The Basque Autonomous Community is undertaking an active process of policy development, service planning and organizational change with two main objectives that will progressively lead to the consolidation of the Basque Social Service System and the Basque System of Minimum Income Guarantees and Social Inclusion. The first of these two objectives is to guarantee that the right to social services, as proclaimed by the Social Services Act (2008), is made effective. This makes control of the Social Service Description List the central axis of policy development, and the Social Services Map the core of strategic planning. The second basic objective of the process undertaken is to put employment at the center of social inclusion, as established in the Minimum Income Guarantee and Social Inclusion Act (2008). In order to achieve this goal, legal reform has been undertaken which has transferred the essential components of the System, those being the management and processing of the Minimum Income Support and its complementary housing benefit, as well as the signing and monitoring of contracts for active inclusion, to the area of employment. This organizational change intends to provide the System with better instruments to achieve inclusion, which is the System’s final objective. It also makes visible and reinforces a change in strategy that brings the Basque model closer to prevailing European approaches.La comunidad autónoma del País Vasco se encuentra inmersa en un activo proceso de desarrollo normativo, planificación de servicios y cambio organizativo, orientado hacia dos objetivos principales, cuya progresiva consecución supondrá un avance fundamental en la consolidación del sistema vasco de Servicios Sociales y del sistema vasco de Garantía de ingresos e inclusión social. El primero de estos objetivos es garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo a los Servicios Sociales, proclamado por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, lo que sitúa en el eje central del desarrollo normativo la regulación de la Cartera de prestaciones económicas y de servicios y, en el núcleo de la planificación estratégica, el mapa de Servicios Sociales. El segundo objetivo básico es reforzar la centralidad del empleo contemplada en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de ingresos y para la inclusión social, lo que ha se ha materializado, en el marco de una reforma legal, en el traslado al ámbito del empleo, de los componentes esenciales del sistema, a saber: la gestión y tramitación la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda, así como de las funciones asociadas a la suscripción y seguimiento de los convenios de inclusión activa; este cambio organizativo pretende dotar al sistema de instrumentos mejor adaptados a su objetivo final de inclusión, y refuerza y visibiliza un cambio de estrategia que supone un acercamiento del modelo vasco a los planteamientos imperantes en Europa
