosario C. A., 935.000 ptas. 
(5.619,46 €). 
 
b) A la viuda de Lucio A. B., 20.570.000 ptas. (123.628,19 €). 
 
La Audiencia confirmó la valoración probatoria del Juzgado de Primera Instancia en dos 
extremos. En primer lugar, rechazó la tesis sostenida por el demandado, según la cual las 
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mordazas del tráctel se abrieron a consecuencia de la indebida manipulación de la palanca de 
desembrague por parte de los trabajadores. En efecto, según los informes periciales practicados, 
la fuerza necesaria para desembragar el tráctel es proporcional al peso sostenido y dado la carga 
que soportaba el tráctel en el caso era imposible desembragar el tráctel manualmente (F. D. 2º). 
En segundo lugar, rechazó, por falta de prueba, que la omisión de un tercer cable de sujeción 
fuera determinante en la inclinación del andamio (F. D. 4º). Por el contrario, la Audiencia 
consideró que la falta de uso de los cinturones de seguridad sí contribuyó a la producción del 
daño y, por lo tanto, tal extremo debía tenerse en cuenta a la hora de cuantificar la 
indemnización.  
 
«Ha existido (...) negligencia [por parte de los trabajadores] al no haber obrado de la 
forma más diligente y cuidadosa posible (...). Atendidas las circunstancias apuntadas, 
consistentes, de un lado, en la escasa previsibilidad de que tal fallo se produjera y la más 
que suficiente altura de las vallas de protección, y, de otro, haber agotado la utilización de 
todos los sistemas de seguridad posibles a su alcance, entendemos que procede rebajar en 
un quince por ciento la totalidad de las indemnizaciones concedidas (...)» (F. D. 4º). 
 
A la vista de lo anterior, la Audiencia concluyó que el accidente fue provocado por un defecto de 
fabricación del tráctel, que consistía en un fallo mecánico y del que se desconocía su causa, y, por 
lo tanto, era plenamente aplicable al caso la objetivización de la responsabilidad y la inversión de 
la carga de la prueba.  
 
«[S]iendo la apelante la fabricante de mecanismos cuya finalidad es la de elevar y 
suspender cargas en el aire, a la par que personas, es evidente que tal actividad comporta 
un claro riesgo, que lleva a que debe exigírsele la mayor de las diligencias en la 
fabricación de tales instrumentos, por cuanto que un fallo de los mismos, por esporádico 
e improbable que pudiera ser, acarrea gravísimas consecuencias a quienes trabajan sobre 
artilugios suspendidos de los trácteles, como ha ocurrido en el presente caso» (F. D. 3º). 
 
El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el demandado. El 
recurrente alegaba, entre otros motivos de carácter procesal, infracción de los arts. 1902 y 1253 
CC: 
 
a) Infracción del art. 1902 CC. Frente al argumento del recurrente de que la Audiencia había 
condenado al fabricante por el mero riesgo que conllevaba la fabricación de sus 
productos, el Tribunal afirmó que la prueba del defecto era presupuesto de la 
responsabilidad del fabricante y que, precisamente, la Audiencia había justificado la 
condena al fabricante con base en su existencia. 
 
b) Infracción del art. 1253 CC. El recurrente alegaba que, a partir de la prueba practicada, 
cabía presumir que la apertura de las mordazas del tráctel se debió a la manipulación por 
parte de los trabajadores de la palanca de desembrague. El Tribunal Supremo, no 
obstante, reprochó al recurrente que no bastaba con negar la existencia del defecto si no 
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había aportado ninguna explicación de la causa del accidente distinta a la suposición que 
implicaba a los trabajadores: «si no hubo error humano ni se ha alegado siquiera ninguna 
causa de fuerza mayor, forzosamente el accidente tuvo que tener su razón en defectos de 
fabricación» (F. D. 5º). 
Respecto a la pretensión del recurrente de hacer valer la falta de uso de los cinturones de 
seguridad por parte de los trabajadores como causa de su fallecimiento, el Tribunal Supremo 
confirmó el tratamiento que hizo la Audiencia de tal circunstancia como expediente de 
reducción de la indemnización. Según el Tribunal, no hay ninguna prueba que acredite que, si 
se hubiesen usado los cinturones, el accidente no hubiera ocurrido» (F. D. 5º).  
 
 
2. El titular del derecho a la indemnización por daños causados por productos 
defectuosos 
 
En el derecho español, tres regímenes de responsabilidad extracontractual integran el derecho de 
la responsabilidad por producto. Uno general, previsto en el art. 1902 CC, y dos especiales, 
previstos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y 
usuarios (LGDCU) y en la Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños 
causados por productos defectuosos (L 22/94). Los criterios a tener en cuenta para determinar la 
ley aplicable a cada caso son dos: primero, las respectivas leyes especiales prevalecen sobre la ley 
general, siempre que el caso tenga cabida en el ámbito de protección de la norma, y, segundo, la 
aplicación de la LGDCU o la L 22/94 depende de si el accidente se produjo, respectivamente, 
antes o después de la entrada en vigor de la L 22/94 –el 7 de julio de 1994- (Cfr. Disposición Final 
Primera y Disposición Transitoria Única L 22/94). De la combinación de los dos criterios resultan 
dos escenarios posibles, en los que habrá que analizar si el trabajador está legitimado para 
demandar al fabricante y, si es así, bajo qué régimen de responsabilidad civil.  
 
2.1. Accidente de trabajo producido antes de la entrada en vigor de la L 22/94 
 
En los casos, como el presente, en que el accidente de trabajo ocurrió antes del 7 de julio de 1994, 
la única ley aplicable es el art. 1902 CC, ya que el trabajador no cumple la condición legal de 
consumidor o usuario definida en los apartados 2 y 3 del art. 1 LGDCU, requisito previo para su 
aplicación, y según los cuales: 
 
«2. A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que 
adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, 
productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o 
privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.  
 
3. No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en 
destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin 
de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a 
terceros». 
 
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En efecto, el dato relevante que determina la atribución de la condición de «destinatario legal» es, 
según doctrina mayoritaria (PARRA LUCÁN, 1990, págs. 314, 322; A. BERCOVITZ Y R. BERCOVITZ, 
1987, pág. 27; ROJO Y FERNÁNDEZ-RÍO, 1987, pág. 39), el destino efectivo del producto, extremo 
que permite distinguir entre el consumo profesional, por una parte, y el doméstico, personal o 
familiar, por el otro. En este sentido, se afirma que la finalidad de la LGDCU es proteger a 
quienes adquieren, utilizan o disfrutan bienes o productos para la satisfacción de necesidades 
personales o familiares y excluir, por el contrario, a quienes adquieren o utilizan los bienes y 
servicios en el marco de una actividad empresarial. En conclusión, el trabajador que sufre daños a 
consecuencia del uso de los productos con los que desarrolla sus funciones queda incluido, por lo 
tanto, en esta última categoría y no se beneficia de la protección prevista por la LGDCU. 
 
Más allá de una defectuosa opción de política legislativa, no hay razones que expliquen la 
exclusión del trabajador, en tanto usuario de un producto, del régimen de la LGDCU. No 
obstante, lo que podría calificarse como un descuido del legislador no deja desamparado al 
trabajador, que puede obtener la reparación de los daños sufridos conforme al art. 1902 CC. 
Ahora bien, desde el punto de vista del alcance de la protección que conceden una y otra norma, 
el trabajador resulta perjudicado, pues, si bien el régimen de responsabilidad por culpa con 
inversión de la carga de la prueba previsto en el art. 26 LGDCU no es más que el resultado de 
positivizar lo que la jurisprudencia venía haciendo al aplicar el art. 1902 CC al ámbito de los 
daños causados por productos defectuosos, no se beneficiará del régimen de responsabilidad 
objetiva que sujeta al fabricante de determinados productos conforme al art. 28 LGDCU. 
 
2.2. Accidente de trabajo producido después de la entrada en vigor de la L 22/94  
 
De haber sucedido el accidente con la L 22/94 en vigor, el trabajador tendría plena legitimación 
para demandar al fabricante del producto pretendidamente defectuoso, pues, conforme a la 
Exposición de Motivos de la L 22/94:  
 
«Los sujetos protegidos son, en general, los perjudicados por el producto defectuoso, con 
independencia de que tengan o no la condición de consumidores en sentido estricto». 
 
El titular del derecho a la indemnización es, por lo tanto, el perjudicado por el producto, bien sea 
quien adquiere el producto, quien sin adquirirlo lo utiliza o, incluso, el tercero ajeno al uso o 
consumo del producto, conocido como bystander. La L 22/94 salva así la restricción injustificada 
de la LGDCU y unifica la responsabilidad del fabricante en un régimen de responsabilidad 
objetiva por defecto de producto que no cubre la indemnización de los daños morales, que 
deberán ser resarcidos, en su caso, conforme a la legislación civil general, esto es, conforme al art. 
1902 CC (art. 10.2 L 22/94).  
 
 
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3. La dificultad o imposibilidad de probar el defecto del producto perjudica al 
fabricante 
 
El segundo aspecto destacable de la Sentencia es el tratamiento que el Tribunal Supremo hace de 
la prueba del defecto. El único hecho probado en el caso era que el tráctel, después de la caída, se 
encontraba desembragado. Así las cosas, según la prueba practicada por las dos partes del litigio, 
cabían dos posibles causas del accidente: que la apertura de las mordazas se produjera por un 
fallo mecánico, como sostenían los demandantes, o por una errónea e indebida manipulación de 
la palanca de desembrague por parte de los trabajadores, como sostenía el demandado. El 
análisis del material probatorio tan sólo permitía excluir la segunda -extremo que sirvió a 
Juzgado y a Audiencia para presumir la existencia del defecto de fabricación en el tráctel-. 
Llegados a este punto, el fabricante es declarado responsable si no es capaz de aportar una 
explicación al accidente, distinta a la existencia de un defecto en el producto. Según el Tribunal 
Supremo, es quien está en mejor posición para hacerlo. 
 
En este sentido, la Sentencia es un ejemplo más de cómo, en la jurisprudencia sobre daños 
causados por productos defectuosos, la inversión de la carga de la prueba en los casos en que es 
difícil, sino imposible, probar el defecto del producto convierte la responsabilidad objetiva por 
defecto de producto en una responsabilidad por el mero riesgo de comercializar el producto 
pretendidamente defectuoso.  
 
 
Bibliografía 
 
Alberto y Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios jurídicos sobre protección de los 
consumidores, Tecnos, Madrid, 1987. 
 
M.ª Ángeles PARRA LUCÁN, Daños por productos y protección del consumidor, José María Bosch, 
Barcelona, 1990.  
 
Ángel ROJO Y FERNÁNDEZ-RÍO, “La responsabilidad del fabricante en la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios”, Estudios sobre Consumo, número extraordinario, 1987, 
págs. 31-48. 
 
 
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