Fernández Villarino, Roberto

Arias Montano: Institutional Repository of the University of Huelva

IUSLabor Revista d anàlisi de Dret del Treball

Los efectos “erga omnes” de la nulidad de los expedientes de regulación de empleo. Comentario a sentencia del Tribunal Supremo en Unificación de Doctrina de 24 de enero de 2007 (RJ 2006/6351)

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Los efectos “erga omnes” de la nulidad de los expedientes de 
regulación de empleo. 
Comentario a sentencia del Tribunal Supremo en Unificación de 
Doctrina de 24 de enero de 2007 (RJ 2006/6351) 
 
Roberto Fernández Villarino 
 Abogado [www.gaudiacb.com] Profesor Asociado de  Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, Universidad de Huelva 
 
 
1. Supuesto de hecho 
 
La cuestión litigiosa traída a estudio consiste en determinar si después de la 
extinción de la relación laboral que el actor mantenía con la empresa, -acordado 
en virtud de un expediente de regulación de empleo aprobado por la Autoridad 
Laboral-, puede el trabajador interesar su reingreso y, en su caso, reclamar por 
despido. Todo ello cuando la resolución administrativa fue declarada nula por 
decisión firme de la jurisdicción contencioso administrativa, y cuando el 
demandante no ha sido parte en el procedimiento administrativo ni en el 
judicial. 
 
La sentencia impugnada, si bien manifiesta que el acto del despido fue anulado, 
establece como requisito para entablar la acción de reclamación la conducta 
procesal de los reclamantes, en el sentido de no ser parte procesal e interponer 
las correspondientes acciones en el acto aprobatorio del expediente de 
regulación de empleo. Sólo los trabajadores que impugnaron judicialmente 
pueden pedir el restablecimiento de su anterior situación laboral con los 
derechos económicos que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el art. 
72 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa (en adelante LJCA). 
 
Por su parte la sentencia de contraste, -Sentencia de la Sala de lo Social de 
Valencia de 13 de enero de 2000 (recurso 1156/99 [AS 2000, 2281])-, idéntica en 
cuanto a naturaleza de los hechos y forma de interposición de la acción del 
trabajador, entendió que aun cuando el trabajador no había impugnado por vía 
jurisdiccional la decisión administrativa que habilitaba la extinción de su 
contrato, los efectos de aquella decisión le eran de aplicación y en su virtud 
disponía de acción contra la empresa por no haberle readmitido. Motivo por el 
cual revocó la sentencia de instancia que había apreciado la caducidad en la 
acción de despido que él ejercitada. 
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Así pues y como se manifiesta en el Fundamento Jurídico segundo de la 
sentencia objeto de comentario, los dos pronunciamientos mantienen criterios 
distintos acerca de la eficacia  “erga omnes” de lo dispuesto en el art. 72.2 de la 
LJCA. Criterios que: “se reflejan en la decisión, por lo que, además de existir 
contradicción en la doctrina mantenida por cada una de ellas, no se puede afirmar que 
estemos ante supuesto de doctrina abstractas sino ante doctrinas aplicadas con la 
consecuencia de que la recurrida frustra  la acción de despido y la de contraste la hizo 
posible”. 
 
 
2. Fundamentación Jurídica  
 
Tras estos breves antecedentes, cobra especial relevancia el contenido e 
interpretación que se haga en torno a la extensión y efectos que produce sobre 
los interesados la anulación del expediente de regulación de empleo como acto 
puramente administrativo. Más concretamente, qué consideraciones se pueden 
extraer del concepto afectados  establecido en el art. 72.2 de la LJCA, con el objeto 
de determinar si la conducta procesal de aquéllos, resulta determinante para 
hacer valer los derechos derivados del contrato laboral antes extinguido y, tras 
la resolución judicial, renovado a todos los efectos: readmisión del trabajador, 
con plenos efectos laborales o extinción indemnizada del contrato de trabajo. 
 
En dicha disposición normativa se establece que “la anulación de una disposición o 
acto producirá efectos para todas las personas afectadas”, añadiendo igualmente que 
al igual que las sentencias firmes que anulen una disposición general “también 
se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una 
pluralidad indeterminada de personas”. Hay que concretar por tanto, si en dicho 
término se incluyen o no todos los trabajadores, con independencia de que 
hayan tomado parte en el procedimiento.  
 
Sobre este particular la doctrina administrativista distingue dos situaciones, en 
relación con las resoluciones anulatorias de actos administrativos: 
 
1. Las sentencias estimatorias de pretensiones de anulación: contienen un 
pronunciamiento de nulidad que afecta a todos, siéndoles de aplicación 
los efectos frente a todos (erga omnes) que se recoge en el apartado 2 del 
art. 72. Esto es, permiten a todos aquellos que resulten afectados ejercer 
los derechos derivados de tal situación en el procedimiento que 
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corresponda al margen del concreto que se dictó resultando indiferente 
el hecho de que hayan tomado parte en el mismo. 
  
2. Las de plena jurisdicción, sólo reconocen efectos jurídicos entre las partes 
que de manera individualizada hayan tomado parte en el procedimiento. 
 
Las sentencias estimatorias de pretensiones de anulación han venido siendo 
ratificadas, entre otras por la de 12 de noviembre de 1991(RJ 1991, 8809) y de 26 
de enero de 1992 dictadas en aplicación de lo previsto en la Ley de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 que decía lo 
mismo que el art. 72.2 actual, e igualmente en sentencia más reciente como la de 
7 de junio de 2005 (Rec- 2492/03 [RF 2005, 5244]) en la que, al contemplar el 
término afectados del art. 72.2 LJCA y con cita de otras sentencias anteriores 
llegó a la conclusión de que personas afectadas no son solo las que fueron parte 
de en el procedimiento sino todas aquellas a las que les alcanza los efectos de la 
sentencia. 
 
A propósito de dicho argumento el tribunal cita: “Esta fuerza expansiva de una 
sentencia anulatoria de un acto administrativo es la que justifica que la misma sea 
publicada para general conocimiento como dispone el mismo precepto legal, publicación 
que carecería de sentido si los afectados por la misma no pudieran beneficiarse o hacer 
valor los posibles derechos que derivaran de aquella decisión”. 
 
Teniendo en cuenta la narración de hechos probados el alto tribunal concluye 
que (FJ tercero): “En el caso que aquí nos ocupa la decisión contencioso – 
administrativa declarando la nulidad de la resolución administrativa previa que había 
habilitado a la empresa para extinguir la relación laboral que le unía a todos sus 
trabajadores no sólo afectó al trabajador que la recurrió sino obviamente a todos los 
trabajadores que estaban incluidos en aquella autorización extintiva en base a la cual 
vieron extinguidos sus contratos de trabajo; y el hecho de que la sentencia tenga esa 
fuerza expansiva que le da el art. 72.2 de la LJCA les legitimaba para pedir el ingreso en 
la empresa y para demandar por despido al empleador ante la falta de readmisión, que es 
lo que hizo al demandante, en situación parecida a la reiteradamente resuelta por esta 
sala en relación con lo trabajadores en esta misma situación, si bien en supuestos n los 
que no se había planteado esta concreta cuestión por haber procedido la empresa a 
readmitirlos depuse de anulada la decisión administrativa previa STSS 21-12-2001 (Rec 
– 4189/00 [RJ 2002, 4269], 17-01-2002 (Rec 4759/00 [RJ 2002, 3757], 24-01-2006 (Rec 
4915/04 [RJ 2006, 923], o 31 de mayo de 2006 (Rec 5310/04 [RJ 2006, 6351]). 
 
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Así pues, el actor disponía de acción para reclamar por despido contra la 
empresa que no lo readmitió una vez producida la anulación del expediente de 
regulación de empleo, no resultando ajustada a derecho ni a doctrina la 
sentencia que sostuvo lo contrario. 
 
3. Valoración jurídica 
 
Las situaciones de crisis empresariales son consustanciales al propio proceso de 
reajuste económico y social en el ámbito de cualquier sociedad medianamente 
avanzada. La protección social de los trabajadores, frente a los efectos de 
reconversiones de actividad, cierre de centros de trabajo, modificaciones en la 
jornada, horarios, turnos, o cualquier otra medida flexibilizadora de la 
actividad empresarial, está resultando ser el verdadero asunto de fondo y 
objeto de debate social en los países de la Unión Europea1.  Igual interés merece 
la protección procesal de los trabajadores que, una vez extinguido su contrato de 
trabajo, -con el visto bueno de la autoridad laboral-, deben conocer en qué 
posición jurídica se encuentran y, si su situación laboral puede ser o no 
reversible cuando exista sentencia firme que resuelva la procedencia o 
improcedencia de la medida empresarial adoptada. 
 
En el plano de las primeras impresiones que extraemos de la sentencia, destacaría la 
interpretación protectora de la norma a favor de la parte procesal más débil en 
el contrato de trabajo.  En este sentido, todo trabajador que haya formado parte 
de la plantilla de la empresa, y haya sufrido las consecuencias del cierre de la 
misma extinguiéndose su derechos por causas económicas, técnicas u 
organizativas, y, -haya o no iniciado y seguido el procedimiento en vía 
administrativa y judicial-, podrá beneficiarse de los efectos de dicho 
pronunciamiento, siempre que haga valer el mismo una vez haya recaído la 
sentencia firme en vía administrativa. Así pues, constituye una vertiente más 
del principio de finalidad tuitiva y protectora del derecho procesal laboral 
respecto de los trabajadores, que visto así, supone sin duda la ventaja de 
ahorrarse los costes derivados de cualquier procedimiento judicial.  
 
                                                 
1 Como por ejemplo a través de documentos tales como el denominado “Libro Verde: 
modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del S.XXI”. 
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/green_paper_en.htm Un documento 
para el debate que precisamente toma como referencia la discusión en torno al concepto 
flexiguridad, o lo que es lo mismo compatibilizar mayor flexibilidad con mayores dosis de 
protección social de los trabajadores. 
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Otro de los panoramas que nos dibuja la sentencia es que, -este mecanismo de 
expansión de los efectos favorables de las resoluciones judiciales a toda persona 
que en su momento resultó afectado por una medida de crisis empresarial-, 
resulta ser decisivo  para otorgar mayor seguridad jurídica.  Se disipan las 
dudas relacionadas con la  estrategia procesal a seguir, esto es, la obligatoriedad 
o el beneficio de impugnar (y por tanto ser parte) en el procedimiento 
administrativo y con posterioridad judicial para en última instancia y, -si 
resulta favorable aquella resolución inicial-, estar legitimado para interponer la 
última acción ante los Juzgados de lo Social. 
 
Consecuencia directa de esta seguridad jurídica es la universalización y el 
acercamiento del concepto de justicia social a la totalidad de los trabajadores. 
Circunstancia fácilmente deducible atendiendo al sustancial ahorro para el 
trabajador supone la interposición de las correspondientes acciones en vía 
administrativa y judicial.  No olvidemos que hablamos de personas cuyos 
contratos de trabajo han sido extinguidos con una indemnización de 20 días, si 
además no acumulan antigüedades superiores a los dos o tres años en la 
empresa, el importe de la indemnización roza, en algunas ocasiones, el coste de 
de iniciar y desarrollar un largo, proceloso y costoso camino judicial. 
 
Por otra parte, y en el ámbito de las reflexiones que sugiere la sentencia, podemos 
destacar como queda el nuevo escenario de las partes tras la resolución del 
Tribunal que hace renacer el contrato de trabajo con los derechos que le son 
propios. Esto es, si la empresa continúa con la actividad, en qué situación 
laboral queda el trabajador tras la readmisión, en asuntos tales como la 
formación (interrumpida durante el transcurso del procedimiento judicial), 
promoción, o algunos más complejos como la reubicación del trabajador en el 
caso de cierre del centro de trabajo, o transformación en el régimen de turnos. 
En definitiva la apertura de los correspondientes procesos de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo.  
 
Sin duda la reactivación de los contratos laborales extinguidos y con ello la 
reordenación de las relaciones laborales, debe constituirse en parte importante 
del apartado previsión de coste social  a los que la empresa debe hacer frente 
cuando toma la decisión de reestructurar centros de trabajo, sin que dicha 
decisión conlleve necesariamente la liquidación total de empresa. En los casos 
de cierre definitivo de la actividad empresarial, entran en juego otras partes, 
como el Fondo de Garantía Salarial o, en determinados supuestos el Fondo 
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Europeo de adaptación a la globalización,2 que en su caso, tendrán que ajustar las 
cuentas de su responsabilidad dependiendo de cual haya sido su respuesta y 
posición en el expediente de regulación de empleo.   
 
En definitiva, la sentencia pone cierto orden otorgando mayor seguridad 
jurídica y sobre todo protección a la totalidad de los trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo. Aclarando igualmente el camino procesal 
a seguir y el panorama de las acciones que tienen disponible en vía 
administrativa y judicial. Por su parte las empresas deben contemplar entre sus 
previsiones, los costes sociales de ulteriores  readmisiones, en el caso de que el 
reajuste de plantilla no implique liquidación de la actividad.  
 
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ISSN: 1699-2938 
 
                                                 
2 Reglamento 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20-12-2006. Cuya finalidad es 
la de norma permitir a la Comunidad prestar ayuda a los trabajadores despedidos como 
consecuencia de grandes cambios estructurales de los patrones del comercio mundial 
provocados por la globalización, cuando dichos despidos tengan una incidencia negativa 
importante en la economía regional o local.   


http://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI

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