Gómez Pomar, Fernando

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¿Qué hay en un número? La magia de las cifras y los plazos de prescripción 
 
 
Los finales de legislatura, y el que vivimos no ha sido una excepción, suelen ser 
legislativamente agónicos −que no agonizantes−. El Código Civil (en adelante, CC), tan 
postergado por el legislador en los últimos años, ha merecido sus atenciones en estos 
meses crepusculares de actividad legislativa. La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria ha modificado 96 (sí, 96) artículos del CC. La Ley 26/2015, de 
28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 
ha dado nueva redacción o introducido 30 artículos en el CC. La Ley 42/2015, de 5 de 
octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en 
adelante, Ley 42/2015) ha modificado uno (el art. 1964.2), pero muy relevante. Aunque 
no estrechamente de Derecho privado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público ha modificado el régimen de responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas y de los contratos del sector público. 
 
No es esta buena ocasión, ni yo el más indicado, para hacer balance de todas estas 
modificaciones. Quisiera fijarme, sin embargo, en la más reducida de ellas en cuanto a 
su extensión. La que ahora establece en el art. 1964.2 CC como plazo general −esto es, 
para cuando no se haya fijado un plazo específico, más breve o más extenso−  de 
prescripción de las acciones personales el de cinco años desde que pudiera exigirse el 
cumplimiento de la obligación. La nueva norma suscita o mantiene problemas técnicos 
de distinta naturaleza. Por ejemplo, ¿qué significado adicional en cuanto a la 
determinación del dies a quo tiene la recién introducida expresión “(…) desde que pueda 
exigirse el cumplimiento de la obligación” en relación con el art. 1969 CC? ¿Qué ocurre si la 
pretensión personal no surge de una relación obligatoria? O ¿por qué mantener los 
plazos igualmente quinquenales del art. 1966 CC? ¿Qué ocurre con las pretensiones 
basadas en derechos reales de garantía accesorios de una relación obligatoria, y sujetas 
a plazos más largos que las pretensiones de la propia obligación garantizada, como el 
plazo de veinte años de la acción hipotecaria? Pero no me interesa ahora abordar estas 
cuestiones, por mucho interés que tengan, que lo tienen, sin duda.  
 
Lo que me ha llamado la atención es algo menos técnico, simple y a la vez 
fundamental. ¿Por qué precisamente cinco años? ¿Por qué no cuatro, o tres, incluso dos 
o, tirando hacia arriba, por qué no diez? Todos esos plazos más breves nos los 
podemos encontrar en el Derecho comparado en uno u otro ámbito, y el de diez años 
es el que adoptó hace poco más de una docena de años el legislador catalán (art. 121-20 
del Código Civil de Cataluña; en adelante CCCat). ¿Qué hay en el número 5 que lo 
Editorial - InDret 4/2015   
 2 
hace ser preferido a otros mayores o menores a la hora de decidir convertirlo en el 
plazo general de prescripción?  
 
Uno sospecharía que no hay detrás de la decisión un estudio muy detenido. Es cierto 
que en España el plazo de quince años del antiguo art. 1964.2 CC solía ser considerado 
como excesivamente largo, y el Gobierno había prometido su acortamiento como parte 
del paquete de medidas de reducción del sobreendeudamiento individual1
Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismos 
de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden 
social
, cuya pieza 
más importante ha sido el 
. Acaso reducir de quince a diez (el plazo catalán, o el del Codice Civile italiano) 
parecía, dentro de esa política, magra rebaja en un año de elecciones. ¿Pero por qué no 
una reducción aún más agresiva? Por ejemplo, el BGB o el DCFR prevén un período 
general de prescripción de tres años, y son referentes de indudable solvencia y 
prestigio. Bueno, cinco años es el plazo (actual) del Code, acaso un asidero sólido o, en 
todo caso, habitual y socorrido2
 
. 
La Exposición de Motivos (apartado VI) de la Ley 42/2015 es parca en detalles. Nos 
dice que con cinco años como plazo general “(…) se obtiene un equilibrio entre los 
intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo 
máximo”. No se aclara por qué el equilibrio en el conjunto de España se alcanza 
precisamente en los cinco años, pero en Cataluña o en Italia es en los diez, y en 
Alemania en los tres.  
 
Por otra parte, ¿por qué hay necesidad de asegurar un plazo máximo? Por hipótesis, 
hablamos de pretensiones válidas y exigibles −en caso contrario, huelga acudir a la 
prescripción−. Que sus titulares tienen, legítimamente, un interés en que no 
desaparezcan o se evaporen, parece evidente. ¿Cuál es el interés contrapuesto que 
debería “equilibrar” el plazo de “vida útil” de la pretensión a un número finito y 
relativamente reducido de años? El redactor de la Exposición de Motivos no lo aclara, 
acaso por considerar obvio que la fuerza que opera en sentido contrario es la de la 
seguridad jurídica. De hecho, la doctrina y la jurisprudencia españolas parecen 
entenderlo así sin ambages, insistiendo en la seguridad jurídica como valor subyacente 
a la institución de la prescripción extintiva, así como en la necesidad de encontrar un 
adecuado equilibrio de los intereses de las partes −deudora y acreedora, se 
sobreentiende−3
                                                 
1 Sin advertir que acortamiento de la prescripción y concurso individual generoso (cualquiera lo es 
comparado con lo que teníamos antes de febrero de 2015) son medidas sustitutivas, y no complementarias. 
.  
 
2 Aunque GARCÍA GOYENA, al contrario que en tantas otras cosas, ya rechazó en su momento el plazo 
general del Code francés −entonces de treinta años− y optó por plazos de diez y veinte años, entre 
presentes y ausentes, respectivamente. 
 
3 Véanse, por todos, los recientes trabajos de Esther ARROYO AMAYUELAS / Manuel JESÚS MARÍN LÓPEZ 
(2014), La prescripción extintiva, Tirant lo Blanch, Valencia (en especial, pp. 18 y 238). 
Editorial - InDret 4/2015   
 3 
 
Ahora bien, no está muy claro qué se quiere decir con “seguridad jurídica” en este 
contexto. Si un deudor, D, conoce que debe la cantidad X al acreedor A (imaginen un 
préstamo de importe X recibido por D documentado en escritura pública que se debe 
reintegrar por entero en una cierta fecha), ¿cuál es la “inseguridad jurídica” que pesa 
sobre D por el hecho de que el crédito no esté sujeto a un plazo de prescripción, o que 
este plazo sea largo? D conoce su deuda y su importe, por hipótesis, y en cuanto a la 
incertidumbre del “cuándo” se le reclamará, está en su mano despejarla plenamente 
pagando al vencimiento, o poco después. Parece que no solo el interés del acreedor, 
sino también la propia seguridad jurídica abogarían al menos por un largo plazo de 
prescripción en este caso. El argumento no se debilita, al contrario, se refuerza, si 
pensamos que ahora, en el concurso personal, es posible obtener liberación de deuda, 
de modo que tampoco un fresh start o segunda oportunidad del deudor 
sobreendeudado se verán perturbados por un plazo muy generoso de prescripción, 
pues el crédito no reclamado se habrá extinguido con la exoneración de deudas del 
concurso. 
 
Tampoco es obstáculo la posibilidad −bien imaginable en la realidad− de que el 
acreedor estire artificial y oportunistamente el período de vida de su pretensión 
retrasando el momento de exigirla, acaso para beneficiarse de elevados intereses de 
demora. Sin duda, estas conductas deben razonablemente reprimirse, pero no es 
preciso establecer breves plazos generales para ello, pues la Verwirkung, ya admitida 
sin duda en Derecho español −y en otros− tiene encomendado precisamente el poner 
coto a estas maniobras y preservar la integridad de la posición de los destinatarios de 
la pretensión amenazados por ellas. 
 
Al tiempo, conviene no olvidar los efectos deletéreos de un plazo breve de 
prescripción. Dado que los incentivos de un deudor a honrar los compromisos 
contractuales y de un potencial dañante a adoptar medidas preventivas se ven 
directamente influidos por el valor neto presente de su responsabilidad contractual y 
extracontractual, respectivamente, el acortamiento severo de los plazos de 
prescripción, al reducir ese valor neto presente, perjudica, acaso seriamente, esos 
incentivos. 
 
En definitiva, la impresión que uno tiene es que los plazos de prescripción general −y 
no solo estos, también plazos especiales− responden más bien a la inercia de la 
institución de la prescripción como parte del bagaje intelectual de los juristas −no solo 
privatistas, pues también se ha extendido al ámbito penal o tributario, entre otros−. Y 
la determinación concreta de uno u otro plazo obedece a la “magia” de un número, a 
ser posible redondo, con poco más detrás que intuiciones bienintencionadas sobre 
soluciones “equilibradas” y la influencia de modas académico-jurídicas o trasplantes 
de otros sistemas jurídicos. 
Editorial - InDret 4/2015   
 4 
 
Todo apunta a una carencia importante de reflexión seria sobre el fundamento y las 
consecuencias reales de políticas jurídicas en esta materia. Así, no es habitual pensar 
que la propia institución de la prescripción y la búsqueda de plazos “óptimos” de 
prescripción se sustenta4 teóricamente en el atractivo de evitar costosos litigios y 
disputas sobre cuestiones dudosas y, con especial importancia, reducir los riesgos de 
error de decisión de los tribunales, con los consiguientes costes y desincentivos que las 
disputas y los errores acarrean. Sin incertidumbre sobre la existencia, sujeto pasivo y 
montante de la pretensión, que pueda acarrear litigación socialmente costosa, y sin que 
el tiempo deteriore la “calidad” y el acierto de las decisiones sobre las disputas 
relativas a las pretensiones, la conveniencia de la prescripción de las pretensiones y, en 
especial, de plazos de prescripción cortos, se hace mucho más discutible5
 
.  
Por ello, la determinación de plazos de prescripción analíticamente (y, si fuera posible, 
empíricamente) fundados requiere sopesar las dimensiones que inciden sobre los 
factores que hacen deseable el acortamiento de la prescripción a pesar de la reducción 
de la prevención (de incumplimiento de compromisos contractuales o de falta de 
adopción de medidas de precaución) que aquella acarrearía: la reducción de 
incertidumbre y de litigación, y la reducción de errores judiciales que puede traer como 
beneficio. Evidentemente, no hay seguridad ninguna de que ese necesario balance lleve 
a un único plazo general “óptimo” de prescripción. Ni siquiera a un número muy 
reducido de plazos óptimos (por ejemplo, uno contractual y otro extracontractual o, 
aunque sea menos popular hoy en día, uno real y otro personal). Por ejemplo, bajo 
ciertos supuestos se puede argumentar que el plazo de prescripción de la 
responsabilidad objetiva debiera ser más breve que el de la responsabilidad por culpa, 
pues en la segunda, pero no en la primera, un plazo de prescripción más largo reduce 
la probabilidad de que un causante dentro de la población de causantes sea encontrado 
responsable, lo que tiene un efecto de reducción de la litigación6
 
.  
También parece claro que la digitalización de la información que sustenta una 
pretensión aumenta la duración segura de la misma y reduce los costes de su 
conservación, lo que abogaría por alargar, y no por reducir, los plazos relativos a 
                                                 
4 Hay otras posibles explicaciones. Así, el profesor de Yale Yair LISTOKIN, en relación con la prescripción de 
los delitos, señala que una razón adicional relevante para que los sistemas penales prevean plazos de 
prescripción para los delitos radica en que la población de potenciales criminales tiende a tener una tasa de 
descuento del futuro superior (acaso muy superior) a la de la población en general, de forma que pasado 
un cierto tiempo el castigo ya no tiene apenas eficacia preventiva o, en todo caso, el beneficio en términos 
de prevención se convierte en inferior al coste para la sociedad de perseguir y castigar ese delito: Yair 
LISTOKIN (2002), “Efficient Time Bars? A New Rationale for the Existence of Statutes of Limitations in 
Criminal Law”, 31 Journal of Legal Studies, p. 99. 
 
5 El argumento de LISTOKIN es de más dudosa aplicación a ámbitos distintos del penal. 
 
6 Thomas J. MICELI (2000), “Deterrence, litigation costs, and the statute of limitations for tort suits”, 20 
International Review of Law and Economics, p. 383. 
Editorial - InDret 4/2015   
 5 
aquellas pretensiones cuya existencia y cuantía no dependan de testigos de vista, estos 
sí, perecederos. 
 
Por ello, tal vez la pervivencia entre nosotros (en el CC, pero también en el CCCat) de 
plazos más largos en lo contractual que en lo extracontractual tenga una base de 
eficiencia, aunque cierto es que Alemania o Francia, al menos para la responsabilidad 
por lesiones personales, adoptan precisamente la solución contraria. Ahora bien, ello 
no excusa al legislador de haber omitido el alargamiento del plazo de prescripción del 
art. 1968.2º CC, el anual de la responsabilidad aquiliana. Este es el plazo más 
distorsionante y generador de litigación (y no reductor, como habrían de ser los plazos 
de prescripción, al contrario) que existe en el sistema jurídico español. La 
supervivencia de este relicto histórico es una omisión imperdonable en un legislador 
tan solo un poco preocupado por el funcionamiento mínimamente razonable de las 
instituciones jurídicas.  
 
 
 
Fernando Gómez Pomar 
 
 


¿Qué hay en un número? La magia de las cifras y los plazos de prescripción

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