Solà Monells, Xavier

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 01/2005 
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Huelga ilegal y Huelga abusiva, STS, social, de 23 de diciembre de 2003 (RJ 2004\2004)  
Dr. Xavier Solà Monells, Profesor Lector de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universitat Autònoma de 
Barcelona  
  
1. Hechos  
  
El 31 de enero de 2002 el Sindicato Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), que dispone 
en ese momento del 17 % de los miembros del Comité General de Empresa de RENFE, convoca una huelga en la Unidad 
de Negocio de Circulación de dicha compañía, donde prestan servicios unos 4.000 trabajadores. La convocatoria se 
efectúa para los siguientes días y horas: día 15 de febrero de 2002, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas; día 15 de 
marzo de 2002, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas; días 27 y 31 de marzo de 2002, desde las 12:00 hasta las 
24:00 horas; días 1 y 30 de abril de 2002, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas; día 5 de mayo de 2002, desde las 
12:00 hasta las 24:00 horas; día 6 de mayo de 2002, desde las 00:00 hasta las 12:00 horas; y día 31 de mayo de 
2002, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. Según consta en el escrito de preaviso, los objetivos de la huelga son 
varios: la revisión al alza de algunos complementos salariales, la adopción de determinadas medidas en materia de 
seguridad y salud laboral, el cambio de la política disciplinaria de la empresa, etc.  
El 4 de febrero de 2002 la Dirección de Relaciones Laborales de RENFE remite a SFF-CGT una carta para manifestarle 
que considera ilegal y abusiva la huelga convocada, básicamente por dos razones: la primera es que se han elegido 
estratégicamente determinados días donde se incrementa notablemente la utilización del transporte ferroviario (porque 
son viernes, porque corresponden al principio y final de las vacaciones de Semana Santa o porque coinciden con la 
salida y regreso del puente del 1 de mayo), y la segunda que también se han elegido estratégicamente las horas de los 
paros para causar el máximo daño posible con el mínimo coste para los huelguistas.  
El día 14 de ese mismo mes la empresa hace saber a los trabajadores, a través de una nota divulgada mediante los 
tablones de anuncios existentes en todas las dependencias, que considera ilegal la huelga convocada, añadiendo que "se 
ha hecho saber al Sindicato convocante y al Comité de Huelga las razones que motivan tal consideración" y que "por ello 
se recuerda que la participación de los trabajadores en las huelgas dará lugar a las acciones disciplinarias y legales 
pertinentes". El sindicato convocante protesta expresamente ante esta actuación mediante carta remitida a la Dirección 
de Recursos Humanos de la Unidad de Negocio de Circulación el día 18 de febrero de 2002.  
La huelga finalmente se lleva a cabo con una participación muy baja, que no supera el 4 % en ninguno de los días 
convocados.  
SFF-CGT interpone demanda conforme a los artículos 175 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral alegando vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y de huelga. Con fecha 7 de enero de 
2003 (AS 2003\43) la Audiencia Nacional dicta sentencia donde estima parcialmente la demanda, al entender que la 
nota divulgada a través de los tablones de anuncios lesiona aquellos derechos, condenando a la empresa a pagar una 
indemnización de 5.000 Euros.  
RENFE recurre en casación con fundamento en seis motivos. Los tres primeros se articulan al amparo del artículo 205.d) 
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y reclaman la revisión de los hechos probados. Los restantes 
toman base en el artículo 205.e) de esa misma norma y se concretan en la infracción de los artículos 28.2, 35.1 y 139.1 
de la Constitución Española; del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical; de varios 
preceptos del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo (en adelante RDLRT); y, finalmente, 
de la interpretación efectuada sobre el particular por la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo.  
2. Fundamentos de derecho  
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma en su totalidad la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en base a distintos argumentos. Me centraré en aquellos que dan respuesta a los motivos de fondo, dado que 
los restantes afectan a cuestiones de tipo procesal de interés menor.  
El punto de partida de la argumentación del Tribunal Supremo es un recordatorio simple pero absolutamente esencial. 
En el Fundamento Jurídico 6º se destaca que "si la empresa hoy recurrente entendió, en su día, que la expresada huelga 
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 era abusiva y, por tanto, ilegal, lo que debió haber hecho, y no hizo, fue impugnar ante el órgano judicial competente la 
ilegalidad del movimiento huelguístico en cuestión" . En lugar de eso, continúa argumentando, decide asumir "una 
facultad que en modo alguno le corresponde de determinar la legalidad o ilegalidad de la huelga" y comunicar su opinión 
a los trabajadores "manifestando que el paro intermitente convocado en la misma era ilegal y advirtiendo de las 
sanciones disciplinarias que se adoptarían en caso de seguirse la huelga" . Esta última circunstancia es, en opinión del 
Tribunal Supremo, la realmente determinante y la que lesiona el derecho fundamental de huelga.  
El quinto párrafo del Fundamento Jurídico 6º es absolutamente revelador en ese sentido, dado que tras admitir la 
posibilidad de que el empresario manifieste su opinión sobre el carácter ilegal de la huelga, se afirma que "el anuncio, 
con anterioridad al propio ejercicio del derecho en cuestión, de que se adoptarían medidas disciplinarias contra quienes 
siguiesen la huelga en los términos en que había sido convocada constituye, sin duda alguna, una intolerable 
intimidación y coacción que no puede ser amparada desde una perspectiva jurídico-constitucional" . Así pues, queda 
claro que la lesión del derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la CE deriva de la advertencia de sanción 
realizada previamente al inicio de la huelga, que puede desincentivar de forma importante el seguimiento de la misma.  
3. Valoración  
  
La sentencia que comentamos aborda una cuestión absolutamente fundamental en relación al ejercicio del derecho de 
huelga, que no dispone de un tratamiento expreso en el RDLRT y que hasta la fecha sólo había sido abordada de forma 
parcial por parte de la jurisprudencia.  
La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2002 (RJ 2003\1374), admitió la posibilidad de que el 
empresario manifieste su opinión sobre la ilegalidad de la huelga, exponiendo las razones que la fundamentan. En el 
caso de autos el empresario se había limitado a señalar que la huelga era ilegal porque el preaviso no delimitaba el 
ámbito subjetivo de los trabajadores afectados y también porque su carácter intermitente la convertía en abusiva, 
advirtiendo que "no se tiene por efectuado el preaviso de huelga en las condiciones y con los efectos previstos en la 
legislación vigente hasta tanto se subsanen las irregularidades señaladas" . El criterio dispone de un sólido fundamento: 
este tipo de manifestaciones no impiden al sujeto convocante llevar adelante la huelga ni constituyen una coacción para 
ese sujeto o para los trabajadores que pueden tomar parte en aquélla.  
La sentencia que nos ocupa acota un poco más el ejercicio por parte del empresario de su libertad de expresión tras la 
convocatoria de una huelga, añadiendo un criterio que ya se había apuntado en el pronunciamiento anteriormente 
referido: la advertencia previa de sanción a los trabajadores potencialmente huelguistas es una actuación coactiva lesiva 
del derecho de huelga y, consecuentemente, queda vetada al empresario. Aunque el criterio parece de entrada preciso y 
sencillo, puede generar algunos problemas aplicativos que ponen de manifiesto la existencia de algunos flecos 
pendientes de resolver.  
El primero es la trascendencia que puede tener la apariencia de ilegalidad de la huelga y la calificación de la huelga 
como ilegal por parte de un órgano judicial. Imaginemos, por ejemplo, que se convoca una huelga que ya de entrada se 
presenta como manifiestamente ilegal (podría ser el caso de una huelga novatoria que encaja perfectamente en el 
artículo 11.c) del RDLRT): ¿debería mantenerse en tal hipótesis el criterio anteriormente expuesto sin ningún tipo de 
matización? La duda surge porque en el caso resuelto por la sentencia que nos ocupa se utiliza una huelga intermitente, 
modalidad que, conforme ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, debe considerarse en principio legal y no 
abusiva porque no figura en el listado del artículo 7.2 del RDLRT. Tal circunstancia es destacada repetidas veces por el 
Tribunal Supremo, apuntando que el sentido del fallo podría haber sido distinto si se hubiese tratado de una huelga que 
se presumiese abusiva o de cualquiera de las hipótesis referidas en el artículo 11 del RDLRT. Conviene tener presente 
que en opinión de la doctrina y la jurisprudencia civilistas la existencia de coacción requiere que la amenaza revista 
carácter antijurídico, condición que difícilmente puede entenderse cumplida cuando la huelga es manifiestamente ilegal 
y, sobre todo, cuando exista una sentencia judicial que la califique como tal.  
El segundo problema que puede generar el criterio que venimos comentado deriva de la mayor o menor claridad con 
que se apunten las consecuencias que puede tener la participación en la huelga que se considera ilegal. Es previsible 
que en muchos casos la amenaza empresarial de utilizar el poder disciplinario se lleve a cabo de forma encubierta o 
ambigua. Imaginemos, por ejemplo, que se advierte a los trabajadores que secunden la huelga que "deberán atenerse a 
las consecuencias" o que "serán responsables de su actuación" . A mi entender este tipo de situaciones no pueden 
resolverse en base a un criterio general y único, sino que requieren de un análisis detenido de las circunstancias de cada 
caso concreto (términos empleados, medio utilizado para transmitir la opinión, comportamiento habitual de la empresa, 
existencia o no de precedentes de sanción en supuestos de huelga, etc.). Es a partir de esas circunstancias que deberá 
determinarse si la actuación empresarial resulta o no coactiva y, por tanto, si lesiona o no el derecho de huelga.  
 
UPF, Barcelona 
 
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