González Botija, Fernando

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Foro, Nueva época, vol. 15, núm. 1 (2012): 277-282 ISSN: 1698-5583
SenTenciA deL TRiBUnAL SUPRemO  
de 21 de mARzO de 2012,  
SALA de LO cOnTenciOSO-AdminiSTRATivO, 
SecciÓn QUinTA, RecURSO de cASAciOn  
nÚm. 2200/2008 (POnenTe excmO. SR. 
d. JeSÚS eRneSTO PeceS mORATe)
Fernando goNzález botiJa
profesor Titular de derecho administrativo 
dp143@ucm.es
el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia sobre el polémi-
co hotel situado en el algarrobico. en primer lugar, el abogado del esta-
do ha planteado la inadmisibilidad de los motivos de casación tercero y 
cuarto porque en el primero se ha suscitado por la representación procesal 
del ayuntamiento recurrente la incongruencia omisiva de la sentencia por 
no haber examinado las alegaciones formuladas en la demanda relativas a 
los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima y autono-
mía municipal, de manera que, si la Sala de instancia no ha analizado en la 
sentencia recurrida tales cuestiones, no ha podido infringir los preceptos 
que salvaguardan dichos principios. entiende el Supremo que esta causa 
de inadmisión es rechazable porque el Tribunal a quo ha resuelto las indi-
cadas cuestiones y, por tanto, la sentencia recurrida no ha incurrido en la 
incongruencia omisiva que se le atribuye.
Se asegura por la representación procesal del ayuntamiento recurren-
te, en el primer motivo de casación, que la Sala de instancia, al dictar sen-
tencia, ha incurrido en incongruencia omisiva por no haber examinado las 
cuestiones planteadas por la administración demandante acerca de la revi-
sión del plan parcial y de la vulneración de los principios de seguridad 
jurídica, confianza legítima y autonomía local, con lo que ha infringido lo 
establecido en los arts. 33.1 y 67.1 de la ley jurisdiccional, junto con la 
proscripción de indefensión prevista en el art. 24 de la constitución.
explica el Supremo que este primer motivo de casación, basado en la 
conculcación de las normas que regulan el pronunciamiento de las senten-
cias [apartado c) de art. 88.1 de la ley de esta jurisdicción], no puede pros-
perar porque la Sala sentenciadora ha examinado, implícitamente, dichas 
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2012...
Fernando gonzález botija
Fernando González Botija Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2012...
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cuestiones. el Tribunal a quo, en el penúltimo párrafo del fundamento jurí-
dico tercero, antes transcrito en el antecedente segundo de esta nuestra 
sentencia, declara, en primer lugar, que la revisión del planeamiento urba-
nístico después de la entrada en vigor de la ley de costas no consta que 
se haya realizado, es decir, que la pretendida revisión del plan parcial para 
ajustar la anchura de la servidumbre de protección a lo dispuesto en la 
ley de costas no se ha producido, con lo que viene a rechazar que dicho 
plan parcial se haya revisado para aumentar la anchura de la servidumbre 
de protección. en cuanto a los invocados principios de seguridad jurídica, 
confianza legítima y autonomía municipal, la Sala de instancia declara pro-
bado que el plan parcial del sector r-5 fue aprobado en mayo de 1988, si 
bien no había llegado a desarrollarse, puesto que el proyecto de urbaniza-
ción de dicho sector no se aprobó hasta el 29 de octubre de 1997 (párra-
fos undécimo y duodécimo del fundamento jurídico primero de la sen-
tencia recurrida). en definitiva, con ello el Tribunal de instancia viene a 
rechazar la invocación de los aludidos principios porque considera que el 
ayuntamiento recurrente debió proceder, una vez en vigor la ley de cos-
tas, a revisar el plan parcial, en cuyo ámbito no se había producido desa-
rrollo urbanístico alguno, para ajustarlo, en cuanto a la anchura de la ser-
vidumbre de protección, a los preceptos de aquella ley, lo que debería 
haber conducido, inexorablemente, a establecer una anchura de la servi-
dumbre de protección en cien metros en lugar de los cincuenta señalados 
en dicho plan parcial, con lo que habría sido la actuación de la adminis-
tración urbanística municipal la que habría generado inseguridad jurídi-
ca y producido una creencia en los ciudadanos de que la franja de la ser-
vidumbre de protección era de cincuenta metros y no de cien, como venía 
impuesto por la ley de costas.
en varios pasajes de la sentencia se reitera que quien ostenta la compe-
tencia para aprobar el deslinde es la administración estatal de costas y si 
la administración urbanística no había revisado el plan parcial para aco-
modarlo a la ley de costas, o no lo hizo correctamente, la actuación de 
aquélla no conculca el principio de autonomía municipal.
continúa la articulación del recurso de casación achacando a la Sala 
de instancia la infracción de lo establecido en las disposiciones transito-
rias tercera, 2.b), de la ley de costas, y octava, 1.b), 2, 3, y 5, de su regla-
mento, puesto que no ha respetado la competencia de las administracio-
nes urbanísticas para ajustar el planeamiento, en cuanto a la anchura de la 
servidumbre de protección, a las previsiones de la ley de costas, a pesar 
de haber informado favorablemente la propia administración estatal de 
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costas la aprobación de las Normas Subsidiarias de planeamiento des-
pués de la entrada en vigor de la ley de costas, en las que se recogía la 
anchura de la servidumbre de protección en cincuenta metros para el sec-
tor ST-1, antes sector r-5 (vértices 48 a 58 del deslinde), suelo clasificado 
como urbanizable.
coincide el Supremo con el parecer de la administración local recu-
rrente en cuanto a la desatención o incuria de la administración estatal de 
costas al no haber promovido la revisión del plan parcial del referido sec-
tor, según prevé el subapartado a) del apartado 5 de la disposición transi-
toria octava del reglamento de la ley de costas, y más aún, si cabe, por 
haber informado favorablemente la aprobación de la revisión de las Nor-
mas Subsidiarias del planeamiento del Municipio de carboneras después 
de haber entrado en vigor dicha ley de costas. ahora bien, la desatención 
o descuido de la administración estatal de costas no es razón para incum-
plir lo establecido en la propia ley de costas acerca de la anchura de la 
servidumbre de protección, que, conforme a lo dispuesto en su art. 23.1, 
debe ser de cien metros medidos tierra adentro desde el límite interior de 
la ribera del mar. la representación procesal del ayuntamiento recurren-
te, al sostener este segundo motivo de casación, arranca de una premisa 
inexacta, cual es que el plan parcial del sector r-5 se había revisado des-
pués de la entrada en vigor de la ley de costas para fijar la anchura de la 
servidumbre de protección en cincuenta metros o, en cualquier caso, la 
asunción por las Normas Subsidiarias de planeamiento, cuya revisión se 
aprobó después de la entrada en vigor de la ley de costas, habiendo sido 
informadas favorablemente por la administración estatal de costas, supu-
so una revisión, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria ter-
cera, 2.b), de la ley de costas y la disposición transitoria octava, 1 y 5, del 
reglamento de dicha ley, de las determinaciones del plan parcial del sec-
tor r-5, después ST-1, para ajustarlas a lo establecido en la referida ley 
de costas. Tal premisa no se corresponde con la realidad porque lo cierto 
es que el tan repetido plan parcial del sector r-5 no fue revisado después 
de la entrada en vigor de la ley de costas y, en el caso de que se conside-
re que lo fue a través de la aprobación definitiva, el 28 de enero de 1998, 
de la revisión de las Normas Subsidiarias de planeamiento Municipales, 
hasta el 29 de octubre de 1997, según hemos indicado antes, no se aprobó 
por la comisión de urbanismo el proyecto de urbanización de dicho sec-
tor, es decir, que a la entrada en vigor de la ley de costas no existían los 
aprovechamientos urbanísticos a que aluden el apartado 2.b) de la dispo-
sición transitoria tercera de la ley de costas y el apartado 2 de la disposi-
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ción transitoria octava del reglamento de dicha ley, que tuvieran que ser 
reducidos como consecuencia de la fijación de la franja de servidumbre de 
protección en cien metros, ya que, conforme a la citada disposición tran-
sitoria del reglamento de costas, no es obstáculo para la aplicación de la 
ley de costas (anchura de esa servidumbre en cien metros) las indemni-
zaciones que, en su caso, fuesen exigibles por los gastos realizados en la 
redacción de planes o proyectos y expedición de licencias.
en definitiva, según el Supremo, de lo actuado en la vía previa se dedu-
ce que no se produjo revisión del plan parcial del sector r-5 para ajustar-
lo a las previsiones, en cuanto a la anchura de la servidumbre de protec-
ción, de la ley de costas, pero, de haberse producido con su fijación en 
cincuenta metros al aprobar las administraciones urbanísticas la revisión 
de las Normas Subsidiarias, tal determinación no es ajustada a derecho 
porque no existían aprovechamientos urbanísticos, al tiempo de la entra-
da en vigor de la ley de costas, que se hubiesen patrimonializado y, al ser 
reducidos, tuviesen que ser indemnizados, razones todas por las que, de 
acuerdo con la jurisprudencia recogida en nuestras Sentencias de fecha 28 
de octubre de 2010 (recursos de casación núms. 5306/2006, 2092/2007 
y 6043/2007), y las que en ellas se citan, la administración estatal de cos-
tas actuó conforme a derecho al fijar la zona de servidumbre de protec-
ción en cien metros, razones todas por las que este segundo motivo de 
casación debe ser desestimado.
después, en un tercer motivo de casación se asegura que la Sala senten-
ciadora ha vulnerado los principios de seguridad jurídica, consagrado en el 
art. 9.3 de la constitución, y de buena fe o confianza legítima, previstos en 
el art. 3.1 de la ley 30/1992, al haber alterado con la aprobación del des-
linde la franja de servidumbre de protección, extendiéndola a cien metros 
de anchura, a pesar de que las administraciones urbanísticas competentes 
la habían establecido, al aprobar el planeamiento urbanístico, en cincuen-
ta metros, anchura esta a la que se atuvo el ayuntamiento para otorgar las 
licencias de ejecución de obras programadas sobre el terreno afectado por 
dicha servidumbre.
para el Supremo, la seguridad jurídica no se conculca por señalar la 
zona de servidumbre de protección respetando los cien metros estableci-
dos por el art. 23.1 de la ley de costas, sino, al contrario, por dejar de fijar 
esa anchura en la revisión del planeamiento urbanístico cuando no hay 
razón para ello, y en este caso, de entenderse que con la aprobación de la 
revisión de las Normas Subsidiarias del Municipio de carboneras se pro-
cedió a la revisión legalmente impuesta para ajustar el planeamiento urba-
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nístico a lo dispuesto en la ley de costas, ya que el plan parcial del sec-
tor r-5 había sido aprobado definitivamente con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta ley, no se debió limitar la anchura de la servidumbre de 
protección a cincuenta metros en el mismo sector, redefinido como ST-1, 
puesto que no había lugar a indemnización de acuerdo con la legislación 
urbanística por no haberse patrimonializado aprovechamiento urbanístico 
alguno que hubiese de ser reducido y diese lugar a la referida indemniza-
ción. el hecho de que la administración estatal de costas informase favo-
rablemente la revisión de las Normas Subsidiarias, tal y como quedó defi-
nitivamente aprobada, no resta un ápice al deber legalmente impuesto de 
adaptar las disposiciones del planeamiento urbanístico a lo previsto en la 
ley de costas, sino que tal circunstancia sólo revela un proceder irrespe-
tuoso con lo dispuesto en la ley de costas por la administración estatal 
al informar la revisión del mentado instrumento de ordenación urbanísti-
ca. Según el alto Tribunal, ni que decir tiene que tampoco ha resultado 
preterida por la sentencia recurrida la buena fe de las administraciones 
urbanísticas y con ello conculcado el principio de confianza legítima, que 
ha de regir la actuación de las administraciones públicas, pues ésta viene 
sometida a la ley y al derecho (arts. 103.1 de la constitución y 3.1 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre), que, como hemos indicado, requería 
ajustar las determinaciones del planeamiento urbanístico a lo establecido 
en la ley de costas y en su reglamento [art. 23.1 y disposición transito-
ria tercera, 2.b), de la primera, y art. 43.1 y disposición transitoria octava, 
1.b), 2 y 5, del segundo], lo que en el supuesto enjuiciado aquéllas no lle-
varon a cabo, razones todas por las que este tercer motivo de casación tam-
poco puede prosperar.
Finalmente, considera que el cuarto y último motivo de casación debe 
correr la misma suerte que los anteriores porque en él se invoca como 
infringido por la Sala de instancia el principio de autonomía municipal, al 
no haber respetado la administración estatal de costas, al aprobar defini-
tivamente el deslinde, la anchura de la servidumbre de protección fijada en 
el plan parcial del sector r-5 y después en la revisión de las Normas Sub-
sidiarias de planeamiento de carboneras, aprobada definitivamente con 
fecha 28 de enero de 1998, con lo que dicha Sala sentenciadora ha resuel-
to de espaldas a lo establecido en los arts. 140 de la constitución y 2 de la 
carta europea de autonomía local, en relación con el art. 26.2.d) de la 
ley 7/1985, de 2 de abril. 
el Tribunal Supremo ha declarado en sus ya citadas Sentencias de 
fecha 28 de diciembre de 2010 (recursos de casación núms. 5306/2006, 
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2092/2007 y 6043/2007) que cuando la administración urbanística se abs-
tiene deliberadamente de adaptar el planeamiento a lo dispuesto en la ley 
de costas, la administración del estado, al fijar la anchura de la servidum-
bre de protección conforme a dicha ley de costas, no invade la esfera 
competencial de aquélla. en esas mismas Sentencias ha afirmado que, a los 
efectos previstos en las disposiciones transitorias tercera, 2.b), de la ley de 
costas, y octava, 1.b), de su reglamento, lo relevante es la situación urba-
nística que tenían los terrenos en la fecha de entrada en vigor de la ley de 
costas, sin que puedan tomarse en consideración instrumentos de ordena-
ción o gestión ulteriormente aprobados, ni, desde luego, obras de urbani-
zación o edificación realizadas en fechas muy posteriores a la de la entrada 
en vigor de la ley de costas.


Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2012. Sala de lo Contencioso-Administrativo

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