Doctor Sánchez-Migallón, Rubén

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 IUSLabor 3/2015   
 
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LA LEGITIMACIÓN DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS LABORALES EN LOS 
DESPIDOS COLECTIVOS: LA GRAN ENCRUCIJADA 
 
Rubén Doctor Sánchez-Migallón 
Abogado laboralista, Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira 
 
Abstract 
 
En el presente estudio se analiza la cuestión relativa a la legitimación de los grupos de 
empresas para instar un procedimiento de despido colectivo. A raíz de la reforma 
laboral de 2012 ha surgido un debate de enorme trascendencia jurídica: determinar si es 
posible –o, mejor dicho, obligado– que los grupos de empresas insten de forma conjunta 
el procedimiento de despido colectivo o, por el contrario, si deben mantener su 
“independencia” y seguir caminos separados. 
 
This paper analyzes the question related to the legitimacy of group of companies in 
collective redundancy procedures. Following the 2012 labor reform has appeared an 
essential legal issue: whether it is possible –or, rather, compulsory– that groups of 
companies jointly urge the procedure for collective redundancies or, conversely, if they 
must maintain their "independence" and go their separate ways. 
 
Title: Legitimacy of group of companies in collective redundancy procedures: a large 
crossroad. 
 
Palabras clave: despido colectivo, grupo de empresas, legitimación. 
Keywords: collective redundancy procedure, group of companies, legitimacy. 
 
IUSLabor 3/2015, p. 1-6, ISSN 1699-2938 
 
Sumario 
 
1.  Introducción 
2.  La legitimación de los grupos de empresas laborales para instar un despido 
colectivo y consecuencia de no instarlo en tales supuestos 
3.  La situación de los grupos de empresas patológicos cuando, no estando 
declarados como tal, instan el procedimiento de despido colectivo de forma 
conjunta 
 
 
 
 IUSLabor 3/2015  Rubén Doctor Sánchez - Migallón 
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1.  Introducción 
 
La vorágine legislativa a la que hemos asistido en materia laboral en los últimos años ha 
traído consigo innumerables cuestiones que, por el momento y al ritmo que marcan las 
maltrechas y saturadas agendas judiciales, están siendo objeto de interpretación por 
diversos Tribunales y, en última instancia, por la Sala 4ª del Tribunal Supremo en el 
ejercicio de su función unificadora que por mandato del artículo 1.6º del Código Civil 
tiene atribuida. 
 
Pues bien, una de las cuestiones que ha reabierto un apasionante debate es la relativa a 
la legitimación de los grupos empresariales en materia de despidos colectivos1. En 
particular y a pesar de existir una consolidada doctrina jurisprudencial que traza los 
rasgos definitorios de lo que debemos entender como grupo de empresas “patológico” 
laboral a los efectos de asumir la circunstancia de ser el empleador, lo cierto es que 
dicho debate ha saltado a una cuestión de enorme trascendencia jurídica, esto es, 
determinar si es posible –o, mejor dicho, obligado– que tales grupos de empresas insten 
de forma conjunta el procedimiento de despido colectivo o, por el contrario, si deben 
mantener su “independencia” y seguir caminos separados. 
 
Así las cosas y tras más de tres años de reforma laboral y procesal, hemos asistido a un 
camino no exento de espinas jurídicas. En concreto, hemos visto como se ha venido 
admitiendo la necesidad de que, ante grupos de empresas laborales, el procedimiento de 
despido colectivo sea instado por todo el grupo y, en caso de no hacerlo, ello ha podido 
suponer la declaración de nulidad del referido procedimiento pero, al mismo tiempo, 
hemos asistido con cierta perplejidad a las situaciones en las que las distintas empresas 
se presentan como grupo patológico y, aun siéndolo, se ha convertido también en causa 
de nulidad al considerarse que no es posible una suerte de “aparición espontánea” del 
grupo de empresas a efectos laborales si previamente no se ha advertido tal existencia.  
 
Se presenta así una auténtica encrucijada en estos supuestos: si no te presentas como 
grupo de empresas laboral a pesar de serlo, el despido colectivo puede ser nulo y, en el 
supuesto contrario en el que siendo tal grupo lo haces, el resultado de nulidad puede ser 
el mismo si no se ha preavisado.  
 
                                                        
1 Con anterioridad y cuando el despido colectivo exigía la autorización de la autoridad laboral, ya 
existieron resoluciones que admitían la posibilidad de instar despidos colectivos por parte de grupos de 
empresas laborales (entre otras, vid. STSJ de Madrid –Sala Contencioso Administrativo– de 12 de abril 
de 2012 (RJCA 2012/407) citada por las Sentencias de la Audiencia Nacional a la que luego nos 
referiremos).  
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Esta es la cuestión que trataremos a lo largo de las siguientes líneas, distinguiendo las 
dos hipótesis precitadas.  
 
2.  La legitimación de los grupos de empresas laborales para instar un despido 
colectivo y consecuencias de no instarlo en tales supuestos 
 
Las tempranas resoluciones que surgieron tras la reforma laboral y procesal en materia 
de procedimientos de despido colectivo comenzaron a reconocer con contundencia la 
legitimación de los grupos de empresas patológicos para instar procedimientos de 
despido colectivo, no sin antes de comenzar recordando con indudable acierto que, una 
vez más, el Legislador había dejado huérfano de respuesta tal cuestión.  
 
Efectivamente, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de septiembre 
de 20122 –que destacamos por recoger un compendio de diversas resoluciones 
existentes en la materia– venía a recoger la respuesta afirmativa al interrogante relativo 
a la legitimación de los grupos de empresas laborales para tramitar un despido colectivo 
sobre la base de los siguientes argumentos: 
 
a) En primer lugar y más importante, no existía discusión alguna sobre la existencia de 
un grupo de empresas a efectos laborales, extremos que, como luego veremos, ha 
marcado la diferencia en otros supuestos. 
 
b) Con la anterior premisa, la consecuencia anudada no puede ser únicamente la de 
extender la responsabilidad de forma solidaria a todas las empresas que forman 
parte del grupo sino que, adicionalmente, la facultad extintiva a realizar a través del 
proceso de despido colectivo debe ser ejercitada por todas ellas3. 
 
c) El propio Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia de ociosa cita ha venido 
sosteniendo la necesidad de examinar el conjunto de la situación de todas las 
empresas cuando la causa es económica. Sobre tal aserto, añade el Tribunal que 
“carece de lógica traerlo a colación para apreciar la concurrencia de causa 
objetiva, y sin embargo ignorarlo cuando pretende hacerla valer”. 
 
d) Por otra parte, se considera más garantista la negociación global. 
 
e) Igualmente, se hace referencia a que esta posibilidad ya venía siendo contemplada 
por la jurisdicción contencioso-administrativa cuando la autorización de la 
autoridad laboral era preceptiva. 
                                                        
2 AS 2012/2525. 
3 Tal y como recogía la STSJ de Cataluña de 23 de mayo de 2012 (AS 2012/1049). 
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f) Finalmente, se realiza una aplicación analógica del artículo 87 del Estatuto de los 
Trabajadores que permite la negociación de convenios colectivos por los grupos de 
empresas. 
 
Cabe añadir que la Sala 4ª del Tribunal Supremo ha asumido de forma íntegra esta 
argumentación, entre otras, en sus Sentencias de 18 de marzo4 y 25 de junio de 20145. 
 
Con tal panorama parecía que la cuestión de la legitimación de los grupos de empresas 
laborales era evidente: en caso de existir, deberían presentarse como tales en la 
tramitación del despido colectivo so pena de que el mismo fuese declarado nulo. 
 
Sin embargo y como veremos a continuación la cuestión no quedaba ni mucho menos 
cerrada. 
 
3.  La situación de los grupos de empresas patológicos cuando, no estando 
declarados como tal, instan el procedimiento de despido colectivo de forma 
conjunta.  
 
A pesar de que la cuestión, tal y como la hemos resumido, parecía tener visos de 
consolidar una doctrina clara a favor de la necesidad y obligación de que, ante grupos de 
empresas laborales, el proceso de despido colectivo debe ser instado por el conjunto de 
las empresas que conforman tal grupo, lo cierto es que pronto comenzaron a existir 
fisuras, al menos en apariencia, en esa doctrina. 
 
En relación con lo anterior, la propia Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a raíz 
de los casos COCA COLA –resuelto por la Sentencia de 12 de junio de 20146– y 
FREIREMA –resuelto por la Sentencia de 15 de octubre de 20147–, vino a fijar una 
doctrina que se puede resumir en la siguiente frase extraída de la última de las 
resoluciones citadas: “con independencia de la adecuada identificación de quien en éste 
despido sea el empresario (…), que un grupo laboral pretenda debutar como tal en el 
momento del despido colectivo transgrede el deber de buena fe negocial que impone el 
art. 51.2 del Estatuto de los Trabajadores”. 
 
Conviene añadir que en estos casos no concurría un elemento fáctico que sí lo hacía en 
los supuestos analizados en el anterior apartado y que es el relativo a que en los 
primeros la existencia del grupo laboral era incuestionada. A partir de tal premisa, la 
                                                        
4 RJ 2014/2818. 
5 RJ 2014/4385. 
6 AS 2014/1304. 
7 AS 2014/2827. 
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Sala considera que ello obliga a proceder a una comunicación de la existencia de tal 
grupo con carácter previo al proceso de despido colectivo (citándose para ello los 
artículos 44 y 64 del Estatuto de los Trabajadores) y que, por tanto, la aparición o 
“debut” en el momento justo de inicio del proceso colectivo tantas veces citado 
convertía la situación en contrario a la buena fe negocial y, por ende, en nulo.  
 
Pues bien, al margen del innegable esfuerzo argumentativo que tales Sentencias 
recogen, hay que hacer notar la situación que esta doctrina puede producir: si seguimos 
el razonamiento, tenemos que un grupo patológico no podrá presentarse como tal si 
antes no lo ha hecho porque ello supondrá mala fe negocial y conducirá a la declaración 
de nulidad del despido colectivo. Ahora bien, si el grupo continua agazapado para evitar 
la aplicación de esta doctrina, podrá darse la circunstancia obvia de que la parte que 
impugne la decisión tendrá la capacidad de argumentar que estamos ante un grupo de 
empresas laborales y que, al no haberse iniciado el proceso por todas las empresas, 
merece la calificación de nulidad aplicado por el Tribunal Supremo en las Sentencias 
antes expuestas que, no olvidemos, parten de la propia doctrina de la Audiencia 
Nacional. O, dicho con otras palabras, se opte por un camino otro el destino de la 
nulidad será el mismo, abonando el terreno a un camino sin salida ante una misma 
realidad del grupo de empresas. 
 
Por ello, nos parece que lo relevante aquí deberá ser la existencia o no del grupo de 
empresas laborales y, una vez constatada tal realidad, poco debería importar el momento 
del “debut” o salida de dicha realidad, aunque solo sea por el vetusto principio de 
primacía de la realidad (“las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son”). 
De esta forma, lo relevante debería ser examinar si existe o no un grupo de empresas 
patológico a efectos de determinar quién ostenta la legitimación para el proceso 
colectivo. 
 
Esta es la solución que, por otra parte, parece abonar el Tribunal Supremo, al menos en 
el Voto Particular –que comienza reprochando que el Voto mayoritario no haya 
abordado abiertamente esta cuestión– de su Sentencia de 20 de abril de 20158, donde se 
indica lo siguiente: “la notificación sorpresiva de la existencia del grupo no es causa de 
la ilicitud del mismo, ni menos aún de la nulidad del despido colectivo, no sólo porque 
no fue sorpresiva, sino porque esta Sala ya tiene declarado ( STS. 26-3-2014 [RJ 2014, 
2778] RO 158/2013) caso Telemadrid, que la existencia del grupo pueda notificarse 
por primera vez al iniciarse por la empresa la tramitación del despido colectivo”. 
 
No se trata, en fin, de determinar si una de las partes puede o no beneficiarse de la 
existencia de esta figura sino, antes al contrario, de que una vez constatada dicha 
                                                        
8 RJ 2015/1249. 
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realidad de grupo de empresas laborales, la legitimación para iniciar el proceso sea 
exclusiva y excluyente de todas las empresas que conforman el grupo. 
 
Por lo demás, creemos que no puede elevarse a la categoría de regla general la 
imposibilidad de tratar esta cuestión durante el período de consultas o que ello lo vicie 
ab initio de mala fe negociadora. Más bien al contrario: el hecho de que por primera vez 
aparezca al iniciarse el período de consultas no tiene necesariamente que hurtar la 
posibilidad de que las partes puedan discutir sobre tal aspecto de forma suficiente para 
que el objetivo del período de consultas se cumpla. Lo mismo ocurre a la inversa, esto 
es, cuando quien se presenta como empresa individual sea compelido por la otra parte 
para informar y discutir sobre la posible existencia de un grupo de empresas laborales es 
el período de consultas el momento adecuado para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha recepción: 23.9.2015 
Fecha aceptación: 27.11.2015 


La Legitimación de los grupos de empresas laborales en los despidos colectivos : la gran encrucijada

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