Sanz Moreno, José Antonio

Portal de Revistas Científicas Complutenses

Política y Sociedad ISSN: 1130-8001
Vol. 52, Núm. 2 (2015):  599-603 599
Reseña
seiBertH, Corinna (2014): Private Military and Security Companies in International 
Law, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 338 págs.
Las más vigorosas definiciones del Estado han agotado su capacidad descriptiva de la 
forma política encumbrada por la modernidad. Ya ni siquiera sirve declarar que repu-
diamos simplificaciones ”estatalistas” cerradas que analizaban el Derecho y su Poder 
desde monopolios imposibles. El Estado no resuelve el problema de la unidad ni como 
monopolio de la decisión política (con su fundamentación en una homogeneidad homi-
cida, que desemboca en la confrontación amigo-enemigo de la democracia identitaria, 
presupuesta por Schmitt), ni tampoco en su neutralización jurídica (como sistema co-
herente y completo, que se define por sí mismo y por sí sólo, pero se desvanece en la 
ficción de la Grundnorm kelseniana). Incluso la mediación de Heller, entre lo uno y lo 
otro, como vínculo del ser (político) con el deber (normativo), destilaba una solución 
demasiado anclada a la órbita totalizante de los Estados-nación. 
La mirada estatal de Norberto Bobbio, como metáfora de las dos caras (anverso de 
lo jurídico, el Derecho con su ordenación normativa hasta llegar a la Norma Fundante; 
y reverso de su legitimación, la Política, con la soberanía popular en democracia, como 
titular original e ilimitado), se muestra inoperante ante los nuevos detentadores del 
Poder y los muñidores actuales de un Derecho que no repara en bases pensadas (Cons-
titucional lógico-jurídica, incluso en su vertiente internacional), ni se somete a legiti-
maciones teológicas desamortizadas (Soberanía nacional como poder omnipotente y 
actuante). Los elementos del Estado, que tan magistralmente alumbrara Jellinek, pare-
cen tambalearse en poblaciones heterogéneas y geografías variables con unos poderes 
nacionales cada vez más delimitados desde múltiples niveles de gobernanza global. 
Más aún, la paradigmática definición del Estado —que nos ha acompañado durante un 
siglo y de la que somos tan deudores— hace no sólo aguas, sino que su simplificación 
académica como monopolio de la violencia o de la coacción física, tantas veces puesta 
en boca de Weber, mejor sería darla por enterrada.
De ahí nuestro interés por una obra que, al analizar de manera actual y pormenori-
zada la regulación internacional de las llamadas PMSCs (Private Military and Security 
Companies), y sin necesitar un estudio histórico o crítico de la reciente explosión de la 
privatización de la seguridad y de la guerra (más si cabe tras los atentados del 11-S, la in-
vasión de Irak y el terrorismo sin fronteras), nos confirma la imposibilidad de mantener 
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una visión estatal apegada a la lógica weberiana, incluso en su más ajustada compren-
sión como ordenación sostenida coercitivamente que defiende con éxito la pretensión 
al monopolio del uso legítimo de la fuerza física. No se trata, ahora, de postular una 
concepción meramente instrumental del Estado o apostar por su conversión axiológica 
en un orden constitucional que dice llamarse social y democrático de Derecho. Pero sí 
preguntarnos por el impacto que tiene un crecimiento tan exponencial de la privatización 
de la seguridad para el destino del Estado y su democracia. 
Las PMSCs son un negocio transnacional con difícil engarce en unos presupuestos 
estatales que proclamaban independencias y monismos soberanistas, pero fueron asu-
miendo su integración internacional e, incluso, sistemas externos para la salvaguarda 
de los derechos humanos. Así la prohibición del uso de mercenarios, a través de regula-
ciones estatales o internacionales, se constata como un camino fallido, producto de un 
pasado que ya no volverá. Peor aún, los intentos por lograr un Tratado Internacional, 
desde los auspicios de las Naciones Unidas (Draft of a possible Convention on Private 
Military and Security Companies for consideration and action by the Human Rights 
Council, A/HRC/15/25, 2010), como regulación obligatoria para la determinación de 
actividades y servicios que pudieran prestar las PMSCs, sus responsabilidades y limita-
ciones, se han visto frustrados por la oposición de los países occidentales —muy espe-
cialmente, USA y UK, que concentran alrededor del 70% de estas compañías— y, por 
ello, debemos estudiar el actual estado de oscuridad normativa, sin pretensión alguna 
de legitimar usos y menos condonar abusos. 
Aquí radica la importancia doctrinal del libro de la Profesora Corinna Seiberth 
(PhD research Bellow, University of Lucerne y University of Nottingham), que siendo 
consciente de la necesidad de abordar la regulación de las empresas militares y de se-
guridad privadas, obvia discursos ideológicos anacrónicos y maniqueísmos de buenos 
y malos. Frente a ellos, Seiberth reconoce que —incluso en el presente, y con zonas 
grises y lagunas— las PMSCs no actúan en ningún vacío legal (Chapter 3. Internatio-
nal Law Applicable to the Use of PMSCs), aunque bien es cierto que la normativa in-
ternacional vigente fue pensada en otros tiempos y para distintos fenómenos; en parti-
cular, conflictos armados y guerras, fundamentalmente, interestatales. Por ello, se debe 
considerar ese mínimo legal internacional (hard rule) a desarrollar intra-estatalmente 
(máximo prescriptivo); y, como delimitación blanda, también cabe afrontar el reciente 
desafío —al modelo tradicional— con la proliferación de códigos de buenas prácticas 
y el auto-control por las propias empresas (soft regulation). 
El significativo subtítulo del libro (A Challenge for Non-binding Norms: the Mon-
treux Document and the International Code of Conduct for Private Security Providers) 
nos descubre toda la complejidad jurídica que desata la interrelación entre dos tipos 
de normas, tan diferentes (en tiempos y espacios) como concurrentes (hoy día): por 
un lado, la clásica hard rule, como preceptos vinculantes en su doble dimensión, in-
ternacional (estándar mínimo) y estatal (máxima regulación nacional); y, por otro, la 
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posmoderna soft law, como recordatorio de reglas preexistentes o mera auto-regulación 
en manuales de buen comportamiento. El pormenorizado estudio que realiza Seiberth 
de la ordenación internacional aplicable a las empresas de la violencia, especialmente 
bajo International Humanitarian Law y Human Rights Law, distingue entre las respon-
sabilidades de los Estados (de origen, contratistas y de destino) y de las Organizaciones 
Internacionales, y la propia culpabilidad por comportamiento ilícito de las PMSCs y 
de su personal, proporcionándonos una guía exhaustiva sobre las vías a seguir para 
intentar hacer cumplir la legalidad (a pesar de la dificultad práctica que supone recorrer 
el camino tortuoso para procurar una condena efectiva, incluso ante violaciones graves 
de los derechos humanos).
Desde aquí, el Montreux Document on Pertinent International Obligations and 
Good Practices for States related to Operations of Private Military and Security Com-
panies during Armed Conflict (2008, MD) y su International Code of Conduct (2010, 
ICoC) son expresión manifiesta de cómo el uso de la fuerza y el control sobre la segu-
ridad han entrado de lleno en el proceso de privatización, no ya de servicios públicos 
esenciales (educación, sanidad, etc.), sino del propio núcleo que ha definido el valor 
instrumental del Estado como organización legítima para la resolución de los conflictos 
sociales y el mantenimiento de la paz. El MD es un texto intergubernamental, patroci-
nado por Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que pretende promover el 
respeto y desarrollo del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, 
por parte de las PMSCs, especialmente ante situaciones de conflictos armados. La au-
tora defiende la “naturaleza híbrida” de este Documento como su principal caracte-
rística y, por ello, fuente de virtud, pero también de debilidades: por una parte, el MD 
es analizado como recordatorio de la regulación internacional aplicable a las PMSCs; 
y, por otro lado, también se resalta las muchas recomendaciones y buenas prácticas 
que formula (a plasmar por las propias empresas y, en su caso, como posibles vías de 
desarrollo por las ordenaciones nacionales que las regulen). Al conjugar iniciativas 
gubernamentales con la auto-limitación por las mismas compañías de seguridad, el MD 
sintetiza el derecho preexistente y las normas sobre la responsabilidad de los Estados 
por las conductas ilícitas perpetradas por las PMSCs, sin ser un nuevo Tratado vincu-
lante. Por tanto, aunque sirve para recordar las obligaciones internacionales (hard law), 
no sanciona nuevas prescripciones para sus signatarios y, sin embargo, consigna cauces 
de actuación y recomendaciones (soft law).
La obra comentada nos confirma que —a pesar de nuestras dudas y de las pocas 
condenas judiciales existentes— el MD serviría como texto refundido de una regula-
ción internacional del pasado, pero vigente; y, además, con sus “buenas prácticas”, 
“self-regulation standards” y Códigos de Conducta (declaraciones unilaterales realiza-
das por la propia industria), deviene en ejemplo mayúsculo de un cambio sustancial en 
la interpretación sobre instituciones, instrumentos, e, incluso, fines, en el uso y control 
de la violencia, donde la frontera entre lo público y lo privado se ha desdibujado y la 
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legitimidad nacional no consigue restañar sus muchas heridas. El Estado por supuesto 
que retiene una autoridad parcial sobre el control de los actores que usan la fuerza, pero 
hablar de monopolio es poco realista, incluso reducido a esta limitada jurisdicción. Tal 
y como podemos deducir del libro presentado, el MD y su ICoC son productos refina-
dos de la transformación de actores, servicios y negocios, en un mundo de la seguridad 
globalizado que prescinde de la unicidad legitimadora que proporcionaba el Estado-
nación: por un lado, las PMSCs consiguen cierto aval de legitimidad, con la reiteración 
de su sujeción a una ordenación internacional que protege derechos humanos, su auto-
sujeción y good practices; y, por otro, los Estados signatarios, al menos implícitamente, 
parecen optar a favor de una profunda y continuada externalización de buena parte de la 
seguridad y la guerra, negando su propia definición ideal como monopolio de la fuerza. 
No obstante, con este minucioso estudio, Seiberth no avala estos documentos como 
instrumentos que sustituyan el derecho internacional convencional y menos su tras-
lación y desarrollo por cada ordenación estatal, sino como meros complementos que 
pueden ayudar a modular las actividades y servicios prestados por los PMSCs y, con 
ello, mejorar su supervisión y, en caso de actos ilícitos, posibilitar acciones para su 
rendición de cuentas. Además —y ante el incremento del uso de PMSCs, especialmente 
por instituciones públicas (estatales e internacionales)—, la autora es consciente de las 
debilidades de los textos analizados a la hora de superar la carencia de procedimientos 
efectivos para juzgar y, en su caso, condenar, a las propias corporaciones privadas, 
ante la responsabilidad resultante de conductas ilegales realizadas por su personal en 
actos a su servicio. Consciente de la dificultad de establecer un Tratado internacional 
preceptivo que regule la actividad de las PMSCs a corto o medio plazo, la investigación 
concluye afirmando que la Comunidad Internacional debería sacar el máximo provecho 
de estos instrumentos no vinculantes, pero no aventura ninguna predicción de futuro 
sobre la implementación de sus recomendaciones respecto a los deberes estatales y a la 
propia responsabilidad de las compañías de seguridad. Es decir, no podemos adelantar 
el éxito o fracaso en la aplicación de esta soft law en paralelo con la vigencia de la hard 
law tradicional, y, menos aún, precisar el grado en el que los Estados se apoyarán sobre 
blando para completar una regulación duradera. 
Sin embargo, para Seiberth —y como forma de navegación ante los desafíos que 
plantea el incremento de la actividad de las PMSCs— la tendencia es clara hacia un 
mayor desarrollo de non-binding norms y soft regulation. Pero, a pesar de las dis-
crepancias existentes sobre si los Estados deben colaborar con estos documentos o 
repudiarlos, parece unánime la siguiente afirmación doctrinal: la regulación voluntaria 
no es suficiente; más aún si somos conscientes de la ecuación en estas PMSCs como 
compañías con ánimo de lucro y que, por tanto, pueden ser renuentes a resolver defini-
tivamente los conflictos y, con ello, cercenar sus fuentes de ingresos. Y, precisamente, 
tal y como recoge el final de la obra, lo buscado por su autora ha sido demostrar “how 
such laws and regulations, could, if developed and further strengthened, contribute 
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to filling in the grey zones and gaps in the accountability of PMSCs for human rights 
abuse” (p. 278). 
Todavía no consigo decidirme sobre si, ante la realidad jurídica laxa de tantas nor-
mas no vinculantes, el libro reseñado ha logrado su objetivo, pero —de su lectura— 
queda patente algo bien sencillo: de poco sirve cacarear definiciones y modelos del 
pasado si olvidamos la encrucijada del presente. La ordenación internacional y su ius 
cogens impiden volver a mitos nacionales y omnipotencias soberanas y, por ello, preci-
san fortalecer la protección universal de la dignidad humana y sus derechos. El derecho 
internacional, como mínimo común prescriptivo, debe impulsar una mayor concreción 
de las normas aplicables a las PMSCs, pero también una ordenación jurisdiccional 
vinculante; y, para la efectiva supervisión y la exigencia singular de responsabilidades 
imputables a las compañías de seguridad, el Estado no puede renunciar a su máximo 
normativo y a su propia jurisdicción imperativa. 
El vínculo legitimador que unió a las instituciones públicas con sus ciudadanos ha 
quedado gravemente dañado y la profusión de PMSCs —sin efectivos controles y, en 
caso de violaciones de los derechos humanos, con cauces poco seguros para la repara-
ción de las víctimas— no hace más que ahondar una herida de consecuencias suicidas 
para la democracia.
José Antonio Sanz Moreno  
Universidad Complutense de Madrid  
jasanzmo@ucm.es


SEIBERTH, Corinna (2014): "Private Military and Security Companies in International Law", Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 338 págs.

http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/48789/46108

SEIBERTH, Corinna (2014): "Private Military and Security Companies in International Law", Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 338 págs.

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