Recamán Graña, Eva

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Foro, Nueva época, vol. 15, núm. 1 (2012): 283-286 ISSN: 1698-5583
nOTiciAS JURiSPRUdenciALeS  
en eL ÁmBiTO deL deRechO meRcAnTiL
eva reCamáN graña
becaria Fpu. departamento de derecho Mercantil 
evarecaman@gmail.com
en esta noticia se hará una breve reseña de sentencias recientes que 
hemos considerado de especial interés en el ámbito del derecho mercantil 
y, más concretamente, en los campos del derecho societario y el derecho 
concursal, por tratar supuestos de hecho relacionados con la crisis empre-
sarial y la responsabilidad de administradores sociales. 
de la primera de las resoluciones estudiadas, la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de madrid (Sección 28.ª) de 25 de noviembre 
de 2011 (JUR\2012\3394), consideramos interesante referir los razona-
mientos jurídicos que expone en torno a la responsabilidad por deudas 
de los administradores societarios por dejación de sus funciones de ges-
tión en un contexto de la disolución obligatoria de la sociedad. en el fun-
damento jurídico tercero de esta sentencia se expone la apelación de la 
administradora, que alega que no debería exigírsele responsabilidad dado 
que sólo figuraba formalmente como administradora, sin desempeñar, en 
la práctica, la gestión real de la sociedad, función que, de hecho, recaía 
en los socios. en este sentido, la sentencia argumenta, acertadamente, que 
la aceptación del cargo de administrador conlleva la asunción de la res-
ponsabilidad derivada de la gestión societaria. la dejación injustificada de 
sus funciones por parte de la apelante no le exime, en modo alguno, de 
sus responsabilidades frente a terceros perjudicados. al contrario, su des-
conocimiento del devenir de la sociedad manifiesta su falta de diligencia 
como gestora societaria, lo que puede, a su vez, generar responsabilidad 
civil. para mayor gravedad, en este supuesto, su comportamiento omisivo 
alcanzó a la falta de cumplimiento de los deberes disolutorios de la socie-
dad, lo que conlleva la grave sanción de responder solidariamente de las 
deudas sociales (art. 262.5 de la derogada lSa). 
en segundo lugar haremos referencia a la Sentencia de la Audien-
cia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 7 de marzo de 2012 
(JUR\2012\150174), en relación con el complejo supuesto de la califica-
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ción del concurso como culpable como consecuencia del incumplimien-
to del deber de llevanza ordenada de la contabilidad y de la existencia de 
inexactitudes graves en los documentos aportados con la solicitud de con-
curso. para la correcta comprensión del supuesto es oportuno reprodu-
cir aquí la normativa aplicable. el art. 164 de la ley concursal (en ade-
lante lc), en su párrafo primero, dispone que «el concurso se calificará 
como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insol-
vencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, 
de sus representantes legales, y, en caso de persona jurídica, de sus admi-
nistradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, 
y de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de 
los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso». a conti-
nuación, en el párrafo segundo, se detallan un conjunto de supuestos que, 
de producirse, implican, en todo caso, la calificación del concurso como 
culpable. Son relevantes ahora los dos primeros. el concurso se calificará 
siempre como culpable, entre otros supuestos, «[c]uando el deudor legal-
mente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente 
esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregulari-
dad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financie-
ra en la que llevara» (art. 164.2.1.º lc), o «[c]uando el deudor hubiera 
cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompa-
ñados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante 
la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado 
documentos falsos» (art. 164.2.2.º lc). en relación con el incumplimien-
to del deber de llevanza de la contabilidad, la sentencia dispone que el 
art. 164.2.1.º lc tipifica de determinante de la calificación culpable del 
concurso, «en todo caso», el incumplimiento sustancial del deber de lle-
vanza de la contabilidad y/o la comisión de irregularidades contables rele-
vantes. la sentencia explica que este incumplimiento se refiere al conteni-
do de los libros contables obligatorios y que dicho incumplimiento ha de 
considerarse sustancial, es decir, suficiente para impedir un seguimiento 
cronológico de las operaciones societarias y el conocimiento de las modi-
ficaciones patrimoniales. en definitiva, debe impedir el conocimiento de 
«la evolución y la verdadera situación patrimonial y financiera de la socie-
dad (imagen fiel), ocultando o dificultando así la determinación de las 
causas de la insolvencia o de los acontecimientos o factores que han con-
tribuido a su acaecimiento». en relación con el caso de inexactitud grave 
en los documentos acompañados a la solicitud de concurso, la sentencia 
estima de aplicación el art. 164.2.2.º lc al observar la existencia de dis-
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crepancias entre el valor contable y el valor real de determinados elemen-
tos patrimoniales.
por último, se hará referencia a una recientísima resolución, la Senten-
cia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) núm. 154/2012, 
de 23 de abril de 2012, que desestima el recurso de apelación interpuesto 
contra la Sentencia del juzgado de lo Mercantil núm. 2 de la misma locali-
dad, de fecha 18 de mayo de 2010, en la que se calificó un concurso como 
culpable, considerando a los administradores de la concursada personas 
afectadas por la calificación y disponiendo que los mismos resultaran inha-
bilitados para la administración de bienes ajenos y para la representación 
o administración de cualquier persona por el plazo de dos años, conde-
nándolos al pago a los acreedores concursales de una cantidad determi-
nada en concepto de responsabilidad concursal. el recurso presentado se 
limitó a recurrir la condena relativa a la responsabilidad concursal de los 
administradores, fundada en el art. 172.3 lc, que en su versión anterior a 
la reforma operada por la ley 38/2011 establecía: «Si la sección de califi-
cación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura 
de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los admi-
nistradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica 
cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta 
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración 
de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el 
importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa acti-
va». el recurso no cuestiona, en cambio, la calificación del concurso como 
culpable, calificación que se fundamentó en tres supuestos legales dis-
tintos: las gravísimas irregularidades en la contabilidad de la concursada 
(art. 164.2.2.º lc), las salidas fraudulentas de bienes del patrimonio de la 
concursada durante los dos años anteriores a la declaración de concurso 
(art. 164.2.5.º lc) y la tardía solicitud de concurso (art. 165.1.º lc). 
consideramos especialmente controvertido, y, por ello, digno de ser 
destacado, el fundamento jurídico quinto de la sentencia estudiada, en 
tanto se replantea la posición de la Sala en relación con la naturaleza jurí-
dica de la responsabilidad concursal. la Sala venía manteniendo, aunque 
no de manera unánime, la naturaleza indemnizatoria o resarcitoria de la 
responsabilidad concursal dispuesta en el art. 172.3 lc (art. 172-bis tras 
la reforma), lo que exigía la concurrencia de culpa y daño. dice la sen-
tencia: «Que no se trata [en el caso de la responsabilidad concursal de 
los administradores sociales] de una acción estricta de resarcimiento o 
de daños resulta del contexto en el que la norma en examen (el origina-
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rio art. 172.3 lc) estaba enclavada: de forma separada aunque cercana a 
la verdadera responsabilidad por daños derivados de la calificación con-
cursal, la establecida en el art. 172.2.2.º lc [inhabilitación]. Ésa sí es una 
responsabilidad que debe ser declarada “atendiendo, en todo caso, a la gra-
vedad de los hechos (la culpa) y la entidad del perjuicio (el daño)”, pero no 
así la del art. 172.3, que no tendría sentido alguno si su contenido se iden-
tificara con el art. 172.2.2.º lc, pues quedaría convertida en una norma 
que nada añade a la anterior». continúa explicando que, en este senti-
do, es relevante analizar también la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Supremo, que entiende que «no es que se trate de una responsabilidad 
por daños [...] sino que se trata de una responsabilidad por deudas, por 
el déficit o descubierto generado a la sociedad» (según la interpretación 
que de la reciente doctrina del Supremo hace la Sala de la audiencia). 
además, la Sala también considera que el hecho de que la reciente refor-
ma concursal haya trasladado la norma del art. 172.3 al nuevo 172-bis «ha 
contribuido a acentuar la idea de que se trata de una responsabilidad por 
deudas, por descubierto o déficit, como se establece en la nueva regula-
ción». en definitiva, considera que para determinar la responsabilidad 
concursal de los administradores, tanto según el antiguo art. 172.3, aplica-
ble al caso, como según el nuevo art. 172-bis, «no se debe atender al daño 
o agravamiento de la insolvencia, sino meramente a los hechos declarados 
probados, lo que es indicativo de que el criterio legal es mucho más abier-
to que el propio de la responsabilidad por daños»  1. por último, expo-
ne que «queda aún sin resolver una cuestión crucial, cual es el criterio de 
imputación conforme al cual se deba atribuir al administrador, en todo o 
en parte, el descubierto o déficit patrimonial». 
1 explica la sentencia que no considera que «[l]a nueva redacción del precepto [...] 
haya comportado un cambio sustancial de su contenido anterior, razón por la que no exis-
te inconveniente alguno para que pueda ser aplicado de forma retroactiva, al tratarse de una 
retroactividad de carácter meramente interpretativo, que la jurisprudencia admite». 


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