Antón, ANTONIO

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Rentas básicas y protección social
Se está en un proceso de transformación del papel de la seguridad social y el
bienestar colectivos del modelo de Estado de bienestar europeo de las últimas
décadas. Para una parte de los poderes públicos, la protección social ya no es un
mecanismo clave para la integración social en una sociedad de bienestar, que
debe corregir las deficiencias y desigualdades del mercado. Más bien, se presen-
ta la protección social, el gasto social, como una dificultad para el desarrollo del
mercado y la economía, que serán quienes provean de bienestar social. La pre-
sión dominante va hacia la disminución —en relación con el crecimiento econó-
mico— y adecuación de la protección social a las nuevas dinámicas económicas,
con un Estado social ‘racionalizado’ que ofrezca unos ‘mínimos’ para garantizar
la cohesión social. Al mismo tiempo, se amplían los sistemas complementarios
pagados individualmente y se pone el acento en la responsabilidad individual y
el aseguramiento privado. 
Las políticas neoliberales han comenzado una fuerte cruzada, práctica y cul-
tural, contra los derechos sociales y el gasto público en protección social al con-
siderarlos incompatibles con el crecimiento económico, el control presupuestario
y la acumulación de beneficios empresariales, en esta fase de la globalización
económica: los derechos sociales considerados como una redistribución de la
riqueza, tenderían a romper la ‘espontaneidad del mercado’, atentando al orden
social liberal y a la competitividad de la economía. 
Para otros sectores liberales, de ‘tercera vía’o de corrientes socialdemócratas —
la reforma alemana del Plan 2010, propuesta por Schröeder, es un ejemplo ilustrati-
vo— la protección social, en particular, las prestaciones de desempleo y las pensio-
nes públicas, debería ser ‘racionalizada’, lo que normalmente suponen ajustes, lími-
tes o recortes, aun manteniendo la idea de ‘consolidar’ estos sistemas públicos.
Con el deterioro del sistema keynesiano de pleno empleo y del Estado de bie-
nestar, se amplía una dinámica de mayor dualidad social, de segmentación y de
necesidades diversas. Los intereses se fragmentan y las bases reales distributivas
de los derechos sociales y la ciudadanía son desiguales, afectando a la cohesión
social. De ahí que la defensa de la ciudadanía social tenga variadas repercusiones
y énfasis entre los diferentes sectores, que además se ven afectados de forma
diferente por distintos aspectos de los propios derechos sociales: las pensiones,
la salud, el paro y las prestaciones de desempleo, la precariedad laboral y la esta-
bilidad en el empleo, etc. Se establecen necesidades diversas que dificultan una
concreción común de los derechos y el mantenimiento de las bases instituciona-
les de la solidaridad colectiva. 
Cuadernos de Relaciones Laborales
2005, 23, núm. 2    9-13
ISSN: 1131-8635
Los derechos sociales y la protección social siguen siendo, en la Unión
Europea, una referencia programática o de valores comunes; permanece una cul-
tura amplia sobre la existencia de unos derechos colectivos, pero se va generan-
do una realidad muy desigual de la materialización de esos derechos. En conse-
cuencia, se va conformando una mayor diversidad de la experiencia, el grado de
interés y la exigencia de cada aspecto de esos derechos, que están asociados a
diferentes segmentos de la población o a momentos diferentes en la vida de las
personas. Hay una diversidad de situaciones reales, de experiencias parciales que
dificultan la exigencia unificada o una única demanda para la concreción de estos
derechos. 
Existen varias tendencias en relación con los sistemas de protección social
—privatización, mantenimiento y deterioro— que, grosso modo, corresponden
con cada uno de los tres tercios de la población, que pugnan por tres dinámicas
preferentes: los sistemas complementarios; el mantenimiento de los bienes públi-
cos fundamentales, o la defensa y recuperación de derechos recortados. En con-
secuencia, el avance hacia una mayor solidaridad y ‘universalización’, con un
sentido igualitario es difícil, y son más complejas y diversas las aplicaciones de
las medidas —compensatorias o fiscales—, ya que ante la heterogeneidad y seg-
mentación de las necesidades sociales los diversos mecanismos de protección y
servicios públicos deben actuar de forma reequilibradora entre los diferentes seg-
mentos sociales y ámbitos territoriales. 
Por otro lado, una parte de las prestaciones sociales y servicios públicos
están vinculadas al empleo, a las cotizaciones sociales y se consideran como el
salario indirecto de los trabajadores y trabajadoras que han cotizado. Sin embar-
go, esa base de la contributividad, a veces, tampoco ofrece garantías para cubrir
toda la protección social necesaria; además, es completamente insuficiente para
legitimar los derechos de ese bloque social correspondiente al tercio de la pobla-
ción más vulnerable, e incluso de parte del tercio de población con empleo, pero
que está por debajo de la renta media y con cierta inestabilidad e incertidumbre.
Es aquí donde aparecen dos problemas importantes: Uno, es el de la oposi-
ción de los grandes poderes económicos e institucionales a políticas de bienestar
y a conceder las rentas necesarias para el gasto social, a pesar de que la genera-
ción de riqueza es mucho mayor que en otras épocas. El segundo problema, es la
pérdida de legitimidad social para exigir derechos sociales fundamentales, sin
que una parte importante de la población pueda realizar la contrapartida de un
empleo prolongado y estable durante el conjunto de su vida.
Desde la tradición ‘bienestarista’ estaban legitimados esos derechos sociales
en una cultura igualitaria, solidaria y universalista, pero dando por supuesto la
contribución a través del empleo y cotizaciones, que la mayoría de los riesgos a
cubrir eran los de esos mismos sectores y sus familias, y que el trasvase solida-
rio a sectores pobres y en paro era relativamente pequeño, al existir una menor
estratificación en las clases bajas. En estas décadas de mayor dualidad y seg-
mentación, es cuando se ha puesto a prueba la solidaridad vertical y se ha visto
la fragilidad de la unidad y cohesión de la población trabajadora, entre las clases
medias y bajas. Además se extiende una corriente cultural que legitima esa
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ausencia de solidaridad, el individualismo egoísta, la del aseguramiento privado,
y que cada cual con su aportación individual se garantiza la respuesta a las situa-
ciones de riesgo.
La quiebra de ese equilibrio derivado del pacto keynesiano ha agrietado la
cultura solidaria e igualitaria, antes más institucionalizada. Existe esa tradición y
cultura universalistas, basada en la ciudadanía o en los derechos humanos y ha
crecido el sentimiento humanitario, pero ambas están necesitadas de una mayor
legitimidad y credibilidad para poder convertirse en exigencia y fuerza colecti-
vas. Los servicios públicos y la protección social son derechos del conjunto de la
población para cubrir los riesgos y garantizar sus necesidades básicas. Sin
embargo, ante la amplitud y el aumento de las demandas de los colectivos más
desfavorecidos aparece el problema de establecer políticas sociales específicas
compensatorias de las situaciones de discriminación y desigualdad. Más allá de
la cultura caritativa o asistencial, los derechos y políticas sociales se deben asen-
tar en el derecho y la garantía universales de toda la ciudadanía de esos bienes
básicos, junto a una distribución particularizada de acuerdo a las necesidades de
cada situación o colectivo social.
Sin embargo, hay una dinámica generalizada de debilitamiento de las fun-
ciones sociales del Estado de Bienestar, con un deterioro de servicios y presta-
ciones y un desgaste de la cultura universalista de los derechos sociales. Además,
se abunda en la separación entre el sector de empleo estable y buena remunera-
ción y el sector precarizado —con cada vez una mayor composición inmigran-
te— con una red ‘mínima’ asistencial.
En el ámbito europeo se están expresando dos tendencias, que apuntan a dos
modelos: una es la de ampliar y completar la función redistribuidora clásica del
Estado de bienestar, frente a las desigualdades del mercado, en beneficio de los
sectores más necesitados, con una reforma fiscal progresiva y con una nueva
dimensión de los derechos sociales; y la otra, la presión neoliberal, con el apoyo
de sectores de las clases medias empeñadas en la reducción fiscal y del gasto
social y la privatización de su aseguramiento. 
Por tanto, desde una perspectiva solidaria e igualitaria, de una visión social
de la construcción europea, se debería reforzar la ciudadanía social, consolidar la
universalidad de los derechos colectivos para toda la población, como la ense-
ñanza o la sanidad y, en particular, de la protección social plena: del derecho a
una pensión suficiente y a un subsidio de desempleo para todas las personas
desempleadas; igualmente, en el caso de los sistemas de ingresos mínimos, que
son muy limitados e insuficientes, es exigible un aumento presupuestario, la eli-
minación de sus condicionamientos y su generalización a las personas sin recur-
sos. Al mismo tiempo, habría que ampliar y reforzar los derechos contributivos y
disminuir los requisitos que impiden su reconocimiento como derecho de muchas
personas desempleadas, con empleos inestables y pensionistas. En ese sentido,
estaría inscrito el derecho subjetivo a una renta social para todas las personas sin
recursos, como garantía de una protección social plena. Por otra parte, no esta-
mos en el contexto del pacto keynesiano global del pleno empleo con seguridad
social colectiva. Por ello, es necesario renovar y actualizar los mecanismos y la
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cultura para un nuevo contrato social, unos nuevos acuerdos sociales basados en
la solidaridad y en un nuevo equilibrio de derechos y deberes, de responsabilida-
des y prestaciones. 
Este número monográfico de Cuadernos de Relaciones Laborales, que he
coordinado, titulado «Rentas básicas y protección social», aborda toda esta pro-
blemática. Comienza con el marco general de la protección social para profundi-
zar en los nuevos mecanismos llamados rentas mínimas, básicas o sociales, plan-
teados hace dos décadas en la Unión Europea. Tienen dos componentes: uno, de
reforma social; otro, de proceso cultural. Con respecto al primero, se expondrá el
alcance y los límites que tienen los sistemas puestos en marcha en la Unión
Europea y, en particular, en las Comunidades Autónomas de Estado español.
Igualmente, se profundiza en dos aspectos importantes: la relación de estos
mecanismos con la inmigración y con las relaciones familiares y la situación de
las mujeres. Con respecto al segundo se valoran los aspectos teóricos y las ideas
más generales que las justifican. 
En una primera aproximación, podemos establecer tres posiciones generales
sobre la protección social, y en particular sobre las rentas mínimas y básicas. La
primera, con un enfoque más tradicional, basada en el modelo de Estado de bie-
nestar con el pleno empleo keynesiano, que tiene como horizonte —como con-
dición— la inserción laboral; son las prestaciones de desempleo, las pensiones no
contributivas y los subsidios o salarios sociales. La segunda posición parte de las
dinámicas de exclusión o desvertebración social, pone el énfasis en la acción con-
tra la pobreza, y busca la ‘inserción social’, considerada normalmente como con-
dición; son las rentas o ingresos ‘mínimos’ de inserción —RMI— de las CCAA.
La tercera, plantea los límites de las dos anteriores, ampliando las personas bene-
ficiarias de forma más generalizada, incluso llegando a una distribución univer-
sal y cuestionando las condiciones impuestas, tanto de ‘inserción laboral’ como
de ‘inserción social’, pero con enfoques teóricos y orientaciones socioeconómi-
cas diversos; también tienen distintos nombres, pero aquí las distinguiremos de
las anteriores llamándolas rentas básicas o sociales.
En el debate sobre el sentido, la dimensión y la justificación de estas medi-
das sociales aparecen diversos problemas. Unos de carácter económico-social,
como las medidas fiscales necesarias, el papel de la redistribución de la riqueza
o la relación con la inserción laboral y las políticas de empleo. Otros de carácter
sociopolítico, como el reforzamiento de los derechos sociales y ciudadanos o el
modelo de sociedad. En el plano teórico aparecen polémicas sobre el papel del
trabajo y del empleo y su vinculación o no con la protección social, la universa-
lidad de los derechos sociales y su concreción en estas sociedades segmentadas,
o cuáles son las bases de la sociabilidad y los nuevos acuerdos sociales para esta-
blecer una nueva relación entre derechos y deberes. 
Estas reflexiones se sitúan teniendo en cuenta, por una parte, las tendencias
dominantes en la Unión Europea de limitar la protección social y, por otro lado,
la amplitud de las necesidades sociales derivadas de las nuevas dinámicas de seg-
mentación, fractura social y precariedad laboral. Se analizan las rentas básicas o
sociales no sólo como mecanismos de acción contra la pobreza, sino con una
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perspectiva más amplia de garantía de todas las personas a mantener unas condi-
ciones dignas de vida, enlazando con la justificación de los derechos sociales y
ciudadanos que han fundamentado el Estado de bienestar y la ciudadanía social.  
En este Cuadernos se van a establecer tres planos: el primero, más general,
sobre las tendencias globales dentro en la Unión Europea en torno a la protección
social y los derechos sociales; el segundo, más específico, con las características
y valoraciones del desarrollo de estas rentas mínimas, básicas o sociales y las
propuestas que se están discutiendo en España y en Europa, profundizando en la
particularidad de cómo afectan a la mujeres; finalmente, se abordarán algunos
aspectos teóricos.
En el primer bloque, se expone el artículo de José Adelantado y Eduardo
Calderón —UAB— Globalización y Estados del Bienestar: ¿Respuestas seme-
jantes a problemas parecidos? que ofrece un completo panorama de las tenden-
cias de la protección social en la Unión Europea; seguidamente, el texto de
Concha Carrasco y Gregorio Rodríguez Cabrero —UAH— La protección social
de los inmigrantes no comunitarios, aspecto de especial interés y actualidad,
dada las polémicas sobre las consecuencias de la inmigración. 
El segundo bloque, centrado directamente en las rentas básicas, comienza
por el artículo de María Martínez Torres —UCM— Las rentas mínimas autonó-
micas desde una perspectiva comparada, con un detallado análisis económico y
normativo de las características de las rentas mínimas en España y en otros paí-
ses europeos; sigue el trabajo de Luis Ayala —URJC— La descentralización
territorial de los sistemas de garantía de rentas, con una valoración de los efec-
tos sobre la igualdad interregional de los hogares pobres y una comparación entre
las prestaciones asistenciales centralizadas y las rentas mínimas; la investigación
de María José Añón y Pablo Miravet —UV— Paradojas del familiarismo en el
Estado del bienestar: mujeres y renta básica, que se detiene en el campo signifi-
cativo y poco estudiado de las relaciones de las políticas familiares y la situación
de las mujeres con estas rentas básicas; el artículo de Luis Sanzo —Red RB— La
introducción de la renta básica en España en el que abunda en la valoración crí-
tica sobre las rentas mínimas, y propone un renta básica más amplia, con espe-
cial referencia al País Vasco. 
Finalmente, en el último bloque Antonio Antón —UAM— Rentas básicas,
trabajo y ciudadanía, trata de las implicaciones teóricas y culturales existentes
tras estas propuestas y debates; con ese texto se cierra esta parte monográfica. 
En definitiva, en este número se ofrece un análisis detallado y diverso de esta
problemática y se aportan valoraciones que espero estimulen la reflexión crítica.
ANTONIO ANTÓN
Madrid, febrero de 2005 
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