Cordero Álvarez, Clara Isabel

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Foro, Nueva época, núm. 14/2011: 241-245 ISSN: 1698-5583
cRÓnicA de deRechO 
inTeRnAciOnAL PRiVAdO
clara Isabel Cordero áLvarez
Profesora ayudante de derecho Internacional Privado 
cica78@hotmail.com
Son muchas y muy variadas las novedades y modificaciones legislativas 
que en nuestra disciplina han tenido lugar durante este año. ya que no es 
posible detenernos en todas ellas por razones de espacio nos vamos a cen-
trar solo en algunas, en aquellas que pueden resultar más controvertidas 
desde el punto de vista práctico o que resulten más llamativas por algún 
otro motivo que iremos desgranando.
en primer lugar, dentro del sector de los derechos de propiedad inte-
lectual se ha producido una relevante modificación dentro del ámbito 
coordinado de los derechos de autor y derechos afines a derecho de autor. 
Se refiere a uno de los aspectos más controvertidos de la tutela en gene-
ral de los derechos de propiedad intelectual, el plazo de protección. la 
nueva directiva 2011/77/ue, de 27 de septiembre de 2011, modifica la 
anterior directiva 2006/116/ce relativa al plazo de protección del dere-
cho de autor y de determinados derechos afines. la versión anterior de la 
norma comunitaria establecía que la protección mediante el derecho de 
autor sobre obras literarias y artísticas a las que se refiere el art. 2 del con-
venio de berna se extenderá durante la vida del autor más setenta años 
después de su muerte (art. 1.1.º); si bien, para la protección de los artistas 
intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas se estable-
cía un plazo de cincuenta años. con la nueva directiva el alcance de esta 
protección se ha equiparado, ampliándose al período común de setenta 
años, a contar desde el hecho generador pertinente (art. 3.2.º de la direc-
tiva tras la modificación).
la necesidad de armonizar este aspecto de este tipo de derecho de pro-
piedad intelectual es evidente, ya que los distintos grados de protección que 
los sistemas nacionales de los estados miembros pueden dar a los titulares 
de los derechos de autor puede constituir potencialmente un obs tácu lo o 
restricción a la libre circulación de los servicios o productos que incorpo-
ren obras protegidas o se basen en ellas, fragmentado el mercado interior 
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—con la consecuente incoherencia legislativa interna—. ante este panora-
ma de inseguridad jurídica, que sin duda con las nuevas tecnologías de la 
sociedad de la información se incrementaría —aumentando la explotación 
transfronteriza de la propiedad intelectual—, reclamaba una armonización 
comunitaria de los derechos de autor y afines. No obstante, la cuestión aquí 
es el nivel o grado de protección de esos derechos de propiedad intelectual 
que debe ser armonizado. Toda vez que estos derechos son primordiales 
para la creación intelectual se justifica un elevado nivel de protección. Su 
protección contribuye a preservar y desarrollar la creatividad, lo que redun-
da en los propios autores, lo intérpretes, los productores, los consumidores, 
la cultura, la industria y, en general, en el público. esta protección en nivel 
alto ya se conseguía con la armonización prevista en la directiva de 2006 
para los autores de las obras, y ahora se extiende al derecho de exclusiva de 
los artistas intérpretes o ejecutantes (incluso cuando hayan cedido o conce-
dido sus derechos exclusivos a productores de fonogramas, para lo que se 
prevén una serie de medidas adicionales, que se traducen en general en una 
serie de obligaciones de carácter económico para los productores de fono-
gramas en función de los ingresos obtenidos anualmente).
otra de las cuestiones novedosas que se han manifestado en este año 
en el campo de los derechos de la propiedad industrial es la tan reclama-
da patente unitaria. Tras la aprobación del reglamento comunitario sobre 
marca comunitaria —que garantiza una protección uniforme del derecho 
dentro del mercado interior— parecía que lo razonable era que en mate-
ria de patente se siguiera el mismo camino. Pero los intereses encontrados 
entre los distintos estados miembros conducían a pensar que no iba a ser 
posible que se llegara a una solución común al respecto. Finalmente pare-
ce que la solución vino a través de una de los novedosos mecanismos intro-
ducidos por el Tratado de Funcionamiento de la unión europea (Tratado 
de lisboa): la cooperación reforzada. Mediante decisión del consejo de 
10 de marzo de 2011 (DO l 76/53), se autorizó una cooperación reforza-
da en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unita-
ria. con esta decisión se autorizaba a bélgica, bulgaria, república checa, 
dinamarca, alemania, estonia, Irlanda, grecia, Francia, chipre, letonia, 
lituania, luxemburgo, hungría, Malta, holanda, austria, Polonia, Portu-
gal, rumanía, eslovenia, eslovaquia, Finlandia y reino unido a establecer 
entre sí una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protec-
ción mediante una patente unitaria, con arreglo a las disposiciones perti-
nentes de los Tratados (art. 1). quedando fuera de este mecanismo tres 
países: Italia, Suecia y españa.
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el objeto de esta cooperación reforzada debía ser «la creación de una 
patente unitaria que proporcione una protección uniforme en todo el terri-
torio de los estados miembros participantes y que será concedida por la 
oficina europea de Patentes (oeP) a dichos estados miembros. como 
parte necesaria de la patente unitaria, conviene que las disposiciones apli-
cables en materia de traducción sean simples y económicas y se correspon-
dan con las previstas en la propuesta de reglamento del consejo relati-
vo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente de la unión 
europea, presentada por la comisión el 30 de junio de 2010, en combina-
ción con los elementos de la solución transaccional propuesta por la Pre-
sidencia en noviembre de 2010, ampliamente respaldada por el consejo. 
estas disposiciones en materia de traducción mantendrían la posibilidad 
de presentar las solicitudes de patentes a la oeP en cualquier lengua de 
la unión y garantizarían una compensación de los costes de traducción de 
las solicitudes presentadas en una lengua distinta de las lenguas oficiales 
de la oeP. la patente unitaria debe concederse únicamente en una de las 
lenguas oficiales de la oeP, conforme a lo dispuesto en el convenio sobre 
concesión de Patentes europeas [...]. No sería obligatoria ninguna otra 
traducción, sin perjuicio de posibles disposiciones transitorias, que serían 
proporcionadas y requerirían traducciones adicionales de forma temporal, 
sin efectos jurídicos y con fines exclusivamente informativos. en cualquier 
caso, las disposiciones transitorias concluirían en cuanto se dispusiera de 
traducciones automáticas de elevada calidad, con sujeción a una evalua-
ción objetiva de dicha calidad. en caso de litigio, deben aplicarse al titular 
de la patente obligaciones de traducción» (considerando 7.º).
Toda vez que que existen países ue que no están dentro de este meca-
nismo —como es el caso de españa— y, en consecuencia, no están obliga-
dos a aplicar esta iniciativa, esto supone un fraccionamiento de la materia 
dentro del mercado interior. lo que conduce, necesariamente, a la concu-
rrencia de dos niveles distintos de protección del derecho de patente regis-
trado —según el estado miembro de que se trate—.
en el ámbito comunitario en materia de familia destacan dos secto-
res en particular —alimentos y crisis matrimoniales—, por los problemas 
prácticos que el marco normativo vigente genera en este tipo de litigios. en 
lo que respecta a las obligaciones de alimentos, al ya complicado panora-
ma normativo existente para los estados comunitarios se añade un elemen-
to más: el reglamento sobre obligaciones de alimentos. el 18 de junio de 
2011 entró en vigor el reglamento 4/2009 del consejo, de 18 de diciembre 
de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 
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ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones 
de alimentos. entre otras cuestiones, el objetivo perseguido por este ins-
trumento es conseguir una mayor eficacia y sencillez en la ejecución forzo-
sa de los créditos alimenticios dentro de la ue, cuando el deudor reside en 
un estado miembro distinto del de residencia del acreedor. en lo que res-
pecta al sector de competencia judicial internacional, el reglamento bruse-
las III (rbIII) debe ponerse necesariamente en relación con el reglamen-
to (ce) núm. 44/2001 del consejo (bruselas I), al que acaba sustituyendo 
parcialmente pero, a la vez, tomando como modelo en sus mecanismos de 
reconocimiento y declaración de ejecutividad. en cuanto al derecho apli-
cable, según el rbIII éste se determinará de acuerdo con el Protocolo de 
la haya de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obliga-
ciones alimenticias en los estados miembros que estén vinculados por este 
instrumento (art. 15). o en sentido contrario, los estados miembros que 
no sean parte en el Protocolo continuarán aplicando sus normas de con-
flicto, de origen interno o convencional, en materia de alimentos. en con-
secuencia, la uniformización conflictual en esta materia resultante es más 
que escasa. Por lo que se refiere al reconocimiento y declaración de ejecu-
tividad de las resoluciones judiciales dictadas en la materia, y teniendo en 
cuenta esta doble posibilidad de estados miembros parte y no parte en el 
Protocolo de 2007, el rbIII prevé una doble vía. Por un lado, si la reso-
lución ha sido dictada en un estado miembro parte en el Protocolo, tanto 
el reconocimiento como el exequátur serán automáticos (art. 17). Si se ha 
adoptado en un estado miembro no parte, en los arts. 23 y ss. se prevé un 
sistema semejante al del rbI: reconocimiento automático y declaración de 
ejecutividad jurisdiccional (arts. 23 y 26).
la concurrencia de varios textos internacionales posiblemente apli-
cables supone una fragmentación de la reglamentación de la materia, lo 
que complica la resolución de los litigios por los tribunales de los estados 
comunitarios, que deben realizar con carácter previo una complicada ope-
ración de averiguación de la normativa que para el caso en particular resul-
ta de aplicación: tanto para dirimir sobre su competencia judicial interna-
cional para conocer, como en lo que respecta al derecho aplicable para 
poder resolver sin tener futuros problemas de reconocimiento.
en lo que respecta a las crisis matrimoniales, ya ha pasado casi un 
año desde que el 20 de diciembre de 2010, el consejo de Justicia y asun-
tos de Interior (JaI) de la unión europea aprobara finalmente el regla-
mento del consejo por el que se establecía una cooperación reforzada en 
el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (regla-
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mento roma III). éste fue el fin de un procedimiento iniciado a media-
dos del año pasado —el 12 de julio de 2010— cuando el consejo adoptó 
una decisión por la que se autorizaba a utilizar por primera vez el meca-
nismo de cooperación reforzada en relación a la ley aplicable al divorcio y 
separación judicial (rrIII). en este mecanismo participaron catorce esta-
dos miembros: españa, Italia, hungría, luxemburgo, austria, rumania, 
eslovenia, bulgaria, Francia, alemania, bélgica, letonia, Malta y Portu-
gal. el rrIII será aplicable en todos los estados miembros que partici-
pan en la cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divor-
cio y a la separación judicial en virtud de la decisión 2010/405/ue o en 
virtud de una decisión adoptada de conformidad con el art. 331.1, apar-
tados 2.º o 3.º, TFue (art. 3). en este momento los estados son bélgica, 
bulgaria, alemania, españa, Francia, Italia, letonia, luxemburgo, hun-
gría, Malta, austria, Portugal, rumania y eslovenia. aunque el rrIII ha 
supuesto un avance en el ámbito coordinado en este sector —generalizan-
do la posibilidad de aplicación a este tipo de litigios del principio funda-
mental de autonomía de la voluntad de las partes—, este instrumento se 
ha quedado corto. el reglamento roma III no da solución completa a los 
problemas de ley aplicable que plantean estos litigios. en particular, exclu-
ye de su ámbito de aplicación los supuestos de nulidad matrimonial y el 
régimen económico matrimonial —una de las cuestiones más relevantes 
en este tipo de litigios—. de tal manera que los tribunales de los estados 
miembros —a los que les resulte aplicable— en este tipo de litigios nece-
sariamente deben conjugarlo con la soluciones de ley aplicable que sus sis-
temas de dIPr autónomo prevean para estos casos en todo aquello que no 
venga reglamentado por el rrIII.


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